Sentencia CA-317-14 — Registro 4701
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía, en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que elcasacionista no ha sido claro en la formalización del cargo en el recurso de casación que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia. En primer lugar omite establecer el precepto autorizante; asimismo no precisa ni justifica la incidencia de la norma señalada como infringida por interpretación errónea en el sentido de la resolución impugnada; el artículo 56 de la Ley de Servicio Civil no aparece que haya sido aplicado por el ad-quem y por ende, menos que haya sido objeto de interpretación por la Corte recurrida, por lo cual no era esa la vía adecuada para el ataque del fallo, por lo que realmente se observa que el recurso es carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada y es evidente que el único motivo se ve afecto a lo establecido en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que el casacionista no ha sido claro en la formalización del cargo en el recurso de casación que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia. En primer lugar omite establecer el precepto autorizante; asimismo no precisa ni justifica la incidencia de la norma señalada como infringida por interpretación errónea en el sentido de la resolución impugnada; el artículo 56 de la Ley de Servicio Civil no aparece que haya sido aplicado por el ad-quem y por ende, menos que haya sido objeto de interpretación por la Corte recurrida, por lo cual no era esa la vía adecuada para el ataque del fallo, por lo que realmente se observa que el recurso es carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada y es evidente que el único motivo se ve afecto a lo establecido en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación.- III. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver sentencias expedientes números SL 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13 y 621-13).- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, representado en juicio por el abogado JUAN CARLOS BARAHONA MENDOZA; y, Recurrido: el señor JERSON WADY ESCOBER NAVARRO, representado en juicio por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia personal contraída a pedir la nulidad de un acto administrativo consistente en el acuerdo de cancelación No.1208-2012 de fecha 14 de marzo del año 2012 dictado por la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se dicten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, que se declare la ilegalidad de actos administrativos, reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, daños y perjuicios, intereses, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JERSON WADY ESCOBER NAVARRO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con el Estado de Honduras el 01 de noviembre de 1995, en el cargo de Auxiliar de Migración, posteriormente, fue ascendido al puesto de Inspector de Migración según acuerdo No.1315-2010 de fecha 29 de octubre de 2010; que en fecha 16 de abril de 2012, la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, le notificó al demandante el acuerdo No.1208-2012 de fecha 14 de marzo del 2012, contentivo de la cancelación por cesantía del cargo que desempeñaba como Inspector de Migración, siendo ilegal dicho despido ya que se ha violado el ordenamiento jurídico al no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en lo referente a la cesantía; que el demandante nunca fue sometido a ninguna evaluación periódica antes del despido, por lo que se considera el mismo ilegal e injusto, ya que todos los actos de la administración pública deberán ajustarse a la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico y que no se podrán ejecutar actos que disminuyen o restrinjan los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República y que en el presente caso se demuestra las infracciones cometidas al ordenamiento jurídico.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, contestó dicha demanda señalando que consta en el expediente administrativo que el demandado emitió el acuerdo de cancelación No.1208-2012 de fecha 14 de marzo del 2012, mediante el cual determinó la cancelación por cesantía del nombramiento del demandante en el cargo que desempeñaba, dando estricto cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, para tal efecto el demandado fue autorizada mediante la acción de personal No.21-2012 de fecha 30 de mayo del 2012, emitida por la Dirección de Servicio Civil que contiene el acuerdo por el cual se autoriza a cancelar por cesantía al demandante según lo establece la Ley de Servicio Civil, de conformidad con el artículo 53 y el artículo 188 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de noviembre de dos mil trece, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor Jerson Wady Escober Navarro, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía número 1208-2012 de fecha 16 de abril del 2012, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Interior y Población, por medio del cual se canceló por cesantía al demandante, anulando dicho acuerdo de cancelación; reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar al demandante al cargo de Inspector de Migración de la Secretaría de Estado en el Despacho de Interior y Población; condenó al Estado de Honduras, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea restituido en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, decimotercer mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que se concluye que a pesar de que corre agregada documentación pertinente al hecho de que se le realizó la consulta al Consejo de Servicio Civil quien autorizo la procedencia de la cesantía, no obstante no corre agregada documentación que refleje que se realizaron los demás requisitos imprescindibles para cumplir con la cesantía como ser: La evaluación periódica de cada uno de ellos, así como los años de servicio en la Administración Publica, la autoridad nominadora después de haber emitido el acuerdo de cancelación debe enviar a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que sean inscritos con derecho preferente en el registro de reingreso, normas que son de estricto cumplimiento ya que se encuentran vigentes, infringiendo la autoridad nominadora lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento; aunado a lo anterior, no se notificó con un mes de anticipación el acuerdo de cancelación al ahora demandante tal y como lo establece el articulo 191 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil el cual estipula “La cesantía deber ser notificada al servidor público con un mes de anticipación por lo menos”.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha tres de abril de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado JUAN CARLOS BARAHONA MENDOZA, presentó en fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha tres de abril de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.102-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.164-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, presentó en fecha cinco de junio de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cinco de junio de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha seis y diecinueve de junio de dos mil catorce, los abogados PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO y JUAN CARLOS BARAHONA MENDOZA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha uno de agosto de dos mil catorce, teniendo por personados en tiempo y forma a los abogados PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, como recurrido y JUAN CARLOS BARAHONA MENDOZA, como recurrente, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.- DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Interpretación errónea de los Artículos 56 párrafo primero, de la Ley del Servicio Civil reformado conforme decreto No.150-88, relacionado con los Artículos 196 y 197 del Reglamento de la misma Ley. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la Sentencia Impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Sentenciador establece que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; Que el acto administrativo impugnado no esta ajustado a derecho y por consiguiente es nulo; Mi representado emitió el acto administrativo impugnado conforme a derecho, siguiendo con el procedimiento establecido, en la Ley de Servicio Civil, de conformidad con el articulo 53 literal b) y los artículos 189, 190 de su Reglamento; En la Sentencia dictada en segunda instancia, confirma la sentencia de fecha veinte (20) de noviembre del año 2013, razón que motiva la interposición del Recurso de Casación”.- II. Que el casacionista no ha sido claro en la formalización del cargo en el recurso de casación que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia. En primer lugar omite establecer el precepto autorizante; asimismo no precisa ni justifica la incidencia de la norma señalada como infringida por interpretación errónea en el sentido de la resolución impugnada; el artículo 56 de la Ley de Servicio Civil no aparece que haya sido aplicado por el ad-quem y por ende, menos que haya sido objeto de interpretación por la Corte recurrida, por lo cual no era esa la vía adecuada para el ataque del fallo, por lo que realmente se observa que el recurso es carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada y es evidente que el único motivo se ve afecto a lo establecido en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación.- III. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver sentencias expedientes números SL 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13 y 621-13).- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 317-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL