Sentencia CA-271-14 — Registro 5370
Resumen
En segunda instancia se reforma la sentencia dictada por el juzgado en cuanto a confirmar parcialmente el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto a que se desestima la primera defensa previa respecto a que la demanda presentada es extemporánea y revoca lo relativo a la causa de falta de competencia objetiva al juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- Se modifica el ordinal segundo en cuanto a que se declaren con lugar las defensas previas relativas a que el acto impugnado es reproducción de uno anterior ya definitivo y firme que no fue recurrido en tiempo y forma.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Pero es el caso que el Petente no ha sido claro ni preciso en la formulación de los cargos que sustentan su recurso. En primer lugar, no establece con precisión cuales normas procesales son las que se encuentran indebidamente aplicadas conforme a las causales contenidas en los incisos a) y c) del numeral 1 del artículo 719; del Código Procesal Civil; en el tercer cargo denuncia la sentencia “por adolecer de defectos de forma y contenido”, pero tampoco señala la norma procesal que considera violada ni se preocupa en ilustrar si es por indebida aplicación de la forma o del contenido, ni la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, volviendo con ello al recurso carente de toda técnica casacional, puesto que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada, debiendo fundamentar lo pedido con identificación del vicio o error que lo causa, asi como del pronunciamiento o parte de él que se está impugnando.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También el artículo 701 numeral 1) del referido Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrentes: CESAR AUGUSTO ALVARADO, ALEJANDRO CASTILLO GÓMEZ, JORGE ROLANDO MEZA PALMA, HEIDI EMILIA VIDES BETANCOURT, NELSON ARMANDO DOBLADO, LUIS ALBERTO ZEPEDA, MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ GONZALES, ELDA NINOSKA FAJARDO MUNGUÍA, JORGE ALBERTO GÓMEZ PUERTO, FREDIS JOAQUÍN ROMERO BAIRES, JOSÉ AMÍLCAR SALGADO LAÍNEZ, NORA CHRISTHEL ARGUETA CARDONA, TOMAS ALONSO MENDOZA MARTIN, JOAQUÍN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ MORALES, MARLON MARCIO MEDRANO RAMÍREZ, ZOILA SUYAPA ÁVILA PUERTO, ALLAN CARLOS BENDECK GABRIE, JOSÉ RENAN CARIAS MARTÍNEZ, JOSÉ ALEXANDER ELVIR, TELMA YANETH SORTO CONTRERAS, CIRO AHMED NAVARRO CRUZ, CARLOS ALFREDO VALLE GARCÍA, OSCAR WASHINGTON FERREIRA ROJAS, TOMAS ADAN SANCHEZ FLORES, OMAR FONSECA GARCÍA, JOSÉ FIDEL ALVARADO SÁNCHEZ, representados en juicio por el Abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA y el Recurrido: ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS (ESNACIFOR), representada en juicio por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda por la vía ordinaria para declarar la ilegalidad de un acto administrativo por no haber sido proferido conforme a derecho, se solicita se declare la nulidad del mismo, se solicita el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, se solicita el pago retroactivo del ajuste del salario y el pago proporcional retroactivo de: decimotercer mes, decimocuarto mes, vacaciones y bonificaciones dejados de pagar a los empleados que laboran y que laboraron en la Escuela Nacional de Ciencias Forestales ESNACIFOR, que son miembros del colegio de profesionales forestales de Honduras (COLPROFORH), a partir del 15 de octubre del 2005, fecha en la cual entró en vigencia el arancel del profesional forestal de Honduras que asciende a la cantidad de L.75,427,099.05, más el acumulado que resulte hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme, promovida por los señores CESAR AUGUSTO ALVARADO, casado, Ingeniero Forestal, ALEJANDRO CASTILLO GÓMEZ, casado, dasónomo, JORGE ROLANDO MEZA PALMA, casado, master, HEIDI EMILIA VIDES BETANCOURT, casada, Ingeniero Forestal, NELSON ARMANDO DOBLADO, casado, Ingeniero Forestal, LUIS ALBERTO ZEPEDA, casado, Master, MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ GONZALES, casado, Master, ELDA NINOSKA FAJARDO MUNGUÍA, soltera, Master, JORGE ALBERTO GÓMEZ PUERTO, casado, Ingeniero Forestal, FREDIS JOAQUÍN ROMERO BAIRES, casado, Master, JOSÉ AMÍLCAR SALGADO LAÍNEZ, casado, Master, NORA CHRISTHEL ARGUETA CARDONA, soltera, Master, TOMAS ALONSO MENDOZA MARTIN, casado, Ingeniero Forestal, JOAQUÍN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, casado, Ingeniero Forestal, JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, casado, Ingeniero Forestal, JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ MORALES, casado, Ingeniero Forestal, MARLON MARCIO MEDRANO RAMÍREZ, casado, Ingeniero Forestal, ZOILA SUYAPA ÁVILA PUERTO, casada, Ingeniero Forestal, ALLAN CARLOS BENDECK GABRIE, casado, Ingeniero Forestal, JOSÉ RENAN CARIAS MARTÍNEZ, casado, Ingeniero Forestal, JOSÉ ALEXANDER ELVIR MURILLO, casado, con Doctorado, TELMA YANETH SORTO CONTRERAS, soltera, Ingeniero Forestal, CIRO AHMED NAVARRO CRUZ, con Maestría, casado, CARLOS ALFREDO VALLE GARCÍA, Ingeniero Forestal, casado, OSCAR WASHINGTON FERREIRA ROJAS, Ingeniero Forestal, casado, TOMAS ADAN SANCHEZ FLORES, casado, Ingeniero Forestal, OMAR FONSECA GARCÍA, casado, Ingeniero Forestal, y JOSÉ FIDEL ALVARADO SÁNCHEZ, casado, todos hondureños, mayores de edad y con domicilio en Siguatepeque, Departamento de Comayagua, representados en juicio por el Abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de febrero del año dos mil doce, contra la ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS (ESNACIFOR), representada en juicio por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta en el escrito de su acción que laboran y laboraron para La Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), que al amparo de la ley de Colegiación Obligatoria están colegiados en el Colegio de Profesionales Forestales de Honduras COLPROFORH. Resulta que en la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, emitida por el Soberano Congreso Nacional, mediante Decreto Número 70-89, de fecha 20 de junio de 1989, específicamente en el artículo 7 literal d), delega expresamente al Colegio de Profesionales Forestales de Honduras (COLPROFORH) la aprobación de su propio Arancel cuando dice: 7.-Son Derechos de los Colegiados: a), b), c), ch), d) “Pactar sus honorarios profesionales siempre y cuando tales honorarios no sean menores a las tarifas establecidas en el Arancel profesional debidamente aprobado por el Colegio”. En tal sentido la Asamblea General Extraordinaria, del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, celebrada en esta ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha 21 de octubre del año 2000, aprobó el Arancel Profesional, de COLPROFORH, en el que se determinan los mínimos que, en concepto de honorarios, deben cobrar los colegiados. Arancel que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, en su edición número 30,824, de fecha 14 de octubre del año 2005, pasando a cobrar obligatoriedad a partir de su publicación; que el marco jurídico en que se apoyan los honorarios de los profesionales forestales debidamente colegiados, conforme a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria es su propio arancel, el que no les permite que devenguen honorarios por debajo de los establecidos en el mismo, que el ajuste de los salarios debe hacerse efectivo a partir del 15 de octubre del año 2005, fecha en que adquiere obligatoriedad el Arancel Profesional, que ya existe mucha jurisprudencia en relación a las aplicaciones de aranceles profesionales obligatorios, en donde las entidades inicialmente se han negado a su aplicación, para luego mediante ordenanza judicial, proceder a su implementación, lo que les ha conllevado a costos y pérdidas de tiempo innecesarias; que al efectuar el ajuste salarial proporcional a partir del 15 de octubre del año 2005, esto lleva aparejado otros ajustes proporcionales, que de igual manera les corresponden a los empleados de ESNACIFOR y que fueron dejados de percibir, por la no aplicación del arancel, entre ellos: ajustes a: aguinaldos, decimotercer mes, decimocuarto mes, vacaciones y bonificaciones, como la comprendida en el artículo 16 párrafo segundo del Arancel del Profesional Forestal de Honduras; que en fecha 26 de agosto del año 2011, siguiendo el procedimiento de Ley, se presentó ante el señor Director Ejecutivo de (ESNACIFOR), el reclamo que en el acápite menciona: se presenta reclamo administrativo previo a la vía judicial para la aplicación del arancel del COLEGIO DE PROFESIONALES FORESTALES DE HONDURAS (COLPROFORH), a los empleados que laboran en la ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES ESNACIFOR.- se solicita el pago retroactivo del ajuste salarial por la no aplicación del arancel a partir de su vigencia. -se solicita el pago retroactivo del ajuste que por concepto de aguinaldo, decimocuarto mes, decimotercer mes vacaciones y otros pagos colaterales tienen derecho mis representados a partir de la entrada en vigencia del arancel. Obteniéndose una resolución al margen de la ley que literalmente dice: “ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES, Siguatepeque, Departamento de Comayagua, seis de septiembre del año dos mil once. Admítase el escrito que antecede presentado por el Abogado Luís Alonso Mejía Rivera en su condición de apoderado legal de las personas siguientes: Cesar Augusto Alvarado Borjas, Alejandro Castillo Gómez, Jorge Rolando Mesa Palma, Heydí Emilia Vides Betancourt, Nelson Armando Doblado Mejía, Luis Alberto Zepeda, Miguel Angel Velásquez González, Elda Ninoska Fajardo Munguía, Jorge Alberto Gómez Puerto, Fredis Joaquín Romero Baires, José Amílcar Salgado Laínez, Nora Christhel Arqueta Cardona, Tomas Alonso Mendoza Martin, Joaquín Sánchez Hernández, José Antonio Rodríguez Méndez, José Francisco López Morales, Marlon Marcio Medrano Ramírez, Zoila Suyapa Avila Puerto, Allan Carlos Bendeck Gabríe, José Renán Carias Martínez, José Alexander Elvír Murillo, Thelma Janeth Sorto Contreras, Ciro Amhed Navarro Cruz, Carlos Alfredo Valle García, Oscar Washinton Ferreira Rojas, Tomas Adan Sánchez Flores, Dinar Fonseca García y José Fidel Alvarado Sánchez, contentivo de un reclamo administrativo previo a la vía judicial para la aplicación del Arancel del Colegio de profesionales Forestales de Honduras (COLPROFORH), a los empleados que laboran y laboraron en la Escuela Nacional de Ciencia Forestales (ESNACIFOR).- CONSIDERANDO: Que en el presente reclamo existe igualdad en la parte reclamante y reclamada e igualdad en la aparente causa de pedir de un reclamo anterior, es prácticamente una reproducción del anterior presentado en fecha quince de julio del año dos mil once.- CONSIDERANDO: Que atendiendo lo expuesto tanto en el presente reclamo, como el anterior es claro que la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los árganos que la tengan atribuida por ley. Que la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), es una institución autónoma y descentralizada y sus relaciones laborales con sus empleados se encuentran reguladas por el Código de Trabajo. Que el artículo 3 del Reglamento Interno de Trabajo de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), aprobado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, establece que las relaciones laborales están reguladas por el Código del Trabajo.-CONSIDERANDO: Que el artículo 691 del Código de Trabajo establece que en las acciones contra una persona administrativa autónoma solo podrá iniciarse cuando se haya agotado el Procedimiento gubernativo.- CONSIDERANDO: Que en todo procedimiento administrativo, la incompetencia puede declararse de oficio en cualesquier fase del procedimiento y previa resolución del mismo. POR TANTO: En uso de las facultades de que esta investida y en aplicación de los artículos 262, 265, 321 de la Constitución de La República; 7, 29, 47, 120 y 122, de la Ley General de La Administración Públicas; 3, 7, 14, 19, 34 literal a), 48, 50, 51, 56, 87, 88, 89, de La Ley de Procedimiento Administrativo; 691 del Código de Trabajo; 1 de la Ley de Creación de La Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) RESUELVE, PRIMERO: Nuevamente y como reproducción de acto anterior se declara la incompetencia de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) para conocer y resolver el reclamo relacionado y presentado por el abogado Luís Alonso Mejía Rivera, en su condición de apoderado legal de las personas siguientes: Cesar Augusto Alvarado Borjas, Alejandro Castillo Gómez, Jorge Rolando Mesa Palma, Heydi Emilia Vides Betancourth, Nelson Armando Doblado Mejía, Luis Alberto Zepeda, Miguel Angel Velasquez González, Elda Ninoska Fajardo Munguía, Jorge Alberto Gómez Puerto, Fredís Joaquín Romero Baíres, José Amílcar Salgado Laínez, Nora Ohristhel Arqueta Cardona, Tomas Alonso Mendoza Martin, Joaquín Sánchez Hernández, José Antonio Rodríguez Méndez, José Francisco López Morales, Marlon Marcio Medrano Ramírez, Zoila Suyapa Avila Puerto, Allan Carlos Benáeck Gabrie, José Renán Carias Martínez, José Alexander Elvir Murillo, Thelrna Janeth Sorto Contreras, Ciro Amhed Navarro Cruz, Carlos Alfredo Valle García, Oscar Washinton Ferreira Rojas, Tomas Adan Sánchez Flores, Omar Fonseca García y José Fidel Alvarado Sánchez, contentivo de un reclamo administrativo previo a la vía judicial para la aplicación del Arancel del Colegio de profesionales Forestales de Honduras (COLPROFORH) a los empleados que laboran y laboraron en la Escuela Nacional de Ciencia Forestales (ESNACIFOR).- SEGUNDO: Nuevamente indicar a la parte interesada que siendo que la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) es una institución autónoma, cualquier reclamo o petición respecto a las relaciones laborales con sus empleados debe ser ventilado o interpuesto ante La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, como órgano competente.- TERCERO. Indicar a la parte interesada que contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 14 de La Ley de Procedimiento Administrativo. -NOTIFIQUESE. -INGENIERO GABRIEL BARAHONA. Director Ejecutivo por Ley de La Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), Firma y sello.- Abogado Gerardo Tomé Rosales, Secretario General, Firma y Sellos. Fin de la resolución. Al análisis jurídico de la resolución hoy impugnada se deducen a criterio personal que existe interpretaciones erróneas del ordenamiento jurídico, como de igual manera violaciones al procedimiento que como Juez que tutela el derecho de los particulares está en obligación de observar, verbigracia: Interpretación errónea de la Ley.- (Código de Trabajo, artículo 691; artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo y Ley de Creación de La Escuela Nacional de Ciencia Forestales (ESNACIFOR) artículo 1.-Que la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), es una institución autónoma y descentralizada y sus relaciones laborales con sus empleados se encuentran reguladas por el Código del Trabajo. Es lógico deducir que el ente que resolvió nuestra petición ignora la existencia de leyes especiales que se sustraen del Código del Trabajo y que dan una especialidad a este tipo de casos. Cuando existe como en el presente caso, una Ley orgánica, que a su vez delega expresamente a su asamblea establecer su propio arancel, con esto se está como lo dijo anteriormente, sustrayendo de la generalidad para convertirse en un instrumento especial, esto al amparo de la Ley de Colegiación Obligatoria, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales Forestales y su Arancel, que mientras tanto no sea declarada por un ente jurisdiccional su inaplicabilidad debe ser considerado como de obligatorio cumplimiento. Interpretación errónea de la Ley.-(Código de Trabajo, artículo 691; artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo y Ley de Creación de La Escuela Nacional de Ciencia Forestales (ESNACIFOR) artículo 1.-Que la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), es una institución autónoma y descentralizada y sus relaciones laborales con sus empleados se encuentran reguladas por el Código del Trabajo. Es lógico deducir que el ente que resolvió su petición ignora la existencia de leyes especiales que se sustraen del Código del Trabajo y que dan una especialidad a este tipo de casos. Cuando existe como en el presente caso, una Ley orgánica, que a su ves delega expresamente a su asamblea establecer su propio Arancel, con esto se esta como lo dije anteriormente, sustrayendo de la generalidad para convertirse en un instrumento especial, esto al amparo de la Ley de Colegiación Obligatoria, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales Forestales y su Arancel, que mientras tanto no sea declarada por un ente jurisdiccional su inaplicabilidad debe ser considerado como de obligatorio cumplimiento. Abuso de poder.- Al insertar el señor Secretario de ESNACIFOR, una nota al margen de la notificación que a la primera dice. “Se indica al peticionario que debe interponer su reclamo ante La Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social para que la institución autónoma Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), sea citada a efecto de agotar el procedimiento que ordena el artículo 691 del Código de Trabajo, de conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo no procede recurso alguno contra esta resolución. Fírma Abog. GERARDO TOME ROSALES.- SECRETARIO GENERAL. Como el Secretario General de un ente del Estado, no tiene otras facultades que le confiere la ley, al insertar este tipo de notas, adultera el procedimiento, por lo tanto misma es nula y acarrea responsabilidad.- 2.