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Sentencia CA-336-14 — Registro 5556

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia en el sentido de declarar procedente la acción incoada por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, bajo el criterio que la autoridad demandada emitió el acto administrativo impugnado a petición de parte, se llega a la conclusión que el a quo apreció incorrectamente el presente juicio, esto porque el acto administrativo impugnado está viciado de nulidad por infringir el ordenamiento jurídico

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Pero resulta que la Censora no ha sido clara ni precisa en la formulación del único cargo que sustenta su recurso de casación. En primer lugar omite establecer las normas procesales que se consideran infringidas así como señalar con precisión si el concepto de la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, limitándose en su explicación a señalar que “… El Tribunal Ad-quem limita su fundamento jurídico en los alegatos de la parte hoy recurrida, referido a que la Juez A-quo apreció incorrectamente el presente juicio…”. También falta a la precisión al citar como precepto autorizante el Artículo 720.2 en relación con el Artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, cuando lo técnicamente correcto es indicar directamente el sustento de la causal. Por otra parte, pide el “control de la motivación fáctica y carácter lógico de la Sentencia en cuanto a la valoración de la prueba o falta de Motivación fáctica y Jurídica de la Sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter Lógico en el contenido de la sentencia”, pero sin definir con claridad y precisión estos conceptos.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en juicio por la abogada CLARISSA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ; y, Recurrida: la Sociedad DISTRIBUIDORA SOLIS, S.A. DE C.V. (DISOL), representada en juicio por la abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo particular, se declare la ilegalidad y consecuentemente su nulidad por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, se adopten medidas para el restablecimiento del derecho violado, se decrete la suspensión del acto administrativo impugnado, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, por el abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, en su condición de representante procesal de la Sociedad DISTRIBUIDORA SOLIS, S.A. DE C.V., contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La sociedad demandante manifestó en el escrito de su acción, que ha sido uno de los distribuidores de la empresa MARS INCORPORATED, una corporación organizada bajo las leyes de Delaware, con domicilio en Estados Unidos de América; con fecha 29 de junio del año 2006 la sociedad mercantil MARS INCORPORATED promovió ante dicha Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio una solicitud de cancelación de Registro y Licencia de Representante No.1344-2006 que obra en los archivos de la Dirección General de Sectores Productivos de esa Secretaría de Estado; la solicitud relacionada fue admitida y notificada a la sociedad demandante la cual fue erróneamente resuelta ya que el artículo 21 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras establece claramente el procedimiento a seguir para solucionar cualquier controversia que pueda surgir entre el concedente y concesionario, señalando en caso de que no se hubiera previsto la solución a través de procedimiento de conciliación, el uso de los tribunales ordinarios competentes del domicilio del concesionario o sea que antes de ejecutarse la acción administrativa y en vista de no existir acuerdo previo para conciliar, se debió haber promovido la acción judicial correspondiente en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en donde tiene su domicilio legal DISTRIBUIDORA SOLIS, S.A. DE C.V.; el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública en su inciso c) prohíbe a la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, reconocer declarar o limitar los derechos de los particulares si no tiene atribuidas por ley estas potestades, es decir, la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria

y Comercio es incompetente para conocer cualquier solicitud de cancelación de

registro y licencia si previamente no ha sido resuelta por los tribunales competentes

o hubiere habido un acuerdo voluntario entre las partes solicitando la cancelación;

también se ha violentado el procedimiento al admitir la petición aludida en base al artículo 11 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras y al artículo 34 incisos a), c) y e) de la Ley de Procedimiento Administrativo, con lo anterior, queda evidenciado que la Secretaría de Estado no es el órgano competente para declarar la cancelación de la licencia de distribución ya que no acreditó que un juzgado haya proferido sentencia firme en la que se declare la terminación del contrato o la no prestación del servicio de representación, distribución o agencia por parte de DISTRIBUIDORA SOLIS, S.A. DE C.V.; el representante de MARS INCORPORATED presentó una postura dual y contradictoria, porque solicita la cancelación del registro y luego invoca la Ley de Procedimiento Administrativo, considerando en un solo pensamiento el artículo 34 que se refiere a los actos nulos y el artículo 35 que se refiere a los actos anulables, posteriormente aduce que dicha licencia es nula o anulable porque no existe cruce de cartas entre el concedente y el concesionario, en la que se conceda y acepte la representación, distribución y agencia, con lo anterior se reconoció y validó el criterio por el que se otorgó la licencia cuando admitió que únicamente se presentó el documento en que se concedía la representación a DISOL pero solamente para efectos regulatorios y que no se presentó el documento de aceptación a que supuestamente devenía obligada la ahora demandante; el argumento de la presentación de la nota aceptando la formalización de la relación comercial, es carente de sustentación jurídica ya que probada la real y efectiva prestación del servicio, tal corno lo establece el artículo 2 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, es irrelevante la presentación de un documento propio, dado que la voluntad, el acto de comparecer y la real prestación del servicio son más que hechos indubitados que determinan la actitud volutiva de ser el representante y distribuidor; no estando conforme el abogado Carlos Humberto Medrano de la resolución dictada por la Secretaría de Estado, interpuso Recurso de Reposición el 17 de enero de 2008, en contra de la resolución No. 880-2007 de fecha 22 de noviembre de 2007, donde se acordó la cancelación y registro de representante de la sociedad demandante, en dicho recurso de reposición la demandada dictó la resolución número 121-2008 confirmando la Resolución No. 880-2007.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Industria y Comercio, contestó dicha demanda señalando que se emitió la Resolución No.880-2007 de fecha 22 de Noviembre del 2007 declarando CON LUGAR la solicitud de cancelación de Licencia presentada por el abogado RICARDO ANIBAL MEJÍA, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil “MARS INCORPORATED” basado en que la parte demandante sorprendió a la demandada al solicitarle Licencia de Representación con un documento de poder de representación autorizado por un funcionario de la sociedad mercantil “MARS INCORPORATED”, para que se solicitara Licencia Sanitaria de productos y no Licencia de Representación, por lo que la demandada actuó en base a derecho sin violación a las normas legales vigentes, siendo avalada por el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras que establece: “Las Licencias y Registros se cancelarán cuando lo solicite el concesionario, el concedente o un tercero, siempre que acredite la terminación del contrato o la no prestación del servicio de representación, distribución o agencia por parte de la persona a favor de la cual este concedida la licencia, también podrá cancelarse de oficio la licencia o registro de conformidad con lo que prescribe la ley”, con lo anterior queda evidenciado que las normas de dicho reglamento facultan a la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, para proceder a cancelar las Licencias y su respectivo Registro lo cual puede hacerse bajo dos modalidades que pueden ser: a) A petición de parte interesada, que se hace mediante una solicitud presentada por las personas que ostenten capacidad con arreglo a las normas del derecho civil, expresando la suma que indique el trámite de que trata, la indicación del Órgano al que se dirige, hechos y razones en que se funda la petición entre otros; y, b) De oficio, que se hace por mandato del órgano competente ya sea por propia iniciativa o por una orden emanada por el Superior Jerárquico inmediato, haciendo la aclaración que en ninguna de las formas se establece que la cancelación de las licencias y su registro deben hacerse por medio de una orden emanada de un Tribunal Jurisdiccional, quedando desvirtuado los argumentos que plantea la parte demandante al establecer hechos sin ninguna relación con el caso que se resuelve, concluyendo que la demandada, al emitir al resolución impugnada, actuó conforme a derecho, sin violación a las normas legales vigentes y sin ninguna responsabilidad de su parte.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cinco de agosto de dos mil trece, dictó sentencia declarando improcedente la acción interpuesta por el abogado Leonel Medrano Irías, en su condición de apoderado de la Sociedad DISTRIBUIDORA SOLIS, S.A. DE C.V. (DISOL), contra el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industrias y Comercio, en virtud de ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados; confirmando los actos administrativos impugnados consistente en la resolución No.121-2008 de fecha 25 de febrero de 2008, emitida por dicha Secretaría, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin costas; bajo el criterio que el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras establece que “las Licencias y Registros se cancelarán cuando lo solicite el concesionario, el concedente o un tercero, siempre que acredite la terminación del contrato o la no prestación del servicio de representación, distribución o agencia por parte de la persona a favor de la cual esté concedida la licencia, también podrá cancelarse de oficio la licencia o registro de conformidad con lo que prescribe la Ley”, por lo que la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio queda facultada para proceder a cancelar las Licencias y su respectivo Registro, lo cual pueden hacer bajo dos modalidades: a) a petición de parte interesada, que se hace mediante solicitud presentada por las personas que ostenten capacidad con arreglo a las normas del derecho civil, y b) de oficio, que se hace por mandato del órgano competente ya sea por propia iniciativa o por una orden emanada por el superior jerárquico inmediato, haciendo la aclaración que en ninguna de las formas se establece que la cancelación de las licencias y su registro deben hacerse por medio de una orden emanada de un tribunal jurisdiccional, quedando desvirtuados los argumentos que plantea la parte demandante al establecer hechos sin ninguna relación con el caso que se resuelve, concluyendo que la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, al emitir la resolución impugnada, actuó conforme a derecho, sin violación a las normas legales vigentes y sin ninguna responsabilidad de su parte.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia revocando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar procedente la acción incoada por el abogado Leonel Medrano Irías, en su condición de apoderado de la Sociedad DISTRIBUIDORA SOLIS, S.A. DE C.V., por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución No.121-08 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio el 25 de febrero del 2008, en consecuencia se anula totalmente; no se decreta el reconocimiento de la situación jurídica individualizada por no pedirlo claramente el demandante, sin costas; bajo el criterio que la autoridad demandada emitió el acto administrativo impugnado a petición de parte, este tribunal de alzada llega a la conclusión que el a quo apreció incorrectamente el presente juicio, esto porque el acto administrativo impugnado está viciado de nulidad por infringir el ordenamiento jurídico, porque la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, en su artículo 21 es clara al señalar que las controversias entre concedente y concesionario deben ser resueltos por los tribunales competentes o por los procedimientos conciliatorios, motivo por el cual la administración no podía emitir el acto administrativo ahora impugnado, porque debía esperar la decisión de los tribunales competentes que dirimieran la controversia entre las partes, y una vez esto, podía aplicar lo ordenado en el artículo 11 del Reglamento de la ley aquí descrita, ya que una vez acreditada la terminación del contrato o la no prestación del servicio decretada por los tribunales de la República, es que a petición de parte podía cancelar la licencia y el registro.- 5. La representación procesal de la parte demandada, abogada CLARISSA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ, presentó en fecha veintiocho de abril de dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha seis de marzo de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.458-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0501-2008-00301 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, presentó en fecha seis de junio de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diez de junio de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, las abogadas CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ y EVELYN MONTERROSA SIERRA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha once de agosto de dos mil catorce, teniendo por personadas a las abogadas CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHÁVEZ, como recurrente y EVELYN MONTERROSA SIERRA, como recurrida, en consecuencia sígase con el tramite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de marzo de dos mil catorce y que la Recurrente denuncia un motivo de casación con base en los artículos 716 y 720 numeral dos en relación con el numeral uno literal c) del Artículo 719 del Código Procesal Civil. fundamentando su único motivo manifestando lo siguiente: “ÚNICO: MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA Y CARÁCTER LOGICO EN CUANTO A LA VALORACION DE LA PRUEBA, la cual se hace de la manera siguiente: CAUSALES INVOCADAS Numeral Dos (2) del Artículo 720 en relación con el Numeral Uno (1) Literal c) del Artículo 719 del Código Procesal Civil, Impugnar el control de la motivación fáctica y carácter lógico de la Sentencia en cuanto a la valoración de la prueba. MOTIVO UNICO MOTIVO: Infracción por violación del control o falta de Motivación fáctica y Jurídica de la Sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter Lógico en el contenido de la sentencia, tomando en consideración: 1. El Tribunal Ad-quem al emitir la sentencia recurrida en Casación de fecha Seis (6) de Marzo del año Dos Mil Catorce (2014) tanto en su motivación fáctica como jurídica omitió revisar la procedencia de la acción interpuesta en virtud que con claridad se puede apreciar de la pretensión planteada, donde la parte demandante y hoy recurrida al comparecer al órgano jurisdiccional en primer instancia, su pretensión no fue la anulación de la Resolución No. 880-2007 de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mi siete (2007), resolución mediante la cual se ordenó en vía administrativa Cancelar la Licencia y Registro de Representante No. 1344-2006, sino que la parte demandante hoy recurrida se limitó a pedir ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo la nulidad de la resolución No. 121-08 de fecha Veintidós (22) de Febrero del año Dos Mil Ocho (2008), cuya resolución contiene la negativa del Recurso de Reposición contra la Resolución 880-2007, y de acuerdo a lo que dispone el artículo 31 literal b) en relación al artículo 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la acción interpuesta resulta de pleno derecho inadmisible, tomando en consideración que la resolución impugnada en primera instancia no es admisible de pleno derecho, porque el acto impugnado es una las resoluciones que ponen término a la vía administrativa como previa a la judicial y por lo tanto, la norma referida del artículo 31.b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo expresa. “Artículo 31. No se admitirá la acción contencioso-administrativa respecto de: a)...; b) Las resoluciones que pongan término a la vía administrativa como previa a la judicial; ....”; y erróneamente la parte demandante en primera instancia dirigió su acción contra la Resolución No. 121-2008, la cual contiene la negativa del Recurso de Reposición contra la Resolución No. 880-2007 de fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil siete (2007). 2. De la simple lectura de las motivaciones de la sentencia recurrida en casación se aprecia, que la Honorable Corte de Apelaciones omitió referirse en la misma, que la solicitud planteada en vía administrativa ante mi representada, la parte Concedente al comparecer solicitando la cancelación de la Licencia y Registro de Representante No. 1344-2006 al órgano administrativo representado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Industria y Comercio, lo hizo de manera tácita fundamentada en el artículo 12 literal b) de la Ley de Representantes, distribuidores y agentes de empresas nacionales y extranjeras, en relación al artículo 11 del Reglamento respectivo, tomando como base que la resolución No. 105/2006 de fecha Trece (13) de Febrero del año Dos Mil Seis (2006), mediante la cual se otorgó la Licencia de Representante a la Sociedad Distribuidora Solís S.A. de C.V. fue emitida por mi representada siendo sorprendida porque el poder de representación acreditado por la Distribuidora Solís, fue exclusivamente para solicitar los registros respectivos de productos a nombre de MARS INCOPRORATED, sin embargo de manera maliciosa con ese poder de representación expresado se solicitó Licencia de Representante, resolución que a todas luces contenía vicios de nulidad, sumado a ello, durante la sustanciación del proceso judicial, mi representado acreditó fehacientemente suficientes medios de prueba que demostraron, que la Distribuidora Solís nunca realizó importación alguna de los productos sobre los cuales fue declarada ilegalmente Representante de la Empresa Mars Incorporated; de lo que se deduce y la honorable Corte de Apelaciones pudo apreciar que la resolución administrativa No. 880-2007 de fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil siete (2007), mi representado el Estado de Honduras emitió esa resolución en base al artículo 23 de la Ley de Representantes, distribuidores y agentes de empresas nacionales y extranjeras, en relación al artículo 4 y 11 del Reglamento respectivo, resolución que en efecto fue dictada en apego estricto a derecho. 3. El Tribunal Ad-quem de igual forma omitió referir en sus motivaciones el contenido del artículo 12 de la Ley de Representantes, distribuidores y agentes de empresas nacionales y extranjeras, norma que regula las causas que facultan al concedente para dar por terminado el contrato de representación, referido al contrato de representación realmente otorgado, cuya norma literalmente dice: “Artículo 12.- Son justas causas que facultan al concedente, sin responsabilidad de su parte, para dar por terminado o negarse a renovar el contrato de agencia, representación o distribución, las siguientes: a) El incumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones esenciales del contrato o de la relación contractual; b) El fraude o abuso de confianza en las gestiones encomendadas al concesionario, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurriere y de la obligación de resarcir los daños y perjuicios a que hubiere lugar;…”; circunstancia por la cual la parte concedente en estricto derecho solicitó la cancelación de la Licencia referida. 4. El Tribunal Ad-quem limita su fundamento jurídico en los alegatos de la parte hoy recurrida, referido a que la Juez A-quo apreció incorrectamente el presente juicio, en virtud que el acto impugnado estaba viciado de nulidad por la no aplicación del contenido del artículo 21 de la Ley de Representantes, distribuidores y agentes de empresas nacionales y extranjeras; cuya norma citada por el Tribunal Ad-quem literalmente expresa: “Artículo 21.- Sin perjuicio de que las partes puedan recurrir a procedimientos conciliatorios, las controversias que se susciten entre el concedente y el concesionario serán resueltas por los tribunales nacionales competentes del domicilio del último. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.” Desde luego y partiendo de la literalidad de la norma enunciada, las controversias serán resueltas por los Tribunales nacionales competentes, sin embargo de la solicitud planteada en vía administrativa por el presunto concedente la Sociedad Mars Incorporated, así como de la Resolución No 880-2007 de fecha Veintidós (22) de Noviembre del Dos Mil Siete (2007), mediante la cual se cancela la Licencia No. 1344-2006 que presuntamente fue otorgada fraudulentamente a la Distribuidora Solís S.A. de C.V., se deduce que nunca hubo controversia alguna, entendida esta como lo define el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas en la página 96, como “Discusión larga y reiterada”, y al no existir controversia, sino la apreciación de una acción presuntamente ilícita, en la forma en que la Distribuidora Solís S.A. de C.V. solicitó con fraude y abuso de confianza, la parte presuntamente concedente ejerció la acción administrativa del artículo 12 de la Ley en relación al artículo 11 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras y en aplicación del artículo 34.b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, el acto administrativo mediante el cual se otorgó la Licencia de Representación a Distribuidora Solís S.A. de C.V. es absolutamente nulo, y en estricto derecho la acción de solicitar la cancelación de esa Licencia al ente Concedente se lo concede precisamente el artículo 12 de la Ley citada, y el órgano competente para decretar la cancelación de la referida Licencia es la Secretaria de Industria y Comercio, y se aclara no se decretó la nulidad del acto administrativo, sino que fue cancelada la Licencia y el Registro de la misma. 5. Visto lo anterior, resulta evidente que la Honorable Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al emitir su juicio de valor plasmado en la sentencia recurrida en casación, omitió hacer una motivación fáctica y una fundamentación jurídica lógica en la valoración de la prueba evacuada para emitir su fallo, en virtud de lo cual resulta un imperativo categórico en nombre de mi representada procesal acudir a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que revise lo resuelto por el Tribunal Ad-quem, por no encontrarse ajustada a derecho la sentencia recurrida en Casación. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTAN EL MOTIVO El Artículo 13 del Código Procesal Civil establece 1. El Juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezcan una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2. La valoración legal de la prueba sólo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad. El Artículo 245 del Código Procesal Civil Establece: 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. En razón de lo cual hay una clara infracción a la normas de derecho, tomando en consideración que encontrándose plenamente acreditado que mi representada el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Industria y Comercio, probó en juicio que el acto impugnado por la parte actora fue emitido en estricto apego al derecho administrativo vigente, lo que deslegitima a la vista la sentencia dictada por el Tribunal Ad Quem, y partiendo del principio de legalidad constitucional, que literalmente expresa la Constitución de la República en su articulo 321 que dice: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo....) se acude al Tribunal Superior que revise la legalidad de lo actuado en segunda instancia- PARTE DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA PRIMERO: El numeral PRIMERO: de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que a la letra dice: “Declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada EVELYN MONTERROSO SIERRA Apoderada judicial de la Sociedad Distribuidora Solís S.A. de C.V.” SEGUNDO: El numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que literalmente dice: “Revocar la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes en fecha cinco de agosto del año dos mil trece (2013) y que corre a folios numero trescientos cuarenta y uno (341) al trescientos cuarenta y siete (347) de la primera pieza de autos.” TERCERO: El numeral TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que literalmente dice: “Declarar procedente la acción incoada por el Abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, quien actúa en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Distribuidora Solís S.A. de C.V., por no estar ajustada a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución número 121-08 emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Industria y Comercio el 25 de febrero del 2008, en consecuencia se anula totalmente…”, esto porque el acto impugnado contenido en la Resolución No. 121-08, es una las resoluciones que ponen término a la vía administrativa como previa a la judicial. FUNDAMENTACION JURIDICA, PRECEPTOS JURIDICOS QUE SE CONSIDERAN DE APLICACIÓN AL RECURSO DE CASACION El presente escrito sobre la Interposición y Formalización del Recurso de Casación se fundamenta en los Artículos: 80, 319.7, 321 de la Constitución de la Republica; 13, 245 Numeral 1, 719.1.c), 720.2 del Código Procesal Civil; 31 literal b) en relación al artículo 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 12, 21, 23 de la Ley de Representantes, distribuidores y agentes de empresas nacionales y extranjeras; artículo 4 y 11 del Reglamento de la Ley de Representantes, distribuidores y agentes de empresas nacionales y extranjeras; 34.b) de la Ley de Procedimiento Administrativo”.- II. Pero resulta que la Censora no ha sido clara ni precisa en la formulación del único cargo que sustenta su recurso de casación. En primer lugar omite establecer las normas procesales que se consideran infringidas así como señalar con precisión si el concepto de la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, limitándose en su explicación a señalar que “… El Tribunal Ad-quem limita su fundamento jurídico en los alegatos de la parte hoy recurrida, referido a que la Juez A-quo apreció incorrectamente el presente juicio…”. También falta a la precisión al citar como precepto autorizante el Artículo 720.2 en relación con el Artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, cuando lo técnicamente correcto es indicar directamente el sustento de la causal. Por otra parte, pide el “control de la motivación fáctica y carácter lógico de la Sentencia en cuanto a la valoración de la prueba o falta de Motivación fáctica y Jurídica de la Sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter Lógico en el contenido de la sentencia”, pero sin definir con claridad y precisión estos conceptos.- III. Continuando con el análisis del único motivo que sustenta el presente recurso de casación y sumado a lo anteriormente motivado, la Censora insta la revisión e interpretación del material probatorio resultando pertinente recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. En adición a lo anterior se mencionan en forma desordenada una serie de disposiciones (articulo 321 Constitución de la República, 13 y 245 del Código Procesal Civil, 31 literal b) 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 34 literal b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, 12 literal b) y 23 de la Ley de Representantes, distribuidores y agentes de empresas nacionales y extranjeras, en relación al artículo 4 y 11 del Reglamento) que pertenecen a diferentes cuerpos legales sin establecerse una proposición jurídica completa, resultando ser simples alegatos de instancia, inoportunos en este recurso extraordinario.- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho merito en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de diciembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 336-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL