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Sentencia CA-318-14 — Registro 5373

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia interlocutoria declarando la inadmisibilidad de la acción y se ordena el archivo de las actuaciones, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Pero es el caso que el recurrente no ha sido claro ni preciso en la formulación de los motivos que sustentan su recurso de casación. En primer lugar, en los cuatro motivos se viola el principio contemplado en el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados y resulta que en el sub-júdice en los cuatro motivos consigna que hubo violación por “interpretación indebida” y por “aplicación errónea” de las normas, modos que no corresponden a falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Por otra parte, en la explicación de los cargos primero, segundo y tercero, no solo se insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba lo cual, de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, le es vedado a este Tribunal, sino que solicita “que ante la infracción de las normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, la Corte Suprema de Justicia ordene reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiera producido la falta…” petición que no concuerda con el precepto autorizante formulado, ya que lo solicitado alude a otra causal de casación contenida en el artículo 719 numeral 1) literal b) del Código Procesal.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: BASCULAS DE CENTROAMERICA S.A. representado en juicio por el abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES y el Recurrido: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) y actuando en juicio la COMISION PARA LA PROMOCIÓN PUBLICO PRIVADA (COALIANZA), representado en juicio por el abogado NICOLAS GARCIA ZORTO.- OBJETO DEL PROCESO: se interpone demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho y en consecuencia se anule parcialmente un acto administrativo expreso de carácter general contenido en los contratos de concesión de los proyectos denominados: “corredor logístico Goascorán-Villa De San Antonio y Tegucigalpa - San Pedro Sula-Puerto Cortés” y “corredor turístico el Progreso - Tela y tramos San Pedro Sula - El Progreso y La Barca - El Progreso” para que en “materia de pesaje, implementen las normas vigentes de pesos y dimensiones de vehículos de carga y pasajeros”, suscritos por la Secretaria de Estado en Los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) en su calidad de concedente y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil trece (2013), por haber sido emitida dicha autorización infringiendo el ordenamiento jurídico vigente, a través del quebrantamiento de las formalidades esenciales de procedimiento, cometiendo para ello exceso y desviación de poder. Se solicita reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su restablecimiento consistente en dejar sin valor y efecto el componente adicionado para que en “materia de pesaje, implementen las normas vigentes de pesos y dimensiones de vehículos de carga y pasajeros”, suspensión del acto impugnado, con especial condena en costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de abril del año dos mil once, por el la empresa “BASCULAS DE CENTROAMERICA S.A.” contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) y actuando en juicio la COMISION PARA LA PROMOCIÓN PUBLICO PRIVADA (COALIANZA).- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que al tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la sociedad mercantil “BÁSCULAS DE CENTROAMÉRICA, S.A.” tiene interés legítimo y directo para impugnar el acto administrativo demandado, por las razones siguientes: Que es una empresa constituida legalmente en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, encontrándose inscrita bajo el número treinta y cuatro (34) del Tomo seiscientos cincuenta y cinco (655) del Registro de Sociedades Mercantiles del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, cuya finalidad esencial es: “la prestación de servicios de estudios, diseños, construcción y venta de todo tipo de equipos que la tecnología permite para el control y monitoreo de sistemas de pesaje y dimensiones de vehículos en carreteras, tanto nacionales como extranjeras”, que cuenta con una alianza estratégica y es la representante autorizada para nuestro país de la Empresa PAT Traffic, cuya casa matriz inicialmente tenía como domicilio la República de Alemania y actualmente se encuentra en Canadá y es quien brinda el apoyo técnico, experiencia y todo lo requerido a la implementación de un sistema de pesaje en Honduras, que además cuenta, con el respaldo financiero de la entidad bancaria HSBC, (ahora DAVIVIENDA), según lo demuestra con la nota de fecha 23 de marzo del año 2011, en la cual, dicha entidad bancaria manifiesta su disposición comercial para financiar el proyecto de diseño, construcción y explotación de un sistema de control de pesos y dimensiones de vehículos de carga para la republica de Honduras. Que el Comité Técnico Vial del Fondo Vial, mediante Resolución Número CTVF-007-2011, de fecha tres de Junio del año 2011, resolvió aprobar a favor de la empresa la propuesta de: “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE VEHÍCULOS DE CARGA PARA LA REPUBLICA DE HONDURAS”, por medio de un Contrato de Prestación de Servicios. Resulta que obtuvo la Resolución Número CTVF-007-2011, de fecha 3 de junio del año 2011, emitida por el Comité Técnico Vial del Fondo Vial, después de haber obtenido dictámenes técnicos y legales y haberse supeditado a los procedimientos internos establecidos en la Ley del Fondo Vial, dentro del marco del Derecho Administrativo, llegando a tal convencimiento dicho órgano colegiado por las razones que a continuación se exponen: 1. El Fondo Vial, tiene como uno de sus objetivos fundamentales, el controlar los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de carga y de pasajeros que circulen en la red vial oficial para prevenir su deterioro, sancionando a quienes infrinjan las regulaciones aprobadas. Dicho organismo se encuentra facultado para implementar el control mediante la contratación de compañías privadas. El Comité Técnico Vial del Fondo Vial, tiene dentro de sus atribuciones la de conocer las propuestas presentadas por la Dirección Ejecutiva para regular los pesos y dimensiones admisibles de los vehículos de transporte de pasajeros y de carga que circulen por la red vial oficial y proponer lo conducente al Presidente de la República, por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), para su correspondiente aprobación; que a través de sus funcionarios correspondientes, en julio del año 2010 realizó los primeros acercamientos y reuniones con funcionarios de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y del Fondo Vial, con el objeto de presentar una propuesta encaminada a implementar el “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE VEHÍCULOS DE CARGA PARA LA REPUBLICA DE HONDURAS”. En los meses de agosto y septiembre del año 2010, el Arquitecto Walter Wallace Dox, realizó una presentación en las instalaciones del Fondo Vial, con el objeto de socializar la propuesta para implementar el sistema de control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga que circulen por la Red Vial Oficial. Continua manifestando que en el mes de noviembre del año 2010, representada por el Arquitecto Walter Wailace Dox Guevara, realizó visita a la República de Chile, en compañía del Director Ejecutivo del Fondo Vial y su Asesor, para conocer el Sistema de Control de Pesos y Dimensiones implementada por su empresa ahijada PAT TRAFFIC en esa República y conocer la experiencia del Ministerio de Obras Públicas de Chile en esa área. Que en fecha 14 de febrero del año 2011, presentó ante el Comité Técnico Vial del Fondo Vial, la Propuesta Técnica-Económica, referente al: “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE VEHÍCULOS DE CARGA PARA LA REPUBLICA DE HONDURAS”, con el objeto de que esta fuese discutida, conocida y aprobada por los miembros que integran el órgano colegiado. En sesión de Comité Técnico Vial del Fondo Vial, celebrada en fecha 16 de marzo del año 2011, se acordó lo siguiente: “...Tener por recibida y discutida la propuesta Técnica, concluyendo que se debe requerir a la Empresa “BÁSCULAS DE CENTROAMERICA, SA.” para que complementen la siguiente información: El Impacto económico que tendría el Estado de Honduras, plan de trabajo de su implementación, información técnica y financiera de la Empresa y los Antecedentes de la Empresa; y hacer invitación de otras empresas que quieran participar...” Que atendiendo el requerimiento realizado por el Comité Técnico Vial del Fondo Vial, en fecha 23 de marzo del año 2011 la sociedad mercantil BÁSCULAS DE CENTROAMERICA, S.A, dio el debido cumplimento a la información requerida por el Comité Técnico Vial del Fondo Vial. En fecha 3 de junio del año 2011, en sesión celebrada por el Comité Técnico Vial del Fondo Vial y atendiendo la propuesta presentada por la sociedad mercantil, se resolvió: “... 1) Tener por conocida, discutida y aprobada la propuesta técnica por la Empresa denominada BÁSCULAS DE CENTROAMERICA, S.A. referente a la implementación del “...DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE VEHÍCULOS DE CARGA PARA LA REPUBLICA DE HONDURAS...”, 2) Remitir la propuesta presentada por la empresa denominada BÁSCULAS DE CENTROAMÉRICA. S.A. al órgano competente, para que le dé el curso legal que corresponda. 3) Por la importancia y necesidad de la implementación inmediata del sistema de control de pesos y dimensiones de vehículos de carga, que la presente resolución sea de ejecución inmediata. CUMPLASE...” Que en fecha 28 de junio del año 2011, el Director Ejecutivo del Fondo Vial, mediante oficio número DEFV-494-2011, remitió toda la documentación que formaba parte de la propuesta presentada por su representada, al señor Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) junto con la resolución CTVF-007-201 1, donde se aprobó la propuesta. En fecha 01 de noviembre del año 2011, el Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), mediante oficio número DM-0729-2011, remitió a la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial el proyecto de iniciativa de ley relacionado con la propuesta aprobada por el Comité Técnico Vial del Fondo Vial, para que su representada implementara el: “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE VEHÍCULOS DE CARGA PARA LA REPUBLICA DE HONDURAS”. Que el artículo 9 reformado de la Ley del Fondo Vial, en el literal h-1) establece que dentro de las atribuciones del Comité Técnico Vial del Fondo Vial, está la de: “...Conocer las propuestas presentadas por la Dirección Ejecutiva para regular los pesos y dimensiones admisibles de los vehículos de transporte de pasajeros y de carga que circulen por la Red Vial Oficial, y proponer lo conducente al Presidente de la República, por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) para su correspondiente aprobación...”, por lo tanto el procedimiento a que se refiere la norma legal antes reproducida, se cumplió a cabalidad, ya que, el Comité Técnico Vial del Fondo Vial, aprobó la propuesta presentada y en consecuencia propuso al Presidente de la República, por medio del Secretario de SOPTRAVI, la aprobación del “Contrato de Servicios”, según consta en el oficio número DM-0729-l 1 de fecha 01 de noviembre del año 2011. Que en inobservancia al procedimiento regulado por la Ley del Fondo Vial, el Señor Secretario General de la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial, mediante Oficio No. SDP-SG-01 1-2012, de fecha 18 de enero del año 2012, remitió la documentación concerniente al proyecto legislativo, a través del cual se pretendía la aprobación del CONTRATO DE SERVICIOS, formalizado entre el Fondo Vial y la sociedad mercantil denominada Básculas de Centroamérica S.A., a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (en adelante COALIANZA), para que fuese este órgano quien analizara y aprobara el mismo, lo cual sin duda alguna, constituye una evidente infracción a la disposición legal contenida en el articulo 9, inciso h-1) reformado de la Ley del Fondo Vial. Que el yerro cometido por la administración (Secretaria de Estado del Despacho Presidencial) no concluyó con la violación procedimental, sino que siguieron consumándose más actos en perjuicio de sus intereses, de tal forma que el proyecto legislativo contentivo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS con el Fondo Vial, fue retenido por más de dos meses, sin que se pusiese en conocimiento del Presidente de la República para su correspondiente aprobación, tal y como lo ordena la norma legal contenida en el Artículo 9 literal h-1) Reformado de la Ley del Fondo Vial, actuar éste que constituye una infracción del ordenamiento jurídico, consecuentemente el no haberlo remitido al órgano competente vició de nulidad el acto administrativo, hoy objeto de revisión por parte de esa judicatura.- Continua manifestando que el quebrantamiento de las disposiciones legales que norman el proceso regulado en la Ley del Fondo Vial, para casos como el indicado, no concluyó con las actuaciones anteriormente señaladas, por el contrario, este quebrantamiento, se siguió observando según se desprende de los actos que así expuso: 1. En fecha 5 de marzo del año 2012, es decir transcurrido cerca de 2 meses, el Secretario Ejecutivo de COALIANZA, dando respuesta al oficio SDFSG-O11-2012, de manera enfática concluyó que: “...NO LE CORRESPONDE A COALIANZA, EN MODO ALGUNO, INTERVENIR EN EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE FONDO VIAL Y BÁSCULAS DE CENTROAMÉRICA, S.A..... 2. En fecha 8 de marzo del año 2012, el Secretario General del Despacho Presidencial, mediante Oficio Número SDP-SG-066-2012, devolvió el proyecto de Ley al Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) “...a efecto de que se tomaran en consideración todas las observaciones y planteamientos hechos por COALIANZA, así como para alcanzar con esta dependencia los acuerdos y consensos necesarios sobre estos proyectos que son de prioridad nacional, explorando y determinando a su vez las alternativa que resulten legal y administrativamente procedentes y convenientes a los sagrados intereses públicos, remitiendo oportunamente los nuevos proyectos de ley, en su caso, para su correspondiente remisión al Congreso Nacional...”. 3. En fecha 21 de septiembre del año 2012, mediante Oficio DM- 0827-2012, el Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Ingeniero Miguel Ángel Gámez informa a la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial, que según conversación del día jueves 20 de los corrientes, por dicho medio designa a los Abogados Fernando Alvarenga, Asesor del Despacho y al Abogado Danilo García, Director Legal, para que procedan a reunirse con el Abogado José Francisco Zacapa, Secretario General del Despacho Presidencial, con el propósito de dictaminar sobre la PRESTACIÓN DE SERVICIOS sin licitación, de la empresa BÁSCULAS de Centroamérica, S.A. (BCSA)”, para el control de pesos y dimensiones en todo el territorio nacional, en base a la Resolución No. CTVF-007-2011 del Comité Técnico Vial del Fondo Vial en sesión ordinaria No. 116, celebrada el 3 de Junio del año 2011. Que antes que obtuviera el derecho otorgado por el Comité Técnico Vial del Fondo Vial, mediante Resolución Número CTVF-007- 2011, de fecha 3 de junio del año 2011, atendiendo sugerencias de los funcionarios de la administración pública, BÁSCULAS DE CENTROAMERICA presentó ante COALIANZA una propuesta bajo la modalidad de iniciativa privada, donde igual ha existido una infracción al ordenamiento jurídico en detrimento del derecho subjetivo ya otorgado y reconocido, por las razones a continuación expuestas: 1. En fecha 17 de mayo de 2011, el apoderado legal de la BÁSCULAS DE CENTROAMERICA, compareció ante COALIANZA a presentar el proyecto de denominado: “DISEÑO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE VEHICULOS DE CARGA PARA LA REPUBLICA DE HONDURAS” mismo que fue registrado con orden de ingreso número 01-2011. 2. En fecha 5 de agosto del año 2011, la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, emitió resolución mediante la cual declaró inadmisible la solicitud de Alianza Público-Privada para el “DISEÑO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE VEHICULOS DE CARGA PARA LA REPUBLICA DE HONDURAS” presentada por el apoderado de la misma, bajo el argumento de no cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 13 numeral 7), 19 y 20 de la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada y 36 de su Reglamento. 3. Dicha negativa de admisión, se sustentaba esencialmente en que el proyecto y sus alcances no cumplían con los criterios establecidos para ser priorizado e incluido en el sistema nacional de inversión pública, sin embargo, COALIANZA estableció que: “...desde el punto de vista de la operación técnica del control de peso y su tecnología asociada, el planteamiento del proyecto parece razonablemente claro y realizable...” según consta en la conclusión 1 y recomendaciones del Dictamen de la Asesoría Técnica de Proyectos del 25 de julio del año 2011 y en igual sentido la Opinión Legal de fecha 02 de agosto del año 2011. 4. En fecha 22 de noviembre del año 2011, aun y cuando, no había sido notificada de la resolución recaída en el expediente administrativo con orden de ingreso número 01-2011, la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, en fecha 22 de noviembre del año 2011, publicó la convocatoria, mediante la cual hace la invitación a las empresas interesadas en participar en el Concurso Público Internacional para la constitución de una Alianza Público-Privada para otorgar en concesión el Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio, San Pedro Sula-Puerto Cortes y Tegucigalpa-Villa de San Antonio. 5. Resulta, que en fecha 25 de abril del año 2012, después de aproximadamente 11 meses es que la empresa, a través de su Apoderado Legal, fue notificada personalmente de la resolución de fecha 05 de agosto del año 2011, emitida por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público- Privada, contrario a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento General de la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, que refiere que: “Presentada una iniciativa privada, COALIANZA se encuentra obligada a comunicar al proponente la admisibilidad de su solicitud en un plazo máximo de 60 días contados a partir del cumplimiento de la entrega de la información mínima requerida. En caso de que la solicitud fuese denegada, dicha decisión será comunicada sin expresión de causa y sin incurrir en responsabilidad. ..“ Es decir, en el caso que nos ocupa, COALIANZA infringe la norma antes indicada al no notificar oportunamente el contenido de la resolución de fecha 05 de agosto del año 2011. Que hasta la fecha en que se hicieron las correspondientes publicaciones de las invitaciones a concurso público internacional de los proyectos objeto de discusión en el presente caso, todo parecía estar conforme a derecho, de tal forma que su representada al observar que en las mismas no se incluía la implementación del sistema de pesos y dimensiones de vehículos de carga y pasajeros, no participó como oferente, ya que por la finalidad que persigue la empresa que representa, su único objeto era el de la implementación del DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE VEHÍCULOS DE CARGA PARA LA REPUBLICA DE HONDURAS, sin embargo, la Comisión para la Promoción de la Alianza Publico-Privada (COALIANZA), quebrantando disposiciones de orden público cuya observancia es obligatoria, ejecutó actos conducentes a dilapidar los derechos que su representada había obtenido del órgano competente (Fondo Vial) para implementar los mecanismos de verificación independientes para asegurar la calidad y transparencia del sistema de control de pesos y dimensiones, según lo expreso a continuación:

  1. En los Pliegos de Condiciones del Concurso Público, y, en los contratos de concesión, se incorporaron elementos propios del sistema de control de pesos y dimensiones, lo cual, sin duda alguna, causó indefensión a su empresa y a cualquier otra que tuviese interés legítimo de participar en el tema del pesos y dimensiones, causando con su actuar, graves daños y perjuicios de imposible reparación para su representada. 2. Según la invitación al Concurso Público Internacional, el plazo de la adjudicación del Corredor Logístico era de CUARENTA AÑOS, ya en el contrato de concesión aparece que la adjudicación es nada más por VEINTE AÑOS para el proyecto: “CORREDOR LOGÍSTICO GOASCORÁN - VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - PUERTO CORTES” según lo establece el numeral romano LI del Articulo 1 de dicho Contrato y TREINTA AÑOS para el proyecto: “CORREDOR TURÍSTICO EL PROGRESO - TELA Y TRAMOS SAN PEDRO SULA - EL PROGRESO Y LA BARCA-EL PROGRESO”, según lo establece el numeral romano II del Artículo 2 del referido Contrato. El plazo en este tipo de contratos, es un elemento esencial del concurso, de tal forma que modificar el mismo representa una alteración al ordenamiento jurídico relativo a la materia de contratación del Estado. El plazo de 40 años en términos generales resulta como un factor que limita la participación de los oferentes en dicho concurso debido a que por su naturaleza implica que los rendimientos de la inversión y las obligaciones generadas en el contrato son a un plazo excesivamente extenso. 3. Igualmente, en el aviso de publicación del concurso no se menciona que el contrato de concesión del corredor logístico estaría amparado en una garantía mínima de pago para el concesionario, (IMAG, que significa INGRESO MINIMO ANUAL GARANTIZADO, según lo contempla el numeral 1.51 del Capítulo 1 y Cláusula 10.2 del capítulo X del Régimen Económico y Financiero de cada uno de los Contratos), condición que si se hubiese conocido por los posibles interesados en participar se hubiera ampliado el número de oferentes. La cláusula en referencia establece un nivel de ingresos mínimos anuales por peaje, lo cual significa que de acuerdo al contrato NO EXISTE NINGÚN TIPO DE RIESGOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS, ya que están establecidos los montos mínimos que debe tener por ingreso el concesionario, que fluctúan para el caso del Corredor Logístico: Iniciando en el año 2015, un monto de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES (USD18,213,652.00) incrementándose en cada año, hasta llegar al año 2029, con un monto de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES (USD. 33,225,280.00) y en el Corredor Turístico: Iniciando en el año dos 2014, un monto de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES (USD. 6,958,150.00) incrementándose en cada año, hasta llegar al año 2043, con un monto de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES (USD. 36,320,997.00).- No existe ningún tipo de riesgo económico financiero para el concesionario, ya que esta cláusula se activa: a) si disminuyen los flujos vehiculares auditados correspondientes al año anterior; b) si la recaudación anual es menor al TMAG correspondiente para dicho año, obligando al Estado de Honduras a cubrir la diferencia y dicho monto deberá estar previsto en el Presupuesto General de la Republica; o c) si el Estado incumple en la entrega de tramos carreteros actualmente en construcción y que son parte integral de la concesión. Que en evidente violación a los procedimientos especiales que rigen las Alianzas Público-Privadas, COALIANZA, de manera antojadiza obvió los requisitos legales establecidos en su Ley Especial para llegar a cabo los procesos de contratación que permitieran la participación público-privada y consecuencia de ello materializar los contratos de concesión de los proyectos ampliamente descritos en este libelo, ya que invadió las esferas de atribuciones de otros entes de la administración pública, por las razones siguientes: 1. En fecha 25 de abril del año 2012, el apoderado Legal de BÁSCULAS, constató en COALIANZA que: Está incluido el tema de pesaje en el modelo de contrato de concesión del Concurso Público Internacional para la concesión del corredor logístico Goascoran-Villa de San Antonio, San Pedro Sula-Puerto Cortes. 2. En fecha 16 de mayo del año 2012, el apoderado Legal de BÁSCULAS, constató en las oficinas administrativas de Fondo Vial, que COALIANZA no realizó consultas, ni solicitó opiniones sobre cuestiones técnicas para la elaboración de las bases del concurso público internacional para la concesión del corredor logístico Goascorán - Vía de San Antonio, San Pedro Sala-Puerto Cortés y Tegucigalpa-Vía de San Antonio, así mismo, constató que COALIANZA tampoco solicitó, ni envió nota, oficio u otro tipo de notificación, solicitando dictamen legal o técnico o consulta al Fondo Vial, para la elaboración del borrador o modelo de contrato de concesión del corredor logístico CA-5 en el cual implementan sistema de control de pesos y dimensiones de vehículos. 3. En fecha 22 de mayo del año 2012, el apoderado Legal de BÁSCULAS, constató en las oficinas administrativas de SOPTRAVI, que COALIANZA no había solicitado, a través de oficio, comunicación o cualquier otro tipo de documentación para que SOPTRAVI emitiera dictámenes técnicos en materia de pesaje, mantenimiento de carreteras o para la elaboración del borrador del contrato de concesión del corredor logístico CA-5 en el cual implementan sistema de control de pesos y dimensiones de vehículos. 4. En fecha 5 de julio del año 2012, el apoderado Legal de BÁSCULAS, constató en las oficinas administrativas de la Superintendencia de Alianza Público-Privado, que COALIANZA no había solicitado, a través de oficio, comunicación o cualquier otro tipo de documentación, dictamen técnico o legal sobre el proyecto corredor logístico CA-5 en el cual implementan sistema de control de pesos y dimensiones de vehículos, pues dicho órgano se acaba de conformar y no ha participado en dicho proceso conforme a la Ley, que como concedente de los Contratos de los proyectos CORREDOR LOGÍSTICO GOASCORÁN - VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - PUERTO CORTES” y “CORREDOR TURÍSTICO EL PROGRESO - TELA Y TRAMOS SAN PEDRO SULA - EL PROGRESO Y LA BARCA-EL PROGRESO”, equivocadamente otorga a través del proceso llevado a cabo por la COALIANZA como entidad estructurador, una autorización para que los CONCESIONARIOS de los Contratos implementen sin regulaciones técnicas o jurídicas en materia de pesaje, normas de control de pesos y dimensiones de vehículos de carga y pasajeros en los proyectos antes descritos, que el proceso llevado a cabo por el ente estructurador no cumple con los requisitos técnicos establecidos en el artículo 69 del Reglamento General de la Ley de Promoción de la Alianza Público - Privada, viciando de validez el procedimiento especial para poder determinar que los proyectos relacionados a este libelo, representa un beneficio neto para la sociedad, a través de la modalidad de la Alianza Público Privada, por las razones siguientes: 1. En fecha 6 de Junio del 2012 el Señor HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ, en su condición de Secretario de Estado en los Despachos de Finanzas (SEFIN), dirigió al Señor CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL en su condición de Presidente de COALIANZA el Oficio número CP-GDR-2012, en el cual de manera puntual señaló: a) Que no existe un monto cierto y conocido en relación a los costos en el tema de las expropiaciones; b) Que el Contrato conlleva riesgos de impacto fiscal, impacto en el endeudamiento público e impacto en el Presupuesto General de la República; c) Que se hacía necesario contar con la anuencia de SOPTRAVI para reasignar su presupuesto anual para cumplir con los montos necesarios para la ejecución de dicho proyecto; d) Que el incumplimiento de los pagos correspondiente al diferencial en el IMAG acarrean multas demasiado elevadas y que debe haber la nota de SOPTRAVI, donde acepte el futuro pago dentro de su presupuesto. 2. En fecha 8 de junio del año 2012, el apoderado Legal de BÁSCULAS, constató en las oficinas administrativas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas (SEFIN) que COALIANZA no realizó ninguna solicitud, mediante oficio, comunicación o cualquier otro tipo de documento para que la Secretaria de Finanzas, en relación al artículo 69 del Reglamento de la Ley de la Alianza Público Privada, para que emitiera dictamen técnico sobre: a) Determinar riesgos financieros y no financieros; b) Evaluar garantías; e) Determinar los compromisos futuros y d) determinar las contingencias fiscales del proyecto denominado concesión del concurso público internacional para la concesión del corredor logístico Goascorán - Vía de San Antonio, San Pedro Sula-Puerto Cortes y Tegucigalpa-Vía de San Antonio; únicamente se constató la existencia de la solicitud de emisión de nota de prioridad para dicho proyecto. 3. En fecha 20 de diciembre de 2012 la Oficina de Información Pública de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas mediante Oficio número OIP-107-12-2012 en respuesta a la solicitud de Información Pública hecha por el Abogado Jorge Torres Henríquez, actuando en su condición de Apoderado Legal de BÁSCULAS en relación a si COALIANZA realizó solicitud, mediante oficio, comunicación o cualquier otro tipo de documento para que la Secretaria de Finanzas, en relación al artículo 69 del Reglamento de la Ley de la Alianza Público Privada, emitiera dictamen técnico sobre: a) Determinar riesgos financieros y no financieros; b) Evaluar garantías; c) Determinar los compromisos futuros y d) determinar las contingencias fiscales del proyecto denominado concesión del concurso público internacional para la concesión del corredor logístico Goascorán - Vía de San Antonio, San Pedro Sula-Puerto Cortes, y Tegucigalpa-Vía de San Antonio y proyecto denominado Corredor Turístico de Honduras, carretera El Progreso-Tela y Tramos San Pedro Sula- El Progreso y La Barca-El Progreso; al respecto adjunta respuesta de la Dirección General de Inversión Pública y de la Dirección General de Crédito Público en los términos siguientes: 1.- Mediante Memorando Número DGIP-1HO-2012, de fecha 14 de diciembre de 2012, la Dirección General de Inversión Pública, informó lo siguiente: a) En cuanto a la Concesión del Corredor Logístico Goascorán - Villa de San Antonio; Tegucigalpa Villa de San Antonio - San Pedro Sula - Puerto Cortés: La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), emitió la Nota de Prioridad No. 0000044-12, faltando la correspondiente emisión del Dictamen de la Dirección General de Crédito Público (DGCP), relacionado a los riesgos financieros y no financieros, las garantías, los compromisos futuros y las contingencias fiscales, a la vez menciona que inicialmente el perfil no cumplía con los requisitos técnicos. b) En cuanto a la Concesión del Corredor Turístico de Honduras, carretera El Progreso- Tela y Tramos San Pedro Sula- El Progreso y La Barca - El Progreso: La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), emitió la Nota de Prioridad No. 0000073-12, faltando la correspondiente emisión del Dictamen de la Dirección General de Crédito Público (DGCP), relacionado a los riesgos financieros y no financieros, las garantías, los compromisos futuros y las contingencias fiscales, a la vez menciona que inicialmente el perfil no cumplía con los requisitos técnicos. c) Adjuntaba copia de los oficios: COALIANZA-301 12; DG1P-55-2012;COALIANZA- 73/12 y DGIP-104-2012.- II.- Mediante Memorándum Número DGCP- DEM-119512012, de fecha 19 de diciembre de 2012, la Dirección General de Crédito Pública, informo lo siguiente: “...se informa que la Comisión para la Promoción de Alianzas Público- Privadas (COALIANZA) no solicitó mediante oficio o cualquier otro tipo de documento la emisión de un dictamen técnico sobre los riesgos financieros y no financieros, avalúo de garantías, compromisos futuros, contingencias fiscales, vialidad financiera ni análisis costo-beneficio del Corredor Logístico (CA-5) y Corredor Turístico El Progreso-Tela.- Sin embargo, si se intercambiaron oficios y documentación referente a estos dictámenes, pero no precisamente por iniciativa de COALIANZA si no de la Secretaria de Finanzas...”, los yerros cometidos por la administración pública, señalados de forma puntual en cada uno de los extremos que anteceden, siguieron hasta llegar a su consumación, consistente en el Decreto Legislativo Número 204-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de fecha viernes 8 de marzo del 2013, mediante el cual el Congreso Nacional de la República decretó aprobar en todas y cada una de sus partes los contratos antes referidos, y autoriza a los concesionarios para que en materia de pesaje, implementen las normas vigentes de control de pesos y dimensiones de vehículos de carga y pasajeros, debiendo para tal efecto, controlar los pesos y dimensiones de los vehículos que circulen por la red vial concesionada, para lo cual podrá tener estaciones de control fijas, semifijas móviles, puestos de control o cualquier otro dispositivo electrónico equivalente, ubicados en la propia red vial concesionada. Es importante dejar claramente establecido a esta Judicatura, que dicha aprobación por parte del Poder Legislativo obedece a los requisitos legales establecidos tanto en el párrafo último del Artículo 11 de la Ley para la Promoción de la Alianza Público-Privada, así como en el artículo 205 atribución 19 de la Constitución de la República, púes para que dicho acto administrativo produzca sus efectos, requería de dicha aprobación y cuya eficacia se adquirió desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 8 de marzo de
  2. Consecuentemente pasó de ser un acto administrativo tácito a un acto administrativo expreso de carácter general, susceptible de impugnación ante la vía contencioso-administrativa, que es necesario aclarar que aun y cuando mediante artículo cuatro del Decreto Número 204-2012, se autoriza a los concesionarios para que en materia de pesaje, implementen las normas vigentes de control de pesos y dimensiones de vehículos de carga y pasajeros, su petición va encaminada a pedir que se anulen de los contratos de concesión a que se refieren los artículos 1 y 2 del mencionado decreto, todos los componentes que se refieren a la implementación del sistema de pesos y dimensiones, por estar violentándose de forma directa las disposiciones legales contenidas en la Ley del Fondo Vial, que en su conjunto recogen el criterio absoluto de que la implementación de este sistema es de la exclusiva competencia del Fondo Vial.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha veinticinco de junio del año dos mil trece, interpuso tres causas de inadmisibilidad de la demanda: 1) Cuanto el conocimiento de la acción no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2) son actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa; y 3) el escrito adolece de defectos formales que impiden al tribunal verter un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha treinta de septiembre del año dos mil trece, dictó sentencia interlocutoria declarando la inadmisibilidad de la acción y se ordena el archivo de las actuaciones, sin costas. Criterio: Que en relación a la primera causa de inadmisibilidad consistente en: “Cuanto el conocimiento de la acción no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con arreglo al capitulo 1 del titulo primero de esta Ley” esto al tenor de lo establecido en el artículo 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; como se sabe dentro del Derecho Administrativo existen decisiones que efectivamente son tomadas por las autoridades que ostentan facultades de índole administrativo, que perfectamente pudieran ser revisadas en instancias judiciales como lo es la Jurisdicción Contencioso Administrativo; pero que sin embargo la ley de dicha jurisdicción las excluye de su conocimiento por ser parte de otras ramas del Derecho, que cuentan con órganos jurisdiccionales especializados para conocer de las mismas, tales como es el Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho Mercantil y Derecho Agrario y al analizar el escrito de demanda presentado por la parte demandante encontramos que la misma hace referencia a aspectos más que suficientes para establecer que la génesis del presente conflicto es de índole civil, mediante la cual se pide la nulidad parcial y suspensión de unos contratos de concesión, circunstancias que obviamente deben ser resueltas por órganos jurisdiccionales especializados en dichas áreas.- Lo uno y lo otro es vedado de conocimiento de esta especial jurisdicción Contencioso Administrativo encargada del conocimiento de aquellos actos de la Administración Pública pero incrustados en el Derecho estrictamente Administrativo, por lo que se debe declarar con lugar la Defensa Previa alegada. Que en relación a la segunda causa de inadmisibilidad consistente en que son actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa como se dijo anteriormente en el caso de autos se hace alusión a unos contratos de concesión mismos que no son impugnables ante esta jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que ya la Ley General de la Administración Pública señala en su artículo número 116 que los actos de los órganos de la administración pública adoptaran formas de decretos, acuerdos, resoluciones o providencias siendo éstos los actos que realmente se pueden impugnar en esta jurisdicción por lo que se declara con lugar las presente defensa previa alegada. Que en relación a la tercera causa de inadmisibilidad consistente que el escrito adolece de defectos formales que impiden al Tribunal verter un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, el suscrito Juez estima en base al articulo 80 literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo relacionado a las dos causas anteriores enunciadas, que efectivamente resulta imposible para el suscrito pronunciarse en el caso de mérito ya que la parte demandante hace alusión de unos contratos de concesión por lo que se debe declarar con lugar la defensa previa alegada. Que para decretar la inadmisibilidad de la acción, ésta se decretará en el acto previo a la admisión de la demanda cuando fuere apreciada de oficio por el Tribunal, en sentencia interlocutoria de defensas previas o en sentencia definitiva una vez estudiados los antecedentes o por que la parte demandada en su escrito de contestación de demanda los haya hecho del conocimiento del Tribunal; en el caso de autos se conoce por escrito de Defensas Previas interpuestas por la parte demandada.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de febrero del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Haciendo suyo el criterio del juzgador A-Quo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia interlocutoria de fecha veinte de febrero del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.036-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 158-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, mediante providencia de fecha dos de abril del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado, en tiempo y forma, el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, representado en juicio por el abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, presentó en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha nueve del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución los Abogados NICOLAS GARCIA ZORTO y WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha nueve de mayo del año dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados NICOLAS GARCIA ZORTO y WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha veinte de febrero del año dos mil catorce y que el recurrente denuncia cuatro motivos de casación con base en los artículos 716 y 719 numeral 1 literales a) y b) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACIÓN. El Impugnante fundamenta los motivos que sustentan su recurso de casación que le da acceso a este Supremo Tribunal, en los términos siguientes: 2.1 PRIMER MOTIVO: “Interpretación indebida de los artículos: 4 y 80 en su preámbulo y literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-Precepto Autorizante: Artículo 719 numeral 1 y literal a) del Código Procesal Civil.-Explicación del Motivo: El considerando (4) del fallo impugnado, establece que el Auto Resolutivo decretado por el Juez A-quo está dictado conforme a derecho, extremo que lleva al Juez Ad-Quem a confirmar la sentencia definitiva del treinta de septiembre del dos mil trece (30/09/2013), con lo que hace suyos los fundamentos y la interpretación que hizo el Juez de Instancia, por lo cual la explicación del motivo, sin incurrir en alegatos de instancia, se formula en base a la interpretación inicial que hizo el Juez A-quo.-1.- Normas Jurídicas interpretadas indebidamente por la autoridad judicial de primera instancia: “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a) cuando su conocimiento no correspondiere a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa…”.- Artículo 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- “No corresponderán a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Las cuestiones de orden civil, mercantil laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, se atribuyan por una Ley a otra jurisdicción o correspondan al Derecho Agrario”.- Artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 2.- El concepto de la interpretación indebida del Juez A-quo: En el fallo objeto de este Recurso de Casación, según lo que expresó el Tribunal de Instancia es el siguiente: “…al analizar el escrito de demanda presentado por la parte demandante encontramos que la misma hace referencia a Aspectos más que suficientes para establecer que la génesis del presente conflicto es de índole civil, mediante la cual se pide la nulidad parcial y suspensión de unos contratos de concesión. Circunstancias que obviamente deben ser resueltas por órganos jurisdiccionales especializados en dichas áreas…”.- 3.- Hechos y Normas Legales relevantes que sustentan nuestro motivo: a.- La demanda ordinaria incoada por mi representada en contra del Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) se promueve “PARA QUE SE DECLARE NO SER CONFORME A DERECHO Y EN CONSECUENCIA SE ANULE PARCIALMENTE UN ACTO ADMINISTRATIVO EXPRESO…”; es decir, la demanda de mérito no se contrae a solicitar la nulidad parcial y suspensión de unos contratos de concesión, como equivocadamente aprecia el fallo impugnado. En consecuencia, nuestra demanda es procedente de ser conocida por esta Jurisdicción al tenor de lo estipulado en el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- b.- Mi representada no es parte contratante o beneficiaria de los contratos de concesión de los Proyectos denominados “CORREDOR LOGÍSTICO GOASCORÁN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-PUERTO CORTES” Y “CORREDOR TURÍSTICO EL PROGRESO - TELA Y TRAMOS SAN PEDRO SULA - EL PROGRESO Y LA BARCA-EL PROGRESO”; en consecuencia, al recurrir a la vía contencioso administrativa no se pretende “…la nulidad parcial y suspensión de unos contratos de concesión” que podría interpretarse como un asunto meramente civil entre las partes contratantes, sino que lo que se pretende es “QUE SE DECLARE NO SER CONFORME A DERECHO Y EN CONSECUENCIA SE ANULE PARCIALMENTE UN ACTO ADMINISTRATIVO EXPRESO…”.- c.- Mi representada no participó como OFERENTE en el proceso de licitación pública internacional, y mucho menos se pretende la impugnación de un proceso de adjudicación que impliquen la aplicación del artículo 35 de la Ley de Promoción de la Alianza Publico Privada; es decir, que no se trata de aquellos cuestiones que por disposición de una Ley se atribuyen a otra jurisdicción diferente a lo Contencioso Administrativo.- d.- En relación a que el acto administrativo de carácter general que se encuentra contenido en unos contratos de concesión, sea un asunto de naturaleza civil o administrativo, señalamos que dicha materia se trata de un asunto propio de la Administración Pública, y que además se trata de una cuestión referente al cumplimiento y efectos de contratos celebrados por el Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), lo cual se encuentra estipulado en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- e.- En relación a lo anterior, según el Tratadista del Derecho Administrativo Agustín Gordillo, en su Literatura Tratado de Derecho Administrativo, establece el concepto de Contrato de Concesión, de la manera siguiente: “…Un contrato de concesión es aquel contrato entre dos personas con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, organización y/o gestión, total o parcial, de un producto, marca o servicio, o la construcción, explotación o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso público como en el caso de las concesión que hace el estado para la construcción y administración de una autopista, puerto, aeropuerto, etc., así como aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad contratante, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valoración, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden…”.- En ese sentido el Juez A-Quo y el Juez Ad-quem, al confirmar la sentencia de primera instancia, interpreta indebidamente las normas legales aquí señaladas, y que se refieren a la jurisdicción, competencia y adecuación del procedimiento.- Mediante este recurso de casación, la parte recurrente solicita que ante la infracción de las normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, la Corte Suprema de Justicia ordene reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiera producido la falta, para que los tribunales de justicia puedan conocer y emitir sentencia sobre el fondo del asunto planteado.”.- 2.2 SEGUNDO MOTIVO: “Interpretación indebida del artículo: 116 de la Ley General de la Administración en Pública en relación al artículo 80 en su preámbulo y literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- Precepto Autorizante: Artículo 719 numeral 1 y literal a) del Código Procesal Civil.- Explicación del Motivo: El considerando (4) del fallo impugnado, establece que el Auto Resolutivo decretado por el Juez A-quo está dictado conforme a derecho; además el considerando (5) de la sentencia recurrida hace la interpretación sobre que la demanda de mérito se refiere a asuntos que no conoce el derecho administrativo por no ser decretos, acuerdos, resoluciones y providencias. Ambos extremos llevan al Juez Ad-Quem a confirmar la sentencia definitiva del treinta de septiembre del dos mil trece (30/09/2013), con lo que hace suyos los fundamentos y la interpretación que hizo el Juez de Instancia, por lo cual la explicación del motivo, sin incurrir en alegatos de instancia, se formula en base a la interpretación inicial que hizo el Juez A-quo.- 1.- Normas Jurídicas interpretadas indebidamente por la autoridad judicial de primera instancia: “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a) cuando su conocimiento no correspondiere a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa…”.- Artículo 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- “Los actos de los órganos de la Administración Pública adoptaran la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias”.- Artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública.- 2.- El concepto de la interpretación indebida del Juez A-quo: En el fallo objeto de este Recurso de Casación, según la interpretación del Tribunal de Instancia dispuso que: “…en el caso de autos se hace alusión a unos contratos de concesión mismo que no son impugnables ante esta Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que ya la Ley General de la Administración Pública nos señala en su artículo número 116 los actos de los órganos de la administración pública adoptaran formas de decretos, acuerdos, resoluciones o providencias siendo éstos los actos que realmente se pueden impugnar en esta jurisdicción…”.- 3.- Hechos y Normas Legales relevantes que sustentan nuestro agravio: a.- La demanda ordinaria incoada por mi representada en contra del Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) se promueve “PARA QUE SE DECLARE NO SER CONFORME A DERECHO Y EN CONSECUENCIA SE ANULE PARCIALMENTE UN ACTO ADMINISTRATIVO EXPRESO…”; es decir, la demanda de mérito no se contrae a la impugnación de unos contratos de concesión, como equivocadamente aprecia el fallo impugnado.- b.- El artículo 118, 119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública disponen lo siguiente: “Se emitirán por Acuerdo: … 2) Los actos de carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria. La motivación de estos actos estará precedida por la designación de la autoridad que los emite y seguida por la formula “ACUERDA”.- Art. 118 “La jerarquía de los actos a que se refieren los Artículos anteriores, será la siguiente: 1)… 2)… 3) Acuerdos de los Secretarios de Estado….- Art. 119 “Los Acuerdos, Resoluciones y Providencias serán firmados por el titular del órgano que los emite y autorizados por el funcionario que indiquen las disposiciones legales”.- Art. 122 c.- El señor Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) actuó como CONCEDENTE de los Contratos de Concesión de los proyectos denominados: “CORREDOR LOGÍSTICO GOASCORÁN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-PUERTO CORTES” Y “CORREDOR TURÍSTICO EL PROGRESO - TELA Y TRAMOS SAN PEDRO SULA - EL PROGRESO Y LA BARCA-EL PROGRESO”.- d.- Nuestra demanda no se contrae a reclamar la nulidad o la suspensión de dichos contratos de concesión, lo que se invoca, es la declaratoria de no ser conforme a derecho y en consecuencia se anule parcialmente un acto administrativo, emitido precisamente por el Señor Secretario de Estado de SOPTRAVI, y que se encuentra contenido en lo expresado en dichos contratos de concesión, pero solamente en cuanto a la materia de pesaje.- e.- Precisamente ese acto de carácter general se impugna porque se emitió sin seguir un procedimiento establecido, infringiendo el ordenamiento jurídico vigente, a través del quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cometiendo para ello exceso y desviación de poder, extremos que se acreditaran debidamente en la respectiva audiencia del juicio que se promueve.- Mediante este recurso de casación, la parte recurrente solicita que ante la infracción de las normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, la Corte Suprema de Justicia ordene reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiera producido la falta, para que los tribunales de justicia puedan conocer y emitir sentencia sobre el fondo del asunto planteado.”.- 2.3 TERCER MOTIVO: “Interpretación indebida del artículo: artículo 80 en su preámbulo y literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- Precepto Autorizante: Artículo 719 numeral 1 y literal a) del Código Procesal Civil.- Explicación del Motivo: El considerando (4) del fallo impugnado, establece que el Auto Resolutivo decretado por el Juez A-quo está dictado conforme a derecho; además el considerando (5) de la sentencia recurrida hace la interpretación sobre que la demanda de mérito se refiere a asuntos que no conoce el derecho administrativo por no ser decretos, acuerdos, resoluciones y providencias. Ambos extremos llevan al Juez Ad-Quem a confirmar la sentencia definitiva del treinta de septiembre del dos mil trece (30/09/2013), con lo que hace suyos los fundamentos y la interpretación que hizo el Juez de Instancia, por lo cual la explicación del motivo, sin incurrir en alegatos de instancia, se formula en base a la interpretación inicial que hizo el Juez A-quo.- 1.- Normas Jurídicas interpretadas indebidamente por la autoridad judicial de primera instancia: “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: e) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto”.- Artículo 80 literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 2.- El concepto de la interpretación indebida del Juez A-quo: En el fallo objeto de este Recurso de Casación, según la interpretación del Tribunal de Instancia señaló que: “…el suscrito Juez estima en base al artículo 80 literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo relacionado a las dos causas anteriores enunciada efectivamente resulta imposible para el suscrito pronunciarse en el caso de mérito ya que la parte demandante hace alusión de unos contratos de concesión por lo que se debe declarar con lugar la defensa previa alegada”.- 3.- Hechos y Normas Legales relevantes que sustentan nuestro agravio: a.- La aplicación del precepto contenido en el literal e) del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según lo declara el Juez A-quo se deriva de los hechos reconocidos indebidamente por él en cuanto a que la demanda se trata de la impugnación de unos contratos de concesión y no sobre un acto de la administración pública.- b.- Ambas premisas de inadmisibilidad han sido expuestos en el contenido de los motivos primero y segundo; en consecuencia, al admitir el Tribunal de Alzada la improcedencia de los razonamientos del Juez A-quo esta causal de inadmisibilidad debe considerarse improcedente.- Mediante este recurso de casación, la parte recurrente solicita que ante la infracción de las normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, la Corte Suprema de Justicia ordene reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiera producido la falta, para que los tribunales de justicia puedan conocer y emitir sentencia sobre el fondo del asunto planteado.”.- 2.4 CUARTO MOTIVO: “Aplicación errónea del artículo 692 del Código Procesal Civil.- Precepto Autorizante: Artículo 719 numeral 1 y literal b) del Código Procesal Civil.- Explicación del Motivo: El Considerando (4) del fallo impugnado, establece que según la interpretación del Juez Ad-Quem, corresponde el conocimiento de nuestra demanda a los Juzgados de orden Civil.- En ese mismo sentido, el Considerando (6) de la sentencia recurrida, por el contrario señala que la parte demandante, puede ejercer la acción correspondiente a través de la figura que señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- El artículo 692 del Código Procesal Civil establece el principio de prohibición de la reforma peyorativa, por la cual la resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo de la resolución recurrida.- La resolución recurrida en nuestro Recurso de Apelación, claramente disponía que según la interpretación del A-QUO la demanda incoa por mi representada se refería a un asunto civil, por el contrario, el fallo del AD-QUEM, en un momento señala que es un asunto civil, pero también afirma que se trata de un asunto de la jurisdicción contenciosa administrativa.- Con el fallo recurrido en casación, entonces se produce la reforma peyorativa, porque en una u otra instancia que se promoviera una nueva demanda, ambos tribunales podrían alegar la incompetencia con lo cual se nos cierra el acceso a los Tribunales de Justicia en una nueva demanda, en consecuencia, nos encontramos ante un fallo que infringe actos y garantías procesales que suponen la nulidad y producen indefensión.- Mediante este Recurso de Casación se pretende la correcta aplicación del artículo 692 del Código Procesal Civil y que en consecuencia, se CASE la resolución recurrida y se señale a las partes y al tribunal el procedimiento adecuado, para que, si lo desean vuelvan a ejercitar sus pretensiones.”.- III. Pero es el caso que el recurrente no ha sido claro ni preciso en la formulación de los motivos que sustentan su recurso de casación. En primer lugar, en los cuatro motivos se viola el principio contemplado en el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados y resulta que en el sub-júdice en los cuatro motivos consigna que hubo violación por “interpretación indebida” y por “aplicación errónea” de las normas, modos que no corresponden a falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Por otra parte, en la explicación de los cargos primero, segundo y tercero, no solo se insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba lo cual, de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, le es vedado a este Tribunal, sino que solicita “que ante la infracción de las normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, la Corte Suprema de Justicia ordene reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiera producido la falta…” petición que no concuerda con el precepto autorizante formulado, ya que lo solicitado alude a otra causal de casación contenida en el artículo 719 numeral
  1. literal b) del Código Procesal.- IV. Además de lo anteriormente motivado, en la formulación del primer cargo se indica como infringido el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, tal disposición comprende literales que era necesario precisar; también en el segundo motivo menciona en su explicación los artículos 118, 119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública, sin embargo tales disposiciones no fueron indicadas como infringidas o relacionadas en la formulación del motivo; y finalmente en el cuarto cargo la disposición señalada como infringida (artículo 692 del Código Procesal Civil) no tiene incidencia en el caso de mérito ni relación con lo debatido.- V. Que se ha solicitado nulidad subsidiaria de actuaciones desde inclusive la resolución recurrida de la forma siguiente: “Honorables Magistrados, el Código Procesal Civil en su Artículo 212 preámbulo y numeral 4 establece: “NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1… 2… 3… 4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esta causa, se haya producido indefensión…” De la misma manera, el Código Procesal Civil en el numeral 3 del artículo 214, dispone: “En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando está venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal…”. Por otra parte, ese mismo cuerpo legal en su artículo 1 numeral 1 establece que toda persona tiene el derecho de peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, entiéndase ésta como el derecho de acción, contenido lógico del núcleo esencial de los derechos fundamentales de la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y el principio pro actione.- El derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra implícito en lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 7 del Código Procesal Civil y constituyen las normas esenciales del procedimiento, que en el presente caso de autos han sido objeto de mancilla y por ello se ha ocasionado una indefensión a los intereses de mi representada.- De los autos se aprecia que el Juez A-Quo al proferir su resolución, y el Juez Ad-Quem al confirmar el fallo de instancia, con la sentencia que ahora se impugna, ha fundamentado su declaración de inadmisibilidad de la acción judicial, con un supuesto examen previo de nuestro libelo o como él señala “al analizar el escrito de demanda” provocando con ello arbitrariedad, obstáculos excesivos, e irrazonables exigencias con menoscabo a las leyes atinentes al pleito y que se refieren a la competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.- Cabe señalar que una vez que nuestra acción fue presentada al Tribunal de Instancia, existió una revisión inicial, y el resultado de ese examen o de ese análisis concluyó con la firma del auto de admisión de la demanda, pues la misma si se trata de un asunto contencioso administrativo, en ese momento procesal el Juez verificó que nuestra acción y el escrito de la demanda cumplía con los requisitos que permitían la admisibilidad de la acción, obviamente sin entrar al fondo del asunto.- Posteriormente, surge la declaratoria judicial de inadmisibilidad, y que ahora constituye la Resolución Impugnada, que atenta contra el derecho de acción y la tutela judicial efectiva, esto debido a que el Juez debe rechazar la acción y no el escrito de la demanda, dado que las pretensiones de la acción serán resueltas en el fallo definitivo, con el fallo impugnado el Juez cuestiona el escrito de la demanda porque simplemente dice que nuestro libelo hace referencia a un CONTRATO DE CONCESIÓN, y de ahí y mediante una amplia interpretación del artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, concluya que se trata de una cuestión del orden civil. Con ello el Juez ha entrado al conocimiento del fondo de la cuestión debatida y para no conocer del juicio impone obstáculos excesivos y requisitos ilegales, como señalar que la acción debería ser promovida ante el orden civil, atentando contra el principio PRO ACTIONI.- La interpretación errónea que a priori señala nuestra demanda como un asunto civil, conlleva que por meras formalidades no esenciales, se impida el conocimiento del fondo de la cuestión debatida; no se trata de un argumento jurídico, porque conocemos que el derecho de acción y la tutela judicial efectiva no se vulneran con toda respuesta judicial que declara con lugar unas defensas previas, como es el caso, si nuestra acción hubiese sido promovida fuera del plazo legal, o sin agotar un procedimiento administrativo previo o como se nos pretende, o si fuéramos parte del contrato de concesión y reclamáramos una acción en cuanto a la ejecución del mismo.- Señalamos que porque el libelo de la demanda haga referencia a la existencia de CONTRATOS DE CONCESIÓN, no debe o no puede concluirse que se trata de un asunto civil, cuando la acción se promueve “PARA QUE SE DECLARE NO SER CONFORME A DERECHO Y EN CONSECUENCIA SE ANULE PARCIALMENTE UN ACTO ADMINISTRATIVO EXPRESO” con lo cual la tutela judicial efectiva implica que nuestra acción o demanda será objeto de un proceso o controversia desarrollado en la correspondiente audiencia del juicio oral, y que esa petición conllevará una sentencia, sea favorable o desfavorable a nuestra pretensión.- En ese orden de ideas, reclamamos que nuestra acción corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo según se explicó en los agravios uno y dos de este escrito y entonces, estamos amparados en nuestro derecho de acción que es el derecho de las personas a exigir de los órganos jurisdiccionales, mediante el proceso, la resolución de una controversia o de una petición, independientemente de que obtengan o no sentencia favorable. La acción pone en movimiento a la jurisdicción y la forma lógica y legal de su extinción es la sentencia que finaliza definitivamente el proceso.- Es así Honorables Magistrados, que ajustados al marco de la doctrina moderna y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 700 del Código Procesal Civil, señalamos que el Juez A-quo, al desconocer el asunto planteado a su conocimiento a través de la interposición de nuestro libelo hecho con fundamento en la normativa legal que regula la materia, HA CAUSADO LA NULIDAD DE SUS PROPIAS ACTUACIONES, ya que comete el yerro de emitir su resolución, prescindiendo de normas esenciales del procedimiento, que en su conjunto han producido INDEFENSIÓN, a mi Representado, al dilapidar su derecho al debido proceso, que hubiese culminado con una resolución de fondo justa y motivada en derecho, obstaculizando de manera arbitraria el acceso a una tutela judicial efectiva de la acción.- VI. Que revisado el proceso y la sentencia impugnada este Tribunal concluye que lo alegado por el Recurrente en cuanto a que “… De los autos se aprecia que el Juez A-Quo al proferir su resolución, y el Juez Ad-Quem al confirmar el fallo de instancia, con la sentencia que ahora se impugna, ha fundamentado su declaración de inadmisibilidad de la acción judicial, con un supuesto examen previo de nuestro libelo o como él señala “al analizar el escrito de demanda” provocando con ello arbitrariedad, obstáculos excesivos, e irrazonables exigencias con menoscabo a las leyes atinentes al pleito y que se refieren a la competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo...” para los efectos de la nulidad no tiene ningún asidero, pues examinada la misma y el proceso no se observa que con las actuaciones tanto del a-quo confirmadas por el ad-quem se haya violado el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, puesto que la inadmisibilidad de la acción puede ser decretada ya en el acto previo a la admisión de la demanda cuando fuere apreciada de oficio por el tribunal, en sentencia interlocutoria de defensas previas o en sentencia definitiva una vez estudiados los antecedentes o por que la parte demandada en su escrito de contestación de demanda los haya hecho del conocimiento del Tribunal y en el caso de autos se conoció por escrito de Defensas Previas interpuestas por la parte demandada, resueltas mediante sentencia interlocutoria, la que fue recurrida por la parte demandante y confirmada por el tribunal de segunda instancia, por ende la nulidad de actuaciones solicitada debe declararse sin lugar.- VII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que todo recurso de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VIII. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulado en la causa prevista en el numeral 2) Literal a) del artículo 723 relacionado con el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil.- IX. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y sin lugar la nulidad absoluta solicitada, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1) 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a), 721 numeral 2) 723 numeral 2) literal a) y, 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de octubre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintidós de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 318-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL