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Sentencia CA-245-14 — Registro 4972

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ser conforme a derecho, anulando totalmente el acto administrativo mediante el cual el demandado denegó la petición de los demandantes, reconocer la situación jurídica de los demandantes y para su pleno restablecimiento se condena al demandado al pago a favor de los demandantes del reajuste de sus salarios de conformidad al artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, en forma retroactiva, desde la vigencia del mismo, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Pero resulta que el Censor no ha sido claro ni preciso en la formulación del escrito que sustenta el recurso que le da acceso a la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar no establece con precisión el concepto de la infracción cuando enuncia que,”Este motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma, los actos y garantías procesales…” si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que cita como violadas. En segundo lugar el Impetrante si bien señala como normas que sustentan el motivo “… Los artículos 3, 7, 207, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por virtud del Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción…”, sin embargo no se ocupa en ilustrar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con indebida aplicación de la forma o contenido al alcance de la causal contenida en el inciso “c” numeral 1 del Artículo 719 del Código Procesal Civil invocada como precepto autorizante y más bien en la explicación del cargo ataca a la sentencia por la aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, haciendo referencia a consideraciones de la sentencia impugnada relativas a la aplicación del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, cuando manifiesta, entre otros señalamientos que “…Dicha situación es contraria a derecho, todo en vista de que de ninguna manera, implica que el mismo tenga el estatus o consideración jurídica de Ley, y mucho menos que el poder legislativo le haya delegado la facultad de legislar, la cual es indelegable, de conformidad con el articulo 206 de la Constitución de la Republica…” con lo que el precepto autorizante señalado no corresponde a la causal invocada, aludiendo también en su explicación a normas no invocadas en la formulación tales como el citado artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho y el artículo 206 de la Constitución de la República.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional es menester señalar al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de junio de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, representado en juicio por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES y los Recurridos: INGRID YAMILETH MADRID MEZA y GLADYS YANEY RIVERA ENAMORADO, en su condición de representante de sus menores hijos GILBERTO ANTONIO Y JOSE MANUEL ambos SANCHEZ RIVERA, en su condición de herederos ab intestado del señor GILBERTO ANTONIO SANCHEZ CHANDIAS (QDDG), representados en juicio por los Abogados CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA y MARIO ADOLFO REYES SANTOS REYES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un presunto acto administrativo denegatorio, reconocimiento de la situación jurídica individualizada, pago de reajuste del salario de manera retroactiva, nivelación salarial, aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central, adopción de medidas para su pleno restablecimiento consistente en los intereses comerciales y moratorios del reajuste, promovida por los señores INGRID YAMILETH MARID MEZA y GILBERTO ANTONIO SANCHEZ CHANDIAS (QDDG), ambos mayores de edad, casados, Profesionales del derecho y de este domicilio, por lo tanto derecho que recae sobre los herederos, por medio de la señora GLADYS YANEY RIVERA ENAMORADO, en su condición de representante de sus menores hijos GILBERTO ANTONIO Y JOSE MANUEL ambos SANCHEZ RIVERA, representados en juicio por los Abogados CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA y MARIO ADOLFO REYES SANTOS REYES, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de septiembre del año dos mil seis, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, representado en juicio por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que mediante Decreto Legislativo No. 126-2001 de fecha 28 de agosto del año 2001, y publicado en la Gaceta número 29,606 de fecha 16 de octubre del año 2001, el Congreso Nacional aprobó en todas y cada una de sus partes el contrato de préstamo No. 1070/SE-HO, suscrito el 19 de julio del 2001 entre el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en su condición de prestamista y el Gobierno de la República de Honduras en su condición de prestatario del financiamiento, por un monto de US$.2,600,000.00, fondos destinados a financiar la ejecución del “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA”.-, Decreto Legislativo que contiene el contrato de préstamo, en su artículo 1, contiene dicho instrumento jurídico tiene el ANEXO A. que se refiere al Programa de Modernización del Congreso Nacional de la República de Honduras; el cual en el Romano II, dice que el programa comprende los siguientes subprogramas. Subprograma A: Fortalecimiento de la Función Legislativa. Primer Componente: Creación de un Sistema de Asesoría Técnica a las Comisiones. Asesoría Institucional: Creación de Secretarias Técnicas de las Comisiones. 2.02 Mediante este subcomponente se apoyará la creación de la figura del Secretario Técnico de Comisión, para prestar una asesoría institucionalizada, permanente y estrictamente técnica desempeñada por un personal altamente calificado y ligado al CNH por una relación estable de prestación de servicios profesionales, bajo la coordinación de la Dirección de la Comisión de Modernización del CNH, tendrá entre otras, las funciones de seleccionar a los Secretarios Técnicos de las Comisiones. 2.03. Con los recursos de este subcomponente se financiaran las siguientes actividades: la contratación de servicios de asesoría técnica para asistir al CNH en la ejecución del proceso de selección y capacitación de (13) Secretarios Técnicos; y el setenta (70%) de los honorarios de los secretarios técnicos, los cuales deberán ser absorbidos completamente por el presupuesto del CNH luego de finalizada la ejecución del programa; que en fecha 1 de noviembre del año fueron contratados juntamente con once (11) compañeros más por el Congreso Nacional, para desempeñar el cargo de Secretario Técnico para las Comisiones del Congreso Nacional, bajo la dependencia de la Comisión Ordinaria de Seguimiento de Comisiones del Congreso Nacional, devengando un salario de USD650.00, por un período que comenzó el 1 de noviembre del año 2004 hasta el 30 de septiembre del año 2005 con un horario de trabajo de 8:30 am. a 4:30 pm; dicho contrato establece en la letra f) que en todo lo no previsto en dicho contrato se observará la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados del Poder Legislativo. Tiempo durante el cual fueron capacitados sistemáticamente en la Universidad José Cecilio del Valle. Que al vencerse los contratos, el Congreso Nacional honrando el convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, los absorbió completamente a través del presupuesto del CNH mediante Acuerdos Números 5631051N/CEICN y 5611051N/CEICN de fecha 30 de septiembre del año 2005, a través de los cuales acordó nombrarlos a partir del 1 de octubre del año 2005, en el cargo de Secretario Técnico de las Comisiones Especiales y Proyectos, asignado a la Comisión Especial de Seguimiento Legislativo del Congreso Nacional devengando un sueldo mensual de L.12,000.00, acuerdos firmados por Porfirio Lobo Sosa, en su condición de Presidente del Congreso Nacional y protegido por la Ley del Estatuto Laboral de los empleados Públicos del Poder Legislativo, Decreto Número 151-93 de fecha 13 de septiembre del año 1993. Que mediante acuerdos números 036/06/C/CEP/CN y 034/06/C/CEP/CN de fecha 10 de febrero del año 2006, el señor ROBERTO MICHELETTI BAIN en su condición de Presidente del Congreso Nacional, acordó cancelarlos de los cargos que ocupaban a partir del 10 de febrero del año 2006; que en fecha 3 de marzo del 2006, interpusieron demanda ordinaria ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con número es el 061-2006, a través de la cual impugnaron los acuerdos, pidiendo además del reintegro, el pago de reajuste de salario de manera retroactiva y nivelación en base al Arancel del Profesional del Derecho, pero previo a su admisión ese Juzgado mediante auto de fecha 14 de marzo del 2006, se pronunció para que deslindáramos si la misma era una demanda ordinaria o era materia de personal, por lo cual la subsanamos para que se entendiera interpuesta pidiendo únicamente la nulidad de un acto administrativo en materia de personal.- En fecha 24 de marzo del año 2006 interpusieron ante el Congreso Nacional una solicitud administrativa reclamando el pago de reajuste del salario de manera retroactiva y nivelación salarial en base al Arancel del Profesional del Derecho, dejando transcurrir el Congreso Nacional el plazo de 60 días que establece el artículo 84 ordinal b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin que se haya emitido ninguna resolución en forma expresa, razón por la cual en fecha 10 de julio del año 2006, exigimos se emitiera una pronta resolución en aplicación del artículo 85 de la referida ley, dejando transcurrir la parte demandada el plazo de 8 días sin dictarla, venciendo dicho término el 20 de julio del 2006, naciendo a partir del 21 de julio el presunto acto impugnado contra el cual se presentó el recurso de reposición y transcurrido el término que establece el artículo 138 de la Ley de procedimiento Administrativo se agotó la vía administrativa.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, contestó dicha demanda señalando que es cierto que el Congreso Nacional de la República aprobó el Contrato de Préstamo No.1070-SF-HO suscrito en fecha 19 de Julio del 2001, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República de Honduras, mediante Decreto Legislativo Número 126-01 de fecha 28 de Agosto del 2001 y publicado en el Diario Oficial ‘La Gaceta” en fecha 16 de Octubre del 2001, que es cierto que el referido Decreto Legislativo que contiene la aprobación del Contrato de Préstamo aprobado por el Congreso Nacional de la República, cita el Programa de Modernización de esta Institución comprendiéndose subprogramas relacionados al fortalecimiento de la función legislativa teniendo como primer componente la creación de un Sistema de Asesoría Técnica a las Comisiones y la Asesoría Institucional que comprende la creación de las Secretarías Técnicas de las Comisiones que apoyará la creación de la figura del Secretario Técnico de Comisión para prestar asesoría Institucionalizada, permanente y estrictamente técnica desempeñada por personal altamente calificado y ligado al Congreso Nacional por una relación estable de prestación de servicios profesionales bajo la Coordinación del Centro de Informática y Estudios Logísticos (CIEL) y financiado por este subcomponente. Que es cierto que los demandantes, fueron nombrados mediante Acuerdos números 563-05- N-CE-CN y 561-05-N-CE-CN de fecha 30 de septiembre del 2005 emitidos por el Congreso Nacional respectivamente, en los cargos de Secretario Técnico de las Comisiones Especiales y Proyectos, asignados a la Comisión Especial de Seguimiento Legislativo, efectivos a partir del 1 de Octubre del 2005 y protegidos por las Disposiciones contenidas en la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo contenida en el Decreto Legislativo número 151-93 de fecha 13 de septiembre de 1993.- Posteriormente mediante Acuerdos números 004-07-T-CEP-CN y 005-07-T-CEP-CN de fecha 30 de enero del 2007, fueron trasladados a los cargos de Analista Jurídico del Centro de Informática y Estudios Legislativos (CIEL) dependencia del Congreso Nacional.- Que en el Centro de Informática y Estudios Legislativos (CIEL) dependencia del Congreso Nacional, laboran personas que ostentan Títulos de Abogado, Licenciados en Contaduría Pública, Peritos Mercantiles y hasta Estudiantes de la Carrera de Derecho, quienes tienen asignadas las mismas funciones a desempeñar sin ninguna relación con la parte jurídica, por otro parte la función principal de dichos servidores públicos es colaborar con los Diputados del Congreso Nacional. Que los demandantes fueron separados de los cargos de Secretario Técnico dependencia de las Comisiones Especiales y Proyectos del Congreso Nacional, mediante Acuerdo de Cancelación números 036-06-C-CEP-CN y 034-06-C- CEP-CN de fecha 10 de febrero del 2006 respectivamente y efectivos a partir de esa misma fecha, que el Congreso Nacional no deviene obligado someterse a disposiciones que no constituyan Ley de la República, en este caso el “Arancel del Profesional del Derecho” que fue aprobado por la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras en fecha 22 de junio del 2003, las cuales son obligatorias únicamente entre el Profesional del Derecho y la persona o ente de carácter particular que contrate sus servicios para resolver sus asuntos privados, continúa manifestando que si bien es cierto que el Arancel del Profesional del Derecho, fue aprobado por la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras en fecha 22 de junio del 2003 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 9 de Julio del 2003, dicho Instrumento no constituye Ley de la República ni puede tener el status o rango de tal para que le sea aplicado coercitivamente a la Administración Pública, de acuerdo a lo que establece el Artículo 2 letra a) de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras y el Decreto Legislativo Número 82-96 de fecha 30 de Mayo de 1996, corresponde a ese Colegio establecer el arancel que regule los montos mínimos de los honorarios en materia judicial, administrativa y notarial que devengarán los Profesionales del Derecho al prestar sus servicios de manera independiente, pero no implica que el mismo tenga el status o consideración jurídica de ley ni que el Poder Legislativo haya delegado la facultad de legislar, la cual es indelegable por su propia naturaleza absoluta o cerrada; tampoco implica que por el hecho que se le haya atribuido la facultad de emitir aranceles, tenga la facultad o potestad legal para regular una materia que es de índole laboral y que excede el ámbito de desenvolvimiento de un arancel profesional, al pretender fijar salarios mínimos para los profesionales del Derecho que desempeñan como tales en las diferentes Instituciones de la Administración Pública. Por tanto la posición jurídica de la Institución demandada es que las regulaciones contenidas en el Arancel del Profesional del Derecho, en lo que atañe a las Instituciones Públicas del Estado de Honduras, son inaplicables y atentan contra determinadas disposiciones de la Constitución de la República y Presupuestaria, al dejar a criterio y voluntad de una organización gremial, la potestad de modificar a discreción la masa salarial asignada a los profesionales del derecho, que laboren o que se desempeñen como tales es las distintas entidades estatales.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán en fecha dieciocho de enero del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ser conforme a derecho, en consecuencia se anula totalmente el acto administrativo mediante el cual el demandado denegó la petición de los demandantes, reconocer la situación jurídica de los demandantes y para su pleno restablecimiento se condena al demandado al pago a favor de los demandantes del reajuste de sus salarios de conformidad al artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, en forma retroactiva, desde la vigencia del mismo, hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, aplicando debidamente los incrementos de acuerdo al índice inflacionario de cada período correspondiente, sin costas. Criterio: que el Arancel del Profesional del Derecho concibe no solamente los honorarios según tarifa que devengarán como mínimo dichos profesionales de quienes soliciten de sus servicios, sino que además regula muy claramente el salario mínimo que percibirán de quien se beneficie de sus servicios.- Y siendo que los Profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales, demandantes, se desempeñan como Analistas Jurídicos dependencia del Centro de Informática y Estudios Legislativos (CEIL) del Congreso Nacional de la República de Honduras, por lo que no cabe duda alguna que la Institución para la cual labora ha sido la beneficiaria directa e inmediata de la labor por ellos realizada y por lo tanto obligada a cumplir con lo estipulado en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho; que si bien es cierto el Artículo 31 numeral 1 litera f) de la Ley de Equidad Tributaria emitida mediante decreto número 51-2003 establece que a partir de la fecha de vigencia de ese decreto quedan suspendidas todas aquella acciones de personal (aumentos, quinquenios, ascensos, reclasificaciones, creaciones de plazas, fusiones y otros), que incremente la masa salarial con efecto financiero en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, no deja de tener certeza que el mismo Decreto en referencia establece en su artículo 33: “se exceptúan de estas disposiciones aquellas instituciones del Estado que tengan compromisos adquiridos, mediante contratos colectivos de Trabajo vigentes y otros de carácter gremial...”. por lo tanto se desprende que si bien es cierto el artículo 31 numeral 1 literal f) de la Ley de Equidad Tributaria busca como finalidad evitar que mediante acciones de personal encaminadas a otorgar ascensos, aumentos y demás actividades propias de movimiento de personal y condiciones salariales a la fechas ya establecidas, se distorsionen las finanzas públicas, el mismo Decreto en su artículo 33 contiene la excepción a la aplicación de dicho artículo y es cuando la Administración ha adquirido compromisos en razón de estatutos o aranceles profesionales de carácter gremial. Por lo tanto se llega a la convicción que efectivamente el Arancel de Profesionales del Derecho es un instrumento legal que forma parte del conjunto de normas Jurídicas vigentes de nuestro país y por ende de obligatorio e inmediato cumplimiento en todas las actividades en las cuales los particulares o el engranaje estatal en general, contraten, o se beneficien de los servicios de tales profesionales de las Ciencias Jurídicas.- Y siendo que en el presente caso los demandantes ostentan el título de profesionales del Derecho y han sido nombrados por la Administración Pública, específicamente por el Congreso Nacional de la República de Honduras, por lo tanto en aplicación del artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho su sueldo mensual debió haber sido desde la aprobación de tal instrumento jurídico, de L.21,000.00 más el aumento de acuerdo al índice de inflación establecido para cada año por el Banco Central de Honduras.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha tres de octubre del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que los demandantes reúnen los requisitos que ordena el artículo 80 del Arancel del Profesional del Derecho para que se les aplique lo prescrito en el mismo, que si es aplicable el Arancel del Profesional del Derecho en su artículo 89 por tratarse de un acto de carácter general creador de derechos y obligaciones, artículo éste que al momento de la interposición de la presente demanda estaba vigente y al reunir los demandantes los presupuestos ordenados en el mismo es correcto que se les otorguen los beneficios ordenados en dicho acto de carácter general.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado PATRICK CAMILO RIVERA VALLADARES, en fecha veintiocho de febrero del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley ó doctrina legal contra la sentencia dictada en fecha tres de octubre del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.150-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 448-2006 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha tres de marzo del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de las partes demandantes, GLADYS YANEY RIVERA ENAMORADO, en su condición de representante de sus menores hijos GILBERTO ANTONIO Y JOSE MANUEL ambos SANCHEZ RIVERA, en su condición de herederos ab intestado del señor GILBERTO ANTONIO SANCHEZ CHANDIAS (QDDG) representados por el abogado MARIO ADOLFO REYES SANTOS, presentó, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil catorce escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de esa misma fecha, y en el caso de la señora INGRID YAMILETH MADRID MEZA, representada en juicio por el abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, presentó en fecha cuatro de abril del año dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de abril del año dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución, los Abogados CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA y MARIO ADOLFO REYES SANTOS.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, presentó escrito en fecha cuatro de abril del año dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida, PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, presentó escrito en fecha cuatro de abril del año dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrente y MARIO ADOLFO REYES SANTOS REYES, presentó escrito en fecha cuatro de abril del año dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra la sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha tres de octubre del año dos mil trece y que el recurrente plantea un motivo de casación con base en lo dispuesto en los artículos 716 y 719, numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVO DE CASACIÓN. El recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “Este motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma, los actos y garantías procesales ya que su infracción supone la forma y contenido de la sentencia. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 1), letra c), del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Los artículos 3, 7, 207, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por virtud del Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción y relacionados entre sí establecen que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su anulabilidad cuando estos actos procesales contengan irregularidades, siendo los medios idóneos para lograr la anulación de los actos procesales la utilización de los recursos establecidos en la ley, como es el caso. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: las garantías del debido proceso implican, entre otros aspectos que el proceso es por sí mismo un instrumento de tutela de los derechos sustantivos de las partes así como de los derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, cuando un proceso se ventila sin que se reúnan todas y cada una de las garantías en los actos procesales procede inevitablemente la declaración de anulación del mismo. Que obra a folio 48 de la pieza que se encuentra en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sentencia definitiva de fecha tres de Octubre de 2013, en la que el ad-quem expone en su considerando (5) “que del estudio y análisis de los antecedentes se desprende que los profesionales del derecho demandantes reúnen los requisitos que establecen en el articulo 80 del Arancel del Profesional del derecho, para que se les aplique lo prescrito en el mismo”; asimismo que continua manifestando el up-supra en la sentencia anteriormente expuesta y específicamente en su considerando (6): “Que si es aplicable el arancel del profesional del derecho en su articulo 89 por tratarse un acto de carácter general creador de derechos y obligaciones articulo este que al momento de la interposición de la presente demanda estaba vigente y al reunir los demandantes los presupuestos ordenados en el mismo es correcto que se les otorguen los beneficios ordenados en dicho acto de carácter general”. Que relacionado a lo expuesto anteriormente, el mismo arancel del Profesional del derecho establece en su considerando 1 “Que de conformidad con lo que establece el inciso a), articulo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras y Decreto Legislativo No. 82-96 del 30 de mayo de 1996, corresponde al Colegio de Abogados de Honduras establecer los Aranceles Judicial, Administrativo y Notarial que regula los montos mínimos de los honorarios que devengarán los Profesionales del Derecho en el ejercicio de su profesión”. Dicha situación es contraria a derecho, todo en vista de que de ninguna manera, implica que el mismo tenga el estatus o consideración jurídica de Ley, y mucho menos que el poder legislativo le haya delegado la facultad de legislar, la cual es indelegable, de conformidad con el articulo 206 de la Constitución de la Republica la cual literalmente expresa: Las facultades del Poder Legislativo son indelegables excepto la de recibir la promesa constitucional a los altos funcionarios de Gobierno, de acuerdo con esta constitución”. Resulta evidente entonces que la fundamentación y aplicabilidad al caso concreto, de un arancel del Profesional del derecho, que no tiene fuerza de Ley, es sine qua non contraria a derecho por ende la misma se reviste de nulidad. Resulta evidente, que el arancel precitado es únicamente aplicable a la prestación de servicios profesionales independientes, que en el caso del arancel relacionado, corresponde a la prestación de servicios legales de manera independiente, en ejercicio de una profesión liberal, regulando en consecuencia única y exclusivamente lo concerniente a los honorarios profesionales, en una relación cliente profesional, llegando hasta ahí la aplicación de un arancel profesional, y como se puede observar en el presente caso de autos, los demandantes eran empleados públicos remunerados por el Estado. Contrario sensu a ser profesionales independientes que prestaban servicios al Congreso Nacional, todo esto, acreditado en los documentos que los demandantes acompañaron debidamente a su demanda. De manera puntual hago la observancia que la aplicabilidad del Arancel del Profesional de derecho no es concerniente en el presente juicio, todo esto en virtud A relación de hechos que forman un precedente y que a continuación expongo: 1. Sentencia expediente 197-05 en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha 27 de Noviembre de 2009 en el que “FALLA: Declarar procedente la acción incoada por la Procura duna General de la Republica, a través del Procurador General, como Representante Legal del Estado. Por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, aprobado por las Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras el 22 de Junio de 2003 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 09 de Julio de 2003, en consecuencia se anula parcialmente dicho arancel en su articulo 89 específicamente para su aplicabilidad futura, a las instituciones de Derecho Publico, por ser un acto firme y estar surtiendo efectos”. 2. Sentencia en el expediente 095-10 en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 24 de Enero de 2Ollen la que “FALLA: PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Francisco Ticas Aguilar apoderado legal del Colegio de Abogados de Honduras.- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva venida en apelación dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintisiete de Noviembre de dos mil nueve y que corre agregada a folios doscientos doce frente (212 f) al doscientos diecisiete vuelto (217 y) inclusive de la primera pieza de autos”. 3. Sentencia expediente CA-207-2011 de la Corte Suprema de Justicia en la que “RESUELVE: 1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACION interpuesto por el abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR, en su condición de apoderado legal de la parte demandada, en su único motivo 2. DECLARAR FIRME LA RESOLUCION RECURRIDA. Por lo anteriormente expuesto resulta mas que evidente, que al anular parcialmente el Arancel del Profesional del Derecho específicamente en su articulo 89 en lo que se refiere a su inaplicabilidad futura a las instituciones de derecho publico, esto mediante sentencia de fecha 27 de Noviembre de 2009 y que la misma adquirió carácter de firme en fecha 19 de Febrero de 2013. Y siendo que en el presente caso el adquem estima la aplicabilidad de dicho estamento jurídico por tratarse de un acto de carácter general creador de derechos y obligaciones, situación esta que como acabo de aclarar es contraria a derecho todo esto en vista que la misma no debió de aplicarse al presente caso. Por lo antedicho, procede estimar este motivo de casación. EN RELAClON A LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA. El recurrente deja constancia que no estima necesaria la celebración de la audiencia.”.- III.- Pero resulta que el Censor no ha sido claro ni preciso en la formulación del escrito que sustenta el recurso que le da acceso a la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar no establece con precisión el concepto de la infracción cuando enuncia que,”Este motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma, los actos y garantías procesales…” si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que cita como violadas. En segundo lugar el Impetrante si bien señala como normas que sustentan el motivo “… Los artículos 3, 7, 207, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por virtud del Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción…”, sin embargo no se ocupa en ilustrar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con indebida aplicación de la forma o contenido al alcance de la causal contenida en el inciso “c” numeral 1 del Artículo 719 del Código Procesal Civil invocada como precepto autorizante y más bien en la explicación del cargo ataca a la sentencia por la aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, haciendo referencia a consideraciones de la sentencia impugnada relativas a la aplicación del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, cuando manifiesta, entre otros señalamientos que “… Dicha situación es contraria a derecho, todo en vista de que de ninguna manera, implica que el mismo tenga el estatus o consideración jurídica de Ley, y mucho menos que el poder legislativo le haya delegado la facultad de legislar, la cual es indelegable, de conformidad con el articulo 206 de la Constitución de la Republica…” con lo que el precepto autorizante señalado no corresponde a la causal invocada, aludiendo también en su explicación a normas no invocadas en la formulación tales como el citado artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho y el artículo 206 de la Constitución de la República.- VI. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional es menester señalar al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de julio del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 245-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL