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Sentencia CA-264-14 — Registro 5369

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, anulando los actos impugnados, reconociendo la situación jurídica individualizada de las demandantes en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el Impugnante no ha sido claro ni preciso en el escrito que le da acceso a la Corte Suprema de Justicia, puesto que el cargo ha sido formulado incurriendo en defectos contrarios a la técnica que rige el recurso extraordinario de casación. En primer lugar unifica tres causales de casación opuestas entre si en cuanto a su alcance puesto que en la exposición del motivo dispone “La normas de derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente, cometidas por el tribunal, en la aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso…” lo cual es concordante con el precepto autorizante invocado, sin embargo, es impreciso al señalar las normas de derecho supuestamente aplicadas indebidamente toda vez que en el acápite EXPOSICIÒN DEL MOTIVO cita el Artículo 82 de la Ley de Fortalecimiento de Los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público Decreto No. 17-2010 de fecha 22 de Abril del año 2010 en relación con el artículo 96 Constitucional, sin embargo en el desarrollo del CONCEPTO DE LA INFRACCIÒN explica que la corte sentenciadora al confirmar el fallo de primera instancia ha emitido su resolución con base en una norma completamente improcedente, indicando que “… tal es el caso, que enuncia la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la cual es inaplicable al caso concreto, por lo tanto interpretada en forma errónea.“ para inmediatamente después señalar “…Además de lo anterior se infringe el Debido Proceso, ya que la sentencia carece de motivación suficiente, por cuanto la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no considera o se pronuncia sobre los agravios expresados…”. Tal como se pruede apreciar el impetrante es totalmente impreciso en la formulación del único motivo que sustenta la demanda de casación, unificando tres causales en un solo motivo, que en todo caso debió haber expresado en forma separada, volviendo también con ello impreciso el precepto autorizante.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Conviene recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- " Por otra parte, sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada la última ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA y las Recurridas: MARISOL PINEDA ALVAREZ Y OTRA, representada en juicio por la abogada BARBARA REYES SALINAS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de actos administrativos de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento como ser el reintegro a sus puestos de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, otros aumentos, quinquenios, incentivos y demás beneficios mas costas del juicio, promovida por las señoras MARISOL PINEDA ALVAREZ, soltera y MARIA BERNARDETH MIRANDA GUARDIOLA, casada, ambas mayores de edad, hondureñas y de este domicilio, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de junio del dos mil diez, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, representada en juicio por el abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- las demandantes manifiestan en el escrito de su acción que iniciaron sus relaciones laborales de la siguiente manera: MARISOL PINEDA ALVAREZ, inició el veintitrés de octubre del dos mil uno, en el cargo de Procurador y MARIA BERNARDETH MIRANDA GUARDIOLA, inició el uno de agosto del dos mil dos, en el cargo de Auxiliar Jurídico, funcionalmente como Asesor, en la región Sur; en fecha siete de junio del dos mil diez se les notificó la decisión del Ministro de separarlas de sus cargos por no ser necesarios sus servicios, infringiendo el ordenamiento jurídico no siguiendo lo establecido en la Ley de Servicio Civil, viciando de nulidad los actos.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), contestó dicha demanda señalando que se cancelaron a las demandantes mediante acuerdos por ya no necesitar sus servicios, ofreciéndoles el pago de sus derechos adquiridos y prestaciones laborales, actuando en apego de lo establecido en las normas jurídicas, tomando como fundamento el Decreto 17-2010, de fecha veintidós de abril del dos mil diez y en el artículo 82 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público estableciendo que el personal que no sean necesarios sus servicios deben ser separados de sus cargos, siendo una atribución del Director Ejecutivo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de julio del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando: procedente la acción incoada, anulando los actos impugnados, reconociendo la situación jurídica individualizada de las demandantes y para su pleno restablecimiento se resuelve su reintegro a los cargos que desempeñaban al momento de su cancelación, se condenó al pago de los salarios dejados de percibir mas los demás beneficios dados en su ausencia y sin costas, bajo el criterio que la autoridad nominadora no indicó causal para la cancelación, no constando en autos que se haya dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para realizar la cancelación por cesantía o despido, infringiendo el ordenamiento jurídico.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha doce de diciembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmó la sentencia proferida por el a-quo y sin costas, bajo el criterio que no se siguió el procedimiento determinado en las normas jurídicas, viciando de nulidad los actos administrativos, ya que las demandantes no se evaluaron en sus puestos de trabajo previo su cancelación.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, en fecha diecisiete de marzo del dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha doce de diciembre del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.424-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 363-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha diecinueve de marzo del dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, señoras MARISOL PINEDA ALVAREZ Y MARIA BERNARDETH MIRANDA GUARDIOLA, representada en juicio por la abogada BARBARA REYES SALINAS, presentó, en fecha diecinueve de mayo del dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiuno de mayo del dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto Tribunal, siendo notificadas las partes mediante comunicación telefónica de fecha veintitrés de mayo del dos mil catorce a los abogados OSCAR ROLANDO MONTOYA y BARBARA REYES SALINAS.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la abogada BARBARA REYES SALINAS, presentó escrito en fecha veintisiete de mayo del dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida y el Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, presentó escrito en fecha veintinueve de mayo del dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha doce de diciembre del dos mil trece y que el recurrente denuncia un motivo de casación con base en lo dispuesto en los artículos 716 y 719 numeral 2) del Código Procesal Civil.- II. Motivo de Casación. El recurrente fundamenta su motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Infracciones de normas de derecho, establecidas en el artículo 719 numeral 2, por impugnación a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPOSICION DEL MOTIVO: La normas de derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente, cometidas por el tribunal, en la aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso; en relación a lo que literalmente prescriben lo siguiente: Articulo 82 de la Ley de Fortalecimiento de Los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público Decreto No. 17-2010 de fecha 22 de Abril del año 2010, en su tercer párrafo, el cual es claro al regular:”Para los efectos aquí señalados, las acciones de personal que se ejecuten durante los seis (6) meses a partir de la vigencia del presente Decreto, no necesitan complementar tramite alguno ante la Dirección General de Servicio Civil, cuando dicho tramite contravenga o retrase la acción tomada.”, y en el Decreto 113-2011 de fecha 8 de Julio del 2011 se amplio el plazo de seis (6) meses a treinta y seis (36) meses que regula el artículo 36 del precitado Decreto.; en relación con el articulo 96 de la Constitución efe la Republica, que regula: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.; como en forma errónea el Tribunal Ad-quem confirma la Resolución emitida por el Juzgado A-quo, cuando en forma errónea aplica, la Ley de Servicio Civil y no la Ley Vigente, como lo regula el Decreto 17-2010 contentiva de la Ley de Fortalecimiento de Los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público. El concepto de la Infracción lo explico así: En virtud de haberse establecido en la relación de antecedentes, esta Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al haber confirmando la Sentencia Definitiva proferida por el A-quo, ha hecho suyas todas las consideraciones y fundamentos legales en que el mismo se apoyaba, por lo tanto resulta que este Tribunal de Alzada ha estimado que el Acto Administrativo impugnado a través de la presente Demanda, con firmarla, sin tomar en cuenta, como se repite todos los anteriores preceptos legales por ambas instancias y las cuales fueron alegadas a lo largo del juicio, es evidente que el tribunal de primera instancia al emitir la resolución sobre el fondo del litigio lo hizo en base a una norma completamente improcedente, tal es el caso, que enuncia la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la cual es inaplicable al caso concreto, por lo tanto interpretada en forma errónea. Igual que en el caso anterior; deberá constar en el proceso, que la parte recurrente intentó hacer valer este derecho en las dos instancias y que el mismo no le fue reconocido viéndose en la obligación de acudir al recurso extraordinario de casación. Admitido el recurso, se declarará la nulidad de la resolución en cuanto a la improcedencia de las normas del derecho que aplicó el tribunal de primera instancia, para resolver el fondo del litigio. Además de lo anterior se infringe el Debido Proceso, ya que la sentencia carece de motivación suficiente, por cuanto la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no considera o se pronuncia sobre los agravios expresados; sin embargo es la Sentencia motivo del presente recurso, solo se limita al aseverar en el Considerando (4), (5) y (6) el Tribunal Ad-quem, reitera que la Ley aplicable, es la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, dicha aseveración, no es ajustada a derecho, porque la Ley Especial aplicable es el Decreto 17-2010, ya precitado.; apreciaciones estas subjetivas en vista que se probo a lo largo del juicio que la Cancelación de las Señoras MARISOL PINEDA ALVAREZ Y MARIA BERNARDETH MIRANDA GUARDIOLA, fueron emitidas Conforme a Derecho, siguiendo el procedimiento para tal efecto; por lo que esta Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha infringido, la aplicación de normas de derecho, a los artículos ya enunciados, de la forma que ha quedado expuesta; por lo tanto se concluye que la Sentencia Definitiva impugnada deviene en infracción de normas de derecho, por lo que amerita sea Casada Totalmente en este único Motivo.”.- II.- Que el Impugnante no ha sido claro ni preciso en el escrito que le da acceso a la Corte Suprema de Justicia, puesto que el cargo ha sido formulado incurriendo en defectos contrarios a la técnica que rige el recurso extraordinario de casación. En primer lugar unifica tres causales de casación opuestas entre si en cuanto a su alcance puesto que en la exposición del motivo dispone “La normas de derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente, cometidas por el tribunal, en la aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso…” lo cual es concordante con el precepto autorizante invocado, sin embargo, es impreciso al señalar las normas de derecho supuestamente aplicadas indebidamente toda vez que en el acápite EXPOSICIÒN DEL MOTIVO cita el Artículo 82 de la Ley de Fortalecimiento de Los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público Decreto No. 17-2010 de fecha 22 de Abril del año 2010 en relación con el artículo 96 Constitucional, sin embargo en el desarrollo del CONCEPTO DE LA INFRACCIÒN explica que la corte sentenciadora al confirmar el fallo de primera instancia ha emitido su resolución con base en una norma completamente improcedente, indicando que “… tal es el caso, que enuncia la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la cual es inaplicable al caso concreto, por lo tanto interpretada en forma errónea.“ para inmediatamente después señalar “…Además de lo anterior se infringe el Debido Proceso, ya que la sentencia carece de motivación suficiente, por cuanto la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no considera o se pronuncia sobre los agravios expresados…”. Tal como se pruede apreciar el impetrante es totalmente impreciso en la formulación del único motivo que sustenta la demanda de casación, unificando tres causales en un solo motivo, que en todo caso debió haber expresado en forma separada, volviendo también con ello impreciso el precepto autorizante.- III. Conviene recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- IV. Por otra parte, sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia.- V.- En resumen, del escrito contentivo del recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, por lo que se considera defectuosa su estructuración tipificándola en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional.
  2. SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de octubre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintidós de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 264-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL