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Sentencia CA-365-14 — Registro 5567

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la acción promovida por ajustarse a derecho el acto impugnado, bajo el criterio que no se logró probar y establecer el perjuicio ocasionado a la empresa mercantil, en segunda instancia se confirma la sentencia .

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el escrito que contiene el recurso de casación en el que formula un único motivo de casación, carece de claridad y precisión. En primer lugar la Impetrante menciona como causal del recurso que “… 1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)….. b)… c) La forma y contenido de la sentencia…” pero no especifica que norma o normas considera violadas y si la supuesta violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de dichas normas. Sin embargo, más adelante, en el acápite intitulado Explicación de Motivo y las Normas en Referencia menciona “… Señalamos que la norma de derecho violada es la contenida en el ARTÍCULO 1360 DEL CODIGO CIVIL que dice:…” entendiéndose ser esta disposición la empleada por el juzgador para la solución del fondo del litigio, sin embargo ésta quedaría comprendida en otra causal o precepto autorizante distinto al formulado por la Censora referido a las normas procesales que regulan la forma y contenido. En adición a lo anteriormente señalado, se insta la revisión de los hechos y del material probatorio, por lo que resulta preciso recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia y finalmente realiza alegatos propios de instancia.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que el escrito que contiene el recurso de casación en el que formula un único motivo de casación, carece de claridad y precisión. En primer lugar la Impetrante menciona como causal del recurso que “… 1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)….. b)… c) La forma y contenido de la sentencia…” pero no especifica que norma o normas considera violadas y si la supuesta violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de dichas normas. Sin embargo, más adelante, en el acápite intitulado Explicación de Motivo y las Normas en Referencia menciona “… Señalamos que la norma de derecho violada es la contenida en el ARTÍCULO 1360 DEL CODIGO CIVIL que dice:…” entendiéndose ser esta disposición la empleada por el juzgador para la solución del fondo del litigio, sin embargo ésta quedaría comprendida en otra causal o precepto autorizante distinto al formulado por la Censora referido a las normas procesales que regulan la forma y contenido. En adición a lo anteriormente señalado, se insta la revisión de los hechos y del material probatorio, por lo que resulta preciso recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia y finalmente realiza alegatos propios de instancia.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Sociedad mercantil COMUNICACIONES GENERALES E INGENERIA CORPORATION, SA.DE C.V., representado en juicio por la abogada EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ; y, Recurrido: EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada en juicio por el abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento que se determine la responsabilidad patrimonial, condenando al pago de daños y perjuicios mas costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de septiembre del dos mil diez, por la abogada EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil COMUNICACIONES GENERALES E INGENERIA CORPORATION, SA.DE C.V., contra la EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio del abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta en el escrito de su acción que suscribió con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) en fecha dos de junio del dos mil cuatro, contrato de Comercializacion para Sub-Operador, obteniendo con ello el derecho para comercializar servicios públicos de telecomunicaciones; el día doce de agosto del dos mil cuatro, se suscribió un convenio de interconexión y/o acceso identificado como CISO-014-2004, constituyendo el marco legal que regiría el negocio jurídico para tal comercialización. El Ministerio Público a solicitud de HONDUTEL el día veintitrés de enero del dos mil siete procedió al decomiso y desmantelamiento de todo equipo de telecomunicaciones que se mantenía en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortès, llevando a cabo HONDUTEL una serie de actos en forma unilateral y sin participación ni conocimiento de la empresa demandante, acarreando interrupción del servicio de comunicaciones conllevando a la consecuencia de insolvencia mercantil, causando así actos dolosos, negligentes y excesivos, siendo el responsable directo la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL).- 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que se acepta el contrato suscrito, sin embargo en cuanto al decomiso y desmantelamiento del equipo fue ordenado y ejecutado por el Ministerio Público, como autoridad competente para tal fin, entre sus funciones le permite prestar directamente servicios públicos de telecomunicaciones autorizadas excepto los relacionados con el servicio de telefonía internacional, el que solo podrá prestarse a los centros de comunicación internacional, por lo que el incumplimiento de dichas cláusulas dio origen a la Fiscalia Especial de Crimen Organizado del Ministerio Publico en combinación con la DNIC, actuando de oficio, realizar el operativo mediante el cual se realizòdicho decomiso, dando lugar al requerimiento fiscal contra el Gerente General de la Sociedad Mercantil COMUNICACIONES GENERALES E INGENIERIA CORPORATION, S:A.DE C.V..- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, en fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción promovida por ajustarse a derecho el acto impugnado, sin costas, bajo el criterio que no se logró probar y establecer el perjuicio ocasionado a la empresa mercantil.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional en fecha diez de abril del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto y sin costas, bajo el criterio que si bien HONDUTEL no comunicó a CONATEL sobre el supuesto ilícito, ya se pagaron el resarcimiento por tales hechos, no pudiendo condenarse dos veces por el mismo hecho.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogada EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ, en fecha veintidós de mayo del dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diez de abril del dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.089-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 701-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem mediante providencia de fecha veintiséis de mayo del dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandada, abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO, presentó en fecha veintisiete de junio del dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, mediante providencia de fecha veintisiete de junio del dos mil catorce, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintitrés de julio del dos mil catorce, a los abogados EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ y CESAR FELIPE REYES CARCAMO.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados CESAR FELIPE REYES CARCAMO y EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ, presentaron escritos en fechas veinticinco y veintinueve de julio del dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional en fecha diez de abril del dos mil catorce, denunciando un motivo de casación con base en lo dispuesto en los artículos 716 y 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVO DE CASACIÓN. La recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la forma y el contenido de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.1.c del Código Procesal Civil. ARTÍCULO 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ….. b)…… c) La forma y contenido de la sentencia. 2.- … EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y LAS NORMAS EN REFERENCIA: La ausencia de los requisitos internos de la sentencia, trae como consecuencia la nulidad o anulabilidad de la misma. Los agravios presentados en el Recurso de Apelación contra la Sentencia Definitiva dictada por el A-quo en fecha 10 de abril del 2014, se denunciaron los elementos que consideramos se han violado en el Fallo de 1 Instancia, sin embargo fueron desestimados y por ello nos vemos en la obligación de interponer el Recurso Extraordinario de Casación. Señalamos que la norma de derecho violada es la contenida en el ARTÍCULO 1360 DEL CODIGO CIVIL que dice: “Quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que, en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas”. Las normas procesales en consecuencia violentadas es la contenida en los artículos: ARTÍCULO 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a. …. b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c. En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d. El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. ARTÍCULO 206.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. ARTÍCULO 207.- MOTIVACIÓN. 1.- Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2.- La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente yen conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Para lograr puntualizar el presente motivo casacional es preciso analizar la norma de derecho infringida como es el 1360 del Código Civil puesto que la misma es de donde nace el derecho subjetivo que se pide al Juzgado se nos tutele del derecho legítimo de mi poderdante, quien sufrió ante una conducta ilícita, un daño por parte de una entidad estatal como lo es la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), infringió totalmente no solo el contrato que era ley entre las partes, sino que también lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo que señala que “ninguna actuación material que limite derechos de los particulares podrá iniciarse sin que previamente haya sido adoptada y legalmente comunicada la decisión que le sirva de fundamento jurídico ya que en el caso que nos ocupa, HONDUTEL en forma arbitraria y unilateral, procedió a hacer sus propias investigaciones, adoptando desde luego sus propias conclusiones y a partir de ese momento acude a la vía de la denuncia ante el Ministerio Público, todo lo anterior sin que haya puesto en previo conocimiento de sus actuaciones a mi representada y al órgano que POR MANDATO DE LEY es el facultado exclusivamente para investigar, regular y fiscalizar la explotación en materia de telecomunicaciones (ver art. 39 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones); Pero la incriminación punible, constituye el hecho de que HONDUTEL por medio de sus informes y agentes, también sirvió de brazo y apoyo técnico absoluto para la autoridad en la ejecución de las actividades que generaron el hecho imprudente e ilegal contra mi representada, ya que con su participación activa y consiente, dio en forma expresa, autorización y validez para el desmantelamiento del equipo de mi representada, a sabiendas de las repercusiones que tal acción conlleva; lo anterior se desprende del acta notarial levantada al efecto por el Notario WALTER DARlO PAZ HUESO en donde consta que el día en que ocurrió tal acto (23 de Enero 2007), la autoridad Fiscal y Policial, se hacía acompañar “por los técnicos de HONDUTEL” de ahí que no existe ningún otro facultativo que no fuera parte interesada que asistiera a esas diligencias; lo anterior también consta en el acta de inspección ocular donde se señala la participación del ”personal de HONDUTEL” POR TANTO es evidente que fue HONDUTEL quien dio las pautas técnicas que generaron el decomiso del equipo en donde algunos incluso, no tenían relación ni eran funcionales para el acto objeto de investigación como ser equipo para acceso de redes informáticas.- Y es que no se concibe que una empresa estatal a espaldas del órgano encargado de investigar este tipo de denuncias, haya permitido, consentido y colaborado a que el Ministerio Público que en ese momento no tenía más auxilio técnico que los personeros de HONDUTEL, dispusiera el decomiso equipo, a sabiendas que se provocaría con ello la suspensión de todos los servicios en perjuicio de terceros, lo cual infringe lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones, lo anterior constituyen actos y omisiones ilícitas que dan lugar a la responsabilidad reclamada y cuyos daños y perjuicios que se reclaman son aquellos derivados de la suspensión total y absoluta de los servicios que prestaba mi mandante, o sea por haberse interrumpido su actividad principal y única que era su fuente de ingresos.- III. Que el escrito que contiene el recurso de casación en el que formula un único motivo de casación, carece de claridad y precisión. En primer lugar la Impetrante menciona como causal del recurso que “… 1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)….. b)… c) La forma y contenido de la sentencia…” pero no especifica que norma o normas considera violadas y si la supuesta violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de dichas normas. Sin embargo, más adelante, en el acápite intitulado Explicación de Motivo y las Normas en Referencia menciona “… Señalamos que la norma de derecho violada es la contenida en el ARTÍCULO 1360 DEL CODIGO CIVIL que dice:…” entendiéndose ser esta disposición la empleada por el juzgador para la solución del fondo del litigio, sin embargo ésta quedaría comprendida en otra causal o precepto autorizante distinto al formulado por la Censora referido a las normas procesales que regulan la forma y contenido. En adición a lo anteriormente señalado, se insta la revisión de los hechos y del material probatorio, por lo que resulta preciso recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia y finalmente realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que en adición, la Recurrente formula pretensión de nulidad subsidiaria exponiendo lo siguiente: “Tal como se ha expuesto en los motivos que anteceden, la Corte recurrida ha dictado un fallo incongruente, con defectos de forma que resalta de su simple lectura, pero además el mismo no se sustenta en ninguna disposición sustantiva, tal como puede apreciarse de la parte dispositiva de dicho fallo, en la cual solo se citan disposiciones de la Constitución de la República, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y del Código Procesal Civil, es decir no señala ningún fundamento jurídico de carácter sustantivo que fundamente dicho fallo y sus argumentos, lo cual nos limita en nuestro derecho de poder impugnar y determinar esa norma sustantiva que ha sido infringida.- Y la nulidad subsidiaria que se pide reviste de mayor razón cuando existe en la apreciación de la Corte recurrida una equivocación con la cual se asevera que mi representada ya fue resarcida económicamente con ocasión de otra sentencia obtuvo a su favor; pero resulta que la demanda en la que obra sentencia de fecha 3 de abril de 2009 interpuesta contra CONATEL que según la Corte sentenciadora ya resarce a mi mandante y la presente acción interpuesta contra HONDUTEL, existen en estas demandas diferentes pretensiones con respecto a la naturaleza sobre la cual recae el perjuicio a indemnizar, ya que solo basta leer la sentencia que sirve de sustento al fallo apelado y la demanda que nos ocupa para verificar que los daños y perjuicios reclamados en una y en la otra demanda son totalmente diferentes, así como es distinto el hecho generador de esa responsabilidad y por ende el nexo de causalidad que se dio en cada caso, por tanto no existe bajo ningún punto de vista “Non bis in idem”, ya que si analizamos la sentencia de fecha 3 de abril del 2009, se puede apreciar claramente cuáles fueron los límites de la responsabilidad patrimonial establecida en dicho juicio, tal como se desprende del considerando número nueve que literalmente dice “Al hacer este Juzgador un análisis del planteamiento en que pide el demandante la responsabilidad patrimonial de una entidad estatal, (deber legal de obrar que señala también el demandante), nos encontramos en que las normas que regulan las materias de las telecomunicaciones, imponen como obligación y facultad a la Comisión nacional de telecomunicaciones (CONATEL), adoptar las medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones se brinden en forma eficiente, ininterrumpida, sin interferencias y sin discriminaciones.- En tal sentido es evidente que la norma (Articulo 13 numeral 4 Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones) en forma amplia, autoriza a CONATEL para adoptar “las medidas necesarias” a efecto de mantener el servicio de telecomunicaciones.- En el caso controvertido sujeto a decisión judicial, se aprecia que la demandada obro por omisión en su obligación de adoptar esas medidas necesarias, ya que el espíritu de la norma citada, conlleva elementos de prontitud, apremio y eficiencia para garantizar la no interrupción del servicio, aspectos que no se dieron en el casco que nos ocupa, por tanto opera una infracción legal por parte de la demandada que genera responsabilidad, ya que a contrario sensu, si CONATEL hubiera en un término prudencial (y no casi un año después) adoptado las medidas a que estaba obligada adoptar para no interrumpir el servicio, pues tal conducta que era la que devenía efectuar por ley, no hubiera dado lugar a la deducción de una responsabilidad patrimonial como la que se reclama.- Dicha responsabilidad se limita únicamente al perjuicio que pudo haber obtenido mandante durante el termino en que CONATEL debió haber actuado con la diligencia que la magnitud de los intereses expuestos requería. o sea desde que tuvo conocimiento rial de los hechos hasta el momento en que notifico la resolución mediante la cual adopto efectivamente la decisión de ordenar el restablecimiento de los servicios” (EI subrayado es mío). He ahí Honorable Corte donde radica el límite y alcance del resarcimiento que ha obtenido mi mandante, por tanto es fácil comparar si la naturaleza y alcances de esa condena son o no los mismos que se pretenden en el presente juicio; lo anterior deja en claro la equivocación total del fallo objeto de este recurso ya que la demanda objeto de este recurso se sustenta en otro tipo de responsabilidad, además de que va dirigida contra otro órgano diferente y sobre todo pretende la indemnización de otros daños no reconocidos y ni siquiera pretendidos en el fallo que la Juez A Quo y el Tribunal Ad Quem utilizan como sustento para su sentencia, o sea que los daños y perjuicios a que se hace referencia no son los mismos que se pretenden en el juicio de mérito por lo cual no existe doble indemnización.- V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, no se estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, ya que los argumentos de la nulidad pudieron formularse mediante causales de casación y de la forma expuesta constituyen meros alegatos de instancia, además de que ha quedado evidenciado que el juzgador consideró todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que la Recurrente debe ser absolutamente precisa en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VII. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VIII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y ordenar la remisión de las presentes actuaciones al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria: 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de diciembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 365-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL