Sentencia CA-305-13 — Registro 17909
Resumen
En primer instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación de la demandante, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido para estos casos, en la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal; b) no precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) formula alegatos de instancia; y, d) en la situación planteada por el Recurrente, resulta que el apoderado de la parte demandante realizo actuaciones posteriores que además de dar cumplimiento a la resolución de fecha 11 de agosto de 2008, es decir con conocimiento del proveído, convalidan las actuaciones que a ese momento procesal corresponden únicamente a la parte que representa; por otro lado, la parte demandada se incorporó en el proceso sin formular en aquel momento el argumento del presente motivo de casación, a través de los medios y recursos procesales a su alcance, por lo tanto se convirtió en un acto consentido por el impetrante y que ahora resulta extemporáneo; finalmente el acto de comunicación surtió el efecto que se pretendía con lo cual no se observa vicio que acarree o suponga la nulidad de lo actuado.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. En vista de lo anteriormente señalado se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el Artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno, y ordenar la remisión de las actuaciones al Tribunal correspondiente.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del Congreso Nacional, representado en juicio por el abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, y la recurrida: IVONNE LIZETH ARDON ANDINO, representada en juicio por el abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial para la declaración de no ser conforme a derecho y la anulación de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cancelación ilegal e injusta del nombramiento de la demandante y como medidas para su pleno restablecimiento el pago de las prestaciones e indemnizaciones correspondientes y los sueldos dejados de percibir a partir de la fecha de la cancelación hasta la ejecución del fallo que declare procedente la acción, haciendo el cálculo del reajuste del arancel del profesional del periodista sobre los sueldos que se dejaren de percibir, salarios adeudados al momento de la cancelación, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora IVONNE LIZETH ARDON ANDINO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del Congreso Nacional, representado en juicio por el abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició la relación laboral con el Congreso Nacional en fecha 4 de mayo del año 1998, en el puesto de Asistente de Bancada mediante Acuerdo de Nombramiento, el cual se encuentra en el expediente de personal en el Poder Legislativo (Congreso Nacional); que el acto administrativo en el cual se pide la declaración de no ser conforme a derecho y subsecuentemente la nulidad del mismo, le fue notificado en fecha 10 de abril del año 2008, cuatro meses después de haber sido emitido, siendo totalmente extemporánea la notificación, además de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Procedimientos Administrativos en relación al articulo 19 de la Ley del Congreso Nacional que literalmente dice: “Las acciones disciplinarias o de cancelación o despido justificado por parte de la entidad empleadora prescriben en el término de 30 días, contados a partir de la fecha en que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaría”, por lo que al ser emitida el 30 de noviembre del 2007 efectiva a partir del 1 de diciembre de 2007 y notificada el 10 de abril de 2008 la acción estaba totalmente prescrita; con todo lo anteriormente expuesto, se pone en evidencia, la infracción del ordenamiento jurídico, el quebrantamiento de las formalidades esenciales del Derecho a la Defensa, que dieron lugar a la cancelación ilegal e injusta del cargo que ocupaba la demandante.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, contestó dicha demanda señalando que se puede constatar en el expediente administrativo que se acompaña y que tiene a bien llevar la Gerencia de Recursos Humanos del demandado, encontrándose el acuerdo original de cancelación, el cual no es igual con el que se señala la demandante en el hecho 2 de la demanda, porque no señala la fecha de notificación de cancelación; que la demandante no es clara cuando dice que se notificó la cancelación de un contrato de trabajo y luego describe el contenido de un acuerdo, por lo que falta a la verdad la demandada, ya que el demandado no notificó el acuerdo de cancelación en fecha 10 de abril del 2008, ni aparece el sello de la autoridad competente; que a la demandante se le notificó su cancelación en otra fecha y que se utilizó un procedimiento alternativo pero legal de su cancelación por sus inasistencias injustificadas, el cual se le quiso practicar una audiencia de descargo en su centro de trabajo, siendo imposible porque nunca se le pudo encontrar, asimismo, se practicaron 3 citaciones en fechas 8, 14 y 23 de noviembre del año 2007, quedando como única alternativa la celebración de un acta de constatación y descargo celebrada en fecha 29 de noviembre del 2007, misma que se protocolizó por exhibición por el abogado José Dolores Cantarero Bonilla, esta acción deja en evidencia que no existe ninguna violación a los procedimientos legales internos del Congreso Nacional en relación con sus empleados ni tampoco se violo la ley.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de noviembre de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por la demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación No.067/07/C/BL/CN de fecha 30 de noviembre de 2007, en consecuencia se anula totalmente; reconoció la situación jurídica individualizada de la demandante y para el pleno restablecimiento de la misma, se ordenó pagarle a la demandante sus prestaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de quince años en concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso, más el pago en concepto de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación de la demandante, hasta la fecha en que el presente fallo sea firme; declaró extinguida la relación laboral existente entre la demandante y el Estado de Honduras a través del Congreso Nacional de la República, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso de autos esta acreditado que el acto impugnado que corre agregado a folio 04 de la pieza de autos, se emitió infringiendo lo ordenado en la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo y su Reglamento, ya que no se respetaron los presupuestos ordenados en los artículos 18 y 19 de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo para cancelar a la demandante, lo que hace que se decrete la procedencia de la presente acción por constar en autos la infracción del ordenamiento jurídico al cancelar a la demandante bajo las razones ya indicadas; que en cuanto al reajuste del Arancel del Periodista hecho por la parte demandante en el presente caso el suscrito Juez estima no pronunciarse sobre el mismo porque este debió ventilarse en otro procedimiento por la vía ordinaria.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintitrés de agosto de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación de la demandante, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido para estos casos, en la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo, específicamente en los artículos 18 y 19 y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, por lo consiguiente es nulo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, el abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, en fecha catorce de enero de dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintitrés de agosto de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 209-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 119-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, presentó en fecha seis de marzo de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha seis de marzo de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución los abogados PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES y JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha veinticinco de junio de dos mil trece, teniendo por personados a los abogados PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, como recurrente y JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Este motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma, los actos y garantías procesales ya que su infracción supone la nulidad. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 1), letra b), del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Los artículos 3, 7, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por virtud del Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción y relacionados entre sí establecen que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su anulabilidad cuando estos actos procesales contengan irregularidades, siendo los medios idóneos para lograr la anulación de los actos procesales la utilización de los recursos establecidos en la ley, como es el caso. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: las garantías del debido proceso implican, entre otros aspectos que el proceso es por sí mismo un instrumento de tutela. De los derechos sustantivos de las partes así como de los derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, cuando un proceso se ventila sin que se reúnan todas y cada una de las garantías en los actos procesales procede inevitablemente la declaración de anulación del mismo. Obra a folio once frente y vuelto de la primera pieza de autos, providencia de fecha 11 de Agosto de 2008 mediante el cual se ordena la citación y emplazamiento del señor Roberto Micheletty Bain, en su condición de Presidente del Congreso Nacional para que, con las formalidades de Ley, contestara la demanda en el plazo establecido. Resulta que el apoderado de la parte demandante se notificó del mismo el 15 de Agosto de 2008, notificación que no fue debidamente refrendada por ningún funcionario judicial facultado para ello, hecho que impidió que el acto procesal no este firme y que en consecuencia todas las actuaciones posteriores a este deben de ser anuladas. Por lo antedicho, procede estimar este motivo de casación. EN RELACION A LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA. El recurrente deja constancia que no estima necesaria la celebración de la audiencia”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal; b) no precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) formula alegatos de instancia; y, d) en la situación planteada por el Recurrente, resulta que el apoderado de la parte demandante realizo actuaciones posteriores que además de dar cumplimiento a la resolución de fecha 11 de agosto de 2008, es decir con conocimiento del proveído, convalidan las actuaciones que a ese momento procesal corresponden únicamente a la parte que representa; por otro lado, la parte demandada se incorporó en el proceso sin formular en aquel momento el argumento del presente motivo de casación, a través de los medios y recursos procesales a su alcance, por lo tanto se convirtió en un acto consentido por el impetrante y que ahora resulta extemporáneo; finalmente el acto de comunicación surtió el efecto que se pretendía con lo cual no se observa vicio que acarree o suponga la nulidad de lo actuado.- III. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. En vista de lo anteriormente señalado se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el Artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno, y ordenar la remisión de las actuaciones al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil quince; certificación del auto de fecha tres de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 305-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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