- La parte demandada, la ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS (ESNACIFOR), en fecha veintiuno de febrero del año dos mil trece, interpuso escrito contentivo de cuatro defensas previas, alegando lo siguiente: La demanda incoada en contra es extemporánea, en virtud de haber sido interpuesta fuera del término legal establecido de 30 días hábiles, lo cual da lugar a la defensa previa que señala que se declarará la inadmisibilidad cuando la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos según artículo 80 letra d) en relación con el artículo 48 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Y es que de la revisión del expediente administrativo donde obra el acto impugnado SGOO2-2011, consta la resolución de fecha 9 de noviembre del 2011 que constituye el acto administrativo que le puso fin al reclamo administrativo o mejor dicho a la vía administrativa, ya que se trata de la resolución dictada con ocasión del recurso de apelación que interpuso el demandante en su momento, y por ende tal acto administrativo agota el procedimiento y queda expedita la vía judicial sin que proceda ulterior recurso ya que se trata de un acto dictado en segunda o ulterior instancia. Que el Abogado Luis Alonso Mejía interpuso el recurso de apelación contra la resolución de la Dirección Ejecutiva de la ESNACIFOR el día 11 de octubre del 2011; dicho recurso fue resuelto por el Honorable Consejo Directivo de la ESNACIFOR el 9 de noviembre del 2011, notificándose personalmente de esa resolución el Abogado citado el 25 de noviembre del año 2011, en consecuencia a partir de esa fecha comenzó a correr el termino de 30 días hábiles para interponer la demanda correspondiente, ya que ese acto administrativo no es sujeto de ningún otro recurso para acudir a esta jurisdicción tal como dispone el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción. Como se puede observar en el expediente administrativo SGOO2-2011, la parte actora recurrió en apelación la resolución dictada por la Dirección Ejecutiva de la ESNACIFOR, lo cual es correcto ya que la Dirección Ejecutiva tiene un órgano jerárquico superior, pero la demanda incoada es extemporánea, en virtud de haber sido interpuesta fuera del término legal establecido de 30 días hábiles, lo cual da lugar a la defensa previa que señala que se declarará la inadmisibilidad cuando la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos según articulo 80 letra d) en relación con el artículo 48 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Consecuentemente en el caso de autos nos encontramos ante un acto administrativo impugnado consistente en la resolución de fecha 6 de septiembre del 2011 dictada por la Dirección Ejecutiva de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), la cual es reproductora de otro acto administrativo anterior ya definitivo y firme como lo es la resolución de fecha 26 de Julio del 2011, dictada en el primer reclamo administrativo formulado por la parte demandante y que fuera interpuesto el día 15 de julio del 2011. Así mismo señala, que el caso sometido a revisión de esta jurisdicción comprende la petición de tutela de derechos de orden laboral, lo cual es causal para la interposición de la Defensa Previa consignada en el artículo 80 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con relación al artículo 4 letra a) de la misma, ya que el conocimiento no corresponde a esta jurisdicción, no solo por la propia naturaleza de la demanda y su objeto, sino que también por la naturaleza del órgano emisor del acto impugnado. Y es que la pretensión principal de la parte actora es la de garantizar la protección de derechos de orden estrictamente laboral, ya que en el reconocimiento de la situación jurídica individualizada, el demandante pide el reconocimiento a que se les aplique el “Arancel del Profesional Forestal de Honduras”, lo cual no es más que una pretensión de índole laboral habida cuenta que la misma recae sobre el salario que devengan los empleados de ESNACIFOR; Así mismo la naturaleza del órgano emisor conlleva que, el mismo con respecto a la relación con sus trabajadores, se encuentre regulado bajo la égida del Código del Trabajo y es esta normativa la que determina el procedimiento a seguir para las reclamaciones derivadas de las relaciones laborales con sus empleados. En conclusión, es evidente que se pretende obtener por la vía de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, una declaración judicial que abarca aspectos que solo la jurisdicción ordinaria laboral puede garantizar, ya que por ley a la jurisdicción le está vedado su conocimiento al tenor del artículo 4 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que señala que no corresponderán a esta jurisdicción las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral etc. Que lo Demandado corresponde al orden estrictamente laboral, lo que se confirma con lo expuesto en el título IX capitulo II, artículo 691 del Código del Trabajo que regula la competencia en materia laboral. En relación a la defensa previa anterior, también opera en este caso una causa de inadmisibilidad por tratarse de actos que se dictan en virtud de una ley que expresamente excluye a esta jurisdicción, al tenor del artículo 80 letra c) con relación al artículo 63 letra a) y 31 letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Y es que la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), es una institución autónoma y como tal no forma parte de la administración pública centralizada sino que al contrario, es totalmente descentralizada, lo cual trae como consecuencia jurídica que los actos todos que emanan de la relación con sus trabajadores, sean objeto de regulación por el Código de Trabajo y este dispone a su vez, la emisión de una norma complementaria que regula esa relación laboral, en este caso el Reglamento Interno de Trabajo de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) aprobado por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, que establece en su artículo 3 que las relaciones laborales están reguladas por el Código del Trabajo, lo cual nos demuestra la existencia de una norma que lo excluye a esta jurisdicción del conocimiento del acto objeto de la demanda interpuesta, a lo que igualmente es aplicable el artículo 691 del Código del Trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece, dictó sentencia interlocutoria, desestimando las defensas previas relativas a que la demanda presentada es extemporánea y que existe falta de competencia objetiva del juzgado para conocer de tal acción, declara con lugar las defensas previas relativas a que el acto impugnado es reproducción de uno anterior ya definitivo y firme que no fue recurrido en tiempo y forma, declara la inadmisibilidad de la demanda, sin costas. Criterio: en cuanto a la defensa previa referente a que la demanda ha sido interpuesta fuera de los plazos respectivos, se dice: De manera general, el artículo 48 de La Ley de esta Jurisdicción señala que, la demanda deberá presentarse dentro de un plazo de 30 días hábiles. En este sentido, de la pieza principal de la demanda se desprende que el demandante pretende la nulidad de un acto administrativo emitido por la demandada en fecha 6 de septiembre de 2011, por medio del cual se declara sin lugar la aplicación del Arancel del Profesional Forestal. Tomando en cuenta, de acuerdo con la ley de esta jurisdicción, que es un requisito indispensable el agotamiento de la vía administrativa, es entonces la resolución que puso fin a dicha vía, es decir, la que resolvió el recurso de reposición, y su correspondiente notificación, el momento que realmente marca el inicio de los 30 días otorgados por la Ley para interponer la correspondiente demanda. De la revisión del expediente principal se desprende que LA ESNACIFOR, (ver folio 44 de la pieza principal de autos), ha rechazado el reclamo correspondiente planteado en sede administrativa por los ahora demandantes con el objeto de que se les aplique el Arancel del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras (COLPROFORH). Consta de autos, que en fecha 11 de octubre de 2011, se ha interpuesto contra esta decisión desestimatoria el correspondiente recurso de apelación y, también consta de los autos que en fecha 8 de diciembre de 2011, se ha interpuesto recurso de reposición contra la resolución que rechazó el recurso de apelación. Este último recurso fue rechazado por la demandada en fecha 15 de diciembre de 2011 y se le notificó al ahora demandante tal decisión en fecha 9 de enero de 2012. Por la relación de resoluciones y fechas, entonces el plazo de 30 días que tenía el demandante para interponer su demanda contencioso administrativo comenzó a transcurrir en fecha 10 de enero de 2012 y finalizó el 20 de febrero de 2012. De autos consta que la demanda fue presentada en fecha 20 de febrero de 2012, es decir, el último día hábil del plazo o sea dentro de este mismo. Se le hace ver al apoderado demandado que es improcedente en este estadio, la aplicación estricta de la excepción contemplada en el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, referente a que en efecto es una excepción a la regla de agotar vía administrativa a través de la interposición del recurso de reposición en vista de que ya es un criterio generalizado en este jurisdicción de que si bien es cierta esta excepción, pero también es cierto que la Ley de Procedimiento Administrativo avala la actuación del demandante cuando interpuso recurso de reposición en contra de la resolución que resolvió el recurso de apelación. Se dice que la Ley de Procedimiento Administrativo avala esta forma de actuar de todo administrado, pues se entiende que la norma del artículo 139 y 140 de la Ley de Procedimiento Administrativo no ha sido derogada expresamente, por lo que, entonces todo administrado que haya interpuesto un recurso de apelación contra determinada actuación de la administración pública llevada a cabo por un órgano inferior de la correspondiente jerarquía administrativa TIENE LA POTESTAD, resuelto que sea dicho recurso, de elegir entre acudir a la vía jurisdiccional en aplicación del artículo 43 de la Ley de esta Jurisdicción contencioso administrativa, o bien, interponer, tal y como también lo permite el artículo 139 y 140 de la Ley de Procedimiento Administrativo el respectivo recurso de reposición. Por el análisis realizado, es improcedente esta Defensa Previa. Que en cuanto a la Defensa Previa referente a este Juzgado no tiene competencia para revisar el acto objeto de impugnación, por considerar el demandado que tal aspecto es de índole administrativa, se dice: En este numeral se abordarán los motivos de defensas previas números tres y cuatro alegados, pues están íntimamente relacionados. Así las cosas, de manera general la competencia objetiva de esta jurisdicción está definida en el artículo 1 de la ley, cuando señala que esta Jurisdicción es competente para conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos a derecho administrativo. Volviendo a revisar los autos, destaca que es una pretensión del demandante la nulidad de un acto de la Administración Pública a través de LA ESNACIFOR. Es inerte tratar de definir la competencia que tiene este Juzgado para revisar los actos administrativos bajo el test del tipo de órgano que hubo emitido el acto. Se señala este último aspecto puesto que nada tiene que ver el hecho de si el órgano emisor del acto objeto de impugnación es autónomo, semiautónomo o desconcentrado ya que la Ley de la Jurisdicción no fija la competencia de los órganos contencioso administrativo por el tipo de órgano que emitió el acto. Lo trascendente entonces para delimitar la competencia de este Juzgado, es exclusivamente que el acto administrativo que se pide sea revisado, no solo haya sido proferido por un órgano de la Administración Pública, sino también que esté sujeto al derecho administrativo y a ningún otro derecho. Tomando en cuenta que el alegato del demandante se centra en referir que el competente es la jurisdicción laboral, en tanto la relación de trabajo de los demandantes con LA ESNACIFOR se encuentra regulada por ese ámbito del derecho, se vuelve indispensable entonces que de los autos se desprenda documento alguno que acredite que, en efecto, la relación de trabajo de los demandantes con LA ESNACIFOR, esté regulada por contratos individuales o colectivos de Trabajo de los que contempla, valga la redundancia, el Código Laboral. Si bien de los autos de esta pieza separada, (ver folio 26 al 61), se desprenden documentos de un hecho controvertido. Retomando las incidencias de audiencia de Defensas Previas, en este apartado, lo único controvertido es si la primera resolución, con respecto de la cual se alega la confirmación de un acto posterior, es firme o no. La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente en su artículo 31 letra a) señala que un acto es firme cuando se de cualquiera de las siguientes situaciones: 1) Que no hubiese sido recurrido en tiempo y forma y; 2) Que el acto hubiese sido consentido de manera expresa. Como la resolución con respecto de la cual se alega la confirmación es la identificada como la resolución del 26 de julio de 2011, (ver folio 62 al 64). Pues bien, esta resolución ha resuelto, aunque sea por la vía de la incompetencia, un reclamo administrativo originalmente presentado en fecha 15 de Julio de 2011 y de su lectura en efecto se desprende la igualdad de partes, de pretensiones y de fundamentos de derecho con respecto de la resolución que ahora se impugna en esta sede administrativa. También consta de autos, (ver folio 62 vuelto), que al apoderado de los demandantes se le notificó tal resolución en fecha 29 de Julio de 2011, sin que conste recurso alguno interpuesto en contra de esta primera resolución, por lo que, de acuerdo al numeral 1) supraindicado, tal resolución adquirió el carácter de firme y promover un segundo reclamo con igualdad de circunstancia, no hace más que confirmar la tesis referente a que la demanda cuyas defensas previas hoy se resuelven, se dirige en contra de un acto confirmatorio de otro ya firme por no haberse interpuesto, con respecto de la resolución del 26 de julio de 2011, los recursos procedentes. Por lo dicho esta Defensa Previa es Procedente.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha seis de febrero del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a confirmar parcialmente el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto a que se desestima la primera defensa previa respecto a que la demanda la demanda presentada es extemporánea y revoca lo relativo a la causa de falta de competencia objetiva al juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- Se modifica el ordinal segundo en cuanto a que se declaren con lugar las defensas previas relativas a que el acto impugnado es reproducción de uno anterior ya definitivo y firme que no fue recurrido en tiempo y forma.- Se declara con lugar la tercera y cuarta defensa previa referente a que el conocimiento del asunto no corresponde a esta jurisdicción y instarse de un acto que la ley le excluya de esta jurisdicción.- Reformar el ordinal tercero de la parte resolutiva en cuanto a que se declare inadmisible la demanda por las causales correspondientes en el numeral segundo de la sentencia apelada y por los cuales declaran en la tercera y cuarta defensa previa relativa a que no corresponde el conocimiento a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.- De ser competente el fuero laboral para conocer del presente asunto, así lo estimaren los demandantes, puede acudir a dicho fuero laboral dentro del termino que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señala en el artículo 6 párrafo tercero. – Sin costas. Criterio: que comparte el razonamiento y fundamentación del juez A-Quo, debido que la demanda fue presentada dentro del término legal para ello, contado a partir de la notificación que resuelve el recurso de reposición interpuesto, tomando en consideración que la Ley de la materia establece que por el recurso de reposición se agota la vía administrativa, con la facultad que otorga el artículo 48 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, razón por las cuales la defensa previa planteada resulta ser improcedente ya que la demanda no fue presentado en forma extemporánea. Que respecto a la segunda defensa previa planteada relacionada de que al acto impugnado, es reproducción de otros anteriores ya definitivos y firme, porque los demandantes ya habían presentado un reclamo igual sobre los mismos hechos, causas de pedir que el mismo fundamento el cual ya había sido resuelto, y el que adquirió el carácter de firme, comprobándose tal extremo con el expediente administrativo específicamente a folios del proceso, motivo por el cual es procedente de la defensa previa interpuestas ya que no se admitirá, la demanda respecto de los actos firmes, como el caso que nos ocupa en que estamos ante la presencia de un acto nulo y consentido. Que respecto a la tercera y cuarta defensa previa referente a que el conocimiento del asunto no corresponde a esta jurisdicción por ser de índole laboral al ser la Escuela Nacional de Ciencias Forestales, una entidad descentralizada y tratarse de un acto que la ley expresamente lo excluye de esta jurisdicción y que por ende las relaciones de sus trabajadores, se regulan por el Código del Trabajo; atendiendo la categoría de entidad descentralizada del Estado de la demandada, de conformidad a sus leyes de creación resulta indiscutible en virtud del mandato constitucional que manda que las relaciones laborales entre una entidad descentralizada y sus trabajadores se rige por el Código del Trabajo, en tal sentido el conocimiento del asunto no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que ésta es incompetente.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA, en fecha veinticinco de marzo del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley ó doctrina legal contra la sentencia dictada en fecha seis de febrero del año dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.015-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 086-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha veintisiete de marzo del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandada, la ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS (ESNACIFOR), representada en juicio por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, presentó, en fecha veintitrés de abril del año dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución, los Abogados JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ y LUIS ALONSO MEJIA RIVERA.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA, presentó escrito en fecha doce de mayo del año dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrente y el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, presentó escrito en fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha seis de febrero del año dos mil catorce. Que el recurrente denuncia res motivos con fundamento en los artículos 716 y 719 numeral 1) literales a) y c) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACIÓN. El recurrente fundamenta sus tres motivos, manifestando lo siguiente: 2.1 “PRIMER MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida por aplicación indebida de normas procesales en cuanto a que según el A quem, el Jugado de Lo Contencioso Administrativo, no tiene competencia objetiva para conocer de la presente demanda. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719.1.a) del Código Procesal Civil, en relación con el 29.1 del mismo cuerpo legal. EXPLICAClON DE LA INFRACCION: En la sentencia impugnada de fecha seis de febrero del año dos mil catorce, la Honorable Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, estimo a bien REFORMAR la sentencia de fecha dieciocho de marzo del año 2013, en el sentido siguiente:
- Confirmar parcialmente el ordinal Primero de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto a que se desestima la primera defensa previa respecto a que la demanda presentada es extemporánea; con esta parte confirmatoria estoy de acuerdo en virtud que la defensa previa extemporaneidad de la presentación de la demanda no existe, no obstante, al usar el término parcial, nos obliga a buscar, cual es el otro extremo del numeral que no cambia o que se mantiene y es el siguiente: Evocaran lo relativo a la causa de falta de competencia objetiva al Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, de esta sección judicial. A la lectura literal de esta segunda parte que el A quem deja como vigente, yase está anticipando a lo que resolverá en los numerales subsiguientes, en cuanto a que según ellos el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, no le corresponde la competencia objetiva para conocer del presente caso.- La Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo, aplicó indebidamente el artículo 29 numeral 1, del Código Procesal Civil. Es preciso mencionar únicamente para cuestiones de recordatorio a esta Honorable Corte, Suprema, lo que dice el artículo aludido 29 numeral 1.(corresponde a los juzgados de letras el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otro tribunal, conocerán, así mismo dichos juzgados de los asuntos, actos, cuestiones y recursos que le atribuye la ley orgánica del poder judicial), esto indica que careciendo la Ley de lo Contencioso Administrativo de una norma adjetiva propia, alegamos este articulo con su respectivo numeral, aunado a ello, ya expresamente lo dice el artículo 22 del Código Procesal Civil, como supletorio para los procesos contencioso administrativos entre otros. Para abundar más en lo hasta ahora expuesto, quiero mencionar el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando dice que esta conocerá también de a).b).c).ch) lo relativo a los actos particulares o generales emitidos por las entidades de Derecho Público, tales como colegios profesionales y cámaras de comercio e industria, siempre que la ley no lo sometiere a una jurisdicción especial. - De la anterior lectura se coligen varios elementos entre ellos: Que el Arancel del cual se solicita su aplicación pertenece a una entidad de Derecho Público, como ser Colegio de Profesionales Forestales de Honduras COLPROFORH. Esto incluye forzosamente a las entidades de derecho público y las inserta en el ámbito de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- En cuanto a que ESNACIFORH es una entidad descentralizada y las personas que prestan su servicio se encuentran reguladas por el régimen aplicable a los trabajadores, esta parte está de acuerdo en cuanto a que este criterio se debe mantener a los trabajadores en general, en el caso de mérito existe una excepción puesto que para poder desempeñar el cargo que ostentan mis representados es sine qua non el requisito de estar colegiados, tal y como lo manda la ley de Colegiación Obligatoria, que esta última sustrae de la generalidad de los trabajadores que represento para ubicarlos en una condición especial o en una situación de excepción a la regla en relación con los demás trabajadores. El espíritu del artículo 265 constitucional se refiere a las relaciones laborales y no a problemas suscitados entre instituciones de derecho público y patrones, como es el caso que nos ocupa, en muchas ocasiones se ha dado tramite a solicitudes de aplicación de aranceles profesionales en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo entre ellos puedo citarle. 1) Aplicación arancel para el ICF, expediente No.351-2007-3, en donde una de las Honorables Magistradas dictó el fallo favorable, se encuentra firme, como es que en el presente caso no procede por cuestiones de jurisdicción, la doctrina de la Corte debe ser la misma, independiente de las personas naturales que se encuentre de turno, entre muchos otros casos que le puedo citar. Al existir cúmulo de jurisprudencia por lo que no es posible una excepción a esta altura, es por esa razón que considero se debe casar la sentencia en este motivo.- 2.2. SEGUNDO MOTIVO: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria por aplicación indebida de la norma procesal en cuanto a la jurisdicción del Juzgado Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Me sirve de fundamento el artículo 719.1.c) en relación al artículo 23 del Código Procesal Civil. EXPLICAClON DE LA INFRACCION: En la sentencia impugnada de fecha seis de febrero del año dos mil catorce, la Honorable Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, estimo también, en el ordinal CUARTO, de su parte dispositiva DECLARAR CON LUGAR la tercera y cuarta defensa previa referente a que el conocimiento del asiento no corresponde a esta jurisdicción y instarse de un acto que la ley le excluye de esta jurisdicción, algo totalmente fuera de lugar ya que al definir los conceptos de institución descentralizada e institución autónoma, y manejar el Colegio de Profesionales Forestales de Honduras COLPROFORH. Esto incluye forzosamente a las entidades de derecho público y las inserta en el ámbito de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- En cuanto a que ESNACIFORH es una entidad descentralizada y las personas que prestan su servicio se encuentran reguladas por el régimen aplicable a los trabajadores, esta parte está de acuerdo en cuanto a que este criterio se debe mantener a los trabajadores en general, en el caso de mérito existe una excepción puesto que para poder desempeñar el cargo que ostentan mis representados es sine qua non el requisito de estar colegiados, tal y como lo manda la ley de Colegiación Obligatoria, que esta última sustrae de la generalidad de los trabajadores que represento para ubicarlos en una condición especial o en una situación de excepción a la regla en relación con los demás trabajadores. El espíritu del artículo 265 constitucional se refiere a las relaciones laborales y no a problemas suscitados entre instituciones de derecho público y patrones, como es el caso que nos ocupa, en muchas ocasiones se ha dado tramite a solicitudes de aplicación de aranceles profesionales en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo entre ellos puedo citarle. 1) Aplicación arancel para el ICF, expediente No.351-2007-3, en donde una de las Honorables Magistradas dictó el fallo favorable, se encuentra firme, como es que en el presente caso no procede por cuestiones de jurisdicción, la doctrina de la Corte debe ser la misma, independiente de las personas naturales que se encuentre de turno, entre muchos otros casos que le puedo citar. Al existir cumulo de jurisprudencia por lo que no es posible una excepción a esta altura, es por esa razón que considero se debe casar la sentencia en este motivo”.- 2.3 TERCER MOTIVO. “Acuso la sentencia recurrida violatoria por adolecer de defectos de forma y contenido. PRECEPTO AUTORIZANTE. Me sirve de fundamento el artículo 719.1.c) en relación al artículo 206 numeral 1, del Código Procesal Civil. EXPOSICION DEL MOTIVO. La Infracción directa de la ley adjetiva se observa fácilmente al desarrollar el presente motivo, lógicamente tenemos que verlo, en cuanto a lo que se refiere a los requisitos internos de la sentencia, por lo que el artículo 206 numeral 1, del Código Procesal Civil, nos enuncia, que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, como un requisito interno de la sentencia, y cuando se ha violado lo anterior, el artículo 719.1.c del Código Procesal Civil nos da la facultad de poder impugnar esta aplicación indebida de la norma procesal. A la lectura de la sentencia emitida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativa con jurisdicción a nivel nacional, en su parte dispositiva en el numeral tercero dice: “Se modifica el ordinal segundo en cuanto a que se declare Con Lugar las Defensas Previas relativas a que el acto impugnado es reproducción de uno anterior ya definitivo y firme que no fue recurrido en tiempo y forma.” El subrayado es mío.- Señores Magistrados, de la lectura del ordinal tercero anterior, no encontramos ni un acápite de claridad en lo que pretendió manifestar La Corte de Apelaciones, no entendemos que modifico ya que no lo enuncia en ningún lugar, tal vez podamos deducir pretenciosamente que modifica el CON LUGAR y que de ahora será SIN LUGAR, mas es una suposición personal, para una mayor comprensión le transcribo el ordinal segundo de la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, mismo que modifica la Corte de Apelaciones: “SEGUNDO: Declarar CON LUGAR las defensas previas relativas a que el acto impugnado es reproducción de un anterior ya definitivo y firme que no fue recurrido en tiempo y forma” Señores magistrados, tanto el ordinal segundo de la sentencia del juzgado como lo resuelto por la Corte de Apelaciones son idénticos y no dicen nada, con esto se concreta una violación de los requisitos internos que debe llevar una sentencia para que sea válida descritas sobradamente en el artículo 206 numeral 1, del código procesal civil, por lo tanto debe ser casado el presente recurso en el presente motivo”.- III.- Pero es el caso que el Petente no ha sido claro ni preciso en la formulación de los cargos que sustentan su recurso. En primer lugar, no establece con precisión cuales normas procesales son las que se encuentran indebidamente aplicadas conforme a las causales contenidas en los incisos a) y c) del numeral 1 del artículo 719; del Código Procesal Civil; en el tercer cargo denuncia la sentencia “por adolecer de defectos de forma y contenido”, pero tampoco señala la norma procesal que considera violada ni se preocupa en ilustrar si es por indebida aplicación de la forma o del contenido, ni la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, volviendo con ello al recurso carente de toda técnica casacional, puesto que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada, debiendo fundamentar lo pedido con identificación del vicio o error que lo causa, asi como del pronunciamiento o parte de él que se está impugnando.- IV.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También el artículo 701 numeral 1) del referido Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS, por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de noviembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha dieciséis de octubre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 271-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL