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Sentencia CA-378-14 — Registro 5433

Resumen

En primera instancia se dictó auto resolutivo teniendo por no subsanados los defectos señalados en la providencia; en cuanto a la causa de inadmisibilidad como ser que no está agotada la vía administrativa, dicha causa no fue desvanecida por la parte demandante, en consecuencia se declara inadmisible la presente demanda, en segunda instancia se confirma el auto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) No indica con claridad el tipo de infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que enuncia como violadas; b) insta la revisión de los hechos y la apreciación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y enuncia normas que no fueron señaladas en su formulación, tal es el caso de los artículos 96 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, 211 y 212 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público.-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que tampoco es admisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) alega dos formas distintas de violar la ley, al señalar la “aplicación e interpretación indebida y violatoria de las normas…”, las cuales debió haber formulado en párrafos separados e independientes; b) la norma señalada como violada, el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es una disposición que no regula la forma y contenido de la sentencia, sino que hace remisión a la legislación procesal civil, sobre el régimen de los recursos en esta materia; y, c) en su explicación enuncia normas que no fueron indicadas como violadas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 110 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 206 del Código Procesal Civil, 80, 93, 94 y 96 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, 211 y 212 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de noviembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados: JOSE TOMAS ARITA VALLE como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente al segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: GEORGINA SIERRA CARVAJAL, actuando en causa propia. RECURRIDO: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO.- OBJETO DEL PROCESO: por despido indirecto e injusto, se demuestra causa justa para que la demandante se considere despedida por trato desigual y discriminación salarial, restitución al cargo y puesto de trabajo con el salario ajustado de forma retroactiva, salarios dejados de percibir, costas, promovida en fecha quince de Noviembre de dos mil trece, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por la señora GEORGINA SIERRA CARVAJAL, mayor de edad, soltera, hondureña, Abogada y Doctora en Derecho Constitucional, de este domicilio, comparece en causa propia, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO, por medio de su representante legal, la señora Procuradora General de la República de Honduras, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera y de este domicilio.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que ingresó a laborar en el Ministerio Público de Honduras desde el 13 de julio de 1994 por contrato, obteniendo el correspondiente acuerdo de nombramiento en fecha 3 de enero de 1995 dentro de la carrera del Ministerio Público hasta la fecha en que se le despidió de forma indirecta. Que desde que ingresó al sistema de carrera del Ministerio Público de Honduras se ha desempeñado en diferentes puestos y cargos dentro de la Institución. Que se le ha discriminado, despedido, excluyendo en absoluto su perfil profesional, infringiendo el derecho laboral de igualdad, dignidad y no discriminación, (art. 3 y 4 deI Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, de ahora en adelante, ECMP). Que el 15 de septiembre 2002 se le aprobó una licencia Remunerada de un año, para realizar estudios en el Programa de Doctorado en “Derechos Fundamentales” con orientación en Derecho Constitucional, en la Universidad Carlos III de Madrid, España, de conformidad al Dictamen que emitió el Jefe de la División de Recursos Humanos enviado mediante memorándum DHR2018-02 al Fiscal General Roy Edmundo Medina. Que de esta misma forma, la licencia remunerada, no fue antojadiza, ni infundada, sino más bien condicionaba fuertemente para cumplir con obligaciones académicas, es decir, laborales, ya que el acuerdo No. 617-2002 de la Licencia remunerada establecía entre cosas que debía presentar al final de la especialización las notas por medio de las cuales acredita la aprobación de los estudios indicados y el Ministerio Público manifiesta por su parte que los créditos obtenidos por LA BENEFICIARIA en esta especialización quedarán en su expediente de personal y se valorarán de acuerdo a los instrumentos que se desarrollen al efecto, a fin de considerarlos para efectos de evaluaciones, que cumplió con las condiciones que se le impusieron, fue el Ministerio Público que no cumplió con lo que se comprometió o pactó, en cuanto a valorar sus méritos como evaluaciones, en este caso a efecto salarial, es decir, de la forma previamente establecida, pactada y obligada por el Ministerio Público. Que del 2003 al 2007, se le aprobó las renovaciones de licencias remuneradas correspondientes para continuar los estudios del Programa de Doctorado “DERECHOS FUNDAMENTALES” con orientación en Derecho Constitucional en la UNIVERSIDAD CARLOS III de Madrid, España. Evidentemente no sólo porque acreditó año con año la aprobación del mismo; sino, que incluso, cerca de cumplir con la mitad del estudio, acreditó con una constancia dirigida al Fiscal General de parte del Director deI Doctorado en Derecho, programa y universidad mencionada, que su trabajo de Tesina obtuvo calificación sobresaliente por unanimidad, máxima calificación de tesinas. Que el 26 de junio del 2007 se incorporó a la Institución, después del Estudio mencionado, posteriormente el 26 de julio del 2007 la ascendieron al cargo de Fiscal Titular IV con funciones de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, quien fungió en dicho puesto hasta el despido. Que de Enero a Diciembre 2009 se le otorgó una licencia remunerada de un año, ya que fue invitada por la Universidad y el Ayuntamiento de Cádiz para cursar un programa post-doctoral de un año de estudios constitucionalistas en la Universidad de Cádiz a nivel de post grado. Que el 4 de enero 2010 se reincorporó a sus labores como Fiscal Especial, de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, donde se puede aseverar la eficacia de la misma, elevando la calidad de las actividades jurídicas que realizan los fiscales bajo su cargo y no existiendo mora de expedientes por resolver al respecto. Que en el año 2010, debido a que existía una desproporción de sueldos ya que devengaba un salario mucho menor, que los demás fiscales especiales bajo su cargo, y otro fiscales de menor preparación académica, menor antigüedad. menor cargo, menor puesto y menores responsabilidades, así también como personal administrativo, la demandante solicitó al Fiscal General de ese entonces el Abogado Luis Alberto Rubí, que se analizará su situación laboral y se le aumentara el sueldo de forma proporcional; pero éste en una clara vulneración a los principios y derechos laborales nunca contestó la solicitud que por escrito se le hizo, situación que la obligó a solicitar una licencia no remunerada o sin sueldo por un periodo de un año, misma que tuvo que extender por 2 años más, ello para que no se le siguieran violando sus derechos de aumento de salario y discriminando o tratando de forma desigual en el salario en proporción a sus colegas. Que esperaba que cuando llegara una nueva autoridad nominadora o Fiscal General, la situación podría cambiar, en cuanto a que se le reconociera sus derechos legítimos laborales de un sueldo digno, proporcionado y acorde con las evaluaciones, nivel académico, antigüedad, cargo y puesto dentro de la Institución, pero ello, lamentablemente no sucedió. Que una vez que hubo cambio de autoridades del Ministerio Público realizó ante el Fiscal General de la República de Honduras la misma solicitud de aumento de salario, el día 4 de septiembre del 2013, sin embargo, el Fiscal General actual, volvió a cometer la misma violación que el Fiscal General anterior, emitiendo una resolución de fecha 31 de octubre 2013 donde resuelve declarar SIN LUGAR la solicitud mencionada de aumento de sueldo, resolución, que se basó en un análisis de la División de Recursos Humanos y Asesoría Legal, que no valoró, ni razonó, ni analizó siquiera (cuestión que es su trabajo) lo establecido en el convenio beca, firmado entre ella y el Ministerio Público, ello es, que sus créditos, o méritos o desempeño académico computará a efecto de las evaluaciones. Que el infundado análisis señala que no procede el aumento de sueldo solicitado, debido a que durante las licencias remuneradas estaba eximida de presentarse a trabajar, cuando clara y evidentemente su trabajo era estudiar y cumplir todos los días con los compromisos del estudio del Doctorado, por lo que no es coherente que el Ministerio Público no quiera reconocer ese tiempo como tiempo computado de servicio o trabajado, si la dedicación fue para hacer el trabajo encomendado por el patrono, es decir, que se otorgó la licencia condicionándole e imponiéndole u ordenándole estudiar, y eso fue lo que hizo, y se hizo bien, con excelencia académica, esa era su labor o, la orden emanada por la autoridad superior de la Institución, por esto mismo es, que la misma Institución se comprometió a valorar sus méritos académicos a efecto de las evaluaciones. Que se violento el convenio beca y los acuerdos firmados entre ambas partes, no se razonó, ni se computó, ni se analizó legalmente que la situación de antigüedad y adquisición de derechos. Que la resolución de fecha 31 de octubre deI 2013 emitida por la máxima autoridad del Ministerio Público, el Fiscal General, se constituye un acto no conforme a derecho, resolviendo, causa justa para que la demandante se considere despedida por trato desigual y discriminación salarial, acto que vulnera los principios, preceptos y prohibiciones constitucionales y legales laborales en cuanto a la estabilidad, dignidad y prohibición de discriminación, es decir, que el Ministerio Público realizó el despido indirecto e injusto contra la demandante. Ya que en este caso, claramente, no se cumple ni como mínimo, el derecho universal de “a trabajo igual salario igual”.- 2.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de febrero del dos mil catorce, dictó auto resolutivo teniendo por no subsanados los defectos señalados en la providencia de fecha catorce de enero del dos mil catorce; en consecuencia, se tiene por no presentado el escrito de demanda y se ordena el archivo de las presentes actuaciones; en cuanto a la causa de inadmisibilidad como ser que no está agotada la vía administrativa, dicha causa no fue desvanecida por la parte demandante, en consecuencia se declara inadmisible la presente demanda; SIN COSTAS, bajo el criterio que en el escrito de subsanación presentado por la compareciente, se tienen por no subsanados los defectos señalados en la providencia de fecha catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), en consecuencia se tiene por no presentado el escrito de demanda y se ordena el archivo de las diligencias, al tenor de lo establecido en el articulo 47 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 3.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de junio de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación y CONFIRMO el auto de fecha veinticinco de Febrero de dos mil catorce, dictado por el Tribunal A-Quo, SIN COSTAS; bajo el criterio que la demandante mediante la subsanación de la demanda no pudo desvanecer la causal de inadmisíbiliad, en virtud de que el acto cuya nulidad solicito, no es una acto susceptible de impugnación en la jurisdicción de la Contencioso Administrativo.- 4.- La abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, actuando en causa propia, presentó con fecha dieciocho de Julio de dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha cinco de Junio de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.183-2014 dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 430-13 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 5.- Mediante providencia de fecha veintidós de julio del dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación, en consecuencia remítase los autos a la Honorable Corte Suprema de Justicia y concédase el término de cinco días a las partes, para que se personen ante este Tribunal de Casación, donde se remitan las presentes diligencias dentro de los tres días al de la ultima notificación de la presente providencia.- 6.- Que en fecha veinticuatro de Julio de dos mil catorce, aparece notificada del auto de fecha veintidós de Julio de dos mil catorce, la parte demandante abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, en su condición de recurrente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, en su condición de demandante presentó escrito de personamiento en fecha treinta y uno de Julio del año dos mil catorce, en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO EN QUE SE BASA LA CASACIÓN: Se impugna la Infracción o violación de la aplicación de las normas sobre jurisdicción, competencia y adecuación del procedimiento. NORMA DEL DERECHO QUE SUSTENTA EL MOTIVO O PRECEPTO AUTORIZANTE: el primer motivo de casación mencionado se encuentra en el art. 719, numeral 1 inciso a) del Código Procesal Civil como norma procesal que rige el proceso de casación contencioso administrativo. FUNDAMENTO O EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE LA INFRACCIÓN QUE COMETE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: Los preceptos legales que se invocan infringidos son los 108 y 109 de la Ley de Jurisdicción de lo Constencioso Administrativo. Puesto que es bien sabido que este primer motivo concurre cuando el órgano jurisdiccional competente deja indebidamente de conocer un proceso, actuación o fase que por ley está obligado a conocer, como lo es en la resolución que hoy se impugna, (o de otro lado, el juzgador lo conoce no siendo competente, que este último no es lo que aquí se recurre). El art. 108 Ley de Jurisdicción de lo Constencioso Administrativo establece que, “las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos, se sujetarán a lo que se establece en esta Sección.”“MATERIA DE PERSONAL” y el art.109 de esta misma Ley de Jurisdicción de lo Constencioso Administrativo dispone que “Solamente podrán impugnarse en vía contencioso- administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una Ley especial.” El Ministerio Público tiene una ley especial, que comprende una Ley del Ministerio Público, un Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, un Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, normas que regulan el sistema de carrera y la materia de personal. En este caso concreto, el art. 96 de Estatuto de la Carrera del Ministerio Público ordena que “El procedimiento e impugnaciones administrativas se regirán por lo dispuesto en este Estatuto. Las impugnaciones judiciales se regularán por lo estatuido en la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, (ver también art. 80, 93, 94 Estatuto de la Carrera del Ministerio Público). De igual modo, el art. 211 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, establece que, “Los actos que contengan cancelación de personal por cesantía o despido podrán ser impugnados directamente ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. Y en esta misma línea el art. 212 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, “Las impugnaciones administrativas se sujetaran a la ley de procedimiento administrativo, salvo lo dispuesto en el Estatuto y este Reglamento; las impugnaciones judiciales se regularan por la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo.” Por lo cual, el acto impugnado de despido indirecto emitido por el Fiscal General queda sujeta o sometida a los artículos mencionados 108, 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Constencioso Administrativo, es decir, a lo regulado o establecido en esta Ley, en la sección segunda denominada “EN MATERIA DE PERSONAL”. La resolución administrativa emitida por el Fiscal General del Ministerio Público en materia de personal e impugnada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya mencionada, que ocasiona el despido indirecto, se encuentra comprendido como objeto de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo regulado en el art. 108, 109 Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Es por ello, que la misma ley especial del Ministerio Público, habilita al servidor público a acudir en caso de despido directamente a la jurisdicción administrativa. La Corte de Apelaciones de lo Constencioso Administrativo, ha incurrido en una clara infracción a las normas sobre jurisdicción y competencia, al resolver, que, “el acto cuya nulidad se solicita, no es un acto suceptible de impugnación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Sin embargo, resulta obligado señalar que no existe otra jurisdicción que conozca de las impugnaciones judiciales en materia de personal, en el caso de los despidos realizados por el Ministerio Público, ya que, tal como se ha expuesto, en este caso concreto, la Ley del Ministerio Público remite para su conocimiento y resolución del acto impugnado de despido, en materia de personal, directa y estrictamente a los Juzgados de lo Constencioso Administrativo. En consecuencia es, esta única jurisdicción (de lo contencioso administrativo) la que en efecto esta obligada a conocer de la materia de personal propia de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se trata de servidores públicos, como ciertamente se mencionó, lo ordena la noma infringida violada de los arts. 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Artículos que, relacionados con los arts. 1, 3 inciso c) y d), 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el ad quem ni siquiera realizó una relación lógica y racional sobre el procedimiento adecuado o establecido en la ley que rige su actuar, para determinar (en caso de duda), si la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el acto de despido que solicita la demandante ahora recurrente sea anulado. En definitiva, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que hoy se impugna, al dictar que “el acto cuya nulidad solicita, no es un acto suceptible de impugnación en la Jurisdicción de lo Constencioso Administrativo” infringe la norma citada, porque deja indebidamente de conocer el proceso que en materia de personal que está obligado a conocer por ley, tal como le ordena taxativamente la ley especial del Ministerio Público mencionada, y de igual modo los arts. 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como normas procesales que regulan la jurisdicción y competencia en la materia de personal para los servidores públicos que interpongan las acciones cuyo objeto sean actos de cancelación o separación, sujetando de igual modo la misma jurisdicción y competencia a la materia de personal como proceso especial. Infracción que produce que se case la sentencia recurrida por este motivo.”.- II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) No indica con claridad el tipo de infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que enuncia como violadas; b) insta la revisión de los hechos y la apreciación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y enuncia normas que no fueron señaladas en su formulación, tal es el caso de los artículos 96 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, 211 y 212 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público.- III.- Que la misma Recurrente expone como segundo motivo de casación. “Se impugna la aplicación e interpretación indebida y violatoria de las normas procesales sobre la forma y contenido de la sentencia. NORMA DEL DERECHO QUE SUSTENTA EL MOTIVO O PRECEPTO AUTORIZANTE: el primer motivo de casación mencionado se encuentra en el art. 719, numeral 1, inciso c) del Código Procesal Civil como norma procesal que rige el proceso de casación contencioso administrativo. FUNDAMENTO O EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE LA INFRACCIÓN QUE COMETE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: El precepto legal que se invoca infringido es el art. 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que establece las causales del recurso derivadas de la aplicación e interpretación de las normas procesales, particularmente en su literal c) que se refiere a la forma y contenido de la sentencia (es decir, del art. 719, numeral 1, inciso c) del Código Procesal Civil mencionado). La sentencia recurrida no se ajusta a la disposición reguladora procesal sobre su contenido, que incide en el fallo, careciendo de claridad, precisión y exhaustividad (como requisitos internos de la sentencia). Y de igual modo careciendo de motivación (como parte del contenido formal de la sentencia), causando así su incongruencia. Para exponer con más claridad y precisión se señala lo siguiente: Por un lado, cabe señalar en cuanto a este motivo de casación: que la sentencia recurrida carece de claridad, precisión y exaustividad, en cuanto a lo siguiente: 1. El Considerando tercero de la sentencia o (3), no es claro, ni precisó, ni exhaustivo, ya que no fija, ni expone los puntos objeto de la apelación que fueron recurridos por la demandante. Es decir, que forma poco clara, nada precisa, ni exhaustiva constan en la sentencia los argumentos realizados en la apelación presentada por la recurrente, donde omite importantes razonamientos jurídicos de la demandante en cuanto al fondo del asunto sobre la causal de inadmisión, es decir, los argumentos de la demandante sobre el agotamiento de la vía administrativa. (Ver considerando (3) que se encuentra incompleto) 2. Que de los dos párrafos escuetos en los que se fundamenta su decisión no se distingue claramente, ni describe siquiera o aborda de forma precisa y exhaustiva la causa de pedir establecida en el recurso de apelación, ni las normas aplicables al caso concreto, tal como lo establece el art. 206 de la norma procesal que regula estos requisitos internos de la sentencia. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo tampoco fue exhaustiva, porque no hizo con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de los puntos objeto de la apelación recurridos por la demandante, ni siquiera fue claro, ni exhaustivo en el único argumento sobre el que resolvió, “de que no se desvaneció la causa de inadmisibilidad”. “Artículo 206.- claridad, precisión y exhaustividad. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. De otro lado, de conformidad a este motivo de inadmisión en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales sobre la forma y contenido de la sentencia, ésta, es decir, la sentencia que hoy se recurre en casación, también carece de motivación (como parte del contenido formal de la sentencia), causando así su incongruencia. Carece de motivación porque no razonó, ni justificó ¿cómo llega a la decisión de que la demandante no se desvanece la causa de inadmisibilidad?, no motivó ¿por qué según el ad quem no se agotó la vía administrativa por la parte demandante?, si precisamente ese argumento era uno de los puntos recurrible y razonado por la parte recurrente. No razonó, ni motivó, ¿por qué considera que el “acto impugnado cuya nulidad solicita no es un acto susceptible en la jurisdicción de lo contencioso administrativo?, entonces, ¿a cuál jurisdicción le corresponde conocer el acto cuya nulidad se solicita?, Esto no lo motivó porque no existe otra jurisdicción que deba conocerlo (ya que así se demostró, incluso aquí en el motivo primero expuesto). Sin embargo toda esta falta de motivación, sumado a los anteriores requisitos internos de la sentencia ya mencionados, produce una incongruencia por omisión, en cuanto a que no se pronunció sobre lo pedido, ni esgrimido por la recurrente, aun así resolviendo sobre este punto como fondo de la inadmisión, es decir que siendo de fundamental importancia para resolver el conflicto, no lo motivo. Tampoco se pronunció, en cuanto a lo recurrido por la demandante sobre que, taxativamente, la Ley Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo habilita a la demandante a interponer directamente la demandada presentada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De conformidad con el artículo 110 sobre la materia de personal de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dispone que “Las acciones contra estos actos se interpondrán sin recurso previo de reposición”. Con ello se desvanece la causal de inadmisión. Ninguna resolución, está por encima de la ley. De igual modo, ni siquiera se pronunció en cuanto a que, además de ello, la normativa o ley especial del Ministerio Público remite directamente a los juzgados de lo Contencioso Administrativo el acto cuya nulidad solicita la demandante en materia de personal, (arts. 80, 93, 94, 96 de Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, el art. 211, 212 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público). Existe falta o inexistente motivación que produce incongruencia, cuando la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no se pronunció, ni mencionó, peor aun no expuso argumento jurídico alguno en la sentencia de inadmisión sobre la materia de personal que es la que rige este caso concreto, y que fue apelada por la parte recurrente. El Ad quem, pone de manifiesto que la sentencia que hoy se impugna a través de este recurso de Casación que comete infracción al art. 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mismo que establece las causales del recurso derivadas de la aplicación e interpretación de las normas procesales. particularmente en su literal c) que se refiere a la forma y contenido de la sentencia (deI 719.1 CPC). Es decir, el ad-quem infringe la norma citada con una aplicación e interpretación indebida o violatoria de la norma procesal que rige claramente el contenido de la sentencia (descritos en el presente motivo), derivando y resultando de ello que se case la sentencia recurrida por este motivo.”.- IV.- Que tampoco es admisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) alega dos formas distintas de violar la ley, al señalar la “aplicación e interpretación indebida y violatoria de las normas…”, las cuales debió haber formulado en párrafos separados e independientes; b) la norma señalada como violada, el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es una disposición que no regula la forma y contenido de la sentencia, sino que hace remisión a la legislación procesal civil, sobre el régimen de los recursos en esta materia; y, c) en su explicación enuncia normas que no fueron indicadas como violadas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 110 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 206 del Código Procesal Civil, 80, 93, 94 y 96 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, 211 y 212 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público.- V.- Que en el tercer motivo se sostiene: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio en este caso concreto, para la solución del fondo de la admisión o inadmisión. NORMA DEL DERECHO QUE SUSTENTA EL MOTIVO O PRECEPTO AUTORIZANTE: el primer motivo de casación mencionado se encuentra en el art. 719, numeral 2 del Código Procesal Civil como norma procesal que rige el proceso de casación contencioso administrativo. FUNDAMENTO O EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE LA INFRACCIÓN QUE COMETE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: Los preceptos legales que se invocan infringidos son los 110 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Este motivo, como es bien sabido, comprende que tanto la norma se aplique incorrectamente, como que ni siquiera se tenga en cuenta para resolver, afectando con ello el fallo de tal manera que, si no se hubiere producido, sería diferente. En este sentido, el motivo, como es bien sabido, comprende todas las normas que el juez debe de aplicar para resolver el conflicto. La sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que se impugna en el presente recurso de casación, fijó como fondo del asunto “que la demandante no desvaneció la causa de inadmisibilidad”, literalmente, de la siguiente forma en la de la sentencia (único y escaso dos párrafos de razonamiento): “Considerando (4): Que en fecha veinte (20) de febrero del 2014, la demandante presentó escrito, junto con los documentos que acompañó, para desvanecer la causal de inadmisibilidad señalada y de los alegatos que viene haciendo no aportan elementos nuevos para desvanecer la causal de inadmisibilidad, invocada en consecuencia por lo expuesto es procedente declarar inadmisible la demanda y ordenar el archivo de la misma. Considerando (5): Que consta en autos que la demandante mediante al subsanación de la demanda no pudo desvanecer la causal de inadmisibilidad, en virtud de que el acto cuya nulidad solicita, no es un acto susceptible de impugnación en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, (tanto en la demanda, como la subsanación que se hizo del mismo, pues aunque ésta no sea objeto de análisis sólo se menciona aquí como referencia) en el escrito de apelación se reiteró y se expuso claramente que el artículo 110 sobre la materia de personal de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dispone que “Las acciones contra estos actos se interpondrán sin recurso previo de reposición”, habilita a la demandante a interponer directamente la demandada presentada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra la resolución administrativa emitida por el Fiscal General del Ministerio Público constitutiva del despido indirecto. De igual modo, la ley especial que rige el sistema de carrera de los servidores públicos y la materia de personal, habilita a la demandante a impugnar la resolución que realiza el despido, ya mencionada, directamente ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; así también los arts. 80, 93, 94, 96 de Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, el art. 211, 212 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público. Por lo tanto no se tienen expeditos recursos al respecto. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al resolver que procede la inadmisión de la demanda porque la demandante no pudo desvanecer la causal de inadmisibilidad, claramente interpreta y aplica erróneamente las normas que resuelven el conflicto de fondo, O, bien, dicho de otro modo, no tuvo en cuenta siquiera para resolver el citado en reiterado artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni lo mencionó, ni lo razonó, ni lo cito, porque no lo considero siquiera, lo desconoció estando obligado a tenerlo en cuenta, afectando con ello el fallo. Dicho de otro modo, El ad quem consideró que la demandante no agotó la reposición (contra el acto que demanda su nulidad) y por lo tanto que queda como recurso expedito en la vía administrativa, puesto que ello es la insuperable situación que puede generar el no desvanecimiento de la causa de inadmisibilidad. Pero el mismo ad quem no tuvo en cuenta, o no aplicó, y no interpretó, estando obligado por ley hacerlo, el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que literalmente ordena que EN MATERIA DE PERSONAL, corno lo es en este caso concreto, cuando se trata de despidos o separaciones de servidores públicos, “Las acciones contra estos actos se interpondrán sin recurso previo de reposición”, y que por lo tanto la demandante de acuerdo Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no tiene recursos expeditos en la vía administrativa. Si lo recurrido y demandado es una demanda en materia de personal, no cabe otra norma que aplicar o interpretar que no sea el art.110 Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como norma sustantiva en materia de personal, en cuanto al agotamiento de la vía administrativa para dirimir de fondo el conflicto de la causa de inadmisibilidad. Por lo tanto, la norma de carácter sustantiva y de naturaleza Contencioso Administrativo es el art. 110 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que ha sido infringida o violentada por no haber sido empleada la norma aplicable para la solución de fondo de la admisión; ya que la norma que debe de ser estrictamente aplicada es la de la materia de personal contenida y regulada Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al resolver el agotamiento de la vía administrativa, y por ende para solucionar el conflicto de fondo de la admisión o inadmisión en este caso concreto. Esta infracción cometida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de las normas aplicables a la resolución de fondo del litigio o inadmisión, al no aplicar o tener en cuenta siquiera para resolver el fondo mencionada infringe el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso administrativo ”Las acciones contra estos actos se interpondrán sin recurso previo de reposición”, afectando con ello el fallo, de la forma que ha quedado expuesta, hace posible que la honorable Sala case la sentencia recurrida en este motivo. Se solicita que se case en su totalidad la sentencia recurrida a través del presente recurso de casación y dicte una nueva sentencia resolviendo el litigio o admisión. Todos los motivos señalados, sin duda alguna, afectan los fines que el recurso de casación pretende proteger, como ser, la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, la unificación de la jurisprudencia nacional: estos se ven afectados, sobre todo, cuando puede originarse lejos de esta pretendida unificación, una disparidad de sentencias, en materia de personal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando la Corte de Apelación de esta Jurisdicción resuelve con tales infracciones y violaciones a las normas sustantivas y de naturaleza propia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Produciendo así una clara la desigualdad ante la ley, una falta de la seguridad y certidumbre jurídicas. Todo ello contrario a los fines de la casación. Por todo lo anterior, los motivos expuestos ameritan que se case la sentencia recurrida en su totalidad y se dicte una nueva sentencia resolviendo la admisión.”.- VI.- Que también resulta inadmisible el cargo que antecede, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) No indica con claridad el tipo de infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma que enuncia como violada; b) insta la revisión de los hechos y la apreciación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia, ataca los considerandos del fallo impugnado y enuncia normas que no fueron señaladas en su formulación, tal es el caso de los artículos 80, 93, 94 y 96 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, 211 y 212 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público.- VII.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VIII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- X.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la resolución recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional.
  2. SIN COSTAS, por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de noviembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha seis de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 378-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL