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Sentencia CA-241-14 — Registro 4971

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción interpuesta por los demandantes, se anulan totalmente los acuerdos de cancelación por cesantía, pues han sido proferidos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido y reconocer la situación jurídica individualizada en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Pero resulta que el escrito que le da acceso a la Casacionista para acceder a la Corte Suprema de Justicia no es claro ni preciso en su formulación, ya que en el mismo se han incurrido en defectos técnicos. En primer lugar la Ley de Servicio Civil y su Reglamento como norma supuestamente violada por al tribunal sentenciador, contienen una serie de disposiciones que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar contra cuál de ellas dirige su ataque. También es preciso recordarle a la impugnante cuando en la formulación de su cargo insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, que conforme con el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, se establecen esas situaciones como una limitante para el juez casacionista. Finalmente en su exposición considera que en la sentencia que está impugnando existió interpretación errónea de la ley, pero sin establecer en qué consiste la misma y cuál seria su debida interpretación.-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, en vista que en apego a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento mi representada, cumplió a cabalidad el Proceso de Cancelación por Cesantía a favor de los demandantes, como se pudo constatar a través de los Acuerdos 1066-2011 de fecha 29 de abril de 2011; No.1065-2011 de fecha 29 de abril de 2011 y 1063 de fecha 29 de abril de 20llacordando en la parte final del mismo “Efectuar el Movimiento de personal detallado y AUTORIZADO por la Dirección General de Servicio Civil”. La Ley de Servicio Civil es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones de servicio entre el servidor público y los diferentes órganos del sector estatal, conteniendo dicho ordenamiento jurídico dos regímenes muy claramente diferenciados por los cuales la administración pública puede prescindir de los servicios de sus empleados siendo estos: Régimen de Cancelación por Despido y el Régimen de Cancelación por Cesantía, ambos con una serie de requisitos que forzosamente la Administración Pública debe cumplir; Sin embargo la Ley de Servicio Civil y su Reglamento tienen como finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el Servicio Público, regulando las relaciones entre los servidores públicos y el Estado. La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en vista que la misma expresa que mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, no dio cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para proceder a la cancelación de los ahora demandantes por cesantía, extremo alejado de la verdad debido a que mi representado el Estado de Honduras cumplió con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil pues al efectuar el procedimiento de cancelación por cesantía persigue una reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del procedimiento para efectuar cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, es errónea por lo que procede se case la sentencia.”.- II.- Pero resulta que el escrito que le da acceso a la Casacionista para acceder a la Corte Suprema de Justicia no es claro ni preciso en su formulación, ya que en el mismo se han incurrido en defectos técnicos. En primer lugar la Ley de Servicio Civil y su Reglamento como norma supuestamente violada por al tribunal sentenciador, contienen una serie de disposiciones que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar contra cuál de ellas dirige su ataque. También es preciso recordarle a la impugnante cuando en la formulación de su cargo insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, que conforme con el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, se establecen esas situaciones como una limitante para el juez casacionista. Finalmente en su exposición considera que en la sentencia que está impugnando existió interpretación errónea de la ley, pero sin establecer en qué consiste la misma y cuál seria su debida interpretación.- III.- Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencias expedientes SL 516-12, 562-13, 575-13, 615-13, 621-13, 654-13 y 659-13).

Legislación citada

  • Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población; y Recurrido: El abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE, en representación de los señores CORIS ERNESTINA LOPEZ, OLGA ARACELY CALONA CUADRAS, JOSE EFRAIN RODRIGUEZ.- OBJETO DEL PROCESO: demanda para pedir la anulación de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica particular individualizada por la responsabilidad del Estado, pago de una indemnización de daños y perjuicios, costas, promovida por el abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de Apoderado Judicial de CORIS ERNESTINA LOPEZ, OLGA ARACELY CALONA CUADRAS, JOSE EFRAIN RODRIGUEZ en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, representada en juicio por la abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ.- I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que las relaciones laborales iniciaron así: CORIS ERNESTINA LOPEZ ESCOTO mediante acuerdo Nº 822-2006 de fecha 21 de julio del 2006, OLGA ARACELY CALONA CUADRA mediante acuerdo Nº 743-2006 de fecha 4 de julio del 2006, Y JOSE EFRAIN RODRIGUEZ mediante acuerdo Nº 551-98 de fecha 9 de diciembre del 1998, los primeros dos en los cargos de Oficinista Mecanógrafa I y JOSE EFRAIN RODRIGUEZ en el cargo de Conductor de Automóviles, posteriormente todos fueron cancelados mediante los Acuerdos N° 1066-2011, 1065-2011 y 1063-2011 respectivamente y fechados el 29 de abril de 2001 por cesantía y sin haber seguido el procedimiento legalmente previsto.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que aceptaba el hecho referente a que los demandantes fueron nombrados en los cargos referidos, pero señala que las separaciones o cancelaciones por cesantía están fundamentadas en el artículo 53 letra b) de la Ley de Servicio Civil, es decir, se siguió el procedimiento legalmente previsto para ello.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de agosto de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción, en consecuencia se anulan totalmente los acuerdos de cancelación por cesantía N° 1066-2011, 1065-2011 y 1063-2011 todos fechados en 29 de abril de 2011, pues han sido proferidos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido y reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, tomando las medidas de reinstalar a los ciudadanos CORIS ERNESTINA LOPEZ ESCOTO, OLGA ARACELY CALONA CUADRA Y JOSE EFRAIN RODRIGUEZ a los cargos de los que fueron ilegalmente cancelados y reconocer el pago de los sueldos dejados de percibir por los demandantes tomando como base el último salario que los demandantes devengaban cuando fueron ilegalmente cancelados, valor al que se le deberá agregar según aumento salarial, bonificación u otra variante que haya tenido el sueldo de las plazas a la cual se les reintegra, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas por las partes, no se desprende medio de prueba alguno que acredite de manera indiscutible, que la demanda, previo a cancelar por cesantía a los demandantes, haya seguido TOTALMENTE el procedimiento establecido en la Ley y Reglamento Civil supletoriamente a su Reglamento de Personal para cancelar por cesantía al demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para dictar los acuerdos de cancelación por cesantía de los demandantes, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para emitir esta clase de autos y al no hacerlo violó el procedimiento legal establecido trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el auto impugnado y por lo consiguiente es nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en fecha ocho de abril del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veinte de marzo de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 082-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 298-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó en fecha siete de mayo de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha doce de mayo del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha catorce de mayo del dos mil catorce, los abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y NADYA LILIANA HERNANDEZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados NADYA LILIANA HERNANDEZ y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentaron escritos en fecha dieciséis y veintiuno de mayo del dos mil catorce, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra la sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de marzo de dos mil catorce, y que la Recurrente denuncia un motivo con fundamento en los artículos 716 y 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en vista que mi representado el Estado de Honduras, cumplió con el Proceso de Cancelación por Cesantía a favor de la demandante. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el procedimiento de cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento por interpretación errónea. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 20 de marzo de 2014. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, en vista que en apego a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento mi representada, cumplió a cabalidad el Proceso de Cancelación por Cesantía a favor de los demandantes, como se pudo constatar a través de los Acuerdos 1066-2011 de fecha 29 de abril de 2011; No.1065-2011 de fecha 29 de abril de 2011 y 1063 de fecha 29 de abril de 20llacordando en la parte final del mismo “Efectuar el Movimiento de personal detallado y AUTORIZADO por la Dirección General de Servicio Civil”. La Ley de Servicio Civil es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones de servicio entre el servidor público y los diferentes órganos del sector estatal, conteniendo dicho ordenamiento jurídico dos regímenes muy claramente diferenciados por los cuales la administración pública puede prescindir de los servicios de sus empleados siendo estos: Régimen de Cancelación por Despido y el Régimen de Cancelación por Cesantía, ambos con una serie de requisitos que forzosamente la Administración Pública debe cumplir; Sin embargo la Ley de Servicio Civil y su Reglamento tienen como finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el Servicio Público, regulando las relaciones entre los servidores públicos y el Estado. La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en vista que la misma expresa que mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, no dio cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para proceder a la cancelación de los ahora demandantes por cesantía, extremo alejado de la verdad debido a que mi representado el Estado de Honduras cumplió con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil pues al efectuar el procedimiento de cancelación por cesantía persigue una reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del procedimiento para efectuar cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, es errónea por lo que procede se case la sentencia.”.- II.- Pero resulta que el escrito que le da acceso a la Casacionista para acceder a la Corte Suprema de Justicia no es claro ni preciso en su formulación, ya que en el mismo se han incurrido en defectos técnicos. En primer lugar la Ley de Servicio Civil y su Reglamento como norma supuestamente violada por al tribunal sentenciador, contienen una serie de disposiciones que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar contra cuál de ellas dirige su ataque. También es preciso recordarle a la impugnante cuando en la formulación de su cargo insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, que conforme con el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, se establecen esas situaciones como una limitante para el juez casacionista. Finalmente en su exposición considera que en la sentencia que está impugnando existió interpretación errónea de la ley, pero sin establecer en qué consiste la misma y cuál seria su debida interpretación.- III.- Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencias expedientes SL 516-12, 562-13, 575-13, 615-13, 621-13, 654-13 y 659-13).- IV.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- V. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 241-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL