Sentencia CA-332-13 — Registro 4300
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia proferida por el A-quo, declarando procedente la acción incoada por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que no procede la admisión del anterior cargo, porque la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) señala dos formas distintas de violar la ley, como es la falta de aplicación y la interpretación errónea, las cuales debió haber formulado en forma separada e independiente; b) insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal es este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos de instancia.- “. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación”. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casaciónsubjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.-“
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., veinte de mayo de dos mil ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha trece de noviembre de dos mil siete, por el Licenciado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en relación a la demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada del derecho subjetivo violado y como medida para restablecerla sea reintegrado al cargo para el cual se había nombrado y se haga efectivo el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal acto hasta la fecha en que se ejecute dicha sentencia y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha dos de agosto de dos mil seis, por el señor JUAN ARTURO MURILLO VASQUEZ, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y con domicilio en la ciudad de Lepaera, Departamento de Lempira, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, por intermedio de la Procuradora General de la República señora ROSA AMÉRICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha once de septiembre de dos mil siete, mediante la cual falló declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, apoderado del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Salud; asimismo, confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha veintiuno de junio de dos mil siete, que en su parte conducente dice: “FALLA.- PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción incoada por el ciudadano JUAN ARTURO MURILLO VASQUEZ, tendiente a que se declare la nulidad de un Acto Administrativo, emitido por el poder ejecutivo a través de la Secretaria de Salud. Que se reconozca la situación jurídica individualizada del derecho subjetivo violado.- En consecuencia se declara no ser conforme a derecho y se anula totalmente el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo Nº 2548 de fecha 27 de junio de 2006 emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud.- SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: 1) Reintegrar al demandante, al cargo que ocupaba antes de ser afectado por la ilegal cancelación, de Promotor de Desarrollo Comunal I, o en su defecto a otro de igual, o mejor categoría, condiciones de trabajo y sueldo, al que tenía al momento de su cancelación.- 2) Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, a pagarle al demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de cancelación, 27 de junio de 2006, hasta que el demandante se encuentre debidamente reintegrado en su puesto de trabajo, o en su defecto en otro de igual o mejor categoría y sueldo.- Del mismo modo reconocer al demandante los derechos de índole laboral que se hayan producido durante el curso del juicio”, sin costas en ambas instancias. RESULTA: Que en fecha trece de noviembre de dos mil siete, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Licenciado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, en su condición antes mencionada, formalizando el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso de la manera siguiente: “...RELACION 1.- En el escrito de Demanda presentado por el ciudadano JUAN ARTURO MURILLO VASQUEZ, ante el Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, plantea que según Acuerdo No.2548 de fecha 27 de junio del 2006, se le cancelo del cargo que desempeñaba. 2.- La Sentencia de fecha once de septiembre del dos mil siete emitida por la Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo se recurre a la Corte Suprema de Justicia; en virtud que la Corte de Apelaciones de lo contencioso Administrativo, no realizo una aceptada apreciación de las pruebas propuestas y evacuadas a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud y de la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia, ya que el Demandante en la Audiencia de Descargo que se le realizo pretende ignorar el procedimiento para el manejo de fondos recuperados. En el considerando cuatro de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados pretenden ignorar el trabajo realizado por Auditoria Interna de la Secretaria de Salud, mediante el cual se constato que el señor JUAN ARTURO MURILLO VASQUEZ, incurrió en la falta de Despido en el ejercicio de su cargo funcional como Administrador de la Región Departamental No. 13, sin embargo los Magistrados no le dieron el merito al articulo 37 de la Ley de Servicio Civil, que literalmente dice: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS, que establece: Son obligaciones de los servidores públicos: literales a) Respetar y cumplir con lealtad la Constitución de la Republica, esta Ley, sus Reglamentos y las obligaciones inherentes a sus cargos; y d) Desempeñar el cargo para el que hayan sido nombrados, en forma regular y con la dedicación y eficiencia que requiera la naturaleza de este; asimismo esta falta esta tipificada como una falta que su sanción amerita el despido tal como fue aplicada por mi representada. Asimismo en la sentencia de fecha once de septiembre del dos mil siete, queda comprobado que el Demandante señor JUAN ARTURO MURILLO VASQUEZ, incurrió en la falta antes señalada, sin embargo se puede observar en la misma que la Magistrada NORMA LANZA DE FLORES, DISENTIO EN EL FALLO CON LOS DEMAS MAGISTRADOS YA QUE ELLA SI APRECIO EL PROCEDIMIENTO Y LAS PRUEBAS PRESENTADAS Y EVACUADAS EN SU OPORTUNIDAD. En suma la parte actora justifica con la exposición de sus pruebas y las CONCLUSIONES presentadas ante el Juzgado de Primera Instancia, que mi representada no actúo conforme a Derecho, que el acto emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, no se encuentra enmarcado de conformidad a Ley, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia; ambos sin tomar en cuenta, la falta cometida por el Señor JUAN ARTURO MURILLO VASQUEZ; ya que la Secretaria de Salud procedió a cancelar por despido al inculpado de conformidad a derecho sin violentar ninguna norma legal, pues la Autoridad Nominadora realizo todas sus actuaciones de conformidad a lo establecido en el Ordenamiento Legal, puesto que el señor en mención incurrido en la falta antes señalada. Tal sentencia referida anteriormente contiene las infracciones de Ley que paso a puntualizar en los siguientes motivos de casación: 1.- Violación del artículo 37 literales a) y b) de la Ley de Servicio Civil, por la falta de interpretación errónea; ya que el texto establece las OBLIGACIONES Y DERECHOS: a) Respetar y cumplir con lealtad la Constitución de la Republica, esta Ley, sus Reglamentos y las obligaciones inherentes a sus cargos; b) Desempeñar el cargo para el que hayan sido nombrados, en forma regular y con la dedicación y eficiencia que requiera la naturaleza de este; Sin embargo, vale aclarar y tomar en cuenta que mi representada la Secretaria de Salud, previo a proceder a la Cancelación por Despido del señor JUAN ARTURO MURILLO VASQUEZ, contó con el Dictamen No.197-D.L.-2006 del Departamento de Asesoria Legal de la Secretaria de Salud donde se acredita y ratifica que la Cancelación por Despido del Demandante es procedente, caso contrario si el ahora demandante no hubiere incurrido en dicha falta el Departamento de Normas y Procedimientos de la Dirección General de Servicio Civil, lo hubiera declarado improcedente el despido del Demandante considero que la Sentencia recurrida, no esta apegada a Derecho, en virtud que no le dieron el merito al articulo 37 literales a) y b) de la Ley de Servicio Civil”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha catorce de noviembre de dos mil siete, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte del Licenciado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, ordenando en consecuencia dar traslado de los antecedentes al señor Fiscal de este Despacho, para que dentro del término de diez días procediera a emitir el dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito, haciéndolo la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en fecha treinta de enero de dos mil ocho, de la siguiente manera: “...III.- OPINIÓN Por las razones expresadas, esta representante de la sociedad, dictamina desfavorable a la admisión del presente Recurso en su motivo único”. RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que el Recurrente Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, expresa: “Violación del artículo 37 literales a y b de la ley de Servicio Civil, por la falta de interpretación errónea; ya que el texto establece obligaciones y derechos”. Pero la forma en que se expresa el motivo le falta claridad y precisión, en vista que el censor a) Omitió el Precepto Autorizante en la que considera comprendido el mismo. b) El artículo 37 de la ley del Servicio Civil si fue aplicado por el juzgador de primera instancia, pues al confirmar el fallo la Corte censurada hizo suyos los pronunciamientos y fundamentos legales del fallo del A-quo. c) Alega asimismo “la falta de interpretación errónea” modo de infringir la ley que no existe en nuestro ordenamiento jurídico. d) Ataca los considerandos del fallo impugnado pronunciamientos impropios de este recurso extraordinario. Por lo antes indicado se desestima este motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, con el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5 y 316 de la Constitución de la República, 1 y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 916 y 919 No. 1 del Código de Procedimientos Civiles, FALLA: 1) DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación. 2) Sin Costas.- Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. Redactó la Magistrada Pineda Cardona.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil ocho, certificación de la sentencia de fecha 20/5/2008, recaída en el Recurso de Casación Contencioso Administrativo No.430-07.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL