Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-294-14 — Registro 4974

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia por no estar ajustado a derecho los actos administrativo impugnados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Aparece en la estructura del cargo anteriormente transcrito que el mismo no constituye una proposición jurídica completa en virtud de que el Censor establece dos causales de casación (aplicación indebida e interpretación errónea) que debió haber expresado en forma separada e independiente; además, en lo que respecta al precepto autorizante señala varias normas que no autorizan causales de casación y si bien, incluye el articulo 719 del Código Procesal Civil, que es la disposición que las comprende, no precisó cual de los numerales y en su caso literales era el que pretendía sustentar su motivo.- “ Sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia.- “.En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación. En primer lugar, unifica dos causales de casación opuestas entre si en cuanto a su alcance. En segundo lugar, realiza en su explicación extensos alegatos de instancia e insta a la revisión de los hechos y de la valoración probatoria, lo cual esta vedado a este tribunal y finalmente fue impreciso al citar el precepto autorizante. En fin, el recurso es carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada, siendo evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado en juicio por el abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ; y, los Recurridos: los señores MARGARITA GRADIZ VALENZUELA, ENGRACIA AMERICA SILVA MONTOYA, HERNAN WALTERIO MENDOZA y OTROS, representados en juicio por los abogados CARMEN MARIA MENDOZA SUAZO y FELIX AVILA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por los señores MARGARITA GRADIZ VALENZUELA, ENGRACIA AMERICA SILVA MONTOYA, HERNAN WALTERIO MENDOZA Y OTROS, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado en juicio por el abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandante manifestaron en el escrito de su acción que laboraron durante varios años para la administración pública, en diversas instituciones del estado, siendo los últimos cargos desempeñados y fechas de finalización de sus contratos los siguientes: Margarita Gradiz Valenzuela, hasta el 16 de febrero del año 2004, en el cargo de Instructor Jefe de Información Secretarial, Engracia América Silva Montoya, hasta el mes de marzo del 2004, en el cargo de Coordinadora del Centro de Documentación, Heriberto Lagos Ser vellón, hasta el 2003, en el cargo de Instructor IV, Vilma Isabel Ramírez Zelaya, hasta el 31 de marzo del 2005, en el cargo de Secretaria Ejecutiva de Auditoria Interna, Ramona Teresa Ayestas Andino, hasta el 17 de enero del 2007, como Secretaria Ejecutiva IV del INFOP, José Rodolfo Quan Rodríguez, hasta el 16 de febrero del 2004, como Instructor Asesor de Formación Profesional del INFOP, Reinaldo Tomé López, hasta el mes de abril del 2008, en el cargo de Instructor Jefe del Área de Construcción Civil del INFOP, Pedro Cruz Ramos, hasta el mes de febrero del 2008, en el cargo de Jefe de Taller, Pintura Automotriz del INFOP, Venancio Eudoro Callejas, hasta el mes de marzo del 2004, en el Departamento de Planificación y Presupuesto del INJUPEMP, José Benito Araujo Banegas, hasta el mes de marzo del 2003, en el puesto de Jefe de la Unidad Técnica de Planificación y Presupuesto del INJUPEMP, Calixta Díaz Reyes, hasta el mes de agosto del año 2003, en el puesto de Técnico en Computación Electrónica de la SECRETARIA DE FNANZAS, Adalberto Tenorio Cruz, hasta el mes de junio de 2001, en el cargo de Sub Director de Instituciones Descentralizadas de la SECRETARIA DE FINANZAS, José Inés Ordoñez Flores, hasta el mes de marzo del 2005, como Jefe del Área de Construcciones Metálicas del INFOP y Hernán Walterio Mendoza, hasta el 28 de febrero del 2003, como Jefe de Área de COHDEFOR, que a la señora Margarita Gradiz Valenzuela, en fecha 26 de marzo de 2004 se le autorizó su jubilación por un monto de L.3,508.00, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, a Engracia América Silva Montoya, en fecha 22 de abril de 2004 se le autorizó su jubilación por un monto de L.3,571.00, mediante solución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, a Heriberto Lagos Servellón, en fecha 10 de junio de 2006 se le autorizó su jubilación por un monto de L.3,082.25, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, a Vilma Isabel Ramírez Zelaya, en fecha 1 de junio de 2005 se le autorizó su jubilación por un monto de L.4,523.00, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, a Ramona Teresa Ayestas Andino, en fecha 17 de enero de 2007, se le autorizó su jubilación por un monto de L.6,525.00, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, a José Rodolfo Quan Rodríguez, en fecha 8 de junio de 2004 se le autorizó su jubilación por un monto de L.3,603.00, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, a Reinaldo Tomé López, en fecha 13 de mayo del 2008, se le autorizó su jubilación por un monto de L.8,010.00, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, a Pedro Cruz Ramos, en fecha 18 de febrero del 2008 se le autorizó su jubilación por un monto de L.3,082.25, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, a Venancio Eudoro Callejas, en fecha 19 de mayo de 2004 se le autorizó su jubilación por un monto de L.4,784.00, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, a José Benito Araujo Banegas, en fecha 10 de marzo de 2003 se le autorizó su jubilación por un monto de L.20,757.00, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, a Calixta Díaz Reyes, en fecha 29 de septiembre de 2003, se le autorizó su jubilación por un monto de L.2,068.00, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, Adalberto Tenorio Cruz, en fecha 18 de febrero de 2008, se le autorizó su jubilación por un monto de L.10,187.00, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, a José Inés Ordoñez Flores, en fecha 17 de mayo de 2005, se le autorizó su jubilación por un monto de L.4,527.00, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP y a Hernán Walterio Mendoza, se le autorizó su jubilación por un monto de L.1,232.31, mediante resolución emitida por la Unidad de Beneficios del INJUPEMP, continúan manifestando que se muestran inconformes con la cantidad con la cual el INJUPEMP calculó el monto de su jubilación, ello porque dicen que, que el INJUPEMP no apreció las disposiciones de la Ley de Transferencia de Valores Actuariales, pues anteriormente todos ellos cotizaban para otros sistemas de previsión. Lo anterior, en virtud de que el INJUPEMP no tomó en consideración el periodo o los años de servicio prestados por los demandantes en otras dependencia de la Administración Pública como el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. Señalan que tal omisión es contraria a lo que al efecto dispone el decreto N° 190-2000 emitido por el Congreso Nacional de la República, el día 31 de Octubre del año 2000, que contiene La Ley de Transferencia de Valores Actuariales Participantes Sujetos a Doble Cotización, pues esta Ley contempla cuando un participante de los Sistemas de Previsión Social pase a ser cubierto por otro distinto al que ha pertenecido, el sistema al cual ingresa reconocerá los años de servicio acreditados en el sistema que abandona, debiendo éste ultimó efectuar la transferencia de Valores Actuariales, manifiestan que lo que persiguen es que se decrete la nulidad de un acto administrativo identificado como LA RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA NUMERO 19-1212, del 27 de julio de 2011, dictada por la JUNTA DIRECTIVA DEL INJUPEMP. Como se trata de una serie de demandantes cuyas acciones están acumuladas, también representan actos impugnados las siguientes Resoluciones emitidas por la Junta Directiva del INJUPEM en fecha 27 de julio de 2011 con números: 08-1212, 09-1212,18-1212, 151212, 12-1212, 16-1212, 17-12121, 10-1212, 07-1212, 06-1212, 11-1212. Igualmente fue acumulada la demanda planteada por DON HERNAN WALTERIO MENDOZA cuyo acto impugnado lo representa la Resolución emitida siempre por la Junta Directiva del INJUPEMP, en fecha 18 de octubre de 2011, identificada como la N° 21-1217, que también forma parte de las pretensiones de los demandantes el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para que ésta sea plenamente restablecida, se ha pedido al Juzgado que se reajuste su jubilación mensual conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la ley de INJUPEMP y al Decreto N° 190-2010 que contiene la Ley de Transferencia de Valores Actuariales. Señalan que inicialmente solicitaron ante los entes Gubernativos para los que laboraban, la transferencia de valores actuariales, de conformidad con las disposiciones de la Ley respectiva. A través de diversas resoluciones, por ser varios los demandantes, estos entes le reconocieron un determinado monto y además un tiempo de servicio determinado. Alegan los demandante, que el INJUPEMP al momento de aprobar el monto de sus jubilaciones no tomo en cuenta los años de servicios reconocidos por aquellas dependencia de la Administración Publica, y los valores actuariales transferidos no fueron tomados en cuenta por EL INJUPEMP al momento de aprobar el monto de sus jubilaciones, por lo que la misma, es decir su jubilación, quedó fijada con los montos determinados por EL INJUPEMP. Señalan que esto es comprensible inicialmente, pero no después que los valores fueron trasladados y efectivamente acreditados al INJUPEMP, motivo por el cual solicitaron al INJUPEMP el reajuste correspondiente, debiendo ser ajustado tomando en cuenta los montos y antigüedad determinados por cada una de las dependencia para las que trabajaban los demandantes, en base al Decreto 190-2000. Alegan que el INJUPEMP procedió a ajustar de forma parcial sus jubilaciones, pero no obstante ello, según cálculos de carácter matemáticos la cantidad a ajustar es mayor a la aprobada por las autoridades del INJUMPEMP y luego presentado ulterior petición para que se agregaran estos valores que inicialmente no fueron reconocidos por el INJUPEMP. La ahora demandada rechazó tal petición, según el demandante, en franca violación al Decreto 190-2000 y utilizó única motivación, la opinión que en su momento fue emitida por La Comisión Nacional de Bancos y Seguros.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que acepta algunas circunstancias alegadas tales como la calidad de empleados de los demandantes con el Poder Ejecutivo, así como el hecho de que al cesar su servicio público solicitó la autorización de su correspondiente Jubilación Voluntaria. Rechaza el alegato de que el cálculo de las Jubilaciones de los demandantes se haya realizado sin tomar en consideración los años de servicio de los demandantes en la Administración Pùblica. Señala que lo cierto es que tomando en cuenta que el proceso de Transferencia de Valores Actuariales se sujeta aun doble proceso, uno llevado a cabo en el sistema que se abandona y otro proceso llevado a cabo en el sistema que acoge al servidor. También rechaza la manera en que el demandante interpreta la Ley de Valores Actuariales, en tanto señala que la Ley dispone que para la finalidad de determinar los valores actuariales a transferir se debe considerar el régimen Financiero correspondiente, pues este régimen es el que permite establecer el equilibrio financiero entre los recursos que se perciben y los beneficios que se conceden. Dice que la misma Ley señala que el cálculo de los valores actuariales se hará en la fecha en que el participante abandone uno de los sistemas, contrario a la pretensión del demandante que señala que dicho cálculo se debe de realizar a la fecha en que le fue otorgado el beneficio de Jubilación, circunstancia que se aleja de lo preceptuado en la Ley. Agrega que si bien la solicitud de rectificación de la determinación fue declarada SIN LUGAR por parte del INJUPEMP, esta decisión se adoptó en base a la normativa legal correspondiente.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de abril del dos mil trece, dictó sentencia definitiva en la cual declaró IMPROCEDENTE la acción iniciada por estar ajustado a derecho los actos administrativos impugnados, los que se confirman en todas y cada una de sus partes; bajo el criterio que en base a las Resoluciones 1294/21-12-2004, la SS N° 1192/20-08-2010 y sobre todo la N° 1601/14-10-2010, LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, como ente Supervisor, vigilante y contralor de las actividades financieras de los Institutos de Previsión, en este caso EL INJUPEMP, estas tienen plena vigencia en actos administrativos y como tal cuenta con plena Ejecutividad, es decir, si EL INJUPEMP ha utilizado estas resoluciones, sobre todo la identificada como la N° 1601/14-10-20 10 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para rechazar la pretensión de reajuste a las Jubilaciones de los demandantes, ha actuado conforme a Ley y en plena aplicación del artículo 20 del Decreto N° 190-2000 y no con desviación de poder como alega el demandante, pues se reitera, La Comisión Nacional de Bancos y Seguros en ejercicio de las facultades que le concede su propia Ley, ha vertido un pronunciamiento CON RESPECTO A LA Nota Técnica enviada por EL INJUPEMP para la cuantificación del ajuste de la Jubilación en plena aplicación del la Ley de Transferencia de Valores Actuariales.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el a-quo, declarando con lugar el Recurso de Apelación y Procedente la acción incoada por los señores MARGARITA GRADIZ VALENZUELA, ENGRACIA AMERICA SILVA MONTOYA, HERIBERTO LAGOS SERVELLON, VILMA ISABEL RAMIREZ ZELAYA, RAMONA TERESA AYESTAS ANDINO, JOSE RODOLFO QUAN RODRIGUEZ, REINALDO TOME LOPEZ, JOSE INES ORDOÑEZ FLORES, PEDRO CRUZ RAMOS, VENANCIO EUDORO CALLEJAS, JOSE BENITO ARAUJO BANEGAS, ADALBERTO TENORIO CRUZ, CALIXTA DIAZ REYES y HERNAN WALTERIO MENDOZA, por no estar ajustado a derecho los actos administrativo impugnados consistentes en las resoluciones números 19-1212, 08-1212, 09-1212, 18,1212, 15-1212, 12-1212, 16- 1212, 14-1212, 17-1212, 10-1212, 07-1212, 06-1212, 11-1212, todas del 27 de julio del 2011, y la número 21 -1217 del 5 de octubre del 2011 todas emitidas por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), en consecuencia se anulan totalmente; se reconocen las situaciones jurídicas de los demandantes y para el pleno restablecimiento de las mismas, se ordena al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), a pagar a los demandante el pago de los ajustes de sus jubilaciones respectivamente, quedando diferido liquidar dichos valores en la fase de ejecución de la sentencia, a través del A Quo; se exime del pago de costas; bajo el criterio que si bien es cierto la potestad supervisora de que está investida la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para emitir notas, dictámenes técnicos o resoluciones a sus entes supervisados, éstos no pueden variar el espíritu y alcance de la Ley, por que al hacerlo invade el principio de Reserva de Ley, que prohíbe la ley de procedimiento administrativo. Que el espíritu y alcance de la Ley en este caso el Decreto Legislativo Número 190-2000 no hace diferencias en cuanto al traslado de valores actuariales y el nuevo sistema no le queda mas que absorber dichas personas, su antigüedad y valores actuariales tal como lo ordena la Ley, ya que mientras no existan los manuales de procedimiento en dicho decreto legislativo, el demandado tiene que absorber las jubilaciones de los demandantes sin limitantes, tal y como lo ordena la Ley.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, en fecha nueve de mayo del dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por contra la sentencia dictada en fecha veinte de marzo del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.370-2013 dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 537-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha doce de mayo del dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- Que mediante providencias de fechas tres y cinco de junio de dos mil catorce, dictadas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, se declaró tener por pronunciados en tiempo y forma sobre las formalizaciones del recurso de casación presentados por los abogados FELIX ANTONIO AVILA ORTEZ y CARMEN MARIA MENDOZA SUAZO, en su condición de apoderados recurridos, y a la vez ordenó remitir a las partes las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este Alto Tribunal, apareciendo notificada dicha resolución a la parte demandada abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ el nueve de junio de dos mil catorce, y a las partes demandantes abogados CARMEN MARIA MENDOZA el doce de junio de dos mil catorce y FELIX ANTONIO AVILA en fecha trece de junio del dos mil catorce.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiuno de julio del dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ en concepto de parte recurrente; y los abogados CARMEN MARIA MENDOZA y FELIX ANTONIO AVILA, presentaron escritos de personamientos en fechas dieciocho de junio y dieciséis de julio del dos mil catorce, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que la recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY, POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION ERRONEA DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. Precepto Legal Sustantivo infringido: Las disposiciones sustantivas infringidas están contenidas en el Decreto 190-2000 denominado Ley de Transferencia de valores Actuariales, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20; 20, 21, 22, 23, 24, 25, 55, 56 y 57 de la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); 1, 6, 13 y 14 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; las Resoluciones 1294/21-12- 2004; SS No1192/20-08-2010 y No 1601/14-10-2010, emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, como ente supervisor, vigilante y contralor de las actividades financieras de los Institutos de Previsión, a razón de esto las referidas resoluciones tal como lo expreso el A-quo en su fallo, tienen plena vigencia en los actos administrativos y como tal, cuentan con plena ejecutividad, es decir el fallo emitido por el A-quo no es contrario a derecho, puesto que los actos administrativos emitidos por mi representado se encuentran conforme a la ley, en plena aplicación del artículo 20 del Decreto 190-2000, por lo que en ningún momento se varió el espíritu de la ley. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: Las normas procesales o normas adjetivas a través de las cuales encuentra su fundamento legal para el planteamiento del presente Recurso de casación lo constituyen los artículos 716, 717, 718, 719 del Código Procesal Civil. Explicación del motivo de Casación: PRIMERO: Es preciso determinar que en la audiencia preliminar la etapa probatoria fue fundamental, ya que la documental prueba propuesta y evacuada durante el juicio, da como resultado que la Junta Directiva del INJUPEMP al emitir sus resoluciones ha ejercido su potestad para los fines que la ley le ha otorgado, en consecuencia no ha incurrido en Desviación de Poder, por lo tanto ni en la forma ni en el fondo se puede apreciar que las resoluciones son ilegales, al determinarse en cada uno de ellas, el valor del beneficio de jubilación con base a los valores actuariales determinados por la Institución y su posterior ajuste, considerando los valores actuariales transferidos por el IHSS, cuando tuvo conocimiento de ello, respecto de los cuales los demandantes han recibido en forma efectiva, los pagos correspondientes, razón por la cual la rectificación del beneficio que se pretende por parte de los demandantes debe ser denegada puesto que sus fundamentos contienen apreciaciones subjetivas, basadas en una interpretación también subjetiva del alcance de las disposiciones de la ley aplicable con motivo de la transferencia de valores actuariales. SEGUNDO: Con los medios de prueba denominados Informe Escrito de Entidad Publica aportados de conformidad al artículo 276 del Código Procesal Civil, contentivos en los oficios SG-183-2012 de fecha nueve (09) de agosto del dos mil doce (2012) emitido por la Secretaria de Finanzas y el oficio SG-80012012 de fecha diecinueve (19) de septiembre del dos mil doce (2012), se pudo determinar que no existe nulidad en los actos administrativos emitidos por el la Junta Directiva del INJUPEMP, contenido en las Resoluciones emitidas que obran en los expedientes administrativos acumulados en las demandas respectivas, mediante el cual se declararon improcedentes los reclamos administrativos de rectificación de un ajuste de jubilación, así como las Resolución mediante las cuales se resolvió declarar sin Jugar los recursos de reposición interpuestos contra los actos administrativos, puesto que como lo hemos venido expresando la Junta Directiva del Instituto actuó en base a ley, al haberse encuadrado dentro de la normativa aplicable a la hora de tomar las decisiones que podrían haber puesto en riesgo el funcionamiento y continuidad del sistema de previsión como tal, razón por la cual la nota técnica avalada por la Comisión Nacional de bancos y Seguros (CNBS) según resolución SS No1601/14-10-2010, tiene su fundamento en las disposiciones establecidas en los artículos 1,6 de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, así como a los artículos 1,6,8 del Decreto 190- 2000, de no efectuarse bajo estas disposiciones normativas cualquier instituto de previsión que no implemente una nota técnica que este autorizada, cualquier ajuste que se realice, podría resultar en impactos patrimoniales negativos incrementando significativamente los valores que deben ser absorbidos por las reservas patrimoniales del Instituto receptor, agravándose aún más. cuando el instituto receptor ya presenta un déficit actuarial en sus reservas patrimoniales y con la implementación de ajustes basados en aspiraciones personales sin sustento legal como lo son las pretensiones de los demandantes señores (as): Margarita Gradiz Valenzuela, Engracia América Silva Montoya, Heriberto Lagos Servellon, Vilma Isabel Ramírez Zelaya, Ramona Teresa Ayestas Andino, José Rodolfo Quan Rodríguez, Reinaldo Tome López, José mes Ordoñez Flores, Pedro Cruz Ramos, Venancio Eudoro Callejas, José Benito Araujo Banegas, Adalberto Tenorio Cruz, Calixta Díaz Reyes, y Hernán Walterio Mendoza; sin sustento técnico especializado ocasionaría un daño mayor al patrimonio del total de los participantes del Instituto Receptor. TERCERO: Por lo anteriormente expuesto concluimos que el fallo emitido por el Aquo, es congruente con el debate en cuestión, avalando que los actos administrativos emitidos por mi representado, tienen una conexión lógica entre su motivación y su parte dispositiva, lo que en derecho administrativo se traduce como un acto legítimo y enmarcado en ley, razón por la cual las pretensiones de los demandantes fueron declaradas improcedentes por el Juez A-quo, ya que dichos actos fueron dictados por la Junta Directiva del INJUPEMP con estricto cumplimiento a las normas aplicables vigentes al caso concreto y por ello revisten las características de legalidad y legitimidad que establece la ley, al no haberse podido demostrar con las pruebas presentadas y evacuadas por los demandantes que los actos son contrarios a derecho, en consecuencia no deben ser reconocidas la situación jurídica individualizada puesto que esta es derivada de la nulidad del acto y esto no pudo ser probado por los demandantes. CUARTO: A Contrario Sensu, la Honorable Corte de Apelaciones, aplica e interpreta de manera errónea las disposiciones del Decreto 190-2000, y deslegitima las pruebas propuestas por nuestra parte, tal como lo expresa en su fallo en los considerandos siete (7) y ocho (8), esto indica que, no solo incurre en contradicción e inobservancia del derecho, sino que menosprecia documentos indubitados, por lo que esta parte actora no comparte su fallo, por no ajustarse a derecho. De acuerdo al artículo 1 del Decreto 190-200, se establece que cuando un participante ha de ser cubierto por otro sistema distinto al que ha pertenecido, el sistema al cual ingresa reconocerá los años de servicio acreditados en el sistema que abandona, debiendo este efectuar la transferencia de valores actuariales. mismo plantea que tanto el Instituto abandonado (articulo 6 del Decreto 190- 2000), como el Instituto que recibe la transferencia (artículo 8 del Decreto 190- 2000), deberán realizar cálculos actuariales, y la diferencia que resulte será absorbida por el instituto que recibe la transferencia (instituto receptor). Entonces para poder evaluar los cálculos actuariales antes señalados, es necesario previamente calcular el valor del ajuste a la pensión que reciba el participante. La fórmula que se debe utilizar, es una combinación del reconocimiento en el Instituto receptor de los años de servicio en el instituto abandonado, tal y como se establece en la Ley, y los parámetros de cotización que efectivamente se realizaron por parte del participante. Con todas las disposiciones anteriores dejo establecido lpso Jure que el Tribunal Ad-quem en su errónea interpretación desconoce además las disposiciones del artículo 62 constitucional que literalmente establece: “Los derechos de cada hombre, están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”; Por lo tanto el Ad-quem estaba obligado a orientar su criterio dentro de lo prescrito por la ley, el no haberlo hecho, significa violentar la facultad operativa de la libertad jurídica o plena independencia para la determinación del derecho aplicable, reconocida por la Constitución de la República de Honduras, desnaturalizando una cuestión de puro derecho, por lo que el fallo que estamos recurriendo, no se encuentra apegado a derecho, pues con sus imprecisiones y falta de claridad incurre con su sentencia en violaciones a normas sustantivas, causando grandes perjuicios a mi representado, al poner en riesgo el Sistema de Seguridad Social, que dicho sea de paso tutea los beneficios y derechos de los empleados públicos aportantes al sistema, incluidos los magistrados del poder judicial. QUINTO: En consecuencia y en base a los motivos expresados anteriormente considero que esta Honorable Sala Laboral Contenciosa Administrativa, debe CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA RECURRIDA en la parte resolutiva transcrita en el acápite denominado INDICACIÓN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA, a fin de que se corrijan totalmente los defectos y vicios del fallo recurrido, puesto que es violatorio de la Ley por la aplicación Indebida e interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; puesto que como lo exprese el Ad-quem, dicto su fallo fuera de los parámetro de los hechos controvertidos y consecuentemente alejado del derecho sustantivo y objetivo vigente. En conclusión debido a que EXISTE VIOLACION DE LA LEY DEBIDO A LA APLICACION INDEBIDA E INTERPRETACION ERRÓNEAS DE LAS NORMAS DE DERECHO EN EL FONDO DE LA SENTENCIA RECURRIDA, deberá ser ADMITIDO EN FORMA TOTAL EL RECURSO DE CASACION DE MERITO, por ajustarse a derecho.”.- II.- Aparece en la estructura del cargo anteriormente transcrito que el mismo no constituye una proposición jurídica completa en virtud de que el Censor establece dos causales de casación (aplicación indebida e interpretación errónea) que debió haber expresado en forma separada e independiente; además, en lo que respecta al precepto autorizante señala varias normas que no autorizan causales de casación y si bien, incluye el articulo 719 del Código Procesal Civil, que es la disposición que las comprende, no precisó cual de los numerales y en su caso literales era el que pretendía sustentar su motivo.- III. Sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia.- IV. En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación. En primer lugar, unifica dos causales de casación opuestas entre si en cuanto a su alcance. En segundo lugar, realiza en su explicación extensos alegatos de instancia e insta a la revisión de los hechos y de la valoración probatoria, lo cual esta vedado a este tribunal y finalmente fue impreciso al citar el precepto autorizante. En fin, el recurso es carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada, siendo evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- V. Adicional se señala al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a la claridad que permanece incólume en el régimen del Recurso de Casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cua infracción sustente cada motivo y todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a la infracción invocada.- VI. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VII.- En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN, de que se ha hecho merito en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de agosto del dos mil quince; certificación del auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 294-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL