Sentencia CA-28-15 — Registro 5634
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante por no ajustarse a derecho el acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía, estaba obligada a seguir totalmente con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta a la revisión de los hechos y de la interpretación y valoración de las pruebas, lo cual esta vedado a este tribunal en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) de Código Procesal Civil; b) señala normas que no han sido citadas como violadas, tal es el caso de los artículos 48 de la Ley de Servicio Civil, 245 numeral 5) de la Constitución de la República; 36 numeral 8) de la Ley General de la Administración Publica; y, c) formula alegatos de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."l momento de interponer el Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones en fecha 14 de marzo de 2014, en el cual se expresaron los agravios cometidos en la Sentencia de fecha 18 de febrero de 2014, emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en contra de mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, siendo que en la Sentencia de Primera Instancia se le considera responsable de la obligación por lo cual se la ha demandado y el Juez de esa Judicatura asegura de manera fehaciente que la Autoridad Nominadora al momento de cancelar por Cesantía a la señora KAREN LILIANA VARGAS MEJIA, no siguió el procedimiento establecido por la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, por lo cual procedió a declarar procedente la acción incoada por el demandante, y en vista que mi representada ha demostrando durante la secuela del juicio que al momento de emitir la cancelación por cesantía se hizo de conformidad a lo establecido en el articulo 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil el cual establece lo siguiente: No obstante lo dispuesto en el articulo 48 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o mas servidores públicos, quien deberá acreditar en forma fehaciente la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa; definiéndolo y fortaleciéndolo su Reglamento en cuanto a que la Cesantía es la separación de un empleado de su cargo, debido a la reducción forzosa de servicios o de personal, por razones de orden presupuestario o para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, sin constituir suspensión o despido, sin embargo la Honorable Corte se le hace del conocimiento tal como se puede constatar en el mismo expediente administrativo que a la demandante se le reconoce todos sus derechos cumpliendo con esto lo que la ordena el procedimiento para la cancelación por cesantía. En el caso que nos ocupa, la señora KAREN LILIANA VARGAS MEJIA, se le nombró en la Secretaría mediante Acuerdo No.89A-SRH de fecha 16 de abril de 2000, en el cargo de Secretaria III, con un sueldo mensual de 12,576.00, y que en fecha 04 de febrero de 2011 se le canceló por cesantía mediante Acuerdo N.033-SRH, siendo estos puestos de los cuales tiene libertad el Presidente de la República de nombrar y remover atendiendo lo establecido en el articulo número 245 numeral 5 de la Constitución de la República como Ley fundamental; quien puede delegar dicha facultad a los Secretaria de Estado en este caso al Secretaria de Estado de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, así como lo establece el articulo 36 numeral 8 de la Ley General de la Administración Publica que a su letra dice: Son atribuciones y deberes comunes a los Secretarios de Estado: Emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia y aquellos que le delegue el Presidente de la República, esto en virtud que consta en el expediente administrativo de la demandante que la Autoridad Nominadora si efectuó el procedimiento para ejecutar la Cesantía para separar a la demandante de su cargo conforme a derecho, situación que el Juez de Primera Instancia no valoró lo previsto en el articulo 188 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que a su letra dice: Antes de ejecutarse la Cesantía deberá consultarse al Consejo del Servicio Civil acerca de su procedencia, debiendo fundamentar su opinión en cualquiera de las circunstancias previstas en el articulo anterior la cual deberá ser acreditada de manera fehaciente con los documentos, informes y demás medios que se agreguen en el expediente. La Corte Sentenciadora para confirmar la Sentencia del A quo, que declaró procedente la acción, hizo el siguiente razonamiento: CONSIDERANDO NUEVE (9) ‘Que del estudio y el analices en su conjunto de las pruebas practicadas por las partes, así como del expediente administrativo, y de los fundamentos de derechos que ambos apoyan sus pretensiones, esta Corte de Apelaciones observa y concluye, que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación por Cesantía, estaba obligada a seguir totalmente con el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado y el acto impugnado es nulo. La Sentencia objeto del presente recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en virtud que se ha probado fehacientemente durante todo el transcurso del juicio conjuntamente con las pruebas presentadas todas encontradas en el expediente administrativo de la demandante, violentando la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en lo que respecta la aplicación de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en su articulo numero 53 el cual señala: No obstante lo dispuesto en el articulo 48 de esta Ley, la Autoridad Nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a) reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario, y b) reducción de servicios o de personal para obtener una eficaz y económica organización administrativa, razón primordial por la que fue separada de su cargo para obtener una mejor y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, sin constituir suspensión o despido. Con lo anteriormente expuesto queda claro que la Corte Sentenciadora ha dejado de aplicar completamente lo que señala el articulo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, relacionado con el articulo 187 y 188 de su Reglamento, por lo tanto si desde el principio se hubiera tomado en consideración las normas antes mencionadas, se hubiera establecido que mi representada al momento de cancelar por Cesantía a la señora Karen Liliana Vargas Mejía lo hiso atendido de principio a sin el procedimiento que se utiliza para este tipo de cancelaciones señalado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en consecuencia la Secretaria de Relaciones Exteriores no violento ningún ordenamiento jurídico al momento de emitir el acto administrativo particularmente el Acuerdo de Cancelación de Cesantía.”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta a la revisión de los hechos y de la interpretación y valoración de las pruebas, lo cual esta vedado a este tribunal en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) de Código Procesal Civil; b) señala normas que no han sido citadas como violadas, tal es el caso de los artículos 48 de la Ley de Servicio Civil, 245 numeral 5) de la Constitución de la República; 36 numeral 8) de la Ley General de la Administración Publica; y, c) formula alegatos de instancia.- III.- Que existe línea jurisprudencial que establece sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales (ver sentencias expedientes números SL 516-12, 539-13, 540-13, 562-13, 573-15, 621-13, 654-13 y 704-13) y el Recurrente no expone ninguna situación que pudiera permitir la evolución de esa línea..."
Legislación citada
- Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los un día del mes de Diciembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado EDWIN OMAR ROMERO; y, Recurrido: Señora KAREN LILIANA VARGAS MEJIA, representada en juicio por el abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la declaración de nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada, medida para su pleno restablecimiento se condene el reintegro y pago de salarios caídos mas costas del juicio; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de febrero del dos mil once, por la señora KAREN LILIANA VARGAS MEJIA, mayor de edad, soltera, Secretaria Comercial, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que en fecha dieciséis de abril del dos mil, comenzó su relación laboral mediante acuerdo de nombramiento en el cargo de Secretaria III, el cuatro de febrero del dos mil once y transcrito el siete de febrero del mismo año se procedió a notificarle de su acuerdo de cancelación por cesantía sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, contestó dicha demanda señalando que acepta parcialmente lo alegado en la demanda en virtud de haber realizado la cancelación conforme a derecho, como se estipula en el articulo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil en relación con el 187 literal b) de su Reglamento, consultando al Consejo del Servicio Civil si procedía o no, autorizando la misma el trece de enero del dos mil once.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de febrero del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto impugnado; reconociendo la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve adoptar el reintegro; condena al Estado de Honduras al pago en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir y demás derechos que le correspondan y sin costas; bajo el criterio que la demandada no siguió el procedimiento establecido para la cesantía en virtud de no haber acreditado que se hayan realizado las evaluaciones periódicas de su desempeño, ni el envío por parte de la autoridad nominadora a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de cesanteados para ser inscrita con derecho preferente en el registro de reingreso; nombrando sustituto en la plaza que desempeñaba la demandante, violentando el ordenamiento jurídico y acarreando nulidad del acto.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha nueve de octubre del dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo y sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía, estaba obligada a seguir totalmente con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, al no hacerlo crea vicio de nulidad.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado EDWIN OMAR ROMERO, en fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha nueve de octubre del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.296-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 085-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha uno de diciembre del dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, presentó en fecha diez de diciembre del dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha once de diciembre del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha ocho de enero del dos mil quince, los abogados EDWIN OMAR ROMERO y DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintidós de enero del dos mil quince, teniendo por personados a los abogados EDWIN OMAR ROMERO y DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la omisión del articulo 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil, no aplicada para la determinación de la forma y contenido de la Sentencia en litigio, en relación con los artículos 187 y 188 de su Reglamento. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido lo establecido en el articulo 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil, en el cual orienta a que la Autoridad Nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o mas servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede “la cesantía” por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones clasificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se detalla: a) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y, b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, que es el caso que nos ocupa. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, con excepción de la parte que exime de costas al Estado de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 719 literal c) del Código Procesal Civil, en cuanto a la forma y contenido de la Sentencia. EXPLICACION DEL MOTIVO: Al momento de interponer el Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones en fecha 14 de marzo de 2014, en el cual se expresaron los agravios cometidos en la Sentencia de fecha 18 de febrero de 2014, emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en contra de mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, siendo que en la Sentencia de Primera Instancia se le considera responsable de la obligación por lo cual se la ha demandado y el Juez de esa Judicatura asegura de manera fehaciente que la Autoridad Nominadora al momento de cancelar por Cesantía a la señora KAREN LILIANA VARGAS MEJIA, no siguió el procedimiento establecido por la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, por lo cual procedió a declarar procedente la acción incoada por el demandante, y en vista que mi representada ha demostrando durante la secuela del juicio que al momento de emitir la cancelación por cesantía se hizo de conformidad a lo establecido en el articulo 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil el cual establece lo siguiente: No obstante lo dispuesto en el articulo 48 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o mas servidores públicos, quien deberá acreditar en forma fehaciente la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa; definiéndolo y fortaleciéndolo su Reglamento en cuanto a que la Cesantía es la separación de un empleado de su cargo, debido a la reducción forzosa de servicios o de personal, por razones de orden presupuestario o para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, sin constituir suspensión o despido, sin embargo la Honorable Corte se le hace del conocimiento tal como se puede constatar en el mismo expediente administrativo que a la demandante se le reconoce todos sus derechos cumpliendo con esto lo que la ordena el procedimiento para la cancelación por cesantía. En el caso que nos ocupa, la señora KAREN LILIANA VARGAS MEJIA, se le nombró en la Secretaría mediante Acuerdo No.89A-SRH de fecha 16 de abril de 2000, en el cargo de Secretaria III, con un sueldo mensual de 12,576.00, y que en fecha 04 de febrero de 2011 se le canceló por cesantía mediante Acuerdo N.033-SRH, siendo estos puestos de los cuales tiene libertad el Presidente de la República de nombrar y remover atendiendo lo establecido en el articulo número 245 numeral 5 de la Constitución de la República como Ley fundamental; quien puede delegar dicha facultad a los Secretaria de Estado en este caso al Secretaria de Estado de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, así como lo establece el articulo 36 numeral 8 de la Ley General de la Administración Publica que a su letra dice: Son atribuciones y deberes comunes a los Secretarios de Estado: Emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia y aquellos que le delegue el Presidente de la República, esto en virtud que consta en el expediente administrativo de la demandante que la Autoridad Nominadora si efectuó el procedimiento para ejecutar la Cesantía para separar a la demandante de su cargo conforme a derecho, situación que el Juez de Primera Instancia no valoró lo previsto en el articulo 188 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que a su letra dice: Antes de ejecutarse la Cesantía deberá consultarse al Consejo del Servicio Civil acerca de su procedencia, debiendo fundamentar su opinión en cualquiera de las circunstancias previstas en el articulo anterior la cual deberá ser acreditada de manera fehaciente con los documentos, informes y demás medios que se agreguen en el expediente. La Corte Sentenciadora para confirmar la Sentencia del A quo, que declaró procedente la acción, hizo el siguiente razonamiento: CONSIDERANDO NUEVE (9) ‘Que del estudio y el analices en su conjunto de las pruebas practicadas por las partes, así como del expediente administrativo, y de los fundamentos de derechos que ambos apoyan sus pretensiones, esta Corte de Apelaciones observa y concluye, que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación por Cesantía, estaba obligada a seguir totalmente con el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado y el acto impugnado es nulo. La Sentencia objeto del presente recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en virtud que se ha probado fehacientemente durante todo el transcurso del juicio conjuntamente con las pruebas presentadas todas encontradas en el expediente administrativo de la demandante, violentando la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en lo que respecta la aplicación de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en su articulo numero 53 el cual señala: No obstante lo dispuesto en el articulo 48 de esta Ley, la Autoridad Nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a) reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario, y b) reducción de servicios o de personal para obtener una eficaz y económica organización administrativa, razón primordial por la que fue separada de su cargo para obtener una mejor y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, sin constituir suspensión o despido. Con lo anteriormente expuesto queda claro que la Corte Sentenciadora ha dejado de aplicar completamente lo que señala el articulo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, relacionado con el articulo 187 y 188 de su Reglamento, por lo tanto si desde el principio se hubiera tomado en consideración las normas antes mencionadas, se hubiera establecido que mi representada al momento de cancelar por Cesantía a la señora Karen Liliana Vargas Mejía lo hiso atendido de principio a sin el procedimiento que se utiliza para este tipo de cancelaciones señalado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en consecuencia la Secretaria de Relaciones Exteriores no violento ningún ordenamiento jurídico al momento de emitir el acto administrativo particularmente el Acuerdo de Cancelación de Cesantía.”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta a la revisión de los hechos y de la interpretación y valoración de las pruebas, lo cual esta vedado a este tribunal en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) de Código Procesal Civil; b) señala normas que no han sido citadas como violadas, tal es el caso de los artículos 48 de la Ley de Servicio Civil, 245 numeral 5) de la Constitución de la República; 36 numeral 8) de la Ley General de la Administración Publica; y, c) formula alegatos de instancia.- III.- Que existe línea jurisprudencial que establece sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales (ver sentencias expedientes números SL 516-12, 539-13, 540-13, 562-13, 573-15, 621-13, 654-13 y 704-13) y el Recurrente no expone ninguna situación que pudiera permitir la evolución de esa línea.- IV.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y se ordena la devolución de los antecedentes al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de diciembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 28-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL