Sentencia CA-262-14 — Registro 4671
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado bajo el criterio que no es correcto que el demandante fue cancelado de su puesto de trabajo por embriaguez habitual, cuando la falta que le fue imputada y que cometió es la de embriaguez determinada científicamente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que en el mismo se incurre en los defectos técnicos siguientes: a) alega causales distintas del recurso de casación (violación de actos y garantías procesales, forma y contenido de la sentencia y la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio) que debieron ser formuladas en forma separada e independiente; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio lo cual, tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) alude a otras disposiciones no invocadas en su formulación, tal es el caso del artículos 117 párrafo segundo de la Ley Orgánica de Policía Nacional de Honduras; y
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de junio del dos mil quince, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados: JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: MARVIN ALEXANDER FLORES GRADIZ representado en juicio por el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS representado en juicio por el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO.- OBJETO DEL PROCESO: Se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro al puesto del trabajo, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida en fecha veinticinco de febrero del dos mil trece, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor MARVIN ALEXANDER FLORES GRADIZ mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio de la Procuradora General de la República señora ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifiesta que ha venido desempeñando el cargo de Sub Inspector de Policía de la Dirección Nacional de La Policía Preventiva dependencia de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad en la forma siguiente: mediante acuerdo número 036-2010 de fecha nueve de diciembre del año dos mil diez, fue ascendido de Alférez de Policía al grado de Sub Inspector de Policía de la Dirección Nacional de Policía Preventiva. En fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece, se le notificó el acuerdo de cancelación número SEDS-0384-2013 de fecha 11 de febrero del año dos mil trece, en donde el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad señor Pompeyo Bonilla REYES, acuerda la cancelación de su nombramiento, sin ser la causa justificada y sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras 67-2008, violentando el principio de estabilidad laboral establecido como garantía constitucional en el artículo 129 de la Constitución de la República.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, manifiesta que en el expediente administrativo que la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante acuerdo No. 036-2010 de fecha 9 de diciembre de 2010, contenido en el oficio No. SEDS-039—2011 de fecha 25 de febrero de 2011, nombró al demandante SUB INSPECTOR DE POLICIA en la Dirección Nacional de - Policía adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad emitió el Acuerdo número 384-2013 de Fecha 11 de febrero del 2013, mediante el que determinó cancelar por despido al demandante del cargo de SUB INSPECTOR DE POLICÍA de la Dirección Nacional de Policía, acuerdo de cancelación que fue notificado en fecha 18 de febrero de 2013 mediante oficio número SEDS-342-20 13 de fecha 15 de febrero de 2013, por haber incurrido este en falta grave establecida en el numeral 3 del Articulo 123 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que dice: “Son faltas graves: 1)… 3) La embriaguez habitual o el uso de drogas no autorizadas; que se encuentra evidenciado que en fecha 15 de diciembre de 2012, el Jefe Departamental No.3 PNOH-0149, del Municipio de Comayagua, Departamento Comayagua, informa a su superior, Jefe Regional No.3 Sub Comisionado de Policía los acontecimientos ocurridos en los que resulta involucrado el demandante, informe que se encuentra agregado al expediente Administrativo en el que consta el procedimiento que utilizó la Secretaría de Estado para llegar a la determinación de cancelar por despido al demandante por haber incurrido en la causal FALTA GRAVE tipificada en el Artículo 123 numeral 3) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Asimismo, por el incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional en su Artículo 24 numeral 2), 3) y 5).- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por el ciudadano MARVIN ALEXANDER FLORES GRADIZ, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, identificado como el acuerdo número 384-2013, de fecha 11 de febrero de 2013 emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante el cual se cancela por despido al ciudadano MARVIN ALEXANDER FLORES GRADIZ, del cargo de Sub-inspector de Policía; en consecuencia se anula totalmente; reconocer la situación jurídica individualizada reclamada por el demandante y para su pleno restablecimiento y reconocimiento se resuelve: 1) Adoptar el Reintegro del demandante al régimen de la carrera Policial, en el cargo que se desempeñaba al momento de su cancelación. En caso de ser materialmente imposible el reintegro del demandante al cargo que desempeñaba, deberá ser reintegrado a otro puesto de igual categoría y en las mismas condiciones. Así mismo a petición del demandante, ante la Autoridad competente, tiene derecho si fuera su elección al pago de prestaciones laborales, hasta la firmeza de la sentencia y como daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir, hasta la ejecución de la sentencia definitiva; Condena al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación (dieciocho de febrero de 2013), hasta la fecha en que sea ejecutado el presente fallo, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, decimocuarto mes, decimotercer mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder. Se decreta, en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto (a) del demandante.- Condena al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, a reconocer, ejecutar y pagar al demandante, los conceptos señalados en el presente fallo; Sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo impugnado está viciado de nulidad al haberse dictado “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento ordenado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional para dar por finalizada la carrera Policial, por despido”, en consecuencia, dicho acto infringe el ordenamiento jurídico, debiendo estar sujetos los actos de la Administración Pública al principio de legalidad y a lo que establece el ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto al momento de su emisión, sin violentar o restringir derechos o garantías constitucionales de los particulares, como sucedió en el presente caso; por ende el Acto impugnado está viciado de nulidad, y debe decretarse procedente la acción.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar el Recurso de Apelación y revocando la sentencia definitiva, de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal A-Quo, sin costas; bajo el criterio que no es correcto que el demandante fue cancelado de su puesto de trabajo por embriaguez habitual, cuando la falta que le fue imputada y que cometió es la de embriaguez determinada científicamente. Que la falta grave que se le imputa al demandante está contenida en el artículo 123 numeral 3) reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras mediante el Decreto 198-2011 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,666 el 11 de noviembre del 2011, que señala como falta grave la embriaguez determinada científicamente. Que es claro que al demandante no se le aplicó ninguna ley en forma retroactiva, ya que la falta y el procedimiento llevado a cabo por la autoridad nominadora fue en aplicación y dentro de la vigencia del decreto descrito y la falta cometida por el demandante está debidamente probada de autos, ya que existe prueba suficiente en el expediente administrativo que acredita la comisión de la misma y dicha falta es de las que conlleva a la sanción por despido tal como lo ordena la ley.- 5. La representación procesal de la parte demandante, el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL presentó con fecha siete de abril del dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.008-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 070-13 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6. Mediante providencia de fecha nueve de abril del dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. Que mediante providencia de fecha quince de mayo de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, se declaró tener por pronunciado en tiempo y forma sobre la formalización del recurso de casación presentado por el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, en su condición de apoderado recurrido, y a la vez ordenó remitir a las partes las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto Tribunal, apareciendo notificada dicha resolución a la parte demandante abogado JOSE ARMANDO ESPINAL en fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, y a la parte demandada abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, en fecha veintidós de mayo del dos mil catorce, vía telefónica.- 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL en su condición de apoderada de la parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha veinte de mayo del año dos mil catorce, en concepto de parte recurrente y el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, personándose en concepto de parte recurrida en fecha veintisiete de Mayo del año dos mil catorce.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia; que la Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “MOTIVO DE CASACION MOTIVOS DE CASACION: Se impugna la aplicación de la interpretación de las normas procesales que regulen, los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, la forma y contenido de la Sentencia, al igual que la aplicación e interpretación de las normas de derecho e empleadas para la solución de fondo de litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por violación o falta de Aplicación de los Artículos 87 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Articulo 95 de la Constitución de la Republica de Honduras; 119, 123 numeral 3, PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 1) inciso a) y b) y numeral 2 del Código Procesal Civil. CONTENIDOS DE SENTENCIAS: Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha seis de marzo del año dos mil catorce. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna los Fundamentos de Derecho y contenido Sentencia en los Considerando Cinco (5), Seis (6) y Siete (7) y Ocho (8) de la Sentencia Recurrida descritos así: CONSIDERANDO (5): Que la falta grave que se el imputa al demandante esta contenida en el Articulo 123 numeral 3) reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras mediante Decreto 198-2011 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Numero 32666 el 11 de noviembre del 2011, que señala como falta grave la embriaguez determinada científicamente. CONSIDERANDO (6): Que es claro para este Tribunal de alzada que al demandante no se le aplico ninguna Ley en forma retroactiva, ya que la falta y el procedimiento llevado a cabo por la autoridad nominadora fue en aplicación y dentro de la vigencia del Decreto descrito en el considerando que nos antecede y la falta cometida por el Demandante esta debidamente probada en Autos, ya que existe prueba suficiente en al expediente Administrativo que acredita la comisión de la misma y dicha falta es de las que conlleva a la sanción por despido tal como lo ordena la ley, en consecuencia nos es ajusta a Derecho la apreciación del A-Quo sobre el presente asunto. CONSIDERANDO (7): Que por los motivos antes expuestos Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que se debe de revocar la Sentencia Definitiva venida de en apelación, por estar dictada contraria a derecho, por estar acreditada la comisión de la falta grave por parte del demandante que llevo a su cancelación de su puesto de trabajo y porque la misma le fue aplicada por Ley Vigente al momento de haberse cometidito, llevándose el procedimiento disciplinario de misma forma, bajo una Ley vigente al momento de su realización de su realización. PRIMER MOTIVO DE CASACION: Que la causal invocada para el despido de mi Representado consistente en LA EMBRIAGUEZ DETERMINADA CIENTIFICAMENTE, contenida en el Articulo 123 numeral 3) Reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, causal esta que NO FUE PROBADA NI EN LA AUDIENCIA DE DESCARGO NI DURANTE EL DESARROLLO DEL JUICIO, tal como lo afirma la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones. Honorable Corte Suprema de Justicia, LA EMBRIAGUEZ DETERMINADA CIENTIFICAMENTE, es el resultado de ANALISIS DE SANGRE U OTRA MUESTRA TOMADAS POR PERSONAL SANITARIO O DE MEDICINA FORENCE, MISMAS QUE DEBERAN SER ANALISADAS EN LABORATORIOS DE AÑALISIS CLINICIOS O DE MEDICINA FORENCE CUYOS RESULTADO DARAN LAS CANTIDADADES DE ALCOHOL CONSUMIDAS POR LA PERSONA A QUIEN SE LE EXTRAJO LA MUESTRA; en el presente caso Honorable Corte Suprema de Justicia, a mi representado supuestamente se el practico NO SE LE DETERMINO CIENTIFICAMENTE LA EMBRIAGUEZ, falta esta por la que fue despedido, ya que la parte Demandada únicamente aporto LO QUE DICE QUE SER, que una PRUEBA DE ALCOHOLEMIA, misma que corre agregada al FOLIO 69, del Expediente Judicial, la cual es una FOTOCOPIA la cual no reúne los requisitos mínimos de un resultado de una prueba científica. Honorable Corte Suprema de Justicia de acuerdo a lo que establece el Artículo 117 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, establece la clasificación de las faltas, las cuales son: GRAVES, MENOS GRAVES Y LEVES y de acuerdo a esta clasificación el Articulo 118 de la precitada Ley establece las medidas disciplinarias de acuerdo a la gravedad de las mismas: 1. Amonestación privada, verbal o escrita; 2. Suspensión de becas y otros beneficios: 3. Suspensión de permiso de salida hasta por 8 días 4. Suspensión de salario por quince (15) días y; 5. Perdida temporal del derecho al ascenso. El Articulo 119 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras establece que las sanciones referidas en el Artículo 118 serán aplicables de acuerdo a la falta cometida y conforme a la gravedad de la misma de acuerdo a las reglas siguientes 1. La amonestación privada, verbal o escrita, la que será aplicable en el caso de faltas leves; 2. La suspensión del permiso de salida hasta por quince días la que será aplicable de acuerdo a la gravedad de la falta. Y cabra para el caso de las faltas menos graves y, 3. La pérdida del derecho a ascenso, la que será aplicable en el caso de las graves, sin perjuicio que de conformidad con la gravedad de la falta, lo que corresponda aplicar el despido. Honorable Corte Suprema de Justicia, la sanción aplicada a mi representado por una FALTA QUE NO FUE COMPROBADA CIENTIFICAMENTE, no ameritaba el despido y lo que si ameritaba era la imposición de una medida disciplinaria, establecida en el Artículo 119 de la precitada Ley Orgánica de la Policía nacional de Honduras, con lo que se demuestra el EXCESO DE PÓDER, de parte de la Autoridad Nominadora, con lo anterior se demuestra que la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones NO ESTA DICTADA CONFORME A DERECHO.”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que en el mismo se incurre en los defectos técnicos siguientes: a) alega causales distintas del recurso de casación (violación de actos y garantías procesales, forma y contenido de la sentencia y la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio) que debieron ser formuladas en forma separada e independiente; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio lo cual, tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) alude a otras disposiciones no invocadas en su formulación, tal es el caso del artículos 117 párrafo segundo de la Ley Orgánica de Policía Nacional de Honduras; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Que a mi Representado se le aplico un REGIMEN DE DESPIDO NO APEGADO A DERECHO, en vista de que a mi Representado SE LE CELEBRARON DOS (2) AUDIENCIAS DE DESGARGO, ya que la primera Audiencia de Descargos se le realizo en fecha ocho (8) de enero del año dos mil trece (2013) y la Segunda Audiencia de Descargos se le celebro en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil trece (2013), y la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad estaba obligada a INVALIDAR LA PRIMERA AUDIENCIA DE DESCARGOS, para luego citar a la Segunda Audiencia y al no realizar tal acción QUEDAN VIGENTES LAS DOS AUDIENCIAS DE DESCARGO, habiendo sido sometido dos (2) veces ha audiencia a mi representado por los mismos hechos de la primera, produciendo con esto que se prescinda totalmente del debido proceso para el caso de los despidos por faltas cometidas, por lo tanto el Acuerdo de Cancelación del Señor MARVIN ALEXANDER FLORES GRADIZ, fue dictado con absoluto exceso de poder, por lo tanto el Acuerdo de Cancelación emitido por la Secretaria de Seguridad NO ESTA AJUSTADO A DERECHO, por lo tanto el mismo es NULO. Honorable Corte Suprema de Justicia, tanto el Juez A-Quo como la Corte de Apelaciones no tomo en consideración, que previo a citar para la Segunda Audiencia de Descargos, Debió ANULAR LA PRIMERA AUDIENCIA, procedimiento este que no hizo, ya que el AUTO MOTIVADO que corre agregado al FOLIO 102 del EXPEDIENTE, podría denominarse como un PAM FLETO, YA QUE NO APARECE LAS FIRMAS DEL LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DEL TAL DOCUMENTO; es decir Honorable Corte Suprema de Justicia, que dicho documento NO TIENE VALIDEZ ALGUNA; además dicho auto motivado nunca fue notificado a mi Represento, por lo tanto dicho documento agregado al FOLIO 102, es NULO, lo que convierte el despido de mi Representado en ILEGAL.”.- IV.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado.- V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que todo recurso de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a este Tribunal orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de julio del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 262-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL