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Sentencia CA-279-14 — Registro 4698

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción por estar ajustado a derecho el acto administrativo presunto por silencio negativo de la Administración Púbica demandada, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, no establece con la suficiente claridad si la violación de los preceptos legales alegados, lo es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, también se insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio y formula alegatos propios de instancia, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario.- “.- En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación. En primer lugar, no establece con claridad la o las causales invocadas ni la infracción concreta que amparan las causales y en segundo lugar, sumado a lo anteriormente motivado, es de recordarle a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia.- “. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicionalmente resulta pertinente señalarle a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del Recurso de Casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Tribunal Supremo las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a la o las causales invocadas.- “

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El señor CARLOS ROBERTO BARRIENTOS VALLE, representado en juicio por la abogada ELSA REYES QUIÑONEZ; y Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por el abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para pedir la anulación de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de salarios, indemnizaciones y las costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor CARLOS ROBERTO BARRIENTOS VALLE, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representada en juicio por la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que el acta del Consejo General de Oficiales del año 2009 emitido por la Policía Nacional es nulo, debido a que en el año 1999 le correspondía ascender al grado inmediato superior de Comisario de Policía, siendo él en ese entonces Sub-Comisario de Policía, además señala que a pesar de que cumplía con todos los requisitos exigidos, el 21 de diciembre de 2009, fue notificado de la Resolución final del Consejo General de Ascensos tal como lo establece el Acuerdo 1190-2009 de que no era apto para ascender; a raíz de lo anterior, señala que impugnó tal decisión sin que a la fecha se haya emitido resolución alguna, habiéndose invocado el silencio administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, contestó dicha demanda señalando que se acepta que el demandante se sometió al proceso de ascenso para el año de 1999, asimismo que fue considerado como no apto para el ascenso puesto que tenía cuentas pendientes con los Tribunales de Justicia, tal y como consta en la resolución DGPN N° 039-2010 de fecha 18 de enero de 2010.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de agosto del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción por estar ajustado a derecho el acto administrativo presunto por silencio negativo de la Administración Púbica demandada, sin costas; bajo el criterio que el acuerdo N° 1190-2009 publicado en el diario oficial La Gaceta N° 32087 del 12 de diciembre de 2009, contiene el Manual de Procedimientos para el Proceso de Ascensos de la Policía Nacional de Honduras, el cual señala en su apartado 35 numeral 8 que es un requisito general y especifico para los ascensos de los miembros de la Carrera Policial el no tener cuentas pendientes con los tribunales de Justicia por casos dolosos criminales en actos personales, salvo que estas acciones sean derivadas del servicio o que haya indicios de legitima defensa, causa fortuita o fuerza mayor. Siendo así las cosas y tomando en consideración que el demandante estaba en un proceso de ascenso, consta de autos, que el demandante en su escrito titulado “SE SOLICITA RECONSIDERACION Y SE OTORGUE ASCENSO...” presentado en sede administrativa, expresamente acepta que tiene pendiente, pues no ha sido vencido en juicio, una causa penal instruida en la jurisdicción de La Paz. Se trae a colación esta aceptación expresa, puesto que entonces no es necesario acreditar algo que el demandante ha aceptado y por lo tanto no representa controversia alguna. En la senda de lo referido, era necesario que el demandante, para desvirtuar el motivo por el cual no fue ascendido, hubiese acreditado resolución de sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria firme para demostrar que a la fecha no tenía cuentas pendientes con los Tribunales de Justicia, circunstancia que no consta de autos.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de marzo del dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación, confirmando la sentencia definitiva de venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que consta en autos, la aceptación expresa por parte del demandante de la causal que le impide ascender a un puesto dentro de la Policía Nacional de Honduras, por lo que al estar aceptado dicho motivo que impide el ascenso, se debe confirmar el fallo que declara improcedente la acción.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogada ELSA REYES QUIÑONEZ, en fecha siete de mayo del dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de marzo del dos mil catorce, en el expediente de apelación No. 075-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 184-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo al ad-quem, mediante providencia tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, presentó en fecha diecinueve de mayo del dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiuno de mayo del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veintitrés de mayo del dos mil catorce, los abogados ELSA REYES QUIÑONEZ y OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ y ELSA REYES QUIÑONEZ, presentaron escritos en fecha veintiséis y veintiocho de mayo del dos mil catorce, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. La recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de Casación en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de marzo del dos mil catorce. Denuncia sus motivos de casación en los términos siguientes: 2. MOTIVOS DE CASACION: Que la parte recurrente plantea en sus motivos la impugnación contra la sentencia dictada por la corte sentenciadora la en los términos siguientes: 2.1 MOTIVO PRIMERO. INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, contenido en el artículo 80 de la Constitución de la República que Dice: TODA PERSONA TIENE O ASOCIACION DE PERSONAS TIENE DERECHO DE PRESENTAR PETICIONES A LAS AUTORIDADES, YA SEA POR MOTIVOS DE INTERES PARTICULAR O GENERAL Y DE OBTENER PRONTA RESPUESTA EN EL PLAZO LEGAL.- Dicho artículo Constitucional relacionado con el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil establece: se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan b) Los actos y garantías procesales cuando su Infracción suponga la nulidad o produjera Indefensión.- 2.2 “MOTIVO SEGUNDO: INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, contenido en el artículo 90 de la Constitución que Dice; Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente con las Formalidades, derechos y garantías que la Constitución establece y 64 de la Constitución: No se aplicaran Leyes y Disposiciones gubernativas y de cualquier otra orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si las disminuyen, restringen o tergiversan.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.1 b) del Código Procesal Penal Dice: En todos los casos en que, con arreglo a este Código, puede interponerse Recurso de Casación contra una Resolución Judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción del Precepto Constitucional.- EXPLICACION DE LOS MOTIVOS: El Derecho de PETICION consagrado en nuestra Constitución Política, no constituye en conjunto de Principios filosóficos; son y deben ser siempre circunstancias concretas que deben observarse en cada hecho de nuestra vida ciudadana con especial interés cuando uno de los ciudadanos de la República es sometido a juicio para establecerse su responsabilidad o el restablecimiento de su derecho. En términos generales es aceptable decir que el Derecho de Petición es “EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE ASISTE A TODO CIUDADANO, A SU MANDANTE A COMPARECER ANTE CUALQUIER INSTITUCION GUBERNAMENTAL A PRESENTAR PETICIONES Y A OBTENER DE ESTAS UNA PRONTA RESPUESTA EN EL PLAZO LEGAL.- En nuestra Sociedad Democrática en la que prevalece el Estado de Derecho se ha evitado desde la Constitución y las Leyes las ventajas que en los casos tendría el Estado como órgano Punitivo con todo el Poder y con todos los medios a su favor para sancionar al Demandado o Peticionario, por lo que son las leyes que han procurado un equilibrio de fuerzas entre el Estado y el Individuo sometido a juicio; por ello es que el derecho de Defensa basado como piedra angular en el Contradictorio de las partes, supone que ha de dársele la oportunidad de alegar a cada parte y probar sus derechos e intereses legítimos por los medios que franquea la ley y con las finalidades propias de la veracidad y buen proceder en cada acto de prueba, de ahí surge precisamente el principio de IGUALDAD DE ARMAS PROCESALES EL CUAL DEBE SER REAL Y EFECTIVO PARA CADA PARTE INVOLUCRADA EN UN PROCESO CIVIL, CONTENCIOSO, DE FAMILIA, LOBORAL ETC.- Es por ello que este derecho sagrado que le corresponde al ciudadano o demandado no lo podemos considerar como una Titularidad privada sino que Publica; por ello es que todo los intervinientes del proceso Civil es decir Jueces, Magistrados como Funcionarios Públicos están Obligados a su efectiva Tutela.- Los Órganos Jurisdiccionales en este marco de ideas son los obligados a preservar este Derecho de PETICION y Defensa procurando que se de la necesaria contradicción con idénticas posibilidades de alegación y la prueba para las partes en toda clase de procedimientos y en cada una de sus diferentes instancias. De estas ideas Generales surge la concepción particular de la llamada defensa en juicio esta se concibe como “EL DERECHO DE RECURRIR A LOS TRIBUNALES PARA LA SOLUCION DE UN LITIGIO U OPONSERSE A CUALQUIER PRETENSION DEDUCIDA EN JUICIO POR LA PARTE CONTRARIA”. En los sistemas democráticos este Derecho se encuentra consagrado en las normas Constitucionales en forma expresa o implícita como el más amplio derecho de Petición y complementado CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. En el caso que nos ocupa es imprescindible citar que la posible supremacía del Estado frente al ciudadano común sometido a juicio debe evitarse de manera Especial, actuando con el mayor apego a la veracidad de los Hechos honrando el juramento que en todo acto sometido a su consideración indicaran la veracidad de lo sucedido y que reflejen los hallazgos encontrados en el contradictorio.- Esto es así porque ante un hecho afirmado por un particular que goza de una presunción de veracidad a su favor; pero que por otro lado resulta evidente que tales afirmaciones no son ciertas o no concuerdan con lo que se ha acreditado y lo que se considere probado como lo hemos indicado el PRINCIPIO DE IGUALDAD DE PARTES Y POR ENDE EL DERECHO DE DEFENSA: faltan a este Principio o garantía y emiten resoluciones o conclusiones alejados de la verdad y de los hechos acreditados. Concluyamos entonces que los hechos Probados del presente juicio CLARAMENTE INDICAN QUE LA DEMANDA INCOADA por mi representado CARLOS ROBERTO BARRIENTOS VALLES, quien acude a la vía jurisdiccional por Denegatoria Presunta de un acto de la Administración Publica; Lo que evidencia que en el presente juicio NO HUBO IGUALDAD DE PARTES Y DE ARMAS PROCESALES. Por tales circunstancias y motivos consideramos que la Sentencia dictada y recurrida no es acorde con el derecho ante la franca violación al derecho de PETICION, DEFENSA, por lo que es procedente CASAR LA SENTENCIA Recurrida ordenando lo procedente conforme a derecho, declarando que la Sentencia no es conforme a derecho”.- 2.3 “SEGUNDO MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO OBSERVARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA EXCLUSION O DEJAR DE CONSIDERAR ALGUNA PRUEBA DE VALOR DECISIVO O NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA. El artículo 719.2 del Código Procesal Civil que dice: IGUALMENTE, se podrá Impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio O SI EN LA VALORACION DE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. EXPLICACION DEL MOTIVO: En este caso concreto la prueba aportada al presente juicio por la parte Demandada requiere nuestra atención sobre si la misma ha sido valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, creemos que por ser esta prueba al sustento de la presente Demanda que fue analizada y valorada se manera incorrecta produce que la pirámide de la norma derrumbe el juicio mismo y obligue a considerar valorar las pruebas y los actos procesales con plena garantía del Derecho tanto del Demandante como del Demandado.- Todo lo anterior en virtud que el TRIBUNAL SENTENCIADOR no les da EL VALOR PROBATORIO QUE LA LEY LES CONCEDE A LAS ESCRITURAS PUBLICAD DE ACTAS NOTARIALES CONTENTIVAS DE CONSTATACION DE HECHOS PRESENTADAS POR MI REPRESENTADO EL SEÑOR CARLOS ROBERTO BARRIENTOS VALLE,A como prueba propuesta y evacuada.- En referencia el numeral 2) del artículo 719. Del Código procesal Civil: Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica.- El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorada en forma conjunta y armónica toda la prueba producida e incorporada.- La sana crítica se fundamenta en las Reglas de la experiencia, la Psicológica y la lógica; Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común que tiene el Juzgador por lo que el limite de estos son los conocimientos técnicos especializados.- La de la Psicología se relaciona con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia; Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del Juzgador debe guardar coherencia (Concordancia entre sus elementos)y derivación (necesidad de una razón, justificación adecuada para ser verdad), la coherencia manda la aplicación de los principios de identidad contradicción y de tercero excluido.- La derivación induce a la obligatoriedad de que la Sentencia resulte congruente ( Las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas) verdadera (El razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficientes (Los elementos bases se las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga).- POR lo que la SENTENCIA ES ERRADA Y ES ESTE MOMENTO PROCESAL POR CONSIGUIENTE QUE SOLO PROCEDE PARA ENMENDAR ESTE ERROR CASAR LA SENTENCIA DEFINITIVA IMPUGNADA ORDENANDO CONFORME A DERECHO DECLARAR CON LUGAR EL PRESENRE RECURSO DONDE CON TODAS LAS GARANTIAS PROCESALES CASAR LA SENTENCIA DEFINITIVA.- HEMOS DE INDICAR QUE POR DISPOSICION EXPRESA DE LA LEY EL REMEDIO QUE SE HA UTILIZADO CONTRA LA ACCION INPUGNADA ES UNICAMENTE EL PRESENTE RECURSO DE CASACION porque la violación que se produce con la Sentencia Definitiva, solamente procede EL PRESENTE RECURSO DE CASACION.”.- II.- Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, no establece con la suficiente claridad si la violación de los preceptos legales alegados, lo es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, también se insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio y formula alegatos propios de instancia, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario.- III.- En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación. En primer lugar, no establece con claridad la o las causales invocadas ni la infracción concreta que amparan las causales y en segundo lugar, sumado a lo anteriormente motivado, es de recordarle a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia.- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicionalmente resulta pertinente señalarle a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del Recurso de Casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Tribunal Supremo las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a la o las causales invocadas.- V. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI.- Por su parte, el artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN formalizado por la abogada ELSA REYES QUIÑONEZ. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha dos de junio del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 279-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL