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Sentencia CA-354-14 — Registro 4703

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado ,anulando el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no es preciso en el concepto de la infracción, al no señalar si la violación de las normas es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación señala normas que no han sido citadas como violadas en la formulación, tal es el caso de los artículos 5 numeral 1) y 14 numeral 3) de la Ley de Propiedad.- “

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no es preciso en el concepto de la infracción, al no señalar si la violación de las normas es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación señala normas que no han sido citadas como violadas en la formulación, tal es el caso de los artículos 5 numeral 1) y 14 numeral 3) de la Ley de Propiedad.- “

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada RUTH ELIZABETH AVILA MONCADA y el Recurrido: FRANCISCO ALEJANDRO GALINDO, representado en juicio por el abogado JORGE LUIS CALIX ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda la nulidad de un acto de carácter administrativo particular, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, reintegro a puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de agosto del año dos mil diez, por el señor FRANCISCO ALEJANDRO GALINDO, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que mediante Acuerdo N° 587-2006 fue nombrado en el cargo de Planificador del Instituto de la Dirección General de Registro. Refiere que mediante Acuerdo N° 076-2010, de fecha 13 de julio del año 2010, efectivo a partir del 15 de julio del 2010, sin existir causa justificada, se le notificó de su cancelación.- 2. La parte demandada, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que acepta parcialmente la misma, pero rechaza que el acto de cancelación sea ilegal, en tanto fue emitido en estricto apego a las facultades que el efecto concede la Ley del IP.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la Acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, emitido por el Instituto de la Propiedad, en consecuencia se anulan totalmente el acuerdo de cancelación N° 076-2010 fechado en 13 de julio de 2010, pues ha sido proferido rescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, y para su pleno restablecimiento toman las siguientes medidas: A) Reinstalar al demandante en su cargo B) Reconocer el pago de los sueldos dejados de percibir, desde el 15 de julio de 2010 hasta que sea definitiva y satisfactoriamente reintegrado al cargo, tomando como base el salario que el demandante devengaba cuando fue ilegalmente cancelado. A dicho Valor se le deberá agregar cuanto aumento salarial, bonificación u otra variante haya tenido el sueldo de la plaza a la cual se le reintegra. Diferir para la etapa de ejecución de este fallo, el cálculo de los anteriores conceptos con los parámetros aquí expresamente definidos. Condenar al Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad a reconocer, ejecutar y pagar al demandante lo aquí ordenado. Se anula en su caso, el Acuerdo mediante el cual se hubiere nombrado al sustituto del demandante, sin costas. Criterio: Que la cancelación del Acuerdo de nombramiento, si bien es una facultad que tiene el IP cuando considera que las actuaciones de sus Servidores o Funcionarios, se enmarcan dentro de las causales taxativamente señaladas en el articulo 68 del Reglamento de Personal, directamente relacionado con los numerales 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, y 16 del Capitulo XIV del mismo Reglamento, también hay que admitir que dicha potestad va precedida del procedimiento de descargo contemplado en el artículo 71 del mismo Reglamento Interno de Personal. De la Revisión de las pruebas aportadas, y del expediente administrativo adjuntado no se desprende que el IP haya seguido alguno de los aspectos reglamentarios antes relacionados.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha tres de abril del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por despido del demandante, del cargo que desempeñaba, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento asó como en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta pro el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada RUTH AVILA MONCADA, en fecha dieciséis de mayo del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha tres de abril del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.095-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 448-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem mediante providencia de fecha veinte de mayo del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el abogado JORGE LUIS CALIX ESPINAL, presentó, en fecha dieciséis de junio del año dos mil catorce escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de de esa misma fecha por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución, los abogados RUTH AVILA MONCADA y JORGE LUIS CALIX ESPINAL.

  1. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha once de agosto del año dos mil catorce, teniendo por personada a la abogada RUTH ELIZABETH AVILA MONCADA y por precluído el plazo concedido y dejado de utilizar por el abogado JORGE LUIS CALIX ESPINAL.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil, el que manda: Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS POR EL AD-OUEM PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. Las normas de derecho aplicadas por el AD-QUEM para la solución del fondo del litigio, son las contenidas en los artículos 53 y 54 de la Ley del Servicio Civil; 280 y 281 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia Del Poder Ejecutivo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. La Corte Sentenciador sustento o fundamento su fallo, básicamente en el considerando 7, el cual se lee: “Que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, Establece Que Sin Perjuicio De Lo Que Las Leyes Dispongan (lo negrita y subrayado es nuestro)., el personal de los Órganos Desconcentrados estará sujeta el Régimen del Servicio Civil, así mismo la Ley de Propiedad crea el Instituto de la Propiedad como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, en consecuencia el personal del Instituto de la Propiedad, está sujeto al Régimen de Servicio Civil, por mandato de la ley”. Al emitir su sentencia definitiva el AD-QUEM, emite su fallo en una norma interpretada en forma indebida como si el texto sea dudoso o ambiguo ya que claramente establece el citado reglamento en su art 31 “Establece Que Sin Perjuicio De Lo Que Las Leyes Dispongan” (lo negrita y subrayado es nuestro). En vista, que las normas jurídicas comprenden la Constitución de la República, los Tratados Internacionales, la ley general, la ley especial (SIENDO LA LEY DE LA PROPIEDAD UNA LEY ESPECIAL CREADA MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO NO. 28-2004), los Reglamentos, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia emanada exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia, se establece que el acto impugnado fue emitido siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Personal del IP Reglamento que nace a la vida jurídica en observancia al art. 5 # 1 de la ley de la propiedad en concordancia con lo preceptuado en art 14 #3 de la citada ley, consecuentemente siendo la normativa aplicable al régimen laboral de todos los servidores y funcionarios que rige a tal Institución, lo que significa que no debe darse un sentido distinto al que realmente se encierra en una letra clara, sumado que cuando en las palabras no existe ambigüedad, no puede haber cuestión alguna en cuanto a la intención, o en cuanto a cuál fuese la mente del legislador.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no es preciso en el concepto de la infracción, al no señalar si la violación de las normas es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación señala normas que no han sido citadas como violadas en la formulación, tal es el caso de los artículos 5 numeral 1) y 14 numeral 3) de la Ley de Propiedad.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 354-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL