Sentencia CA-240-14 — Registro 4396
Resumen
En segunda instancia se revoca parcialmente la sentencia emitida por el a-quo; bajo el criterio que si bien se tiene que pagar el equipo, los daños y perjuicio solicitados no corresponden en virtud de no estar amparados en ninguna ley, procediendo solo el pago por el sistema de cómputo por constar su entrega y estar haciendo uso del mismo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) omite en la formulación del motivo indicar con precisión la norma que alega no se aplicó al mencionar únicamente que es por “FALTA DE APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA QUE REGULA EL PAGO DE INTERESES CUANDO SE PRODUZCAN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES POR PARTE DE EL ESTADO DE HONDURAS” con lo cual se vuelve incompleta la proposición y el Tribunal no puede suplir oficiosamente; y,b) al fundamentar su precepto autorizante en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil su ataque lo orienta a las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, sin embargo, las disposiciones que ha citado en este acápite hacen referencia a normas de índole procesal, que si bien pueden ser atacadas cuando son las que dirimen la controversia, no lo es en el caso que nos ocupa cuando están referidas a la forma y contenido de la sentencia, lo cual además de ser impreciso es impropio al ser dos formas distintas de violar la Ley que el Impetrante debió alegar de forma separada por la independencia de los cargos en casación.- “En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de abril de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: la EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS, S.A DE C.V., representada en juicio por el abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, representado en juicio por la abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de unos actos administrativos de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de daños y perjuicios, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero del dos mil nueve, por el abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, actuando en su condición de apoderado de la EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS, S.A DE C.V., contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, representado en juicio por la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que a petición del ex Ministro ORISON VELASQUEZ, suministró en fechas diez de julio del dos mil seis, un equipo de cómputo, así como lo ampara la factura comercial número 3194 de fecha cinco de julio del dos mil seis, por un valor de L.75,600.00, siendo recibidos el día diecinueve de junio del dos mil seis en la bodega número uno de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Pública, por el empleado JORGE GALLARDO; para obtener el pago de la mercancía presentó cobros de facturas comerciales el día cinco de julio del dos mil seis y dos de marzo del dos mil siete, negándose a honrar los mismos y a la devolución del equipo, violando las condiciones de compra por falta de pago, causando daño emergente en virtud de dejar de percibir ganancias, presentando reclamo administrativo siendo declarado sin lugar.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, contestó dicha demanda señalando que no existe ningún documento que contenga trámites realizados para la adquisición de los bienes que supuestamente fueron suministrados por la Empresa SISTEMAS ABIERTOS, ya que la factura que presentan no fue debidamente autorizada por la firma del Ejecutivo o Agente Vendedor y no porta el respectivo sello de la empresa para acreditar la transacción, ya que no se acreditoó la autorización del titular de la institución ni el recibo de cómputo de la entrega del producto, por ello se rechazó el reclamo administrativo planteado ya que no existe soporte mediante el cual fundamenta sus hechos, no probándose ninguna relación mercantil y por lo tanto no existe obligación alguna.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de marzo del dos mil doce, dictó sentencia definitiva en la cual declarando con lugar la acción promovida, reconoció la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordenó condenar al Estado de Honduras al pago de suministro de cómputo y la indemnización por daños y perjuicios y sin costas; bajo el criterio que si bien no consta documento alguno que contenga la solicitud o trámite para la adquisición de equipo de cómputo suministrado, se acreditó la entrega y recibo de los suministros, firmando para constancia el Jefe de la Unidad de Información de ese entonces, señor JORGE GALLARDO RIOS, por lo cual se obliga a su pago.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de febrero de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar parcialmente el recurso de apelación, declarando sin lugar la apelación por adhesión presentada por el abogado de la parte demandante, REVOCANDO parcialmente la sentencia emitida por el a-quo, en virtud de declarar sin lugar los daños y perjuicios y sin costas; bajo el criterio que si bien se tiene que pagar el equipo, los daños y perjuicio solicitados no corresponden en virtud de no estar amparados en ninguna ley, procediendo solo el pago por el sistema de cómputo por constar su entrega y estar haciendo uso del mismo.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, en fecha seis marzo del dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha seis de febrero de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 455-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 038-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha once de marzo del dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- Mediante providencia de fecha once de abril del dos mil catorce, se declaró PRECLUIDO el término concedido a la abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, a efectuar el pronunciamiento sobre el recurso de apelación, habiendo perdido la oportunidad de realizar la contestación del mismo y se ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados en fecha veintidós de abril del dos mil cuatro, los abogados JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO e IRIS WALDINA UCLES MOLINA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicó auto en fecha cinco de junio del dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO e IRIS WALDINA UCLES MOLINA, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer y único motivo manifestando lo siguiente: “FALTA DE APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA QUE REGULA EL PAGO DE INTERESES CUANDO SE PRODUZCAN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES POR PARTE DE EL ESTADO DE HONDURAS. Este motivo se sustenta en el artículo 719.2 del código Procesal Civil, en cuanto a la falta de aplicación debida de la norma de derecho no empleada para la solución del fondo del litigio, oportunamente invocada por la parte actora. EXPRESIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO. Las normas de derecho que sustentan la presente infracción son: El articulo 206 números 1 y 2 del Código Procesal Civil en cuanto a que las sentencia deben ser claras, precisas y exhaustivas y que el Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho y de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes y el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República en relación con los artículos 28 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, y, 41 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) omite en la formulación del motivo indicar con precisión la norma que alega no se aplicó al mencionar únicamente que es por “FALTA DE APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA QUE REGULA EL PAGO DE INTERESES CUANDO SE PRODUZCAN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES POR PARTE DE EL ESTADO DE HONDURAS” con lo cual se vuelve incompleta la proposición y el Tribunal no puede suplir oficiosamente; y, b) al fundamentar su precepto autorizante en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil su ataque lo orienta a las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, sin embargo, las disposiciones que ha citado en este acápite hacen referencia a normas de índole procesal, que si bien pueden ser atacadas cuando son las que dirimen la controversia, no lo es en el caso que nos ocupa cuando están referidas a la forma y contenido de la sentencia, lo cual además de ser impreciso es impropio al ser dos formas distintas de violar la Ley que el Impetrante debió alegar de forma separada por la independencia de los cargos en casación.- III.- En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- IV.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de abril del dos mil quince; certificación del auto de fecha siete de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 240-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL