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Sentencia CA-315-14 — Registro 5372

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.- Que el anterior motivo resulta ser inadmisible, ya que ataca el fallo por interpretación errónea de una norma procesal, pero sin exponer en que forma se materializó la misma, como tampoco cual sería la interpretación correcta de esa disposición. Además pide la Recurrente, al mismo tiempo, el control de la motivación fáctica de la sentencia, cuando esa situación debió haberla expresado en otro cargo y en forma separado e independiente, debiendo sustentarlo además en el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil.-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

De igual forma resulta inadmisible el cargo que antecede, debido a que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) olvida que el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil contiene 2 párrafos, que hacen referencia a situaciones jurídicas diferentes y por ello debió precisar a cual de ellos dirige su ataque; en adición, el segundo de ellos fue derogado tácitamente, con la vigencia de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; b) insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no es permitido realizar en este extraordinario recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación se invocan como infringidas, normas que no han sido indicadas como violadas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 280 y 281 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.- V

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y Recurrido: La abogada KAREN ORALIA MARADIAGA NAJAR, quien actúa en causa propia.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para pedir se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por ser un acto ilegal, arbitrario e injusto, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro, salarios caídos dejados de percibir, promovida por la abogada KAREN ORALIA MARADIAGA NAJAR, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), representada en juicio por la abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició a laborar con la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por el sistema de jornal o planilla a partir del 11 de junio del 2005, asignada en la Sub-Gerencia de Recursos Humanos y pagada por la Planilla J-01 de oficina del Secretario, desempeñándose funcionalmente en el puesto de Técnico de Personal. Continua manifestando, que posteriormente se le nombró por el sistema de acuerdo a partir del 2 de octubre del 2006, en el puesto nominal de Auditor Interno II, siendo cancelada por cesantía de su puesto de trabajo en fecha 15 de octubre del 2010, sin reunir los requisitos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, sin importarles el hecho de que en esa fecha se encontraba en período de lactancia.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que rechaza lo manifestado por la parte demandante, en vista que para la cancelación por cesantía de la ahora demandante, se siguió el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en vista que se ha cancelado por el motivo contemplado en el numeral 2, del articulo 53 de la Ley de Servicio Civil y que consiste en la reducción de servicios o de personal para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa, ya que previamente fue autorizada dicha cesantía por el Consejo de Servicio Civil, mediante Oficio D.M.183- 2010. Continua aduciendo que a la demandante no se le violentó su derecho al goce del periodo de lactancia, ya que de acuerdo a la nota de solicitud de permiso, manifestó que eran 8 días los restantes para culminar su período de lactancia.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de noviembre de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando PROCEDENTE la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía No.0912 de fecha 06 de octubre del 2010, emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en consecuencia lo anula totalmente, asimismo que se reconozca la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: adoptar el reintegro de la demandante señora KAREN ORALIA MARADIAGA NAJAR al cargo de Auditor Interno II, de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, por ser el cargo que estaba nombrada. Condenar al Estado de Honduras al pago a favor de la demandante en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad de su acuerdo de cancelación 15 de octubre del 2010, hasta el día en que se ejecute el presente fallo y demás derechos que le pudieran corresponder.- Se decreta, en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante, sin costas; bajo el criterio que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado a la demandante la evaluación periódica respectiva, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada, por lo cual está vigente y es de obligatorio cumplimiento. Asimismo, se observa que a la demandante no se le tomaron en cuenta sus años de servicio en la Administración Pública, que después de emitido el acuerdo de cancelación, la autoridad nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que la demandante sea inscrita con derecho preferente en el registro de reingreso, es decir, no se acreditaron en el juicio elementos indispensables que debe de cumplir la Autoridad Nominadora para prescindir de los servicios de la afectada por la cesantía, lo que hace que dicho acto infrinja el ordenamiento jurídico, al no realizar el procedimiento tal como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 187, 188, 189 y 190 de su Reglamento de Aplicación.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de marzo del dos mil catorce, dictó sentencia declarando SIN LUGAR el recurso de apelación y confirma la sentencia definitiva venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que la sentencia definitiva venida en recurso de apelación está dictada conforme a derecho, en virtud que la apelante alega que la cancelación del demandante se realizó conforme a derecho, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y en base a la potestad que le concede el articulo 53 párrafo segundo de la ley de Servicio Civil y conforme al articulo 54 de la misma Ley; sin embargo, la referida Ley establece los requisitos y el procedimiento para que la Autoridad Nominadora pueda prescindir de los servicios de un servidor público por cesantía, no constando en autos se haya realizado totalmente el procedimiento establecido en dicha Ley para la cancelación de la demandante, por lo cual, el acto impugnado se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable, siendo por lo tanto nulo al haberse dictado sin seguir totalmente para su emisión el procedimiento establecido, ya que todas las disposiciones relacionadas a la cancelación por cesantía están vigentes, por lo cual son de obligatorio cumplimiento.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en fecha siete de abril del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de marzo del dos mil catorce, en el expediente de apelación No. 034-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 632-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogada KAREN ORALIA MARADIAGA NAJAR, presentó en fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiséis de mayo del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha once y trece de junio del dos mil catorce, las abogadas KAREN ORALIA MARADIAGA NAJAR y MARILUZ MARTINEZ MEJIA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la abogada KAREN ORALIA MARADIAGA NAJAR, presentó escrito en fecha trece de junio del dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida y mediante providencia de fecha uno de agosto del dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, determinó tener por personada en tiempo y forma como recurrida a la abogada KAREN ORALIA MARADIAGA NAJAR y por precluìdo el termino concedido a la abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en su condición de apoderada legal del Estado de Honduras, en consecuencia se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Ser la Sentencia recurrida violatoria por interpretación errónea del Artículo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil. Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral 1 literal c) del código procesal civil. LA INFRACCION LA EXPLICO ASI: El articulo 208 numeral 1, reza: “Las Sentencias deber ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito” Siendo lo correcto haber interpretado: Que de acuerdo a que las sentencias deben de ser claras precisas y congruentes con las demandas y con los demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate Falla: PRIMERO: Declarar procedente la Acción incoada por la demandante señora KAREN ORALIA MARADIAGA NAJAR quien actúa en causa propia, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número 0912 de fecha 06 de octubre del 2010. Emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) por medio de la cual se cancela del cargo de Oficial Jurídico 1.- SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento resuelve: Adoptar el reintegro de la demandante Señora DORA SUYAPA RIVERA SIERRA AL CARGO DE OFICIAL JURIDICO 1 de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI).- TERCERO: : Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Obras Publicas Transporté y Vivienda, al pago a favor de la demandante en concepto de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta el día en que se ejecute la presente sentencia y demás derechos que le pudieran corresponder. CUARTO: que se decrete en su caso la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante. En el caso que nos ocupa Honorable Corte, el A-quen, al confirmar el fallo de primera instancia lo hace suyo, y se coloca de rebeldía, cuando, actuando fuera de las pretensiones de la demandante y al margen de la ley, otorga a esta PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE SU CANCELACION HASTA LA FECHA EN QUE ESTA SEA RESTITUIDA EN SU CARGO, Y DEMAS DERECHOS QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER- DECRETANDO EN SU CASO LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, POR EL CUAL SE HAYA NOMBRADO AL SUSTITUTO DE LA DEMANDANTE. Razón por el cual procede se realice el control de la motivación fáctica, a efecto de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico de la forma y contenido de la sentencia, por considerar que dicho control es determinante para que el fallo haya sido diferente. Siendo procedente, por lo tanto, Casar la sentencia impugnada en el presente motivo, o en su defecto ordenar que se anule la sentencia de primera instancia.”.- II.- Que el anterior motivo resulta ser inadmisible, ya que ataca el fallo por interpretación errónea de una norma procesal, pero sin exponer en que forma se materializó la misma, como tampoco cual sería la interpretación correcta de esa disposición. Además pide la Recurrente, al mismo tiempo, el control de la motivación fáctica de la sentencia, cuando esa situación debió haberla expresado en otro cargo y en forma separado e independiente, debiendo sustentarlo además en el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil.- III.- Que en el segundo motivo se esgrime: “Ser la Sentencia recurrida violatoria por interpretación errónea del artículo 55 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el articulo 38 literal g), j) y k) del mismo cuerpo de ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra Comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. LA INFRACCION LA EXPLICA ASI: El articulo 55 de la Ley de Servicio Civil preceptúa: “Siempre que la autoridad nominadora haga uso de los facultades excepcionales que le confiere el articulo 53 de esta Ley deberá cumplir con lo estatuido en los literales g) y j) del articulo 38 de la presente ley, en lo que proceda, sin perjuicio de los derechos que le correspondan”. A su vez el articulo 38 establece: “Los servidores públicos protegidos por esta Ley y sus Reglamentos gozarán de los derechos siguientes: a)...,b)..., c)...d)..., e)...; f)... g) A ser reintegrados a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario, o ser indemnizados en aquellos casos en que fueren injustamente despedidos. Cuando el reintegro no fuere posible o no lo decida así el empleado despedido injustificadamente, tendrá derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de 15 años tomando como base el promedio de los últimos seis meses de salario devengado... Deberá agregarse asimismo, el valor correspondiente a un mes de sueldo en concepto de preaviso por cada año de servicio hasta un máximo de dos años. h)..., i)...j) En caso de que los servidores públicos fueren cancelados sin justa causa tendrán derecho al pago de vacaciones, aguinaldo y cesantía proporcional. k).- Al pago de Salarios Caídos cuando el Servidor fuere despedido o cancelado de su cargo sin causa justificada, conforme a lo establecido en las leyes del Estado. De la interpretación de las precitadas normas legales, es fácil observar que el fallo dictado en primera instancia y que el A-quen hace suyo, es contradictorio en virtud que interpretando erróneamente lo preceptuado en el articulo 55 y 38 literal g) y j) de la ley de Servicios Civil. Obliga a mi representado a reintegrar a la demandante sin concederle a éste decidir sobre la posibilidad del mismo... tal como lo indica el literal g), específicamente cuando reza “Cuando el reintegro no fuere posible....” De igual manera en contradicción a lo preceptuado en el precitado artículo 55 referente a que se cumpla con lo estatuido en los literales g) y j) del artículo 38, el juzgador hace además aplicación del literal k) de dicho artículo. Condenando a mi representante al Pago de Salarios Dejados de percibir.- Otorgando al demandante beneficios por dos conceptos sumamente diferentes y excluyentes entre si. Procede el Pago de los salarios caídos o dejados de percibir, únicamente cuando se ha prescindido de los servicios del trabajador de conformidad a lo preceptuado en el Artículo 47 de la Ley de Servicio Civil y sin ninguna responsabilidad en el pago de prestaciones. Por lo anteriormente expuesto cabe manifestar que al haber la Corte acusada interpretado la normativa jurídica de la forma en que lo hizo se colocó en rebeldía, razón por la cual procede se case la sentencia impugnada en el presente motivo, o en su defecto se ordene se anule la Sentencia de primera instancia.”.- IV.- Que este cargo también resulta inadmisible, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la disposición señalada como violada por interpretación errónea, si bien fue citada por el a-quo y al ser confirmada por el ad-quem este la hizo suya, la misma no ha tenido la incidencia señalada para resolver la controversia, tampoco se señala la interpretación correcta de dicha disposición; y, b) en su explicación se invoca como infringida, una norma que no ha sido indicada como violada en su formulación, tal es el caso del artículo 47 de la Ley de Servicio Civil; sosteniéndose además, de que bajo esa norma y las demás citadas, el servidor público al ser despedido de su trabajo no tendría derecho al pago de los salarios dejados de percibir, como que es el empleador el que tiene la opción de decidir si se concede la reinstalación o el pago de las prestaciones laborales, lo cual no se ajusta al derecho de estabilidad laboral previsto en el artículo 129 de la Constitución de la República.- V.- Que la Recurrente como tercer motivo de casación sostiene: “Ser la Sentencia recurrida violatoria interpretación errónea del artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el artículo 282 de su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. LA INFRACCION LA EXPLICO ASI: El artículo 282 del reglamento de la Ley de Servicio Civil preceptúa “El Servidor Público, que considere, que la Cesantía no fue hecha por las Causales enumeradas en el articulo 53 de la Ley y/o con inobservancia del procedimiento establecido, podrá recurrir al Consejo, en el término improrrogable de diez días contados a partir de la fecha del Acuerdo Cancelación”. El articulo 280 y 281 del mismo reglamento establecen: Artículo 280.-La autoridad nominadora, podrá prescindir de los servicios de las personas afectadas por la cesantía, deberá tomar en cuenta los resultados de: a) La evaluación periódica de cada una de ellos; b) Los años de servicios en la Administración Publica. c) La condición de ser padre de familia pobre con cinco o más hijos menores. Articulo 281.-Despues de emitido el acurdo de cancelación correspondiente, la nomina de los cesantes deberá ser enviada por la autoridad nominadora, a la Dirección General, dentro del término de 7 días hábiles, para que los empleados cesanteados, sean inscritos con derecho en el registro de reingreso. Y en el caso que nos ocupa la Corte Sentenciadora emplea de fondo la precitada normativa jurídica e interpretándola erróneamente se pronuncia Considerando Quinto Se acredita que la Ahora demandante no se le siguió el procedimiento legal establecido para la emisión de la cesantía, en vista que en él, expediente no existe documento alguno que acredite que a la demandante se le hayan realizado evaluaciones periódicas en su desempeño, anulando de este manera el acuerdo de cancelación Numero 0912-2010 y condenando a mi representado entre otros a reintegrar a la demandante al cargo en que se desempeñaba y a pagarle sueldos desde la fecha de cancelación hasta que sea reintegrado. Para que la Corte Sentenciadora hubiese emitido un fallo de conformidad a derecho, debió haber interpretado tal normativa bajo los siguientes términos: Que si bien cierto del examen de autos y de conformidad a lo señalado en los artículos 280 y 281 del Reglamento de Ley de Servicio Civil, se concluye que la Autoridad Nominadora no agoto en su totalidad el procedimiento establecido para proceder a la cesantía .- No es menos cierto que la demandante no acredito que, en atención a lo preceptuado en el articulo 282 del mismo Reglamento, haya recurrido al consejo, en el termino improrrogable de diez días, contados a partir de la fecha de la notificación del Acuerdo de cancelación a realizar reclamo alguno.- Situación esta que convalida la inobservancia del procedimiento establecido, no procediendo por lo tanto la anulación del acuerdo de cesantía reclamado “. Por lo anteriormente expuesto cabe manifestar Honorable Magistrados, que al haber la Corte Acusada interpretado la normativa jurídica de la forma en que lo hizo, se colocó en rebeldía y al haber Anulado totalmente el Acuerdo por medio del cual se canceló por Cesantía a la demandante, causo daños y perjuicios en el presupuesto de mi representado, obligándolo a transgredir normas constitucionales y presupuestarias.- Razón por la cual procede casar la Sentencia impugnada en el presente motivo, o en su defecto mandar que se anule la sentencia de primera instancia.”.- VI.- De igual forma resulta inadmisible el cargo que antecede, debido a que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) olvida que el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil contiene 2 párrafos, que hacen referencia a situaciones jurídicas diferentes y por ello debió precisar a cual de ellos dirige su ataque; en adición, el segundo de ellos fue derogado tácitamente, con la vigencia de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; b) insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no es permitido realizar en este extraordinario recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación se invocan como infringidas, normas que no han sido indicadas como violadas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 280 y 281 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.- VII.- Que existe línea jurisprudencial que establece sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales (ver sentencias expedientes números SL 516-12, 539-13, 540-13, 562-13, 573-13, 621-13, 654-13 y 704-13) y la Recurrente no expone ninguna situación que pudiera permitir la evolución de esa línea.- VIII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición, se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IX. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de octubre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 315-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL