Sentencia CA-275-14 — Registro 5025
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) es omiso en señalar si la infracción alegada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas citadas como violadas; b) invoca como infringidos los artículos 7, 207 y 213, que contienen varios literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cual dirigir su ataque; c) señala normas que no han sido citadas como violadas, tal es el caso de los artículos 78 y 88, además no indican a que norma legal pertenecen; y, d) formula alegatos de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, representado en juicio por el abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES; y, Recurrido: el señor DAVID BAUDILIO LÓPEZ MENDIETA, representado en juicio por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo del Poder Legislativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se solicita el reintegro y el pago de los salarios caídos desde la ilegal e injusta cancelación hasta la fecha en que se ejecute el reintegro solicitado, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor DAVID BAUDILIO LÓPEZ MENDIETA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del Congreso Nacional, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que mediante acuerdo No.066 de fecha ocho de septiembre de dos mil ocho, fue nombrado en el cargo de Asistente de Cámara de la Primera Secretaría del Congreso Nacional, posteriormente, el demandante fue trasladado al cargo de Oficinista de la Bancada Liberal; en fecha treinta de junio del dos mil once, el Presidente del Poder Legislativo emitió el acuerdo No.CN 075/11/BL/CN, mediante el cual se le canceló al demandante del cargo que venía desempeñando, fundamentándose en una supuesta reestructuración y reducción del gasto, sin embargo esta causal es totalmente inexistente pues se han nombrado a una serie de personas en los puestos de oficinista y otros puestos afines dentro del Congreso Nacional, siendo dicha cancelación ilegal, injustificada y violatoria del ordenamiento jurídico, según lo establecido en los artículos 24, 25, 35 párrafo primero, y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1 de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, contestó dicha demanda señalando que se rechaza lo manifestado por el demandante que de manera defectuosa se le notificó el acuerdo de cancelación de fecha treinta de junio de dos mil once, no siendo cierto tal aseveración, en virtud de que por una parte el demandante al haber presentado la demanda en tiempo y forma ante el Juzgado de Letras competente, de acuerdo con lo señalado con el artículo 49 de la Ley de lo Contencioso Administrativo relacionado con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se deduce que la notificación del acuerdo de cancelación del demandante se hizo sin violentar ninguna norma legal, en virtud de haber hecho uso de los derechos que la ley establece a su favor en este sentido, quedando entonces convalidada ésta, al haber presentado la demandada en tiempo; es importante mencionar que el Congreso Nacional de la República se rige por la Ley especial denominada, “Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo”, la cual claramente establece en su artículo 9 que: “La selección de personal se hará a través de la oficina de personal del Congreso Nacional, de conformidad con lo establecido en la ley; bajo el mismo procedimiento y a través de la misma unidad de personal, se operara todo movimiento de ascenso, traslado o separación del cargo de los empleados”, y en el caso que nos ocupa, fue precisamente la unidad de Gerencia de Recursos Humanos quién le notificó al demandante la respectiva cancelación; el demandante expresa en su demanda, que la causal que motiva la cancelación de su cargo, es totalmente inexistente, situación ésta que se aleja totalmente de la verdad, si bien es cierto el articulo 25 la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo, establece: “Que se entenderá como autoridad nominadora al Presidente del Congreso Nacional”, no es menos cierto que al emitir el acuerdo de cancelación lo hizo en base a la facultad que ostenta en virtud de la ley que los rige.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor David Baudilio López Mendieta, por no ajustarse a Derecho el acto administrativo impugnado identificado como el acuerdo número CN-075/11/BL/CN de fecha 30 de junio de 2011, emitido por el Congreso Nacional, mediante el cual se cancela por reestructuración y reducción de gastos al demandante del cargo de Oficinista de la Bancada Liberal, en virtud de haber sido emitido prescindiendo total y absolutamente del proceso establecido para cancelar por cesantía a un servidor público, en consecuencia, se anula totalmente; reconoció la situación jurídica individualizada del demandante y para el pleno restablecimiento se resolvió adoptar el reintegro del demandante al cargo que ocupaba en el Congreso Nacional, en caso de no ser posible el reintegro al cargo antes señalado, debe reintegrarse a otro puesto de igual categoría, salario y en las mismas condiciones, asimismo a petición del demandante, ante la autoridad competente, tiene derecho si fuera su elección al pago de prestaciones laborales, más el pago de los salarios dejados de percibir, ambos pagados hasta la fecha de firmeza de la sentencia definitiva; condenó al Congreso Nacional, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, decimocuarto mes, decimotercer mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder; se difieren para la fase de ejecución de la sentencia, la cuantía por los valores antes señalados; condenó al Congreso Nacional, a reconocer, ejecutar y pagar al demandante los conceptos señalados en el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo impugnado y por medio del cual se canceló por cesantía al demandante se dictó con infracción del ordenamiento jurídico por lo que al estar debidamente probado en autos que la autoridad nominadora no siguió con los presupuestos legales para cancelar por cesantía al demandante, es imperativo decretar la procedencia de la demanda y por consiguiente la nulidad del acto impugnado por haber sido dictado con infracción del ordenamiento jurídico.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, esto es porque el demandante al ser cancelado de su puesto de trabajo por reestructuración y reducción de gastos según la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo, se tenía que seguir los presupuestos y principios de la cancelación por cesantía ordenado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para poder emitir la cancelación, lo que no ocurrió como consta de autos.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, presentó en fecha ocho de mayo de dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.081-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.374-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha doce de mayo de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, presentó en fecha veinte de mayo de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución los abogados SAMUEL FLORENTINO SALGADO y PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha trece de junio de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados SAMUEL FLORENTINO SALGADO, como recurrido y PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Este motivo impugna los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 1), letra b), del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Los artículos 3, 7, 207, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por virtud del Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción y relacionados entre sí establecen que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su anulabilidad cuando estos actos procesales contengan irregularidades, siendo los medios idóneos para lograr la anulación de los actos procesales la utilización de los recursos establecidos en la ley, como es el caso. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: Las garantías del debido proceso implican, entre otros aspectos que el proceso es por sí mismo un instrumento de tutela de los derechos sustantivos de las partes así como de los derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, cuando un proceso se ventila sin que se reúnan todas y cada una de las garantías en los actos procesales procede inevitablemente la declaración de anulación del mismo. Que obra en la pieza que se encuentra en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sentencia definitiva de fecha 27 de Marzo de dos mil catorce, sentencia esta que no es conforme a derecho, y no es congruente con el recurso de apelación interpuesto, todo esto en vista de lo siguiente: 1) En fecha 02 de Septiembre de 2013 interpuse recurso de apelación aduciendo la nulidad absoluta de actuaciones de la que es objeto la sentencia en primera instancia, en vista de que la sentencia antes mencionada fue dictada fuera de los plazos establecidos por la Ley para ejercer dicha acción, ya que el A Quo en fecha 26 de Junio de 2013 emite providencia en la cual cita a las partes a oír sentencia definitiva, quedando firme el mismo el 17 de Julio de 2013; La de esta jurisdicción señala en su Artículo 78: “La sentencia se dictará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión del auto a que se refiere el artículo anterior”, por lo que el juzgador tenía hasta el 30 de Julio de 2013 para emitir su fallo, pero lo hace hasta el 31 de Julio de 2013. Con lo anterior se violentaron las normas del debido proceso provocando necesariamente la nulidad del fallo. 2) Asimismo fue objeto de recurso de Apelación la nulidad Absoluta de actuaciones que deriva de un comportamiento constitutivo de “caducidad de instancia”, situación esta que expongo de la siguiente manera: el demandante en fecha 03 de Agosto de 2011 presento demanda Contencioso Administrativa solicitando LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DEL PODER LEGISLATIVO, RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDULIZADA Y PARA SU PLENO RESTABLECIMIENTO SE SOLICITA EL REINTEGRO Y EL PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS DESDE LA ILEGAL E INJUSTA CANCELACION HASTA LA FECHA EN QUE SE EJECUTE EL REINTEGRO SOLICITADO. Demanda esta que fue admitida en fecha 04 de Agosto de 2011, del auto anteriormente expuesto el Abogado Samuel Florentino Salgado se notifica personalmente en fecha 19 de Julio de 2012, dicha notificación fue refrendada por el Secretario por Ley; es decir 11 meses después de admitida dicha demanda, resulta evidente que el juicio fue paralizado por más de seis meses sin que la parte actora movilizara el procedimiento, dicho accionar me fue contrario más creo yo por una falta de apreciación jurídica, ya que estamento jurídico positivo que rige esta Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece claramente en su artículo 88 que: “Se declarara la caducidad de la instancia por cualquier causa imputable al actor se haya paralizado el proceso durante seis meses” situación está por la cual fue interpuesto el recurso de apelación que ahora es objeto del presente Recurso de Casación. Por lo anteriormente expuesto y dando lectura integra a la sentencia emitida por el Ad-Quem, resulta claro, que el mismo se oriento a dirimir cuestiones de procedimiento administrativo, como si fuere ese el objeto de Recurso de Apelación, queda evidenciado que lo que causa una nulidad es la improcedencia que sustento la caducidad de instancia así como la sentencia en primera instancia emitida fuera de los plazos establecidos. Por tal Razón solicito a esta Honorable Corte Suprema de Justica Sala Laboral-Contencioso, anule en su totalidad las sentencias emitidas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y la sentencia Emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo la cual fue emitida fuera de los plazos establecidos, asimismo que se haga observancia de la nulidad absoluta de actuaciones a la que fue objeto el proceso que ahora nos atañe, todo esto en vista de que la parte actora dejo en abandono el juicio por mas de seis meses. Por lo antedicho, procede estimar este motivo de casación”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) es omiso en señalar si la infracción alegada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas citadas como violadas; b) invoca como infringidos los artículos 7, 207 y 213, que contienen varios literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cual dirigir su ataque; c) señala normas que no han sido citadas como violadas, tal es el caso de los artículos 78 y 88, además no indican a que norma legal pertenecen; y, d) formula alegatos de instancia.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha dieciséis de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 275-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL