Sentencia CA-311-14 — Registro 4700
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que no basta con una causa de finalización del contrato si no una cláusula de incumplimiento del mismo ya que se violentan garantías del contratista al prescindir de sus servicios de manera unilateral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega formas distintas de violar la Ley al referirse a la aplicación e interpretación de la norma, las que debió formular de forma clara, separada e independiente; b) La disposición señalada como violada articulo 3) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, contiene varios literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar contra cuál de ellas dirige su ataque; c) en su explicación señala normas que no han sido citadas como violadas, tal es el caso del artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado; y, d) no establece de forma clara una explicación de su motivo, sino que se limita a transcribir las normas señaladas, quedando en evidencia la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en los artículos 704 y 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada la última ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ; y, Recurrida: señora ANA RAQUEL TABORA CARRASCO, representada en juicio por el abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento, pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de marzo del dos mil once, por la señora ANA RAQUEL TABORA CARRASCO, mayor de edad, casada, Licenciada en Administración de Empresas, hondureña y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que inició su relación laboral mediante contrato de servicios profesionales suscrito en fecha ocho de mayo del dos mil nueve, en el cargo de Coordinadora Administrativa bajo el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), consignando el periodo que estaría vigente siendo del ocho de mayo al treinta de diciembre del dos mil nueve; en fecha veintiocho de julio del mismo año se hizo un adendum y modificación del cargo que ahora seria de Asistente de Subgerencia de Presupuesto, por medio del Secretario por Ley abogado ROBERTO SANCHEZ VASQUEZ, notificándole la decisión unilateral de la finalización del contrato antes de la fecha estipulada, por lo que procedió a realizar reclamo administrativo para cumplir con la obligación contraída emitiendo resolución declarando sin lugar e interponiendo recurso de reposición, siguiendo el trámite de ley.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, contestó dicha demanda señalando que en la cláusula octava del dicho contrato se señalan las causas por las cuales se podía rescindir el contrato y en su numeral e) estipula la finalización unilateral bastando la notificación del mismo, no lesionándole sus derechos.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en fecha seis de junio del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, anulándolo, reconociendo la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve el pago de los meses restantes del contrato siendo un total de L.72,000.00, decimotercer mes proporcional y decimocuarto mes completo siendo un total de L.27,000.00, no reconociendo el pago de los intereses solicitados en vista de no haber acreditado el derecho al pago de los mismos y sin costas; bajo el criterio que de acuerdo al principio de libertad de pactos la Administración podrá terminar un contrato siempre y cuando no infrinja el ordenamiento jurídico, debiendo la Secretaría estipular la justa causa para la terminación, no acreditando la misma por lo cual se violentó el debido proceso establecido en la Ley de Contratación del Estado y la Constitución de la República.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de marzo del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto y sin costas; bajo el criterio que no basta con una causa de finalización del contrato si no una cláusula de incumplimiento del mismo ya que se violentan garantías del contratista al prescindir de sus servicios de manera unilateral, debiéndole cancelar las cantidades que dejó de percibir hasta la fecha que finalizaba, estando protegido por lo estipulado en el artículo 3 de la Ley de lo Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, en fecha veinticinco de abril del dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha seis de marzo del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.044-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 097-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem mediante providencia de fecha veintiocho de abril del dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, presentó en fecha tres de junio del dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cuatro de junio del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha trece de junio del dos mil catorce, a los abogados CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA y GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha uno de agosto de dos mi catorce, teniendo por personados a los abogados CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA y GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Este motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Sirve de fundamento autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA APLICACIÓN SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugna la aplicación e interpretación de la norma procesal contenida en el artículo 3) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo utilizada por el tribunal juzgador como único fundamento de derecho en la que baso su sentencia. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La norma contenida en el artículo 3) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el presente caso no ordena que al interrumpirse el contrato por causas imputables al demandado se le deben de cancelar al demandante las cantidades de dinero que dejo de percibir. El artículo 3) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión, y efectos de los contratos regulados por la ley de contratación del estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes del estado, por las municipalidades y por las instituciones autónomas y todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los poderes del estado. b) Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales; c) La ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la ley de la carrera judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones. ch) Lo relativo a los actos particulares o generales, emitidos por las entidades de derecho público, tales como colegios profesionales y cámaras de comercio e industrias, siempre que la Ley no los sometiere a una jurisdicción especial, así como el cumplimiento, interpretación, resolución, y efectos de los contratos celebrados por estas entidades, cuando tuvieren por finalidad obras y servicios públicos de toda especie; y, d) Las cuestiones que una ley le atribuya especialmente. El artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado establece: causas de resolución. Son causas de resolución de los contratos: 11) las demás que establezca expresamente el contrato. FUNDAMENTANDOSE EN LO ANTERIOR LA SECRETARIA DE EDUCACION ACTUO DE CONFORMIDAD A DERECHO CUANDO DA POR FINALIZADO EL CONTRATO 336-2009, EN BASE A LA CLAUSULA OCTAVA INCISO E)”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega formas distintas de violar la Ley al referirse a la aplicación e interpretación de la norma, las que debió formular de forma clara, separada e independiente; b) La disposición señalada como violada articulo 3) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, contiene varios literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar contra cuál de ellas dirige su ataque; c) en su explicación señala normas que no han sido citadas como violadas, tal es el caso del artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado; y, d) no establece de forma clara una explicación de su motivo, sino que se limita a transcribir las normas señaladas, quedando en evidencia la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en los artículos 704 y 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV.- Adicionalmente resulta pertinente señalarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes con el o los motivos alegados.- V. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha doce de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 311-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL