Sentencia CA-362-13 — Registro 17758
Resumen
Se casa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, declarando improcedente la acción incoada por los demandantes contra el ESTADO DE HONDURAS, por estar ajustado a Derecho los actos administrativos impugnados identificados como los Acuerdos de Cancelación por haber incurrido en un caso de extorsión, hecho que no pudieron desvirtuar en las audiencias de descargo que se les practicó
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...".- Que es un hecho aceptado por las partes y por ende no controvertido que los demandantes HECTOR CONRADO SERVELLON RECONCO y RENE ALEXANDER DOMINGUEZ HERNANDEZ se desempeñaban como Sub Oficiales III y I de investigación respectivamente, en la Dirección General de Investigación Criminal, dependencia de la Secretaría de Seguridad como la institución demandada.- IV.- Que de la prueba aportada al proceso por los representantes procesales de las partes se desprende, lo siguiente: 1) Informe de fecha 08 de marzo de 2008, rendido por el Sub Comisionado de Policía JOSE LEANDRO OSORIO SANTOS, en su calidad de Sub Director de Información y Análisis, al Comisionado de Policía JOSE FRANCISCO MURILLO LOPEZ, Director de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC); 2) Informe de fecha 12 de marzo de 2008, rendido por los demandantes HECTOR CONRADO SERVELLON RECONCO Y RENE ALEXANDER DOMINGUEZ HERNANDEZ, al Señor EDGARDO ULISES GALDAMEZ, Sub Director de Policía de Investigación, en su calidad de Jefe de Departamento Antimaras y Pandillas de la Dirección General de Investigación Criminal; 3) la citación para audiencia de descargo de los demandantes mediante notificación de fecha 11 y 12 de marzo de 2008; 4) Audiencia de Descargos, de fechas 13 de marzo de 2008; 5) Resoluciones AD-127-DGIC-2008 y AD-128-DGIC-2008; 6) Acuerdos DGIC-36-2008 y DGIC-37-2008; 7) Resolución recurso de apelación, SEDS-161-2008.- V.- En el caso en examen, analizada la prueba en su conjunto y estudiada la anteriormente señalada y en adición, revisado los expedientes administrativos y las correspondientes resoluciones impugnadas, se ha establecido que la parte demandada para realizar el procedimiento administrativo ejecutó las siguientes acciones: 1) Informe denominado INFORME CASO EXTORSION, de fecha 08 de marzo de 2008, rendido por el Sub Comisionado de Policía JOSE LEANDRO OSORIO SANTOS, en su calidad de Sub Director de Información y Análisis, al Comisionado de Policía JOSE FRANCISCO MURILLO LOPEZ, Director de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC); informe de fecha 08 de marzo de 2008, rendido por el Sub Inspector en Investigación JUAN FRANCISCO MARADIAGA LARA, Jefe de Registro Balístico y Supervisor de turno de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) Tegucigalpa, al Sub Comisionado de Policía ELVIS JAVIER CANTARERO, Sub Director de Recursos Humanos, Supervisor General de Turnos de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) Tegucigalpa; el informe de fecha 08 de marzo de 2008, rendido por Sub Inspector de Policía en Investigación EDGARDO GALDAMEZ, Jefe del Departamento Anti Maras y Pandillas, al Sub Comisionado de Policía ARMANDO CARIAS VELASQUEZ, Director por Ley de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC); así como el informe y declaraciones y copia de libreta de ahorro de Banco de Occidente adjuntas al mismo, de fecha 10 de marzo de 2008, rendido por el Comisionado de la Policía MANUEL FUENTES AGUILAR, Sub Director de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), al Comisionado de Policía JOSE FRANCISCO MURILLO LOPEZ, Director de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC); 2) la autoridad nominadora, vistos los resultados de las investigaciones, procedió a citar a los demandantes para la correspondiente audiencia de descargo, notificándoles que la misma se llevaría a cabo en el Departamento Disciplina de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), con el objeto de escucharles los descargos en relación a la falta que se les atribuye, debiendo acompañarse de un testigo y presentar todos los medios de defensa que puedan servir para descargo de los hechos a ellos atribuidos; 3) se celebraron las correspondientes audiencias de descargo con la comparecencia de los demandantes; 4) evacuado el procedimiento y emitida la resolución AD-127-DGIC-2008 y AD-128-DGIC-2008 se procedió a la aplicación de la sanción, consistente en la cancelación de su acuerdo de nombramiento y por consiguiente despido del puesto de trabajo por: “MALA CONDUCTA, EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, INCOMPATIBLES CON EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, CUALQUIER OTRA CONDUCTA SANCIONADA CON DESPIDO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y LA VIOLACION AL JURAMENTO DE LEALTAD A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA” fundamentándose en los 1, 10, 11, 17, numerales (1), (4) y (5), 22 inciso (b), 79, 81, 82 numeral (5), 83 párrafo 2do, 84, 85 numerales (1), (2), (10) y 16 , 87, 88, y 90 párrafo 1ero de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto No.156-98), notificándose oportunamente las resoluciones a los interesados.- VI.- Que si bien el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, (Decreto 156-98) establece como atribución de la autoridad la suspensión del empleado o funcionario dentro del proceso que se sigue al atribuírsele una falta o incumplimiento de las obligaciones, dicha medida provisional debe interpretarse en su conjunto con la demás normativa de la misma ley citada, cuya finalidad es la de suspender del cargo al investigado mientras se realiza la investigación y previo a una audiencia de descargo, es decir, mientras se establecen con suficiente claridad los hechos que se supone a ese momento se le puedan atribuir;, sin embargo, en el caso que nos ocupa, habiendo iniciado dicho proceso de investigación mediante denuncia interpuesta por la señora Francisca Efigenia Castro, lo que llevó a la elaboración de los abundantes informes rendidos por autoridad competente, así como a la documentación y declaraciones acompañadas a los mismos, consecuentemente, no se hizo necesaria la utilización de la atribución por parte de la autoridad, de suspender a los investigados, sino que continuar con el procedimiento al contar con los suficientes argumentos y criterios para proceder a la respectiva citación de los demandantes a una audiencia en la que expusieran los descargos que considerasen pertinentes y presentaren la respectiva prueba en su caso, demandantes que desde el inicio de las investigaciones tenían pleno conocimiento de lo que se investigaba, participando en dicho proceso de investigación rindiendo informes que consideraron oportunos y en los que basaron su defensa en la audiencia, la que, a criterio de la autoridad no desvirtuó los hechos atribuidos, consecuentemente resolvió la cancelación de sus cargos, respetando siempre el debido proceso y derecho de defensa.- VII.- Que de conformidad a lo consignado en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreto No. 156-98, son causas que facultan al órgano respectivo de la Policía para dar por terminado el servicio de sus miembros, sin responsabilidad de su parte, el incumplimiento grave de las obligaciones del servidor y las faltas graves, establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional y su Reglamento.- VIII.- Que interpretada la normativa relacionada, a falta de reglamentación que establezca la clasificación de las faltas, por la ambigüedad de las mismas disposiciones, hay que diferenciar el incumplimiento grave de las obligaciones del servidor y las faltas graves propiamente dichas, entendiéndose que las primeras constituyen faltas muy graves de conformidad al artículo 83 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto No. 156-98), consecuentemente y en aplicación del artículo 82 numeral 5) constituye causa justificada para la cancelación de su nombramiento.- IX.- Que las acciones realizadas por los demandantes los días 7 y 8 de marzo de 2008, que conllevaron a un proceso de denuncia y de investigación de sus labores y posteriormente al procedimiento de cancelación respectivo, con la prueba aportada se ha dejado evidenciada su mala conducta y el incumplimiento grave de las obligaciones como servidores, al haber participado en los hechos que se les atribuyen y sin haber justificado en la respectiva audiencia su proceder, siendo insuficiente ampararse en un informe rendido por ellos mismos, que no establece descargos a su favor, ni referentes a la denuncia interpuesta, ni tampoco qué actividad realizaban en la zona, ni la procedencia del efectivo encontrado en el vehículo en que se trasportaban, sin establecer claramente porque abandonaron la zona de forma inmediata y porque se iniciaron los disparos al ser requeridos, llegando a la conclusión que no han desvanecido los cargos que se les atribuyen, siendo procedente la cancelación de su nombramiento y consecuentemente el despido de su puesto de trabajo.- X.- Por lo antes expuesto la acción incoada por los demandantes resulta improcedente por estar ajustado a derecho de los actos administrativos impugnados..."
Legislación citada
- Ley Órganica de la Policia Nacional, art. 79, 82 numeral 5), 83 y 86 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada la última ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por el abogado OSCAR ARMANDO CARÍAS NÚÑEZ; y, Recurridos: los señores HÉCTOR CONRADO SERVELLON RECONCO y RENÉ ALEXANDER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, representados en juicio por el abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fueron objeto los demandantes, sin que se les pagaran los derechos e indemnizaciones laborales a que tenían derecho y como medida para el restablecimiento de sus derechos que se les reintegre a los puestos de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de las cancelaciones hasta la fecha de ejecución de la sentencia, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por los señores HÉCTOR CONRADO SERVELLON RECONCO y RENÉ ALEXANDER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que fueron nombrados mediante Acuerdo DGIC -640-95 en fecha 01 de junio de 1995 y DGIC -091-2003 de fecha 05 de noviembre del año 2003 como Agentes de Investigación de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; que en fecha 1 de abril del año 2008, se les hizo entrega de los Acuerdos Números DGIC-036-2008 y DGIC-037-2008, en donde los señores José Francisco Murillo López, en su condición de Encargado de la DGIC y Juan Pablo Aguilar Galo, en su condición de Secretario Ejecutivo DGIC, acuerdan la cancelación de los acuerdos de nombramiento de los demandantes, sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión, violentando el Principio de Estabilidad Laboral establecido como Garantía Constitucional en el artículo 129 de la Constitución de la República.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, contestó dicha demanda señalando que en fecha 1 de abril de 2008 se les hizo entrega de los acuerdos números DGIC -036-2008 y DGIC- 037-2008 de fecha 25 de marzo de 2008, donde acuerdan dejar sin valor y efecto los nombramientos de los señores Héctor Conrado Servellon Reconco y René Alexander Domínguez Hernández, rechazando el hecho de que no se les siguió el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional y que se le haya violentado a los actores de esta demanda el principio de estabilidad laboral establecido en el artículo 129 de la Constitución de la República, por considerar que estos omiten a su beneficio traer a su conocimiento que la autoridad administrativa tomo la determinación de despedirlos por haber cometido faltas graves que la misma Ley Orgánica de la Policía faculta para despedir a los servidores como ser el “incumplimiento de los deberes de su cargo, mala conducta, el ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el ejercicio de sus funciones según lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, y la violación al juramento de lealtad a la Constitución y las leyes de República”, donde la autoridad administrativa llevó a cabo el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, extremo que se deja evidenciado en el expediente de sus Hojas de Vida, donde se acreditan las diligencias investigativas que realizo tanto el Ministerio Público como por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), citándolos a los hoy demandantes a las audiencias de descargos extremo que se puede evidenciar que en todo momento se le respeto el derecho a defenderse todo ello dentro del respeto irrestricto a la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 156-98), específicamente en los artículos 17 numeral 5.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por los señores Héctor Conrado Servellon Reconco y Rene Alexander Domínguez Hernandez, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en los acuerdos de cancelación DGIC 036 y 037 ambos del 2008 respectivamente y emitidos por la Dirección General de Investigación Criminal en fecha 25 de marzo del 2008, en consecuencia se anulan totalmente; reconoció la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resolvió adoptar el reintegro de los señores Héctor Conrado Servellon Reconco, al cargo de sub-oficial III de Policía de Investigación y René Alexander Domínguez Hernández al cargo de sub-oficial I de la Policía de Investigación; Condenó al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, al pago a favor de los demandantes en concepto de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad de los acuerdos de cancelación el 1 de abril del 2008, hasta el día en que se ejecute la presente sentencia y demás derechos que les pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto, la parte demandada aduce haber seguido el procedimiento establecido para el despido de los ahora demandantes, no es menos cierto, que en dicho procedimiento han existido violaciones al debido proceso, ya que al considerarse la falta cometida por el demandante como grave, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, se debió de haber suspendido a cada uno de los demandantes en forma provisional de sus labores, mientras finalizaba su investigación, comprobándose que no existe nota o resolución alguna que lo establezca, siendo requisito indispensable, en vista que se les atribuye haber incurrido en falta grave, por otro lado el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, establece que se aplicara la cancelación de nombramiento cuando existan faltas muy graves y en el presente caso, la falta imputable a los ahora demandantes y que produjo su despido, es considerada una falta grave, que lo único que ameritaba era la suspensión en el servicio sin goce de sueldo hasta por quince (15) días y no la cancelación de los mismos; que agrava más la violación realizada al debido proceso, el hecho que obra a folio 188 y 387 del expediente de merito, los acuerdos de cancelación de los ahora demandantes, constatándose en los mismos, que han sido firmados por el encargado de la D.G.I.C. y por el Secretario Ejecutivo de la D.G.I.C. y no por el Director General, tal y como lo establece el artículo 17 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Policía, no existiendo documento alguno que acredite que el Director General les haya otorgado a estos, la facultad de firmar los acuerdos de cancelación.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de febrero de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora la Secretaría de Seguridad, para dictar los acuerdos de cancelación de los demandantes respectivamente estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional ya que al calificar la falta cometida por los demandantes como grave, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, se debió haber suspendido a cada uno de los demandantes en forma provisional de sus labores, mediante finalizaba su investigación, comprobándose que este requisito indispensable no se cumplió y además en los acuerdos de cancelación (folio 188 y 387) primera pieza se encuentran firmados por el encargado de la Dirección General de Investigación Criminal y por el Secretario Ejecutivo Dirección General de Investigación Criminal (D.G.I.C.) y debió de ser firmado por el Director General, así como lo establece el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, por lo expuesto la autoridad nominadora, no siguió totalmente el procedimiento legal para la cancelación de los demandantes, por lo que existe infracción al ordenamiento jurídico.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado OSCAR ARMANDO CARÍAS NÚÑEZ, presentó en fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha quince de febrero de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 021-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 334-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha uno de abril de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha siete de mayo de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha nueve de mayo de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución los abogados OSCAR ARMANDO CARÍAS NÚÑEZ y JOSÉ ARMANDO ESPINAL, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintidós de julio de dos mil trece, teniendo por personados a los abogados JOSÉ ARMANDO ESPINAL, como recurrido y, como recurrente??? OSCAR ARMANDO CARÍAS NÚÑEZ.- 8.- Que mediante resolución de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince este Supremo Tribunal RESOLVIO ADMITIR A TRAMITE EL RECURSO DE CASACIÓN en su segundo motivo, señalando audiencia para votación y fallo para el día nueve del mes de septiembre de dos mil quince, para que se continúe con el trámite y su decisión sobre la estimación o desestimación del referido recurso.- 9.- Que del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que el recurrente compareció ante la Corte Suprema de Justicia en uso de su derecho, interponiendo recurso de casación en contra de la sentencia de fecha quince de febrero de dos mil trece proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, denunciando dos motivos de casación al tenor de lo que preceptuado en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, habiendo sido admitido el segundo motivo de casación.- 10.- Que la parte recurrente planteó su segundo motivo de casación contra la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en los términos siguientes: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 15 de febrero del 2013, por aplicación indebida del articulo número 86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, contenida en el Decreto Legislativo 156-98, empleado para resolver la cuestión de fondo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículo número 86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto Legislativo 156-98, al ser aplicado indebidamente como norma de derecho empleada para la solución del fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 15 de febrero del 2013. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 79 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Mi representado despidió a los demandantes, los Suboficiales de Policía en Investigación Héctor Conrado Servellón Reconco y René Alexander Domínguez Hernández por haber incurrido en la comisión de faltas graves en el desempeño de su labor policial, como ser: INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE SU CARGO, MALA CONDUCTA, EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PUBLICAS O PRIVADAS INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL, Y LA VIOLACION AL JURAMENTO DE LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYSES DE LA REPUBLICA., por haber incurrido en un caso de extorsión en perjuicio de la señora Francisca Efigenia Solórzano, hecho que no pudieron desvirtuar en las audiencias de descargo que se les practico, por dicha conducta los servidores policiales fueron cancelados de sus respectivos cargos, pues el ejercicio de actividades públicas o privadas y la mala conducta señaladas son incompatibles con el desempeño de su función policial, y con fundamento entre otros en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto Legislativo Número 156-98. No obstante el Tribunal Sentenciador confirmo la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que declaro procedente la acción promovida por los señores Héctor Conrado Servellón Reconco y René Alexander Domínguez Hernández, anulando los actos administrativos impugnados, adoptando la medida de reintegrar a los demandantes a los cargos de Suboficial III y Suboficial I de la Policía de Investigación, con fundamento en el artículos 83 y 86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto Legislativo 156-98, estimando la infracción de los demandantes como una falta grave, y que por lo tanto debió aplicárseles una suspensión en el desempeño de sus funciones por la comisión de faltas graves, ya que dicha infracción no ameritaba el despido, solo en el caso de faltas muy graves. Pero tal disposición ha sido aplicada indebidamente por el Juez Ad-Queen, ya que en el artículo mencionado dispone la terminación del servicio de sus miembros. Dichos artículos literalmente establecen: “La amonestación privada será aplicable en el caso de faltas leves. La suspensión del permiso de salida hasta por ocho (8) días y la suspensión en el servicio sin goce de sueldo hasta por quince días (15), será aplicable en el caso de faltas graves, la pérdida del derecho a ascenso y la cancelación del nombramiento en los casos de faltas muy graves...” “El autor de una falta grave será inmediatamente suspendido en forma provisional como medida cautelar. La suspensión se acordara tan pronto se haya concluido la respectiva investigación y recaído el correspondiente pronunciamiento.” Estos artículos no se aplican a este caso concreto, ya que a los Suboficiales de Policía en Investigación Héctor Conrado Servellón Reconco y René Alexander Domínguez Hernández se les cancelo de sus cargos por las faltas graves de mala conducta, incumplimiento de los deberes de su cargo, siendo estas conductas faltas graves. Por consecuencia de esta aplicación indebida el Juez Ad-Queen dejó de aplicar la norma jurídica que si regula el caso, como lo es el artículo número 79 del mismo cuerpo legal que literalmente dispone: “Son causas justas que facultan al órgano respectivo de policía para dar por terminado el servicio de sus miembros, sin responsabilidad de su parte, el incumplimiento grave de las obligaciones del servidor y las faltas graves, establecidas en esta Ley y en el Reglamento.” Por estas razones es que este motivo debe ser casado.”.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional.- II.- Que este Tribunal estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente en cuanto a la parte del fallo que resulte impugnada y a la cuestión jurídica concreta planteada en el recurso. Respetando los límites anteriores, para resolver el recurso podrá emplear las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso aunque difieran de los señalados por los recurrentes.- III.- Que es un hecho aceptado por las partes y por ende no controvertido que los demandantes HECTOR CONRADO SERVELLON RECONCO y RENE ALEXANDER DOMINGUEZ HERNANDEZ se desempeñaban como Sub Oficiales III y I de investigación respectivamente, en la Dirección General de Investigación Criminal, dependencia de la Secretaría de Seguridad como la institución demandada.- IV.- Que de la prueba aportada al proceso por los representantes procesales de las partes se desprende, lo siguiente: 1) Informe de fecha 08 de marzo de 2008, rendido por el Sub Comisionado de Policía JOSE LEANDRO OSORIO SANTOS, en su calidad de Sub Director de Información y Análisis, al Comisionado de Policía JOSE FRANCISCO MURILLO LOPEZ, Director de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC); 2) Informe de fecha 12 de marzo de 2008, rendido por los demandantes HECTOR CONRADO SERVELLON RECONCO Y RENE ALEXANDER DOMINGUEZ HERNANDEZ, al Señor EDGARDO ULISES GALDAMEZ, Sub Director de Policía de Investigación, en su calidad de Jefe de Departamento Antimaras y Pandillas de la Dirección General de Investigación Criminal; 3) la citación para audiencia de descargo de los demandantes mediante notificación de fecha 11 y 12 de marzo de 2008; 4) Audiencia de Descargos, de fechas 13 de marzo de 2008; 5) Resoluciones AD-127-DGIC-2008 y AD-128-DGIC-2008; 6) Acuerdos DGIC-36-2008 y DGIC-37-2008; 7) Resolución recurso de apelación, SEDS-161-2008.- V.- En el caso en examen, analizada la prueba en su conjunto y estudiada la anteriormente señalada y en adición, revisado los expedientes administrativos y las correspondientes resoluciones impugnadas, se ha establecido que la parte demandada para realizar el procedimiento administrativo ejecutó las siguientes acciones: 1) Informe denominado INFORME CASO EXTORSION, de fecha 08 de marzo de 2008, rendido por el Sub Comisionado de Policía JOSE LEANDRO OSORIO SANTOS, en su calidad de Sub Director de Información y Análisis, al Comisionado de Policía JOSE FRANCISCO MURILLO LOPEZ, Director de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC); informe de fecha 08 de marzo de 2008, rendido por el Sub Inspector en Investigación JUAN FRANCISCO MARADIAGA LARA, Jefe de Registro Balístico y Supervisor de turno de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) Tegucigalpa, al Sub Comisionado de Policía ELVIS JAVIER CANTARERO, Sub Director de Recursos Humanos, Supervisor General de Turnos de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) Tegucigalpa; el informe de fecha 08 de marzo de 2008, rendido por Sub Inspector de Policía en Investigación EDGARDO GALDAMEZ, Jefe del Departamento Anti Maras y Pandillas, al Sub Comisionado de Policía ARMANDO CARIAS VELASQUEZ, Director por Ley de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC); así como el informe y declaraciones y copia de libreta de ahorro de Banco de Occidente adjuntas al mismo, de fecha 10 de marzo de 2008, rendido por el Comisionado de la Policía MANUEL FUENTES AGUILAR, Sub Director de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), al Comisionado de Policía JOSE FRANCISCO MURILLO LOPEZ, Director de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC); 2) la autoridad nominadora, vistos los resultados de las investigaciones, procedió a citar a los demandantes para la correspondiente audiencia de descargo, notificándoles que la misma se llevaría a cabo en el Departamento Disciplina de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), con el objeto de escucharles los descargos en relación a la falta que se les atribuye, debiendo acompañarse de un testigo y presentar todos los medios de defensa que puedan servir para descargo de los hechos a ellos atribuidos; 3) se celebraron las correspondientes audiencias de descargo con la comparecencia de los demandantes; 4) evacuado el procedimiento y emitida la resolución AD-127-DGIC-2008 y AD-128-DGIC-2008 se procedió a la aplicación de la sanción, consistente en la cancelación de su acuerdo de nombramiento y por consiguiente despido del puesto de trabajo por: “MALA CONDUCTA, EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, INCOMPATIBLES CON EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, CUALQUIER OTRA CONDUCTA SANCIONADA CON DESPIDO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y LA VIOLACION AL JURAMENTO DE LEALTAD A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA” fundamentándose en los 1, 10, 11, 17, numerales (1), (4) y (5), 22 inciso (b), 79, 81, 82 numeral (5), 83 párrafo 2do, 84, 85 numerales (1), (2), (10) y 16 , 87, 88, y 90 párrafo 1ero de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto No.156-98), notificándose oportunamente las resoluciones a los interesados.- VI.- Que si bien el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, (Decreto 156-98) establece como atribución de la autoridad la suspensión del empleado o funcionario dentro del proceso que se sigue al atribuírsele una falta o incumplimiento de las obligaciones, dicha medida provisional debe interpretarse en su conjunto con la demás normativa de la misma ley citada, cuya finalidad es la de suspender del cargo al investigado mientras se realiza la investigación y previo a una audiencia de descargo, es decir, mientras se establecen con suficiente claridad los hechos que se supone a ese momento se le puedan atribuir;, sin embargo, en el caso que nos ocupa, habiendo iniciado dicho proceso de investigación mediante denuncia interpuesta por la señora Francisca Efigenia Castro, lo que llevó a la elaboración de los abundantes informes rendidos por autoridad competente, así como a la documentación y declaraciones acompañadas a los mismos, consecuentemente, no se hizo necesaria la utilización de la atribución por parte de la autoridad, de suspender a los investigados, sino que continuar con el procedimiento al contar con los suficientes argumentos y criterios para proceder a la respectiva citación de los demandantes a una audiencia en la que expusieran los descargos que considerasen pertinentes y presentaren la respectiva prueba en su caso, demandantes que desde el inicio de las investigaciones tenían pleno conocimiento de lo que se investigaba, participando en dicho proceso de investigación rindiendo informes que consideraron oportunos y en los que basaron su defensa en la audiencia, la que, a criterio de la autoridad no desvirtuó los hechos atribuidos, consecuentemente resolvió la cancelación de sus cargos, respetando siempre el debido proceso y derecho de defensa.- VII.- Que de conformidad a lo consignado en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreto No. 156-98, son causas que facultan al órgano respectivo de la Policía para dar por terminado el servicio de sus miembros, sin responsabilidad de su parte, el incumplimiento grave de las obligaciones del servidor y las faltas graves, establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional y su Reglamento.- VIII.- Que interpretada la normativa relacionada, a falta de reglamentación que establezca la clasificación de las faltas, por la ambigüedad de las mismas disposiciones, hay que diferenciar el incumplimiento grave de las obligaciones del servidor y las faltas graves propiamente dichas, entendiéndose que las primeras constituyen faltas muy graves de conformidad al artículo 83 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto No. 156-98), consecuentemente y en aplicación del artículo 82 numeral 5) constituye causa justificada para la cancelación de su nombramiento.- IX.- Que las acciones realizadas por los demandantes los días 7 y 8 de marzo de 2008, que conllevaron a un proceso de denuncia y de investigación de sus labores y posteriormente al procedimiento de cancelación respectivo, con la prueba aportada se ha dejado evidenciada su mala conducta y el incumplimiento grave de las obligaciones como servidores, al haber participado en los hechos que se les atribuyen y sin haber justificado en la respectiva audiencia su proceder, siendo insuficiente ampararse en un informe rendido por ellos mismos, que no establece descargos a su favor, ni referentes a la denuncia interpuesta, ni tampoco qué actividad realizaban en la zona, ni la procedencia del efectivo encontrado en el vehículo en que se trasportaban, sin establecer claramente porque abandonaron la zona de forma inmediata y porque se iniciaron los disparos al ser requeridos, llegando a la conclusión que no han desvanecido los cargos que se les atribuyen, siendo procedente la cancelación de su nombramiento y consecuentemente el despido de su puesto de trabajo.- X.- Por lo antes expuesto la acción incoada por los demandantes resulta improcedente por estar ajustado a derecho de los actos administrativos impugnados.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 257, 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal c), 197, 200, 206, 207, 208, 716, 719 numeral 2), 725, 726 numeral 1) y 727 numeral 5) del Código Procesal Civil; 79, 81 párrafo primero 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 79, 82 numeral 5), 83 y 86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Decreto Numero 156-98; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: 1) CASANDO LA SENTENCIA de fecha 15 de febrero del 2013, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. En consecuencia: 2) Declarar IMPROCEDENTE la acción incoada por HECTOR CONRADO SERVELLON RECONCO Y RENE ALEXANDER DOMINGUEZ HERNANDEZ contra el ESTADO DE HONDURAS, por estar ajustado a Derecho los actos administrativos impugnados identificados como los Acuerdos de Cancelación números DGIC-036-2008 y DGIC-037-2008 ambos de fecha 25 de marzo de 2008, emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- 3) Confirmar los actos impugnados. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. 6) Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Contra la presente resolución no procede recurso alguno. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de noviembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha seis de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 362-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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