Sentencia CA-375-14 — Registro 5558
Resumen
Se declara la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones en relación a acto emitido por el Poder Ejecutivo suspendiendo maestros
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Hito
..."Que si bien es cierto, en los artículos 38, 39 y 40 del Estatuto del Docente establece las faltas y procedimiento de sanción y recursos que proceden en los conflictos que se presenten en la relación con los docentes en el ejercicio de sus labores, también lo es que, el Estado de Emergencia es uno de los Regímenes de excepción facultativo del Gobierno, por circunstancias que perturban la paz y el orden interno de un Estado, que impiden la vida normal de los gobernados; este estado de alarma faculta al Estado a restringir ciertas garantías a razón de los acontecimientos que no permiten a las autoridades públicas ejercer su función con normalidad y en detrimento de la ciudadanía. El Estado de Excepción establecido por situaciones anómalas, que impiden el ejercicio de las potestades ordinarias, no solamente aquellas que acontecimientos extraordinarios, como los referidos a catástrofe natural, el cambio climático, guerras, perturbación del orden, enfermedades, etc…, sino también las que atenten contra derechos fundamentales de los ciudadanos, por las cuales el gobierno en ejercicio de su máxima autoridad ejecutiva deben restringir algunos derechos de forma parcial o total, mismo que no están determinados mediante númerus clausus, entre otros, la libertad personal, inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones, libre residencia y circulación, libertad de expresión e información, derecho de huelga y de conflicto colectivo, etc… El estado de excepción o emergencia es decretado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.- "Que bajo esa premisa, el argumento esgrimido por la parte demandada respecto al propósito de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, es velar por el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nuestro País para que reciban clases como parte de la obligación del Estado, debe ser dirimida y ponderada con los derechos compilados en el Estatuto del Docente en relación con los demandantes"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 59 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 119 (Decreto)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3, Numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 5 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 19, Numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Hito
"Esto lleva a este Tribunal a establecer los siguientes criterios: Si bien es cierto hay una relación entre la teoría de los derechos y la del razonamiento jurídico, también lo hay en cuanto a la de ponderación y el papel que juega el Juez en un Estado de Derecho, salvaguardando en primer término las normas materiales constitucionales e internacionales de carácter sustantivo y en un segundo término normas de la misma jerarquía pero de carácter adjetivas. Esto quiere decir que el juez al hacer el análisis deberá sopesar las normas que están en concurrencia y a cual debe de darle mayor relevancia. No es simplemente conectar la teoría de los derechos o los derechos consagrados en las normas con el razonamiento jurídico y emitir un veredicto o resolución. El Juez debe de analizar todos los elementos que están en juego, máxime cuando hay derechos fundamentales constitucionales y derechos del niño en confrontación con otro tipo de normas de la misma jerarquía. Entender y aplicar de otra forma dicha normativa constitucional, en cuanto a su primacía, interés general, así como interpretar literalmente o estrictamente la figura del Estado de Emergencia, no es ejercer verdadera tutela judicial, por tanto, el Juzgador debe en primer término, velar por los derechos y garantías constitucionales y su armonía a favor de las mayorías, no hacerlo implica poner en desventaja y desamparo a los gobernados.- "Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo, respetándose el debido proceso y derecho de defensa de los trabajadores y empleados, todo ello lo ha sido, siempre que no existan otros derechos de terceros, que por mandato constitucional se encuentren bajo la protección privilegiada del Estado y en procura de la protección de los derechos humanos e indispensables de los ciudadanos en su mayoría. El mandato de ponderación que tiene inherente el juez en si “son mandatos de optimización, implican lo que en la terminología jurídica alemana se llama regla de proporcionalidad”. (Robert Alexy “Derecho y Razón Practica pg.31). En resumen esas reglas de proporcionalidad y de ponderación están basadas en que se deben de ordenar las normas en competencia, en la mayor medida fáctica posible. Si se está ante un caso en que el Estado garante de los derechos del niño, de la salud, de la educación, de la persona y de la integridad y es el mismo que los infringe en contra posición de normas y principios procesales como es la justificación de una suspensión y que el despido fue a consecuencia de ese procedimiento, donde se conocía la causa o motivo que llevó a la administración a tomar la decisión de despedir a los trabajadores.- ".- En consecuencia cuanto más intensa sea la interferencia entre las normas o la posibilidad de apartarse de criterios jurisprudenciales largamente establecidos, más importante tiene que ser la relevancia y los principios de los otros derechos que están en disputa. El Juez deberá encontrar esas razones para poder apartarse por la jurisprudencia establecida, ver si son aceptables así como derivar las consecuencias jurídicas de esa decisión, en un proceso intelectivo complejo. Para que así este Tribunal pueda ver que es lo que ha ocurrido en el fuero interno del Juez que lo ha motivado a tomar esa decisión final en uno u otro sentido de los posibles y si es jurídicamente aceptable.-"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 59 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 119 (Decreto)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3, Numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 5 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 5 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Hito
..."Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo, respetándose el debido proceso y derecho de defensa de los trabajadores y empleados, todo ello lo ha sido, siempre que no existan otros derechos de terceros, que por mandato constitucional se encuentren bajo la protección privilegiada del Estado y en procura de la protección de los derechos humanos e indispensables de los ciudadanos en su mayoría. El mandato de ponderación que tiene inherente el juez en si “son mandatos de optimización, implican lo que en la terminología jurídica alemana se llama regla de proporcionalidad”. (Robert Alexy “Derecho y Razón Practica pg.31). En resumen esas reglas de proporcionalidad y de ponderación están basadas en que se deben de ordenar las normas en competencia, en la mayor medida fáctica posible. Si se está ante un caso en que el Estado garante de los derechos del niño, de la salud, de la educación, de la persona y de la integridad y es el mismo que los infringe en contra posición de normas y principios procesales como es la justificación de una suspensión y que el despido fue a consecuencia de ese procedimiento, donde se conocía la causa o motivo que llevó a la administración a tomar la decisión de despedir a los trabajadores.- VI.- En consecuencia cuanto más intensa sea la interferencia entre las normas o la posibilidad de apartarse de criterios jurisprudenciales largamente establecidos, más importante tiene que ser la relevancia y los principios de los otros derechos que están en disputa. El Juez deberá encontrar esas razones para poder apartarse por la jurisprudencia establecida, ver si son aceptables así como derivar las consecuencias jurídicas de esa decisión, en un proceso intelectivo complejo. Para que así este Tribunal pueda ver que es lo que ha ocurrido en el fuero interno del Juez que lo ha motivado a tomar esa decisión final en uno u otro sentido de los posibles y si es jurídicamente aceptable.-".- Que la Constitución de la República en sus artículos 59 y 119 establece lo siguiente respectivamente: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable……; El Estado tiene la obligación de proteger a la Infancia”.- "Que la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 5.1 establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral”. Además el artículo 19 de la supra indicada convención establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.-".- Que el artículo 3.1 y 19.1 de la Convención de los Derechos del Niño establecen: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño….. Los Estados partes adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”.- ".- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- ". Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- ".- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 59 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 119 (Decreto)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3, Numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 5, Numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 19, Numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la abogada SUYAPA MARIA BORJAS SALGADO, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y los Recurridos: ARTURO RAMOS LAVAIRE, RUDY HEBERTO SIERRA CAÑAS, JOSE LITO SOLER LARA y otros, representados en juicio por los abogados GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ y JOSE BENEDICTO SANTOS CASTRO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas, indemnización de daños y perjuicios, más las costas del juicio, promovida por los abogados GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ y JOSE BENEDICTO SANTOS CASTRO, en su condición de apoderados de los señores ARTURO RAMOS LAVAIRE, RUDY HEBERTO SIERRA CAÑAS, JOSE LITO SOLER LARA y otros, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, representado en juicio por la abogada SUYAPA MARIA BORJAS SALGADO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción que el Secretario de Estado en el Despacho de Educación, con criterio autoritarios el 5 de abril del año 2011, emitió el acuerdo No.408697-SE-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.32,486 del 6 de abril del 2011, mediante el cual mandó a suspender de sus actividades laborales sin goce de sueldo, a los demandantes a partir del 11 de abril del 2011, violentándoles el derecho a la legitima defensa y al debido proceso establecidos en la Constitución de la República, no siguiendo lo establecido en el articulo 20 de la Ley de Procedimientos Administrativos, interponiendo la parte demandante el respectivo recurso de reposición para su impugnación, declarándolo la demandada sin lugar, expresando que el acuerdo impugnado no es un acto administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, contestó dicha demanda señalando que si bien el Estatuto del Docente determina el procedimiento para sancionar a un docente en el sector oficial, también es de destacar que cuando no hay solución a un conflicto entre el gobierno y los empleados públicos, el Estado deberá tomar medidas y mecanismos necesarios para la búsqueda de una solución a la problemática educativa, siendo los docentes empleados públicos, el Presidente de la República en Consejo de Ministros amparados en la Constitución de la República, emitieron el Decreto Ejecutivo NO. PCM-016-2011, de fecha 18 de marzo de 2011, en el cual se declaró estado de emergencia en el sistema educativo en todos los niveles, excepto en el nivel superior, para normalizar la continuidad en la prestación de servicio educativo de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, facultando a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, para que tomara las medidas correctivas y garantizar la reanudación de las clases en todos los niveles, por lo que al comprobar que los docentes suspendidos no estaban cumpliendo con su jornada laboral y siendo que la docencia tiene una función social y por ende la obligación de todo docente es cumplir su jornada laboral y dentro de la misma dando los conocimientos que los alumnos necesitan para tener las competencias necesarias para seguir al nivel inmediato superior.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha once de noviembre del dos mil trece, dictó sentencia declarando procedente la acción interpuesta por los abogados Gustavo Adolfo Maldonado Gálvez y José Benedicto Santos Castro, en su condición de apoderados judiciales de los señores Arturo Ramos Lavaire, Rudy Heberto Sierra Cañas y otros, contra el Estado de Honduras, en virtud de no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia, se anula el acto administrativo emitido por el Secretario de Estado en los Despachos de Educación consistente en el acuerdo No. 40867-SE-2011 de fecha 6 de abril del año 2011, mediante el cual se suspende temporalmente a cada uno de los demandantes de sus actividades laborales, según el tiempo que en el mismo se establece; reconoció la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento se ordenó el reintegro de los mismos y como indemnización de daños y perjuicios, el pago de los salarios dejados de percibir, incluyendo decimotercer y decimocuarto mes, así como vacaciones, cantidades cuya determinación se diferirá al momento de la ejecución de esta sentencia, sin costas; bajo el criterio que los demandantes fueron suspendidos temporalmente de sus cargos en virtud que: 1) El Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Ejecutivo PCM-016-2011 de fecha 18 de marzo del año 2011 en el que declara estado de emergencia en el sistema educativo nacional en todos sus niveles a excepción del nivel superior. 2) Amparado en dicho Decreto la Secretaría de Estado en los Despachos de trabajo y Seguridad Social emite una Resolución en fecha 22 de marzo del año 2011 en la que declara ilegal la suspensión colectiva de trabajo de los docentes en fecha 7 de marzo del año 2011. 3) En base a lo anterior, el Poder Ejecutivo quedaba en libertad de despedir a los docentes empleados públicos del Estado en el Sistema Educativo Público Nacional, conforme lo indica el artículo 571 del Código del Trabajo, pero optó por suspenderlos por el término de dos meses, seis meses y un año, tal como le fue comunicado por el Gobierno de la República; en Honduras no existe ninguna Ley aprobada por el Congreso Nacional de la República sobre el Estado de Emergencia, la Constitución de la República únicamente refiere a la restricción o suspensión de los derechos en su artículo 187, asimismo, su aplicación corresponde al Presidente de la República con su Consejo de Ministros, debiendo ser ratificada por el Congreso Nacional de la República y con una duración no superior a los 45 días; que el acto impugnado en esta Judicatura utiliza como fundamento para ratificar la legalidad de la suspensión de los maestros demandantes, el hecho que mediante Decreto Ejecutivo PCM-016-2011 de fecha 18 de marzo del año 2011 se declaró Estado de Emergencia en el Sistema Educativo Nacional; y que ello implicaba que se podía por parte del Estado restringir o suspender derechos, sin embargo, no puede obviarse que:
- La Constitución de la República de Honduras no regula el Estado de Emergencia como un mecanismo para restringir o suspender algunos derechos esenciales de manera parcial o total para garantizar el orden. 2) El Sistema educativo no se encuentra comprendido dentro de los derechos o garantías que puede restringirse o suspenderse de acuerdo a lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República.
- Todas las actuaciones realizadas por cualquier autoridad estatal deben someterse al Principio de Legalidad y a lo dispuesto en la Constitución de la República y los Tratados aprobado. 4) La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 30 indica que las restricciones deben ser establecidas por ley, (ley formal), dispuestas en beneficio del interés general y con el propósito para el que se establecieron, no como sanción o con cualquier otro propósito; es decir, que no es suficiente que se demuestre que el Decreto de Estado de Emergencia, cumplía un propósito útil u oportuno, pues para que sea compatible con la Convención, la Constitución de la República y las demás leyes del país, esa restricción debe además ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, por lo que si bien es cierto a nadie le es desconocido la problemática que se ha desatado los últimos años entre el Gobierno y los maestros, el Gobierno, como garante de los derechos de todos los ciudadanos, no puede ni debe enfrentar situaciones de crisis utilizando mecanismos que no se encuentran contemplados dentro de la Carta Magna que rige a todos los hondureños, pues aunque su intención era poner un fin a dicho conflicto en aras de un bien común, ese bien común que ha de entenderse como un concepto referido a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos, sólo puede ser alcanzado cuando en él se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional, en fecha ocho de mayo del dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas, bajo el criterio que el Estatuto del Docente en sus articulo 39 y 40 establece que para las faltas graves y muy graves, el procedimiento incluirá siempre una audiencia de descargo, con las garantías y formalidades de legitima defensa que el mismo reglamento especifique; contra la resolución en que se aplica una sanción grave o muy grave podrá interponerse el recurso de apelación ante la autoridad que impuso la sanción y de reposición ante la autoridad inmediata superior a la que impuso la sanción impugnada, habiendo hecho uso de ellos o agotado el reclamo administrativo, quedará expedienta la vía jurisdiccional; que la autoridad nominadora para dictar el Acuerdo No.40867-SE-2011 de suspensión temporal de los maestros, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en el Estatuto del Docente, para emitir esta clase de acuerdo y al no hacerlo violó el procedimiento legal establecido trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado y por lo consiguiente es nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada SUYAPA MARIA BORJAS SALGADO, presentó en fecha nueve de junio de dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha ocho de mayo de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.130-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0501-2011-00036 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés.- 6.- Mediante providencia de fecha diez de junio de dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, abogado GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ, presentó en fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante éste alto Tribunal, apareciendo notificados por la vía de comunicación de teléfono celular de dicha resolución en fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, los abogados SUYAPA MARIA BORJAS SALGADO y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ y SUYAPA MARIA BORJAS SALGADO, presentaron escritos en fecha veintinueve de julio y uno de agosto de dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 08 de mayo de 2014, visible a folios 9 al 16 de la segunda pieza, donde confirma la de primera instancia que declara procedente la acción interpuesta y consecuentemente anula el acto administrativo emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, consistente en el acuerdo No. 40867-SE-2011, mediante el cual se suspende temporalmente a cada uno de los demandantes de sus actividades laborales, bajo el criterio de que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo antes referido, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en el Estatuto del Docente. Sin embargo, dicha apreciación del ad quem se ha formulado sin tener en cuenta todas las pretensiones oportunamente deducidas, entre ellas la circunstancia de la vulneración de derechos de la niñez, lo que violenta el deber y principio de congruencia que toda decisión judicial debe conllevar.- II.- Que si bien es cierto, en los artículos 38, 39 y 40 del Estatuto del Docente establece las faltas y procedimiento de sanción y recursos que proceden en los conflictos que se presenten en la relación con los docentes en el ejercicio de sus labores, también lo es que, el Estado de Emergencia es uno de los Regímenes de excepción facultativo del Gobierno, por circunstancias que perturban la paz y el orden interno de un Estado, que impiden la vida normal de los gobernados; este estado de alarma faculta al Estado a restringir ciertas garantías a razón de los acontecimientos que no permiten a las autoridades públicas ejercer su función con normalidad y en detrimento de la ciudadanía. El Estado de Excepción establecido por situaciones anómalas, que impiden el ejercicio de las potestades ordinarias, no solamente aquellas que acontecimientos extraordinarios, como los referidos a catástrofe natural, el cambio climático, guerras, perturbación del orden, enfermedades, etc…, sino también las que atenten contra derechos fundamentales de los ciudadanos, por las cuales el gobierno en ejercicio de su máxima autoridad ejecutiva deben restringir algunos derechos de forma parcial o total, mismo que no están determinados mediante númerus clausus, entre otros, la libertad personal, inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones, libre residencia y circulación, libertad de expresión e información, derecho de huelga y de conflicto colectivo, etc… El estado de excepción o emergencia es decretado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.- III.- Que bajo esa premisa, el argumento esgrimido por la parte demandada respecto al propósito de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, es velar por el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nuestro País para que reciban clases como parte de la obligación del Estado, debe ser dirimida y ponderada con los derechos compilados en el Estatuto del Docente en relación con los demandantes.- IV.- Esto lleva a este Tribunal a establecer los siguientes criterios: Si bien es cierto hay una relación entre la teoría de los derechos y la del razonamiento jurídico, también lo hay en cuanto a la de ponderación y el papel que juega el Juez en un Estado de Derecho, salvaguardando en primer término las normas materiales constitucionales e internacionales de carácter sustantivo y en un segundo término normas de la misma jerarquía pero de carácter adjetivas. Esto quiere decir que el juez al hacer el análisis deberá sopesar las normas que están en concurrencia y a cual debe de darle mayor relevancia. No es simplemente conectar la teoría de los derechos o los derechos consagrados en las normas con el razonamiento jurídico y emitir un veredicto o resolución. El Juez debe de analizar todos los elementos que están en juego, máxime cuando hay derechos fundamentales constitucionales y derechos del niño en confrontación con otro tipo de normas de la misma jerarquía. Entender y aplicar de otra forma dicha normativa constitucional, en cuanto a su primacía, interés general, así como interpretar literalmente o estrictamente la figura del Estado de Emergencia, no es ejercer verdadera tutela judicial, por tanto, el Juzgador debe en primer término, velar por los derechos y garantías constitucionales y su armonía a favor de las mayorías, no hacerlo implica poner en desventaja y desamparo a los gobernados.- V.- Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo, respetándose el debido proceso y derecho de defensa de los trabajadores y empleados, todo ello lo ha sido, siempre que no existan otros derechos de terceros, que por mandato constitucional se encuentren bajo la protección privilegiada del Estado y en procura de la protección de los derechos humanos e indispensables de los ciudadanos en su mayoría. El mandato de ponderación que tiene inherente el juez en si “son mandatos de optimización, implican lo que en la terminología jurídica alemana se llama regla de proporcionalidad”. (Robert Alexy “Derecho y Razón Practica pg.31). En resumen esas reglas de proporcionalidad y de ponderación están basadas en que se deben de ordenar las normas en competencia, en la mayor medida fáctica posible. Si se está ante un caso en que el Estado garante de los derechos del niño, de la salud, de la educación, de la persona y de la integridad y es el mismo que los infringe en contra posición de normas y principios procesales como es la justificación de una suspensión y que el despido fue a consecuencia de ese procedimiento, donde se conocía la causa o motivo que llevó a la administración a tomar la decisión de despedir a los trabajadores.- VI.- En consecuencia cuanto más intensa sea la interferencia entre las normas o la posibilidad de apartarse de criterios jurisprudenciales largamente establecidos, más importante tiene que ser la relevancia y los principios de los otros derechos que están en disputa. El Juez deberá encontrar esas razones para poder apartarse por la jurisprudencia establecida, ver si son aceptables así como derivar las consecuencias jurídicas de esa decisión, en un proceso intelectivo complejo. Para que así este Tribunal pueda ver que es lo que ha ocurrido en el fuero interno del Juez que lo ha motivado a tomar esa decisión final en uno u otro sentido de los posibles y si es jurídicamente aceptable.- VII.- Que la Constitución de la República en sus artículos 59 y 119 establece lo siguiente respectivamente: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable……; El Estado tiene la obligación de proteger a la Infancia”.- VIII.- Que la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 5.1 establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral”. Además el artículo 19 de la supra indicada convención establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.- IX.- Que el artículo 3.1 y 19.1 de la Convención de los Derechos del Niño establecen: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño….. Los Estados partes adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”.- X.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- XI. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- XII.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XIII. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 59, 90 párrafo primero, 119, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; Artículo 3.1, 5.1, y 19, 19.1 de la Convención de los Derechos del Niño; 22, 193, 197, 199, 214 numeral 2, 215 numeral 5 y 931 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional de fecha 08 de mayo de 2014, visible a folios 9 al 16 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de diciembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 375-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL