Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-276-14 — Registro 5371

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia y declara improcedente la acción, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, bajo el criterio que si bien es cierto el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo establece que el personal de los órganos desconcentrados estará sujeto al Régimen de Servicio Civil, también es cierto, que el mismo Reglamento señala “sin perjuicio de lo que las Leyes dispongan”, por lo que el Consejo Directivo de la demandada, en uso de las facultades que le otorga la Ley, aprobó el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, quedando sujetos a dicho Reglamento todos los Servidores y Funcionarios del referido Instituto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) impugna la aplicación de varias disposiciones del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, que se refieren a distintas situaciones jurídicas, por lo que debieron ser expuestas de manera mas precisa y en forma particular, ya que, lo que en el fondo sustenta es la falta de aprobación del referido reglamento por parte del Congreso Nacional de la República, cuando ese tipo de ordenamientos no son potestad o atribución de parte de ese Poder del Estado; y, b) alude a normas de derecho en su explicación, los cuales no relacionó en la estructura del motivo, como ser los artículos 4 de la Ley de Propiedad y 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo.-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

El cargo que antecede no es admisible por presentar los siguientes defectos técnicos: a) en la explicación del cargo alude a normas no relacionadas en la estructura del motivo como ser el artículo 205 de la Constitución de la República; y, b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual le esta vedado en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El abogado MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, en su condición de representante procesal del señor HAMMERLY JOSE ARGUETA MURILLO y Recurrido: La abogada RUTH AVILA MONCADA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del Instituto de la Propiedad.- OBJETO DEL PROCESO: demanda para pedir la ilegalidad o en su defecto la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su pleno restablecimiento consistentes en el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, mas los salarios dejados de percibir, costas, promovida por el señor HAMMERLY JOSE ARGUETA MURILLO, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del Instituto de la Propiedad, representada en juicio por la abogada RUTH AVILA MONCADA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició su relación laboral para la Dirección General de Catastro y Geografía en el mes de mayo del 2007, dependencia del Instituto de la Propiedad mediante contrato, luego por acuerdo 352-2009 con el visto bueno de la Secretaria Ejecutiva y nombrado en el cargo de Técnico Catastral en dicha Dirección General; continua expresando el demandante, que mediante memorando EPDGCG-IP-060-2001 en fecha 24 de febrero del 2011, fue notificado de su traslado como empleado de la Dirección General de Catastro y Geografía a la Dirección General de Registro siempre dentro del Instituto de la Propiedad realizando la labor de Extractador, no obstante mediante acuerdo DGCC-046-2011 en fecha 18 de octubre del 2011 emitido por el Director General de Catastro y Geografía fue despedido de manera ilegal e injustificada del cargo que venía ostentando como Técnico Catastral, acto que no se encuentra ajustado en derecho lo que provoca que el acto sea nulo, en virtud de existir un claro exceso de poder de la autoridad nominadora, ya que no tenía facultades para ello siendo el competente la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que mediante acuerdo número DGCC-046-2011 fue emitido en forma legal así como la notificación realizada por el Sub Gerente de Recursos Humanos de dicha dependencia, de acuerdo al articulo 14 de la Ley de Propiedad que establece: “son funciones de los Directores Generales las siguientes: 1...2… 3) nombrar y remover el personal a su cargo” y en su reglamento de personal en su articulo 59 señala: “sin perjuicio de las obligaciones que establece la Ley de Propiedad y en general cualquier Ley de Administración, los servidores y funcionarios del Instituto de la Propiedad tendrán entre otras cosas lo siguiente: 1...2...3) Cumplir la jornada de trabajo establecida por este reglamento” y articulo 69 numeral 4 establece que: “Cualquier infracción de las disposiciones concernientes al servicio, que no constituya causal de despido, se sancionara de la siguiente manera 1..2..3..4 Por la cuarta vez se le pondrá fin a la relación laboral…”. Sigue manifestando que el demandante los días 7 y 8 de septiembre del 2011, se ausentó de sus labores sin justificación alguna, aduciendo en la audiencia de descargo que esos días se encontraba con incapacidad, asimismo por haber acumulado 165 minutos en llegadas tarde sin justificación alguna, por lo que ha sido reincidente en sus faltas, siendo el acto impugnado emitido conforme a derecho.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de septiembre del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción, en consecuencia se anula totalmente el acto administrativo impugnado, reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve el pago de prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser: incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que después de observar detenidamente las normas jurídicas aplicables, se puede establecer que si bien es cierto el Instituto de la Propiedad aprobó el reglamento de personal el cual regula las condiciones de trabajo, dicha institución es un ente desconcentrado regido por la Ley de Servicio Civil y su reglamento el cual ya establece los tipos de faltas y la medida disciplinaria que corresponda a la gravedad de la misma (art.45), las cuales se desarrollan mas ampliamente en el reglamento de dicha Ley (art. 161,162 y 163), las cuales como ultimo inciso establecen “las demás conductas u omisiones tipificadas como tales en el reglamento interior de cada dependencia”, a lo que el reglamento del Instituto de la Propiedad en su articulo 65 literal f) establece como ausencia injustificada de tres o mas días consecutivos el despido; y se encuentra acreditada en el expediente administrativo sin que la autoridad nominadora haya demostrado que las mismas se hayan presentado fuera de tiempo, es mas la misma autoridad nominadora reconoce la descoordinación entre jefes de Departamento.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar el recurso de apelación, revocando la sentencia definitiva de venida en apelación y declara improcedente la acción, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo establece que el personal de los órganos desconcentrados estará sujeto al Régimen de Servicio Civil, también es cierto, que el mismo Reglamento señala “sin perjuicio de lo que las Leyes dispongan”, por lo que el Consejo Directivo de la demandada, en uso de las facultades que le otorga la Ley, aprobó el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, quedando sujetos a dicho Reglamento todos los Servidores y Funcionarios del referido Instituto, el cual establece los casos en que se puede dar por cancelado el respectivo acuerdo de nombramiento sin responsabilidad alguna para la autoridad, así como el procedimiento que se debe seguir para cancelar dichos acuerdos, procedimiento que en el caso de autos se cumplió, así como que fue cancelado el acuerdo de nombramiento del demandante por una de las circunstancias que señala el citado Reglamento, ya que solo en lo no prescrito en él, por ser una institución desconcentrada, se aplica la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, como normas supletorias, tan es así, que el Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece entre sus diferentes categorías de faltas (leves, menos graves y graves), las que sean tipificadas como tales en el reglamento interior de cada dependencia. Que consta en autos que el demandante acumuló mas de cien minutos en llegadas tardías a su centro de trabajo durante los meses de agosto y septiembre del año 2011, no asistiendo a su labores dos días consecutivos en el mes de septiembre, ya que si bien es cierto, en esta instancia judicial presentó la incapacidad extendida por un médico privado, también es cierto, que la misma no fue entregada a la demandada dentro del término que establece dicho Reglamento, ya que tal como consta en autos, las ausencias fueron el 07 y 08 y la incapacidad se quiso presentar hasta el 30, por lo que no cumplía con la jornada de trabajo establecida, asistiendo puntualmente a su trabajo, siendo éstas causales para dar por cancelado el respectivo acuerdo de nombramiento, sin responsabilidad alguna para la demandada, en aplicación del Reglamento de Personal precitado; asimismo, también consta de autos, que el demandante ya había sido sancionado en varias ocasiones por la misma falta que fue cancelado, por lo cual era de su conocimiento los procedimientos y las causales de despido en que incurría.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, en el expediente de apelación No. 014-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 510-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- La representación procesal de la parte demandada, abogada RUTH AVILA MONCADA, presentó en fecha veinte de mayo del dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintidós de mayo del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veintisiete de mayo del dos mil catorce, los abogados RUTH AVILA MONCADA y MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados RUTH AVILA MONCADA y MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, presentaron escritos en fecha veintinueve de mayo y dos de junio del dos mil catorce, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil el cual establece: CAUSALES DEL RECURSO. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS POR EL TRIBUNAL AD-QUEM PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO Y LAS CUALES SE IMPUGNA LA APLICACION DE LAS MISMAS. Las normas de derecho empleadas por el tribunal ad-quem para la solución del fondo del litigio las cuales se impugna la aplicación de las misma son las contenidas en los artículos los artículos 1, 2 ,3, 4, 5,13,17, 32, 36, 49, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 71, 74, 75 y 76 del reglamento de personal del instituto de la propiedad. EXPLICACION DE LA VIOLACION. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al dictar la sentencia definitiva de fecha (27) de Febrero del 2014, la cual a su vez revoca la sentencia definitiva de fecha (09) de Septiembre del 2013 dictada por tribunal a-quo, no deja margen a duda alguna que realizo una mala aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fonda del litigio como ser las disposiciones establecidas en los artículos 1, 2,3, 4, 5,13,17, 32, 36, 49, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 71, 74, 75 y 76 del reglamento de personal del instituto de la propiedad (reglamento el cual valga la salvedad no constituye ley de la república ya que es el mismo fue elaborado por dicha institución como una disposición interna, puesto que el mismo no ha sido aprobado por el congreso nacional quien es el único poder del estado que tiene la facultad constitucional de crear, decretar, interpretar, reformar, y derogar las leyes) lo antes expuesto se establece en virtud que el Instituto de la Propiedad nace atraves del Decreto Legislativo número 82 del año 2004 el cual crea la Ley de Propiedad en donde se establece en su articulo cuatro (4) lo siguiente : CREASE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) COMO UN ORGANO DESCONCENTRADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA …; así mismo es de suma importancia establecer que el articulo 31 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO ESTABLECE LO SIGUIENTE: Los órganos desconcentrados son creados por ley, la que determinara su grado de desconcentración, su respectiva competencia la cual ejercitaran con autonomía técnica-administrativa y financiera. “SIN PERJUICIO DE LO QUE LAS LEYES DISPONGAN, EL PERSONAL DE ESTOS ORGANOS ESTARA SUJETO AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL”. Lo anterior pone de manifiesto que las disposiciones contenidas en el reglamento de personal del instituto de la propiedad no les son aplicables al personal que labora en dicha institución, lo cual en ningún momento significa que exista un vacio de la normas de derecho que han de aplicarse cuando existan conflictos con el personal que laborara en dicha institución. Lo anterior pone de manifiesto que la corte sentenciadora al hacer una mala aplicación de normas de derecho como ser las antes relacionadas, dejo en consecuencia de aplicar las normas de derecho que en realidad debieron de ser aplicación par la solución de fondo del litigio siendo estas las contenidas en la ley y reglamento de Servicio Civil cuerpos legales los cuales valga la salvedad establecen con claridad meridiana los procedimientos a seguir para la reglamentación de las faltas cometidos por el personal sujeto en virtud de la ley a dicho régimen. Es por las razones antes expuestas que del análisis que haga el tribunal supremo deberá de ser casa la sentencia recurrida en este primer motivo de casación.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) impugna la aplicación de varias disposiciones del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, que se refieren a distintas situaciones jurídicas, por lo que debieron ser expuestas de manera mas precisa y en forma particular, ya que, lo que en el fondo sustenta es la falta de aprobación del referido reglamento por parte del Congreso Nacional de la República, cuando ese tipo de ordenamientos no son potestad o atribución de parte de ese Poder del Estado; y, b) alude a normas de derecho en su explicación, los cuales no relacionó en la estructura del motivo, como ser los artículos 4 de la Ley de Propiedad y 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo.- III. El Recurrente, en un segundo motivo expone: “Igualmente, se podrá impugnar la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil el cual establece: CAUSALES DEL RECURSO Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS POR EL TRIBUNAL AD-QUEM PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO Y LAS CUALES SE IMPUGNA LA INTERPRETACION DE LAS MISMAS. Las normas de derecho empleadas por el tribunal ad-quem para la solución del fondo del litigio las cuales se impugna la interpretación de las misma son las contenidas en el articulo 31 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO en relación con el articulo 4 de la LEY DE PROPIEDAD. EXPLICACION DE LA VIOLACION. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al dictar la sentencia definitiva de fecha (27) de Febrero del 2014, la cual a su vez revoca la sentencia definitiva de fecha (09) de Septiembre del 2013 dictada por el tribunal a-quo, no deja margen a duda alguna que dicho tribunal de alzada realizo una mala Interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio como ser las disposiciones establecidas en los artículos 31 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO el cual establece: Los órganos desconcentrados son creados por ley, la que determinara su grado de desconcentración, su respectiva competencia la cual ejercitaran con autonomía técnica-administrativa y financiera. “PERJUICIO DE LO QUE LAS LEYES DISPONGAN, EL PERSONAL DE ESTOS ORGANOS ESTARA SUJETO AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL”. Esto en relación con el artículo 4 de la LEY DE PROPIEDAD el cual establece lo siguiente: CREASE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) COMO UN ORGANO DESCONCENTRADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA… Lo anterior pone de manifiesto que la corte sentenciadora al interpretar de forma errónea las normas de derecho antes relacionadas, a establecido en la sentencia definitiva fecha 27 de Febrero del 2014, que todos los servidores y funcionarios los empleados del Instituto de la propiedad quedan sujetos al reglamento de personal el cual fue aprobado por el Instituto de la Propiedad ya que dicho reglamento establece los casos en que se puede dar por cancelado el respectivo acuerdo de nombramiento sin responsabilidad alguna , procedimiento el cual en el caso de autos se cumplió, por haber sido cancelado el acuerdo del demandante HAMMERLY JOSE ARGUETA MURILLO por una de las circunstancias establecidas en dicho reglamento ya que solo en no lo prescrito en el, por ser una institución desconcentrada se aplica la Ley de Servicio Civil como normas supletoria , tan es así que el reglamento de la ley de Servicio Civil establece entre sus diferentes categorías de faltas ( leves, menos graves y graves ) las que sean tipificado como tales en el reglamento de cada dependencia; interpretación de las norma de derecho que realiza el tribunal ad-quem, la cual a todas luces es contraria a derecho puesto que es evidente que el mismo a olvida lo preceptuado en el articulo 205 de la Constitución de la República el cual establece: CORRESPONDE AL CONGRESO NACIONAL LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES: 1. CREAR, DECRETAR, INTERPRETAR, REFORMAR Y DEROGAR LAS LEYES. Lo antes expuesto indica que el reglamento de personal del instituto de la propiedad no constituye una ley de la república en virtud de no haber sido aprobado por el congreso nacional si no que por el mismo Instituto de la Propiedad; esta mala interpretación de las normas de derecho empleadas por el a-quem para la solución del fondo del litigio antes a provocado que la corte sentenciadora dejase de proteger las normas del ordenamiento jurídico procurando la adecuada interpretación del derecho objetivo a favor del demandante, ya que si el tribunal de alzada hubiese realizado una mejor interpretación de las normas de derecho antes relacionados hubiese confirmado la sentencia definitiva de fecha 09 de Septiembre del 2013 dictada por el tribunal de primera instancia en virtud de estar ajustada a derecho dicha sentencia de primera instancia, ya que el acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación No.-DGCG-046-2011 EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, se encontrase revestido de ilegalidad en virtud que no se llevo a cabo el procedimiento contemplado en la ley y reglamento de Servicio Civil cuerpos legales los cuales valga la salvedad establecen con claridad meridiana los procedimientos a seguir para la reglamentación de las faltas cometidos por el personal sujeta en virtud de la ley a dicho régimen. Es por las razones antes expuestas que del análisis que haga el tribunal supremo deberá de ser casa la sentencia recurrida en este segundo motivo de casación.”.- IV.- El cargo que antecede no es admisible por presentar los siguientes defectos técnicos: a) en la explicación del cargo alude a normas no relacionadas en la estructura del motivo como ser el artículo 205 de la Constitución de la República; y, b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual le esta vedado en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil; y ordenar la remisión de las actuaciones al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de octubre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 276-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL