Sentencia CA-344-15 — Registro 5557
Resumen
En primera instancia se declaró procedente la acción promovida por el demandante, por no estar ajustado en derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por despido en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado, porque en los cuatro que señala como tales, separa la formulación y explicación de los mismos y los constriñe a un mismo precepto autorizante, cuando cada uno de ellos debía contar con su redacción separada e independiente y con el respectivo fundamento de la causal alegada. Además, no singulariza si la infracción es por la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas señaladas como violadas, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de noviembre del dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: NILDA MARISSA MERCADO VALLADARES, en su condición de apoderado Legal del Estado de Honduras; y, Recurrido: NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO, representado en juicio por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare nulo un acto administrativo, declarar la ilegalidad del acto administrativo y su nulidad. Reconocimiento de una situación jurídica individualizada. Reintegro al cargo pago de salarios dejados de percibir aumentos salariales y los no otorgados en sentencia judicial y futuros durante mi ausencia decretados por sentencia judicial. Adopción de medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo valorado. Promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en el departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil nueve por el señor NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO, de generales conocidas, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, para declarar la nulidad del acuerdo de cancelación por despido No. 754-SRH de fecha 14 de julio del año 2009.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que fue contratado mediante acuerdo ejecutivo No. 1163-SRH de fecha veinte de octubre del año dos mil ocho y con efectividad a partir del uno de abril del año dos mil ocho, laboró para la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, en el cargo de Director del Ceremonial Diplomático II, devengando un salario de veinticinco mil lempiras (L. 25,000.00), salario que aumentó durante los últimos seis meses a cuarenta y cinco mil lempiras (L.45,000.00); también manifestó el demandante que el día lunes veinte de julio de dos mil nueve, recibió acuerdo No. 1181-SRH, de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil ocho, con el cual la autoridad nominadora, sin invocar causal alguna, ni seguir el procedimiento establecido en la ley y el reglamento de Servicio Civil, despidió al actor, dicho acuerdo de cancelación tuvo efectividad el día treinta y uno de octubre de dos mil nueve. Continuó manifestando el demandante que el artículo 306 del Reglamento de Servicio Civil se expresa que “toda acción de personal que se hiciere sin llenar los requisitos y formalidades establecidas por la ley y este reglamento, será nula y derivará la responsabilidad a que hubiere lugar en derecho, a la autoridad que la haya emitido,” y en ese sentido se observa que la demandada no hizo el procedimiento legal debido, contemplado en los artículos 4 y 47 de la ley de Servicio Civil y 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 y 271 del reglamento del mismo cuerpo legal; por otra parte el actor expresa que si bien es cierto, está inscrito en el escalafón diplomático, también es cierto que el cargo que desempeñó no está comprendido en esta ley, ni en la Ley y su Reglamento de Servicio Civil y estas según lo manifiesta el actor no le aplican, pues sus funciones no son de personal de confianza, tampoco el Director Ceremonial Diplomático II ejerce funciones de Embajador ni de Oficial Consular, como se puede ver en su acuerdo de nombramiento; entonces, según este, al no ser un Empleado de Confianza y si un Servidor Público no se le debieron aplicar los artículos el 3 de la Ley de Servicio Civil y el Articulo 21 de su Reglamento. Finaliza con su alegato manifestando que el artículo 28 del Reglamento de Servicio Civil preceptúa que “en caso de que los servidores de que hablan los artículos 4 de la Ley de Servicio Civil, 26 y 27 de este reglamento reingresaren al servicio por oposición, les será sumado para efectos de antigüedad, el tiempo que desempeñaron funciones en puestos del servicio excluido. También les será sumado para efectos de la indemnización a que se refieren los artículos 26 y 27 de este Reglamento, a la antigüedad del empleado acreditada antes de ascendido el tiempo que haya trabajado en el servicio excluido.”.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, por medio de la Procuraduría General de la República, contestó dicha demanda señalando que rechaza el hecho que el demandante haya sido despedido mediante el Acuerdo No. 1181- SRH, de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil ocho, primero, por no referirse a tal extremo el acuerdo en referencia y segundo, porque el demandante al haber sido nombrado directamente por el señor Presidente Constitucional de la República, quedó comprendido dentro de los puestos excluidos del Régimen del Servicio Civil e identificados como de confianza, situación por la cual no le era aplicable ningún acto de sanción o de despido de los contenidos en la Ley del Servicio Civil; por otra parte, en relación al articulo 4 de la ley de Servicio Civil, que hace referencia el demandante, este no fue objeto de cambio de servicio por ascenso u otro movimiento a un puesto excluido, pues el señor Álvarez Alvarado, únicamente fue nombrado en el cargo de Director del Ceremonial Diplomático II, a partir del 01 de abril del 2008, mediante Acuerdo No. 1163-SRH, de fecha veinte de octubre del año dos mil ocho, acuerdo que el mismo presidente Constitucional de la República, en fecha catorce de julio del año dos mil nueve, acordó dejar sin valor ni efecto, a su vez acordando pasar a situación de disponibilidad del rango diplomático al autor de la demanda; anudando a lo anterior, claramente se puede apreciar que el demandante se desempeñaba como un funcionario diplomático de carrera, pues el Artículo 54 de la Ley del Servicio Exterior de Honduras, establece que tal condición de “disponibilidad” es aplicable exclusivamente a los funcionarios diplomáticos de carrera”, como es el caso del actor, tal y como se puede ver en el párrafo segundo del Acuerdo No. 754-SRFI. Así mismo expresa el demandado en su defensa que el Acuerdo No. 1181-SRH, modificó parcialmente el Acuerdo No.1163-SRH, quedando vigente el resto de su contenido, es decir, el demandante continuó desempeñándose en un puesto excluido del Régimen del Servicio Civil. Continua su alegato de su defensa el demandado manifestando que no se debe dejar por desapercibido, el hecho que el demandante está inscrito en el Escalafón Diplomático como Embajador de Carrera, y por tal situación era viable que pasara a Situación de Disponibilidad, de conformidad a lo establecido en los Artículos 54 y 55 de la Ley de Servicio Exterior, que fue lo que aconteció con el demandante, por disposición del Poder Ejecutivo. Termina con su alegato de defensa el demandando manifestando que con antes expuesto se puede ver que el demandante ha sido embajador de carrera y pertenece al escalafón diplomático, además, el cargo que ostentaba este, es un puesto excluido, en consecuencia de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, como lo demuestra el acto de nombramiento y remoción emitido por el ejecutivo, por otra parte el demandante pasó a situación de disponibilidad por resolución del Poder Ejecutivo, y que por lo mismo le era aplicable la disposición contenida en el Artículo 58 de la Ley del Servicio Exterior de Honduras, que dice lo siguiente:”El tiempo que el funcionario permanezca en situación de disponibilidad por resolución del Ejecutivo, se computará como de servicio.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de octubre del año dos mil quince, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por el ciudadano Napoleón Alberto Álvarez Alvarado, por no estar ajustado en derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por despido 754-SRH de fecha catorce de julio del año dos mil nueve, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, mediante el cual se deja sin valor ni efecto el acuerdo de nombramiento 163-SRH y pasa a situación de disponibilidad del rango diplomático al demandante; se reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro al cargo de Director del Ceremonial Diplomático II, por ser un cargo protegido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y se condena al Estado de Honduras al pago de salarios correspondientes desde la fecha en que fue puesto en situación de disponibilidad hasta la fecha en que se ejecute la sentencia; bajo el criterio que del estudio de los artículos 1, 2, 3, 40, 52, 58, 66 y 70 de la Ley de Servicio Exterior se dilucida que los diplomáticos de carrera que están en estado de disponibilidad no se les ha cancelado en su puesto de trabajo, es decir los diplomáticos de carrera que se encuentran en estado de disponibilidad se mantienen en servicio efectivo, y al encontrarse en servicio efectivo, la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores está en la obligación de pagarles su salario, de no ser así, la Secretaría debería de darles el acuerdo de cancelación o retiro, si fuere el caso; en este sentido y haciendo un estudio minucioso del precitado cuerpo legal, se puede ver claramente que el legislador dejó un pasaje obscuro en la precitada ley, ya que si dicho estado de disponibilidad no supone una relación de trabajo, el legislador debió de plasmarlo en forma tal que no quepa duda, pues el servicio efectivo a que se refiere el articulo 58 de la ley en mención va encaminado a obtener un pago regular y completo en remuneración al estado de disponibilidad. Por otra parte es preciso establecer que el cargo de Director del Ceremonial Diplomático II, no es cargo excluido de la Ley de Servicio civil, por lo que al haber pasado al demandante a situación de disponibilidad, estando éste nombrado en un cargo en el cual no ejercía funciones consulares o diplomáticas de carrera es improcedente, evidenciando así que se ha infringido el ordenamiento jurídico, al no aplicarle cancelación por cesantía o despido establecidas en la Ley de Servicio Civil. Considerando lo antes expuesto se entiende que el régimen del Servicio Exterior es un régimen especial de Servicio Civil y siendo que el cargo de Director Ceremonial Diplomático II es protegido de la Ley de Servicio Civil, es claro que se ha infringido el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento por lo que se declara procedente la presente acción en el sentido de pagarle los salarios adeudados, no así las cuotas adeudadas de INJUPEMP ya que éstas se tendrán que realizar por el patrono vía deducción.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que la sentencia definitiva venida en Recurso de Apelación está dictada conforme a derecho, esto porque consta de autos que el cargo del cual fue dejado sin valor y efecto el nombramiento del demandante es el de Director del Ceremonial Diplomático II, cargo que pertenece al Régimen de Servicio Civil, y aunque si bien es cierto, este es un diplomático de carrera, por figurar en el escalafón diplomático, también es cierto que cuando fue nombrado como Director del Ceremonial Diplomático II, no se le hizo con el rango diplomático, por lo tanto no era Miembro del Cuerpo Diplomático. Continuando con la misma línea de ideas, al no estar nombrado el demandante como diplomático de cancillería, sino al estar en un cargo protegido por el Régimen de Servicio Civil, la demandada, para dejar sin valor y efecto su nombramiento, debió seguir uno de los procedimientos que establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y constando en autos que no se siguió procedimiento alguno, se dilucida que el Acto Impugnado es nulo de pleno derecho, por no seguirse el procedimiento legalmente establecido para su emisión.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogada NILDA MARISSA MERCADO VALLADARES, en fecha veinte de mayo del año dos mil quince, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.CA-45-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. CA-344-2015 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó en fecha doce de junio del año dos mil quince escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de junio del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas dos de junio del año dos mil quince y uno de julio del año dos mil quince a los abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y NILDA MARISSA MERCADO VALLADARES, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha cuatro de agosto del año dos mil quince, teniendo por personados a los abogados NILDA MARISSA MERCADO VALLADARES y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “Primer Motivo: Se impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la observancia de las normas legales mismas que norman la producción de actos durante el proceso (artículo 719 numeral 1) literal a4) denominado adecuación del proceso): En virtud que la Iudex Aquo hizo caso omiso a lo ordenado en el artículo 450 del Código de Procedimientos Civiles, en atención a lo ordenado en la Ley que en 10 días hábiles (término fatal e improrrogable) a fin que parte demandante subsanara la Litis pendencia (recurso de amparo interpuesto ante la sala de lo Constitucional), mismo que no fue subsanado dejando en indefensión a mi representado al conferirle a la parte demandante un derecho fuera de la Ley. Segundo Motivo: Se impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la observancia de las normas legales durante el proceso (ver articulo 719 numeral 1) literal a5) en virtud que el Iudex A-quo, así como el Iudux A-quem, hace una errónea valoración de la prueba, al establecer que el Señor ÁLVAREZ ALVARADO, terminó el 24 de febrero de 2006 con su carrera diplomática y por ende se encuentra protegido por la Ley del Servicio Civil, contradiciéndose el Adquem al reconocer se encuentra incorporado al escalafón diplomático, soslayando lo que establece la Ley del Servicio Exterior en su articulo 83 “solo los funcionarios inscritos en el escalafón diplomático se consideraran diplomáticos de carrera”, el A-quem omite que es diplomático de carrera, aunado a ello, el articulo 40 literal a) del mismo cuerpo legal establece que los funcionarios de carrera gozaran de: “Inamovilidad que les asegure la estabilidad en la carrera diplomática” esta expresión no vas más allá de lo que expresa la Ley, es decir que NO le concede a los diplomáticos “inamovilidad y estabilidad en el cargo” única y exclusivamente le concede “inamovilidad y estabilidad en la carrera diplomática”, por: lo tanto nunca dejo de ser miembro del cuerpo diplomático y consular. Tercer Motivo: Se Impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de un litigio en virtud que el Tribunal el A-quo y el A-Quem, emiten los respectivos fallos conforme a una norma (Ley de Servicio Civil) que no le es aplicable al Señor NAPOLEON ALBERTO ÁLVAREZ ALVARADO, lo cual es improcedente e inaplicable en su caso, siendo interpretada de manera errónea, lo cual acreditamos en las instancias anteriores no siendo reconocido por ambas instancias, viéndose en la obligación de acudir al recurso extraordinario de casación, aun cuando se denostó con jurisprudencia que la situación precitado ciudadano está apegada a derecho. Cuarto motivo. El Aquo y el A-quem deviene en la obligación de aplicar la Jurisprudencia o el criterio que vos honorable Corte Suprema de Justicia tenéis respecto a la disponibilidad de los funcionarios diplomáticos de carrera (La Ley establece que son los que se encuentran debidamente escalafonados), por lo cual os pido ordenéis se anule las sentencias emitidas, formulen un nuevo fallo con el criterio de la jurisprudencia que emana de los fallos que adjunto los cuales pido sean cotejados con sus originales que obran en el archivo de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, la cual me fue notificada el 30 de abril del mismo año, se exceptúa la parte que exime de costas al ESTADO DE HONDURAS.
PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1) y 2) del Código Procesal Civil y la Jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia sobre la disponibilidad de los funcionarios de carrera diplomática de Honduras, debidamente escalafonados. EXPLICACION DE LOS MOTIVOS. Motivo Primero: Que en la Audiencia Preliminar se le informó a la Juez A-Quo que existía un Defecto Formal (Recurso de Amparo) que impedía verter pronunciamiento sobre el Juicio, en aplicación del articulo 450 del Código Procesal Civil, se le debía dar 10 días hábiles para que la parte demandante se pronunciara sobre la Litis Pendencia (Juicio en otro Tribunal sobre el mismo caso) si la parte actora no se pronunció en esos termino se debió mandar a archivar las diligencias, lo cual no hizo la Juez, violentando el debido proceso, cabe señalar que la Sala de lo Constitucional no suspendió el acto reclamado, por lo tanto los 10 días (término fatal) que señala la ley, nunca no dejaron de transcurrir; la Juez dejó trascurrir el termino de 2 años; al reiniciar la Audiencia Preliminar la Juzgadora “NO PRECLUYO EL TERMINO QUE ORDENA LA LEY” aduciendo insipientemente, que no se pudo notificar al demandante y que el demandante se pronunciara en la audiencia preliminar sobre el asunto, la Juzgadora incumplió los requisitos necesarios para la validez de los actos, dejando en indefensión a mi representado, tornando la actuación de la Iudex A-quo como atentatoria del debido proceso consignado en el artículo 90 constitucional, así como desleal y anti ética. Es pues que en estricto apego a la Ley, la Justicia y al artículo 719 numeral 1 literal a4) del Código Procesal Civil, al articulo 321 de la Constitucional de la República, Vos, devenís en la obligación de ordenar se anule el fallo emitido por el A-quem, que esté enmiende su erróneo fallo y ordene al Aquo que anule la sentencia, emitiendo una nueva en el cual se tenga por no subsanado los 10 días hábiles que consigna el artículo 450 del Código Procesal Civil, y se mande archivar las diligencias. Segundo Motivo: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, en los agravios se pide que se revoque la sentencia la cual debe confirmar la situación de disponibilidad (entendiéndose que al revocar la sentencia se debe enmendar haciendo una nueva), en aplicación del articulo 719 numeral 1) literal a5) el A-quo, valora erróneamente las pruebas o argumentos presentados, en tal sentido la Ley del Servicio exterior es clara en su articulo 83 al establecer: “Solamente los funcionarios inscritos en el escalafón diplomático, serán considerados diplomáticos de carrera”, como es el caso que nos ocupa, así mismo la Ley del Servicio exterior de Honduras en su artículo 70 refiere lo siguiente: “La carrera diplomática comienza con la categoría de tercer secretario y termina con la de Embajador extraordinario y Plenipotenciario” así mismo el artículo 88 de la referida ley refiere: “ Las categorías en la carrera diplomática desde su ingreso hasta la más alta dentro del Escalafón Diplomático, serán cubiertos por riguroso ingreso asenso” haciendo desglose de los referidos artículos, es necesario denotar que la ley al referirse término “CARRERA DIPLOMATICA” se refiere específicamente a “categorías” que van desde Tercer Secretario hasta la de Embajador, estas palabras constituyen rangos Diplomáticos, por lo anterior, podemos decir que la “Carrera Diplomática” es un conjunto de categorías o rangos que se adquieren al cumplir ciertos requisitos, mismos que la ley señala y son necesarios para ingresar a la carrera diplomática, en consecuencia la expresión” Inamovilidad que les asegura la estabilidad en la carrera diplomática” se aduce que el rango diplomático de carrera (Embajador en este caso) gozará de Inamovilidad, es decir, no podrá ser removido, salvo lo establecido en el artículo 36 inciso d) y 38 de la Ley del Servicio Exterior. Así pues el ilusorio argumento que el señor Napoleón Alberto Alvarez Alvarado, ya había sido puesto en situación de Disponibilidad el 24 de febrero del año 2006, es absurdo puesto que la Ley del Servicio Exterior en su artículo 51 describe: “... las siguientes situaciones en que podrán encontrarse los funcionarios del servicio Diplomático: a) Servicio Efectivo, b) Disponibilidad y c) Retiro.” En tal orden de ideas el Embajador Napoleón Álvarez Alvarado, se encontraba en el servicio activo, desempeñando un en el servicio local, tal hecho no representa que él deja de ser funcionario de carrera y por ende protegido otro régimen. Aunado a ello el artículo 55 de la citada Ley establece: Los funcionarios Diplomáticos de carrera pasarán a situación de disponibilidad por razón de la Ley o resolución del Poder Ejecutivo emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores”, así mismo el articulo 57 reformado de la Ley del Servicio Exterior establece: “ Los funcionarios diplomáticos de carrera pasarán a situación de disponibilidad por razón de la Ley o resolución del Poder Ejecutivo” que es lo que ocurrió en caso quedando claro que el Presidente Constitucional de la República a través del acuerdo 754-SRH del 14 de Julio de 2009. El hecho que el Diplomático de Carrera el Embajador Napoleón Alvarez, ostentara el cargo de Director de Ceremonial Diplomático II, no le concede como diplomático de carrera Inamovilidad de y estabilidad en el cargo, sino más bien “ Inamovilidad y Estabilidad en la carrera Diplomática”, por lo que es absurdo que el lego criterio o interpretación de las normas procesales que regulan la observancia de la norma forjaron que el A-quem y A-quo, interpretaran que por razón del cargo el Embajador Álvarez, se encuentra protegido por el régimen de Servicio Civil y lo consideren como despedido; a la vez el término que dure la disponibilidad del funcionario diplomático de carrera, no existe obligación, por parte del Estado pagarle los salarios de dicha situación en atención al articulo 128 numeral de la Constitución de la República el cual refiere: “ a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre y que el puesto. La jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales”, tomándose inconstitucional remunera a un funcionario que se encuentre inactivo por razón de Ley, puesto que no está prestando un servicio a un empleador, en este caso el Estado de Honduras, ya que el rango de Embajador que ostenta el demandante en el Escalafón Diplomático no es sinónimo de una relación laboral, puesto que no está en servicio activo. Tercer Motivo: La aplicación errónea de la interpretación o antojadiza del A-Quo y del A-Quem, en virtud que se acreditó que el demandante se encuentra protegido por una ley especial denominada “LEY DEL SERVICIO EXTERIOR DE HONDURAS”, es de aplicabilidad exclusiva para los funcionarios de carrera (por encontrarse debidamente escalafonada tal en el acuerdo No. 435 del 22 de abril de 1985 y la constancia emitida por el secretario del escalafón diplomático) misma que taxativamente regula las situaciones en las que se pueden encontrar un funcionario del servicio diplomático conforme al artículo 51 de la referida ley son las siguientes: “ Servicio Activo, b) Disponibilidad y c) Retiro”, al existir una disposición legal que regula la manera precisa en que se encuentra el demandante hasta el día de hoy, tal como lo establece la citada ley, no se le puede aplicar la LEY DE SERVICIO CIVIL tal como acredita en Fallo de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, emitido por el A-Quem en los antecedentes de hecho considerando (3), la cual aplica erróneamente el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, preceptúa: “ Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los siguientes servidores: a)... b) . . .e) a los miembros del cuerpo diplomático y consular así mismo aplica inhábil el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que refiere a: “La dirección general estará a cargo de un director nombrado por el Poder Ejecutivo libremente, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial. Así mismo existirá un consejo consultivo de la Dirección, el cual estará a cargo de Subgerentes de Recursos Humanos de los Organismos sujetos al régimen. Será presidido por el Subsecretario del Despacho Presidencial y en ausencia de él por el Director General...” como los motivos del fallo y fundamentos de derecho no están apegados a Ley articulo 199 numeral 1) tornándolo incongruente articulo 208 ambos artículos del Código Procesal Civil, en tal sentido el fallo no reúne los requisitos de claridad que señala, volviendo la sentencia incongruente, por ende la demanda y las pretensiones, no reúne los requisitos legales para su emisión, pues no respetó ni mantuvo en su conjunto: El principio de Identidad de las partes, El principio de razonamiento, la lógica jurídica, la apreciación de la prueba de acuerdo a los hechos y pretensiones expuestos por las partes, no se aplicó el debido proceso y la norma jurídica correcta, si falta tan solo uno de estos elementos trae como consecuencia la nulidad total de la sentencia, por lo cual te os pido anules totalmente el fallo emitido por el A-quem ordenando: se declare Improcedente la acción promovida por el Embajador Napoleón Álvarez en virtud que la situación de disponibilidad se encuentra apegada a derecho. Cuarto Motivo: El A-quem y A-quo ambos hicieron caso omiso que existe Jurisprudencia sobre la Situación de Disponibilidad de los Funcionarios diplomáticos de carrera, de las cuales adjunto copia fotostática de los fallos que obran en el archivo de la Corte Suprema de Justicia los cuales pido sean cotejados con su original, enunciando los siguientes Fallos: 1.- Fallo CA-418-12 de fecha catorce de octubre del dos mil catorce, de la diplomática de carrera Saramelia Leiva Oliva, quien ostenta el cargo de Tercer Secretario emitido y pasó a situación de Disponibilidad, donde se acredita que la demandante no fue despedida, si no que pasó a situación de disponibilidad tal como lo establece el artículo 55 de la Ley del Servicio Exterior. Siendo este caso idéntico al presente caso. 2.- Fallo de fecha 29 de marzo del 2004 donde confirma la situación de disponibilidad de la funcionaria Guadalupe Josefina Romero Silva, quien ostenta el cargo de segundo secretario. 3.- El fallo emitido en fecha ocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, donde confirman la situación de disponibilidad del rango de Embajador Plenipotenciario. Como veréis al existir antecedentes de disponibilidad devenís en la obligación de anular el fallo emitido por el A-quo. Y ordenar que este emita un nuevo fallo confirmando la disponibilidad de Napoleón Alberto Álvarez Alvarado.”.- II.- Que el Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado, porque en los cuatro que señala como tales, separa la formulación y explicación de los mismos y los constriñe a un mismo precepto autorizante, cuando cada uno de ellos debía contar con su redacción separada e independiente y con el respectivo fundamento de la causal alegada. Además, no singulariza si la infracción es por la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas señaladas como violadas, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso.- III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de noviembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veinte de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 344-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL