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Sentencia CA-369-13 — Registro 4400

Resumen

En primera instancia se dictó auto resolutivo declarando con lugar las defensas previas interpuestas por la parte incidentista, declarando inadmisible la demanda en segunda instancia se confirma.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que analizado el cargo que antecede, se desprende que los mismos resultan inadmisibles, dado que el Recurrente incurrió en los siguientes defectos: a) no es preciso en indicar si la infracción de la norma señalada como violada, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta a la revisión de los hechos, la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso conforme lo dispone el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil;y, c) en su explicación realiza extensos alegatos de instancia.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que tampoco puede ser admisible el anterior cargo, debido a lo siguiente: a) Al igual que en el primer cargo, no es preciso en indicar si la infracción de la norma señalada como violada, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta a la revisión de los hechos, la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso conforme lo dispone el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación alude a otras disposiciones no invocadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de abril de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el señor DAVID EDUARDO ASSAF CALDERÓN, representado en juicio por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y el Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, representado en juicio por el abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal, para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto tácito administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cancelación o separación injusta e ilegal y como medida para su pleno restablecimiento se pague una indemnización por concepto de prestaciones más el pago de los salarios caídos desde la fecha de su cancelación hasta que se efectúe el pago, por haber sido despedido de su cargo sin causa justificada conforme a lo establecido en las leyes del Estado, más el pago de los salarios que hayan dejado de percibir por concepto de decimotercero y decimocuarto mes y vacaciones, y se le reconozcan también los aumentos que se autoricen, durante la sustentación del juicio, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por el señor DAVID EDUARDO ASSAF CALDERÓN, mayor de edad, casado, hondureño, motorista y de este domicilio, en fecha veintiocho de junio del año dos mil once, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, por medio de la PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que empezó la relación de servicio con el Estado de Honduras a partir del 07 de Marzo del año 2007, en el cargo de Conductor de Automóviles, dependiente del Departamento con código N°.11 de la Administración General de Casa Presidencial, que mediante acto administrativo tácito, emitido por el Estado de Honduras a través de la Presidencia de la República, revocó el nombramiento que ostentaba, quedando cancelado también en forma tácita al no emitir el acuerdo de cancelación de manera expresa, a partir del mes de agosto del año 2009, acto tácito administrativo que hasta la fecha no le ha sido notificado, donde se le indique la terminación de la relación de servicio, que de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo es nulo todo acto administrativo dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido y en el presente caso de autos el acto impugnable del cual se pide se declare la nulidad e ilegalidad, lo constituye el acto administrativo tácito de cancelación de nombramiento de su persona el que también se originó en forma tácita y no expresa, donde se evidencia el comportamiento de la Administración Publica que es unívoco e incompatible con una voluntad distinta que producirá los mismos efectos de una resolución o acuerdo expreso, en cuanto a la cancelación de su cargo, que no se sabe si dicha cancelación fue por cesantía o cancelación por despido, sin manifestarle el derecho que le correspondía del pago de prestaciones laborales y aquellos derechos adquiridos que pudieran corresponderle de conformidad con la Ley. Además debido a la relación de servicio con el Estado de Honduras, se le hacían todas las deducciones establecidas en las leyes como cualquier servidor público que está bajo el Régimen de Servicio Civil, como ser del lnjupemp, Seguro Social, Impuesto Sobre la Renta, préstamos y otros, que el hecho que haya prestado sus servicios en Casa Presidencial, esto significa que aquellas secretarias, asistentes, conserjes, monitores, motoristas o cualquier otro cargo que presten servicio personal y directamente al Presidente de la República o a los Secretarios de Estado, cuyo cargo o puesto estén asignados presupuestariamente a unidades distintas de estos funcionarios, no serán reputados servidores de confianza y en consecuencia estarán dentro del servicio protegido como lo es el Régimen de Servicio Civil, sustentándose con lo anterior en el articulo 53 de la Ley de Servicio Civil, que para prescindir de los servicios de las personas afectadas a que se refiere el articulo anterior la autoridad nominadora deberá tomar en cuenta, los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada una de ellas, en un plazo improrrogable de siete días hábiles enviar a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para inscribirlos en las respectivas listas de ingreso, en todo caso el aviso de cesantía deberá darse al servidor afectado con un mes de anticipación, situación que no ha ocurrido en el presente caso. Por otro lado que la cesantía se plantea como consecuencia de la necesidad de suprimir el cargo o puesto, caso contrario no podrían cumplirse con la reducción forzosa de servicio o de personal, puesto que existiendo el cargo vacante podría ser cubierto conviniéndose así la cesantía en un instrumento que podría ser utilizado para cancelar servidores públicos. Evitándose el procedimiento para el despido y poniéndose en precario todo el Régimen de Servicio Civil que se basa en la estabilidad, en consecuencia la Cesantía de un servidor Publico solo tendrá lugar cuando el puesto que desempeña debe ser suprimido por razones presupuestarias o para obtener una mas eficaz y económica organización administrativo. Por consiguiente dicho acto administrativo tácito de cancelación es ambiguo y por consiguiente susceptible de nulidad. La adopción de dicha cancelación en forma tácita es contrario a derecho por haberse dictado en abierta contradicción a la Constitución de la República, Ley de Servicio Civil y sus Reformas y su Reglamento, por cuanto no se observó el procedimiento legalmente establecido para el régimen de cancelación por cesantía.. Además los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. En apoyo de sustentar su derecho, el articulo 38 letra s) reformado de la Ley de Servicio Civil, dispone que los servidores públicos, cuando fueren despedidos o cancelados injustificadamente, gozaran del derecho a ser reintegrados a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario o ser indemnizado, desconociendo la autoridad nominadora que todo servidor público tiene derecho a la permanencia en el cargo y en consecuencia a no ser trasladado, degradado o despedido sin justa causa como sucedió en el presente caso de autos que al emitir su cancelación en forma tácita queda demostrado que dicho acto administrativo se dictó con exceso de poder, sin respetar los procedimientos permitidos en el ordenamiento jurídico y por esas razones es nulo de pleno derecho porque no se podrán ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República, que el acto administrativo tácito impugnado que contiene la cancelación de su cargo, hasta la fecha NO le ha sido notificado con los requisitos establecidos en el artículo 88 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en que además de transcribir íntegramente el acto impugnado debe de expresarse si ese acto puso fin o no a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo proceden, el órgano competente para resolver, el plazo para interponerlo, y siendo que la notificación es defectuosa por no reunir los requisitos formales expresados, por lo tanto la notificación se considera defectuosa y por ende, puede interponerse la demanda a partir de la fecha en que se haya manifestada expresamente, en tal sentido por el notificado.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, contestó dicha demanda señalando que el demandante únicamente señala que dicha relación inició mediante un acto administrativo tácito, olvidando el demandante que de conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo que los actos se producirán por escrito, indicando la autoridad que lo emite y su fecha, salvo que la ley, las circunstancias por la naturaleza del acto exijan o permitan una forma distinta, que los actos de la administración están sujetos al derecho administrativo, por lo que cada acto emitido se rige por disposiciones legales señaladas en la ley del procedimiento administrativo, que el demandante no acompañó en el escrito de demanda el acto impugnado, por la razón que nunca hubo acto presunto tal y como lo manifiesta el demandante y en consecuencia al no haber cumplido el demandante con lo señalado en el Artículo 47 numeral c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no acreditó relación de trabajo que sostuvo con el demandado con documentos idóneos y fehacientes lo que no debe pasar por desapercibido, ya que es procesalmente imposible y legalmente inaceptable que si no se acredita el acto impugnado, no podrá declararse una nulidad sobre el mismo, dicho en otras palabras, que el demandante pretende señalar que la administración así como lo contrató supuestamente bajo un acto administrativo tácito, de esa misma manera se le revocó el supuesto nombramiento que este tuvo con la Presidencia de la República y que dicha cancelación es a partir del mes de agosto de 2009 y sobre dicha cancelación tácita hasta la fecha no le ha sido notificada, habiendo incongruencias en este punto puesto que son objeto de notificaciones los actos expresos, pero nunca los tácitos; pues resulta imposible realizar tal notificación, concluyendo que dichas argumentaciones están fuera de contexto y sin sustento legal alguno, aduciendo que hasta la fecha en que presentó la demanda es que se da por notificado del acuerdo de cancelación tácito, aproximadamente 2 años después lo cual resulta absurdo y alejado de toda lógica, porque nadie que está sujeto a una relación y que tiene que presentarse diariamente a cumplir horario de trabajo, puede aducir que se dio cuenta de despido 22 meses después de no presentarse a laborar, que el actor de acuerdo a sus declaraciones y al cargo que supuestamente ostentó, es considerado por virtud de la Ley de Servicio Civil, un “EMPLEADO DE CONFIANZA”, por lo tanto excluido del Régimen de Servicio Civil y de sus beneficios. - En cuanto al Servicio Excluido existen sendas estipulaciones para lo cual el Acuerdo Ejecutivo A-018-2009, de la reforma del Reglamento de la Ley de Servicio Civil define el término SERVICIO EXCLUIDO, en el artículo 6 numeral 45, asimismo en dicho Reglamento se indica quienes están excluidos de la Ley de Servicio Civil, que el actor de la demanda señala que el cargo que supuestamente ostentó era de Conductor de la Presidencia de la República, por lo que en el supuesto sin aceptarlo de ser cierto, el demandante no está protegido por la Ley del Servicio Civil que es una Ley especial para los servidores públicos con excepción de los empleados de confianza por estar adscritos a la Secretaria de la Presidencia. Que en el escrito de contestación de la demanda, se interpusieron tres motivos de inadmisibilidad de la demanda alegando lo siguiente: Primera Causa: En el escrito de la demanda, el demandante solicitó la nulidad de un ACTO ADMINISTRATIVO TÁCITO, es decir NO MANIFESTADO POR ESCRITO, y aduce a la vez que fue notificado del mismo a través de una NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA, fundamentando dicha tesis en los Artículos 88 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, disposiciones legales que son aplicables únicamente a notificaciones de resoluciones administrativas expresas pues son estos los únicos actos administrativos que son objeto de notificación, no puede notificarse un acto tácito que no existe, por lo que el demandante plantea su demanda con un defecto formal, pues indica que la nulidad solicitada es un acto administrativo tácito y a su vez señala una notificación defectuosa, lo que es incongruente y excluyente lo uno con el otro, por lo que hay un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.- De conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo los actos de la Administración Pública sujetos al derecho administrativo, se producirán por escrito, indicando la autoridad que los emita su fecha, salvo que la Ley, las circunstancias o la naturaleza del acto exija o permitan una forma distinta. Segunda causa: el demandante no acreditó su relación de servicio con el Estado de Honduras, mediante el respectivo Acuerdo de Nombramiento, que constituye el Acto Administrativo, del cual deriva la relación de servicio, es decir el vinculo jurídico con la Administración Pública, y el derecho subjetivo a su favor que legitima para comparecer en juicio, pues de allí surge el vínculo del particular con el Estado de Honduras, que lo legitima ante esta vía y en consecuencia este puede pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, aspectos que no concurren en la demanda de mérito, tal y corno lo indica el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que el Legislador contempló como parte de los requisitos de la Demanda entre otros documentos, que el demandante debe acompañar el documento que acredite la legitimación, esto resulta así, por que quien demanda ante esta vía debe acreditar cuando menos la condición en que lo hace, y de no hacerlo de esta manera y que la misma sea administrada por el órgano jurisdiccional, como ha sucedido pone en precario el Estado de Derecho. Y en la Tercera causal establece: que en la pretensión puesta a consideración, el demandante la interpuso fuera de los plazos respectivos y establecidos en la ley para acudir a esta instancia en tutela jurídica lo cual planteó de la siguiente manera: El Artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que se declarará la inadmisibilidad en los algunos casos, apreciados de oficio por el Juez, como ser que la demanda fuera presentada fuera de los plazos respectivos. Asimismo se relaciona el Artículo 48 del mismo cuerpo legal que establece que todos los términos para interponer la demanda que en principio es de 30 días, empero, que en atención y aplicación de los Artículos 105 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establecen que en materia de personal el término para interponer una demanda queda reducido a la mitad, por lo tanto el demandante tenía 15 días hábiles para acudir ante este Juzgado tomando en consideración la fecha que el mismo actor señala se da por notificado del Acuerdo emitido en forma tácita de a partir del mes de agosto del año 2009 y a la fecha de presentar el escrito de interposición de demanda que según consta con sello de recibido de este Tribunal el mismo es de fecha de Diciembre del año 2010, por lo que esta demanda se presentó fuera de los plazos respectivos en materia personal al haber transcurrido mas de veintidós (22) meses desde la fecha que según el demandante de forma tácita fue cancelado del supuesto nombramiento, y que según manifiesta el demandante viene impugnando mediante la presente demanda, extremo regulado por esta jurisdicción en el Artículo 51 inciso c) y 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que nos enmarca los contextos dentro de los cuales se sujetan para interponer la acción contencioso administrativo, y al tenor de las mismas se concluye que para interponer la acción en el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, hay plazos y procedimientos legalmente establecidos y que deben ser cumplidos de forma imperativa tanto por los interesados como por el mismo Juzgado, de no establecerse los parámetros de conformidad con la ley de esta jurisdicción, los plazos quedarían abiertos, indefinidos e indeterminados y quedarían al libre albedrío del que se siente agraviado por la administración pública, situación que se ha irrespetado en el presente caso por el actor de la demanda, pues es improcedente que después de haber transcurrido más de veintidós (22) meses desde la fecha que según el demandante de forma tácita fue cancelado del supuesto nombramiento con la Administración Pública.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en enero del año dos mil doce dictó auto resolutivo declarando con lugar las defensas previas interpuestas por la parte incidentista, declarando inadmisible la demanda, sin costas. Criterio: Que en relación a la primer causa de inadmisibilidad planteada consistente en que la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, al respecto el articulo 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que al escrito de demanda se deberá acompañar certificación o copia autorizada del acto impugnado y de acuerdo a lo manifestado por el demandante incidentado y del estudio y revisión del expediente judicial se puede apreciar que no existe acuerdo de cancelación pero si actos que acreditan que efectivamente hubo una relación de trabajo por lo que estamos frente a los denominados actos tácitos establecidos en la ley de Procedimiento Administrativo, el cual tiene la misma fuerza jurídica que un acto expreso, no obstante de la lectura de los hechos manifestados por el demandante en su escrito de demanda se establece que fue cancelado mediante un acto tácito en agosto del 2009, presentando la demanda ante este juzgado hasta el 28 de junio del 2011, es decir 22 meses después a lo cual la suscrita juez considera dos elementos que según la doctrina es importante señalar como ser el elemento objetivo relativo al transcurso del tiempo y el elemento subjetivo referente a la inacción del titular del derecho; el primero recae en que el demandante dejó transcurrir un periodo de tiempo de 22 meses para interponer la acción legal correspondiente, en el segundo elemento (subjetivo) la inacción del demandante, se constituye en el instrumento mediante el cual el paso de ese lapso de tiempo hace operar la pérdida de la oportunidad de hacer valer su derecho en sede judicial “que la prescripción de una acción encuentra su razón de ser en una presunta renuncia tácita del derecho por parte de su titular, quien a través de su inactividad, trasunta su intención de no reclamar lo que le corresponde”, ya que desde el momento en que se realizó el acto tácito de cancelación es desde ese momento que tenia expedita la vía judicial para reclamar su derecho contra una conducta contraria de la administración publica. En relación a la segunda defensa previa consistente en la falta de legitimación esta viene determinada por la titularidad del derecho subjetivo en que se basa aquella situación jurídica, por ende al ser servidor público lo constituye titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico que se considera infringido por el acto impugnado en este caso acto administrativo tácito, por lo que en efecto el único requisito para solicitar se declare la nulidad de un acto administrativo es tener interés legitimo y directo en ello y al respecto la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en sus artículos 12, 13 y 14 establece que tendrán capacidad procesal ante esta jurisdicción las personas que lo ostenten con arreglo a la legislación vigente. En relación a la tercer defensa previa alegada consistente en que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos, esta se relaciona con el articulo 48 de la Ley de la Jurisdicción que establece los términos para interponer la demanda que se relaciona con el articulo 105 y 111 del mismo cuerpo legal que establece que en materia de personal el término para interponer una demanda queda reducido a la mitad, por lo tanto el demandante tenia 15 días hábiles para acudir ante el juzgado tomando en consideración la fecha que el mismo señala que de forma tácita fue cancelado a partir de agosto del 2009 por lo que al observar el escrito de presentación de demanda es de fecha 28 de junio del 2011, es decir han transcurrido 22 meses desde la fecha que según el demandante de forma tacita fue cancelado.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiocho de junio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: manifiesta el demandante que fue cancelado de su puesto de trabajo, en forma tacita a partir del mes de agosto del año 2009, manifestando también que la notificación de dicha cancelación es defectuosa; al respecto, la Ley de Procedimiento Administrativo establece que las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha que el notificado haga manifestación expresa en tal sentido, así mismo, la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que las notificaciones que se realicen sin reunir los requisitos que para ello establece la Ley de Procedimiento Administrativo surtirán efecto si los interesados, dándose por enterados, presentaren en tiempo y forma la demanda; en consecuencia, en el presente caso, tal como lo manifiesta el demandante se dio por enterado de su cancelación tácita en agosto del 2009, haciendo manifestación expresa en tal sentido al así manifestarlo y al no asistir a su trabajo, con lo que se dio por enterado de su cancelación, por lo cual es a partir de dicha fecha que empieza a transcurrir el término para la interposición de la demanda haciéndola casi dos años después, por lo cual la misma fue presentada fuera de los plazos establecidos, además de la causal de inadmisibilidad señaladas, del estudio del expediente respectivo se ha apreciado que también existe la causa de inadmisibilidad consistente en que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, en virtud que el demandante impugna un acuerdo tácito de cancelación, ya que expresa que se evidencia el comportamiento de la Administración Pública que es unívoco e incompatible con una voluntad distinta, sin embargo, no acredita dicha conducta de la administración para considerar el acto tácito como tal, en consecuencia no consta el acto impugnado, por lo cual el Juez no podría pronunciarse sobre el fondo del asunto en cuanto a la nulidad del mismo, existiendo por lo tanto también dicha causa de inadmisibilidad. Que así mismo se ha apreciado que también existe la causa de inadmisibilidad consiste en que no corresponde el conocimiento de la acción a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que el demandante, en el caso de autos, no acreditó su condición de servidor público en la forma que lo determina la Ley de Servicio Civil, es decir, a través del respectivo nombramiento que es el que le otorga dicho status, en virtud que para tener tal condición debe haber sido nombrado a través de un acuerdo, prestar sus servicios a la Administración Pública y estar protegido por la Ley de Servicio Civil; en consecuencia, al no estar protegido el demandante por la Ley de Servicio Civil, ya que ésta establece que dicho Régimen comprenderá a los SERVIDORES PUBLICOS que laboran en las Secretarias de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establece dicha Ley y su Reglamento, no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de la presente acción, ya que su Ley establece en que casos pueden impugnarse los actos de cancelación de Servidores Públicos, que no es el caso del demandante, existiendo, por lo tanto, dicha causa de inadmisibilidad de la acción.- 5. La representación procesal de la parte demandante, abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en fecha trece de diciembre del año dos mil doce, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veintiocho de junio del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.143-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 340-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem mediante providencia de fecha siete de enero del año dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la demandada, representada en juicio por el abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES, presentó, en fecha cuatro de febrero del año dos mil trece escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha siete de febrero del año dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece, el abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES y en fecha veintidós de abril del año dos mil trece el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES, presentó escrito en fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó escrito en fecha veinticuatro de abril del año dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA ADECUACION DELPROCEDIMIENTO. Este motivo se sustenta en el Articulo 719.1 letra a) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales en la adecuación del procedimiento, en cuanto a la aplicación del Articulo 49 de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- SE QUEBRANTA LA LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SU ARTICULO 49 QUE DICE “Las notificaciones publicaciones deberán reunir los requisitos ordenados por la Ley de procedimiento Administrativo, de lo contrario no se tendrán por válidas ni producirán efectos legales ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, salvo si los interesados, dándose por enterados, presentaren en tiempo y forma la demanda”. La Corte de Apelaciones Sentenciadora, infringiendo la disposición anteriormente citada, dispone, mediante la sentencia recurrida en Casación, DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL ABOGADO OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, APODERADO DEL SEÑOR DAVID EDUARDO ASSAF GALDERON, Y CONARMA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE, DICTADA POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL. QUE CORRE AGREGADA A FOLIOS DEL NUMERO CATORCE (14) AL NUMERO DIECISIETE (17) DE LA PIEZA SEPARADA DE DEFENSAS PREVIAS Y MANDA QUE LA SECRETARIA DEL DESPACHO COMUNIQUE Y NOTIFIQUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA LA PRESENTE SENTENCIA Y UNA VEZ FIRME, SE COMUNJQUE AL JUZGADO DE SU PROCEDENCIA A TRAVES DE LA CERTIFICACION DE ESTILO, A EFECTO QUE PROCEDA CONFORME A LO RESUELTO. Aunque en la parte dispositiva de la sentencia recurrida en casación la Corte de Apelaciones sentenciadora no se pronuncia respecto de que la acción incoada por mi representado, fue presentada fuera de los plazos establecidos, que se menciona y esgrime como justificación de su injusto y arbitrario fallo, precisamente en su considerando ( 5 ), mediante el cual dicho Tribunal Ad-quem estima que; Que manifiesta el demandante, que fue cancelado de su puesto de trabajo, en forma tacita a partir del mes de Agosto del año 2009, manifestando también que la notificación de dicha cancelación es defectuosa., al respecto, la Ley de Procedimiento Administrativo establece que las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha que el notificado haga manifestación expresa en tal sentido así mismo, la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que las notificaciones que se realicen sin reunir los requisitos que para ello establece la Ley de Procedimiento Administrativo surtirán efecto si los interesados, dándose por enterados, presentaran en tiempo y forma la demanda., en consecuencia, en el presente caso tal como lo manifiesta el demandante se dio por enterado de su cancelación tacita en Agosto del 2009, haciendo manifestación expresa en tal sentido al así manifestarlo y al no asistir a su trabajo. con lo que se dio por enterado de su cancelación, por lo cual es a partir de dicha fecha que empieza a transcurrir el termino para la interposición de la demanda haciéndola casi dos años después, por lo cual la misma fue presentada fuera de los plazos establecidos”. El considerando anterior citado, nos lleva a la conclusión, como as consta en autos, que la Corte de Apelaciones sentenciadora se pronunció, en inicio, relacionando Jo que prescribe la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto a Jo relativo a LAS NOTIFICACIONES DEFECTUOSAS, y que fue en lo dispuesto en dichas Normas que fundamenté su demanda la parte actora, pero seguidamente dicha Corte de Apelaciones, entre en contradicción, que haciendo manifestación expresa en tal sentido al as manifestarlo y al no asistir a su trabajo, con lo que se dio por enterado de su cancelación, por lo cual es a partir de dicha fecha que empieza a transcurrir el término para la interposición de 13 demanda, olvidando que a la manifestación a que se refiere, es la que mi representado hace al momento que comparece ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a presentar su demanda y como lo manda la Ley de Procedimiento Administrativo. Motivo por el cual dicho Tribunal Ad—Quem violé lo estatuido en el Articulo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo “Las notificaciones y publicaciones deben reunir los requisitos ordenados por la Ley de procedimiento Administrativo, de lo contrario no se tendrán por validas ni producirán efectos legales ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, salvo si los interesados dándose por enterados, presentaren en tiempo y forma la demanda”., que es lo que sucede en el presente casa, Por lo que del estudio y revisión del expediente judicial se puede apreciar que no existe acuerdo de cancelación pero si actos que acreditan que efectivamente hubo una relación de trabajo por lo que estamos frente a los denominados actos tácitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo el cual tiene la misma fuerza jurídica de un acto expreso— A manera de que como se le hizo ver a la Juzgadora de Primera instancia, como a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y ahora a la Honorable Corte Suprema de Justicia, existen un sin número sentencias de asta índole en las que la Juzgadora de Primera Instancia y Juzgadora en el caso que nos ocupa a dejado plasmado lo siguiente: QUE AL NO HABER NOT1F1CAC1ON EN FORMA EXPRESA SE ESTA INFRINGIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE LA JURJSDICCJON DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE QLIE LAS NOTIFICACIONES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ORDENADOS EN LOS ARTICULOS 87, 88, 89 DE LA LEY DE PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO. Que si bien la Ley de Procedimiento Administrativo tasa que la forma en que se debe de practicar Lina notificación es, a saber: 1) Personalmente, mediante la entrega de copia íntegra del acto de que se trate., y 2) Mediante fijación en la Tabla de Avisos del despacho de la providencia o parte dispositiva de la resolución., también hay que aceptar, que esta forma de notificación es exigible solamente cuando lo que se trata de comunicar o notificar, es una resolución de aquellas que dan por concluido un procedimiento en que intervenga el o los particulares corno parte interesada en consecuencia, la sentencia recurrida es incongruente con las pretensiones deducidas en el juicio y. al darse tal incongruencia, dicha sentencia esté viciada de nulidad porque viola normas procesales (Artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso—Administrativo). que son de orden público, y al estar dicho fallo viciado de nulidad se impone como imperativo decretar la nulidad del mismo para adecuar el procedimiento por la vía legal y correcta. INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Al haber inobservancia por parte de la Corte de Apelaciones Sentenciadora a lo preceptuado por el Articulo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso—Administrativo, se emite un fallo incongruente con las pretensiones deducidas por las parles en el juicio a que dicho fallo pone fin, pues se resuelve sobre argumentos en completa contradicción a lo prescrito en la Norma citada, por tanto se infringió el adecuado procedimiento para posteriormente dictar la sentencia que conforme a derecho podrá corresponder., tal como lo dispone el Párrafo Segundo del mencionado Articulo 49 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, y por ende al no adecuar ese procedimiento se violé flagrantemente la garantía Constitucional del Debido Proceso, as como también infringe la garantía constitucional de la defensa, pues al pronunciarse la sentencia recurrida emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, quien se sustenté sobre extremos como si se tratara de que lo que se esté impugnando es un acto expreso, cuando de lo que se pretende su nulidad es de un ACTO TACITO ADMINISTRATIVO, por no existir acto expreso ni de nombramiento, menos de cancelación.”.- II. Que analizado el cargo que antecede, se desprende que los mismos resultan inadmisibles, dado que el Recurrente incurrió en los siguientes defectos: a) no es preciso en indicar si la infracción de la norma señalada como violada, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta a la revisión de los hechos, la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso conforme lo dispone el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil;y, c) en su explicación realiza extensos alegatos de instancia.- III. Que el Censor del fallo en el segundo motivo expone: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENCION. Este motivo se sustenta en el Articulo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión., por la no aplicación del Articulo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice: En los casos previstos por la ley, el comportamiento de la Administración Pública, que sea univoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una resolución expresa y consecuentemente la también no aplicación del Articulo 49 de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- Al quebrantar el Articulo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo y la no aplicabilidad del Articulo 49 de la Ley de la Jurisdicción da lo Contencioso-Administrativo, los Magistrados emisores de la Sentencia recurrida en Casación infringen y violan flagrantemente las Garantías de la Defensa, del Debido Proceso, y de la Legalidad con que deben actuar los Funcionarios Judiciales, tuteladas por los Artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución da la República que literalmente dicen: “ARTICULO 82.- El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes- “ARTICULO 90- Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. ARTICULO 321- Los Servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad”.- “ARTICULO 323- Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial sujetos a la Ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito”. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO: Al pronunciarse la Sentencia recurrida en su considerando (6), sobre: “Que también existe la causa de inadmisibilidad consistente en que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto”. Olvidándose que la legitimación viene determinada por la titularidad del derecho subjetivo en que se has-a aquella situación jurídica, por ende al ser servidor público lo constituye titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico que se considera infringido por el acto impugnado en este caso acto administrativo tácito, por lo que en efecto el único requisito para solicitar se declare la nulidad de un -acto -administrativo es tener interés legitimo y directo en ello y al respecto la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en sus Artículos 12, 13 y 14 establece que tendrán capacidad procesal ante esta jurisdicción las personas que lo ostenten con arreglo a la legislación vigente Por consiguiente La Juzgadora esté consciente y tiene a bien el derecho que asiste a mi representado, ya que cumple con los presupuestos establecidos en dichas Normas como ser, el interés legitimo y directo en ello, a que además da la declaración de ilegalidad o nulidad, se pretende el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, lo que convierte al demandante en el titular del derecho subjetivo derivado del ordenamiento infringido por e) acto impugnado. Y como consta en la pieza principal de autos y para los efectos de ley al escrito de demanda se acompañé la siguiente documentación: 1).-Constancia extendida por el Jefe del departamento de Recursos Humanos de CASA PRESIDENCIAL en la que hace constar que el demandante es empleado de esa Institución desde el 7 de marzo del 2007, 2).- Fotostática de) carné de identificación de empleado de Casa Presidencial No.275., 3) Carné de afiliado al INJUPEMP., 4).- Comprobantes de pagos de salarios que percibía al demandante como empleado de Casa Presidencial., 5).- Memorándum RRHH/38712008 DEL 8 DE AGOSTO DEL 2008 del departamento de Recursos Humanos de Casa Presidencial, dirigido al demandante., 6).- Constancia del JNJUPEMP del 18 da mayo del 2011 en la que hace constar que el demandante cotizó al Sistema a partir del 01 de abril del 2007 a) 30 de mayo del 2009 con CASA PRESIDENCIAL., indicios más que suficientes que existen en el presenta caso, con los que se acredita y prueba, por consiguiente aceptar que el demandante prestó sus servicios a la parte demandada. En consecuencia con la documentación acompañada a la demanda de mérito esté acreditado y ratificado que el demandante fue nombrado mediante acto administrativo tácito.- En consecuencia, previo a dictar la sentencia impugnada, los Honorables Señores Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo violaron flagrantemente la disposición legal contenida en el Articulo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, poniendo así la sentencia recurrida en un piano de incongruencia respecto de las pretensiones deducidas por las partes y violando as los Magistrados Sentenciadores, también flagrantemente, la garantía de la defensa tutelada por el Articulo 82 de nuestra Constitución de la República, pues dejaron en total indefensión a la parte demandante, hoy recurrente, al no aplicar esta Norma la Corle de Apelaciones sentenciadora. en consecuencia la Sentencia recurrida también viola de manera flagrante la Garantía del debido proceso, pues al no respetar los limites que, respecto de la congruencia de las sentencias con las pretensiones formuladas por las partes, que señala el Articulo 49 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Los Magistrados Sentenciadores también violaron el procedimiento que en relación con la emisión de las sentencias dicho Precepto Legal establece de manera taxativa. Y, por último, la sentencia impugnada también viola flagrantemente el principio y garantía constitucional de la legalidad establecida en los Artículos 321 y 323 de nuestra Constitución de la República, pues al no respetar los limites que respecto de la congruencia de las sentencia los Honorables Señores Magistrados Sentenciadores actuaron al margen de dicho principio y garantía de legalidad establecida por nuestra Carta Magna, razón por la cual la Sentencia impugnada deba ser declarada nula absolutamente, pues: la circunstancia de haber sido dictada al margen de la Ley supone dicha nulidad, pues la misma deja en total indefensión a una de las partes en el juicio que dicho fallo pretende resolver.”.- IV.- Que tampoco puede ser admisible el anterior cargo, debido a lo siguiente: a) Al igual que en el primer cargo, no es preciso en indicar si la infracción de la norma señalada como violada, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta a la revisión de los hechos, la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso conforme lo dispone el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación alude a otras disposiciones no invocadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- V.- Que el Impetrante formula un tercer motivo, manifestando lo siguiente: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Este motivo se sustenta en el Artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan. La forma y contenido de la sentencias., por la aplicación indebida del Articulo 35 de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- SE QUEBRANTA LA LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SU ARTICULO 35 QUE DICE “LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO JUZGARA DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS PRETENSIONES FORMULADAS POR LAS PARTES Y DE LAS ALEGACIONES DEDUCIDAS PARA FUNDAMENTAR LA ACCION Y LA OPOSICION, NO OBSTANTE, Si EL TRIBUNAL DENTRO DEL PLAZO PARA DICTAR SENTENCIA, ESTIMARE QUE LA CUESTION SOMETIDA A SU CONOCIMIENTO PUDIERA NO HABER SIDO APRECIADA DEBIDAMENTE POR LAS PARTES, POR EXISTIR EN APARIENCIA OTROS MOTIVOS SUSCEPTIBLES DE FUNDAR LA ACCION O LA DEFENSA, LOS SOMETERÁ A AQUELLAS MEDIANTE PROVIDENCIA EN LA QUE, ADVIRTIENDO QUE NO PREJUZGA EL FALLO DEFINITIVO, LOS EXPONDRÁ Y CONCEDERÁ A LOS INTERESADOS UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES PARA QUE FORMULEN LAS ALEGACIONES QUE ESTIMEN OPORTUNAS, CON SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRONUNCIAR EL FALLO” La Corte de Apelaciones Sentenciadora, infringiendo la disposición anteriormente citada, dispone, mediante la sentencia recurrida en Casación específicamente n su considerando ( 73, AL DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO Y REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, DICTADA POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCJOSO-ADMINISTRATIVO. CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL QUE CORRE AGREGADA A FOLIOS NUMEROS 14 AL 17, INCLUSIVE, DE LA PIEZA SEPARADA DE DEFENSAS PREVIAS; Aunque en la parle dispositiva de la sentencia recurrida en casación, la Corte de Apelaciones sentenciadora no se pronuncia respecto de una supuesta a imaginaria causa de inadmisibilidad consiste, en que “no corresponde el conocimiento de la acción a la Jurisdicción da lo Contencioso Administrativo”., precisamente en su considerandos 7 en el que estima que el demandante en el caso de autos no acreditó su condición de Servidor Público, en ¡a forma que lo determina la Ley de Servicio Civil, es decir, a través del respectivo nombramiento que es ej. que le otorga dicho status, en virtud que para tener tal condición debe haber sido nombrado a través de un Acuerdo, prestar sus servicios a la Administración Pública y estar protegido por la Ley de Servicio Civil., en consecuencia, al no estar protegido el demandante por la Ley de Servicio Civil, ya que esta establece que dicho Régimen comprenderá a los SERVIDORES PÚBLICOS que laboran en las Secretarias de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condicionas y requisitos que establece dicha Ley y su Reglamento, no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de la presenta acción, ya que su Ley establece que casos pueden impugnarse los actos de cancelación de Servidores Públicos, que no es el caso del demandante, existiendo, por lo tanto, dicha causa da inadmisibilidad de la acción., El considerando anterior citado nos llevan a la conclusión, como así consta en autos, de que la Corte de apelaciones sentenciadora se pronunció sobre una causa de inadmisibilidad, consistente en que no corresponde el conocimiento de la acción de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. además de inexistente, no debatida en la audiencia de defensas previas, porque la parte incidentista en su escrito de defensas previas NO ALEGA DICHA CAUSA, tal y como consta en la pieza separada de defensas previas, ni fue llevada al juicio como causa de inadmisibilidad por ninguna de las partes, motivo por el cual dicho Tribunal Ad-Quem violé el procedimiento que el Articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo señala para la emisión de las sentencias; y, si bien es cierto que el Párrafo Segundo de dicho precepto legal confiere a los Jueces y Magistrados del fuero de lo contencioso- administrativo la potestad discrecional de someter al conocimiento de las partes cualesquiera cuestión que, a su juicio, deba ser resuelta en la sentencia aunque las partes no la hayan deducido como pretensión, también es cierto que dicha discrecionalidad está condicionada a que dichos Jueces y Magistrados pongan en conocimiento de las partes las cuestiones que consideren que aunque no hayan sido debatidas por las partes, deben resolverse en la sentencia, a efecto de que todas las partes se pronuncien sobre dichas cuestiones, condición que no se cumplió en el caso que nos ocupa, pues los Honorables Señores Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso—Administrativo, en ningún momento pusieron en conocimiento de las partes en el litigio de mérito que consideraban necesario o conveniente pronunciarse sobre la supuesta CAUSA DE INADMISIBILIDAD, de que hace alusión en el considerando ( 7 de su sentencia y al no hacerlo, incurrieron en la figura de la “EXTRA PETITA”, dado que tal causa de inadmisibilidad no fue alegada por ninguna de las partes contendoras, y, como consecuencia, la sentencia recurrida es incongruente con las pretensiones deducidas en el juicio y, al darse tal incongruencia, dicha sentencia está viciada de nulidad porque viola normas procesales (Articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso—Administrativo), que son de orden público, y al estar dicho fallo viciado de nulidad se impone corno imperativo decretar la nulidad del mismo para adecuar el procedimiento por la vía legal y correcta La jurisdicción de lo Contencioso—Administrativo juzgará dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición No obstante, si el Tribunal dentro del plazo para dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, los someterá a aquella mediante providencia en la que, advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo de ocho das hábiles para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo”. INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Al no considerar lo dispuesto por el Articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y al NO respetar los limites que, respecto a la forma y contenido de las sentencias, que establece el Articulo 7191 letra c), como causal del Recurso de Casación, en relación a lo que señala el Articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, los Señores Magistrados de la Honorable Corta de Apelaciones Sentenciadora incurrieron en la figura jurídica universalmente conocida como “EXTRA PETITA” al pronunciarse en e! fallo impugnado sobre una supuesta prescripción que no fue deducida ni alegada por ninguna de las partes en ningún momento del juicio a que dicha sentencia pretende poner fin y con ello también pusieron a dicho fallo en total incongruencia, por no juzgar dentro de los límites da las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición. Incongruencia la cual también hace que dicha sentencia viola flagrantemente el principio y la garantía constitucional da la legalidad de los funcionarios públicos establecida en los Artículos 321 y 323 de la Constitución da la República, así como la garantía Constitucional del debido proceso tutelada por el Articulo 90 de nuestra Carta Magna, y el Derecho Fundamental y la Garantía Constitucional de la Defensa tutelada también por el Articulo 82 de nuestra Constitución de la República, pues a mi representado señor DAVID EDUARDO ASSAF CALDERON, en su carácter de parte demandante, y ahora recurrente, en la PIEZA SEPARADA DE DEFENSAS PREVIAS de mérito, se le dejó en total indefensión tanto más por cuanto tampoco se puso en conocimiento de dicha parte que, previo a dictar el fallo impugnado, la Corte Sentenciadora consideraba pronunciarse sobre Lina supuesta E INEXISTENTE CAUSA DE ÍNADMISILIDAD y como consecuencia, a mi representado no se le concedió ninguna oportunidad ni se le señaló ningún procedimiento mediante el cual el mismo pudiera pronunciarse y defenderse respecto de dicha cuestión, quedando así en total indefensión, razón por la cual procede que la sentencia impugnada sea casada en base al presente motivo. Los Señores Magistrados de la Corte de Apelaciones Sentenciadora, en el considerando (8) de su sentencia, resume su talio, al manifestar en el mismo lo siguiente: Que por lo anteriormente expuesto este Tribunal considera que la sentencia venida en Recurso de Apelación está dictada conforme a derecho, sin infringir el ordenamiento jurídico, va que la demanda de mérito fue presentada fuera de los plazos respectivos adquiriendo el carácter de firme, as corno también adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto y su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo cual procede sea confirmada la sentencias apelada, por ser inadmisible la acción incoada. Faltando a la verdad, en vista que la acción incoada por mi representado si esté presentada dentro de los plazos respectivos, porque no debe pasar desapercibido los Honorable Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que lo que se está impugnando en el presente caso es la ilegalidad y nulidad de UN ACTO TACITO ADMINISTRATIVO y NO DE UN ACTO EXPRESO y en cuanto a este punto ya la Ley de Procedimiento Administrativo, en el Capitulo II LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION.. SECCION SEGUNDA., ACTOS TACITOS Y PRESUNTOS, específicamente en su Artículo 28 prescribe lo siguiente: “En los casos previstos por la Ley, el comportamiento de la Administración Pública, que sea univoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una resolución expresa. Que es lo que se dé en el presente caso., cuestión distinta es que existiera acuerdo de cancelación expreso y la parte actora deje transcurrir el término que le manda la ley en estos casos (15 días) y que dentro de os mismos no presente su acción, pero se repite en el presente caso de lo que se está pidiendo su nulidad es DE UN ACTO TACITO Y NO DE UN EXPRESO.”.- VI.- Que tampoco puede ser admisible el anterior cargo, debido a que: a) Tampoco es preciso en indicar si la infracción de la norma señalada como violada, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) la norma que cita como violada contiene dos párrafos que hacen referencia a situaciones jurídicas distintas que era necesario precisar a cual de ella dirige su ataque; c) en la explicación del cargo aduce a otras normas no relacionadas con el motivo como ser los artículos 80, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República; y, d) en adición realiza alegatos de instancia.- VII.- Que el Censor del fallo también solicita la nulidad absoluta de la resolución impugnada, en la forma siguiente: “Que la nulidad de actuaciones que estamos solicitando es porque la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 28 de junio del 2012, de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia de los Artículos 35 y 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Articulo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 206.1 del Código Procesal Civil que regula los requisitos internos de las sentencias donde deben ser dictadas con claridad, precisión y exhaustivas., el Articulo 208.1 del mismo Código, dispone que las sentencias deben ser: Congruentes con las demandas y con las ciernas pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En virtud de que su fallo en el caso de merito no es congruente con las alegaciones deducidas en la pieza separada de defensas previas, por infringirse el ordenamiento jurídico y quebrantarse las formalidades esenciales de la Ley de Jurisdicción da lo Contencioso Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo y emitirse con exceso y desviación de podar. Es decir que ambos ordenamientos señalan disposiciones legales, y requisitos as como obligaciones a los funcionarios jurisdiccionales para emitir las sentencias en todos aquellos asuntos que están sometidos a su conocimiento. Donde resulta la incongruencia del fallo recurrido, mediante el cual la Corte Sentenciadora, por un lado sostiene.. PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, actuando en su condición de Apoderado del señor DAVID EDUARDO ASSAE CALDERON.- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de fecha Veinte de Enero del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre a folios del Número Catorce (14) al Número Diecisiete ( 17 ) de la pieza separada de Defensas Previas Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho comunique y notifique en legal y debida forma la presente sentencia, y Lina vez firme se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la Certificación de estilo, a efecto que proceda conforme a lo resuelto- CONTRA LA PRESENTE SENTENCIA PROCEDE EL RECURSO DE CASACION, EL QUE DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE (20) DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL PRESENTE FALLO.- SIN COSTAS. - NOTIFIQUESE. Resultando notorio, cuando la Corte de Apelaciones al emitir el fallo que ahora estamos recurriendo en casación, es contradictorio., por un lado cuando sostienen que la sentencia venida en Recurso de Apelación está dictada conforme a derecho, sin infringir el ordenamiento jurídico, que la demanda fue presentada fuera de los- plazos respectivos. que adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto y porque su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, olvidando que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgara dentro de los limites de las pretensiones formuladas por as partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, no obstante, si el Tribunal dentro del Plazo para dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiere no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar ¡a acción o la defensa ¡o someterá a aquellos mediante providencia en la que advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo de ocho días hábiles para que formulen ¡as alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo Que si bien cierto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra facultado para apreciar otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, esa facultad es arbitraria en vista que debe tener como requisito previo oír a la parte afectada, tanto por el legitimo derecho constitucional a la defensa, como por el hecho de que en la mayoría de los casos con dicha resolución se pone fin al juicio al no admitirse ¡a acción interpuesta, situación que en el caso de autos no se dio, porque no fue expuesta oportunamente a las partes, como una pretensión objeto de debata. No obstante, y como ya se dijo que es procedente que La Honorable Corte Suprema de Justicia a través de ¡a Sala Laboral-Contenciosa, anule de oficio la sentencia recurrida de casación, porque adolece la misma de vicios de nulidad, porque la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la cual confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha 20 de enero del 2012, haciendo suyos las consideraciones y partes resolutivas de este fallo que es visto y examinado en todos sus antecedentes se constata que resulta incongruente, por cuanto se ha pronunciado, sobre hechos no debatidos por las palies en AUDIENCIA DE DEFENSAS PREVIAS, adoleciendo además de claridad y precisión y exhaustividad, así como también se violenté el Articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso—Administrativo, se emite un fallo incongruente con las pretensiones deducidas por las partes en el juicio a que dicho fallo pone fin, pues se resuelve sobre una supuesta CAUSA DE INADMISIBILIDAD, consistente 2en que no corresponde el conocimiento de la acción a la jurisdicción da lo Contencioso Administrativo., que no fue alaciada por ninguna de las partes en ningún momento procesal, incurriendo as dicha Corte de Apelaciones en la figura conocida como EXTRA PETITA, que, al no ser puesta en conocimiento de las partes se infringió el adecuado procedimiento para posteriormente dictar la sentencia que conforme a derecho podría corresponder., tal como lo dispone el Párrafo Segundo del mencionado Articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso—Administrativo, y por ende al no adecuar ese procedimiento se violó flagrantemente la garantía Constitucional del Debido Proceso, así como también infringe la garantía constitucional de la defensa, pues al pronunciarse la sentencia recurrida emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, quien se sustentó sobre una improcedente causa de inadmisibilidad. Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.- Sala Laboral- Contenciosa, como podrán apreciar en la pieza separada de Defensas Previas, al escrito de interposición del Recurso de Apelación acompañe para observación del mismo Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y de la misma Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción, en inicio, copia fotostática de una certificación, que contiene el fallo dictado por dicha Corte de Apelaciones en fecha 20 DE MARZO DEL AÑO 1992, o sea hace 20 años en la que sustenta el criterio que cuando se presenta una demanda invocando notificación defectuosa y consta de autos la misma como sucede en el presente caso., debe entenderse que la presentación de la demanda no está afectada por la prescripción del plazo, por cuanto la notificación es defectuosa y viciada de invalidez, caso idéntico al que nos ocupa- Además adjunté copias fotostáticas de varios fallos emitidos recientemente por el Juzgado de Letras da lo Contencioso Administrativo, derivados de las mismas causas da defensas previas opuestas por la parte incidentista, que es la misma, en las que por no estar ajustadas a ley y ser inexistentes ¡es han sido desestimadas, fallos que el incidentista contra los mismos han interpuesto recurso de amparo, y que al ser del conocimiento de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, previo el tramite respectivo y oír la opinión del Ministerio Públicos dichos amparos han sido denegados y sobreseído los mismos. Por consiguiente resulta contradictorio, venir a encontrarnos ahora con una sentencia interlocutoria en la que se han utilizado criterios distintos a los que la ley ya manda y establece tal y corno consta en sus anteriores sentencias en las que se han alegado por las partes las mismas circunstancias- Posteriormente en fecha 7 de junio del 2012. mediante un escrito de manifestación, hice del conocimiento de La Corta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que la Juzgadora, tal y como consta en los fallos dictados con anterioridad por ella misma antes de dictar la sentencia hoy recurrida, posterior a esta vuelve a sostener el mismo criterio que siempre ha sostenido en estos casos de defensas previas., el que es distinto al que emitió exclusivamente en este caso especifico del señor David Eduardo Assaf Calderón., cuando se trata de las idénticas causas de defensas previas alegadas por la parte contraria, que valga la redundancia es la misma parte demandada., lo que nos vuelva a recordar y hacernos la siguiente interrogante, ¡del porque la Juez Sentenciadora en este caso especifico de mi representado cambió su criterio?., cuando el que ha sostenido en las mismas causas de defensas previas alegadas por la misma parte contraria, en las que ha sostenido que las mismas resultan improcedentes, por ende han sido desestimadas y que ya esta misma Corte de Apelaciones ha conocido en recursos de amparo y ha confirmado lo resuelto por el Juez A-quo En consecuencia y para observación de la Honorable Corte de Apelaciones en dicho momento le hice del conocimiento de tal extremo, acompañando copias fotostáticas de las sentencias dictadas por la misma Juzgadora posteriormente a la que hoy se recurre en Casación, dictadas en fechas 15 y 17 de febrero del 2012, en otros juicios y en las que la parle contraria es la misma y ha alegado las mismas causas de defensas previas que alegó en este caso objeto del recurso ahora de Casación., aparte de las que acompañamos al escrito del Recurso de Apelación que obran en la pieza separada de defensas previas. A tales señalamientos la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, hizo caso omiso y se llamó al silencio y fue hasta mediante providencia del uno (01) de agosto del 2012 que se pronuncia sobre nuestro escrito de MANIFESTACIÓN, que conste presentado el 7 de junio del 2012, haciendo referencia que hasta esa fecha se resuelve porque al momento de ser presentado el expediente se encontraba en estudio para sentencia, como repito nuestro escrito de manifestación fue presentado en fecha 7 de junio del 2012 y la sentencia proferida por referida Corle de Apelaciones es de fecha 28 de junio del 2012, como es posible que no se tuviera la voluntad de valorar lo expuesto en dicho escrito de manifestación y los documentos a él acompañados y compararlos con los fallos también dictados por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y varios por la misma Juzgadora que dictó el hoy objeto ahora de recurso de casación Honorables Magistrados, todos estos extremos últimamente expuestos, los pueden observar y valorar, tanto en la pieza separada de DEFENSAS PREVIAS, de primera Instancia, como también en la pieza creada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo., donde se ventilé el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha 20 de enero del 2012 de primera Instancia que son muchos.”.- VIII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, por otra parte, la aplicación o no de una disposición en el fallo impugnado debe atacarse por medio de motivo de casación de conformidad a las causales previstas para ello; en adición, el Impetrante realiza extensos alegatos propios de instancia, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- IX.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- X.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR LA NULIDAD SOLICITADA. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de abril del dos mil quince; certificación del auto de fecha siete de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 369-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL