Sentencia CA-239-14 — Registro 5431
Resumen
Se declara la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que confirma la sentencia que declara con lugar la defensa previa alegada por la parte Incidentista (demandada), por existir la causa de Inadmisibilidad alegada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien es cierto el artículo 63 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina que los demandados y los coadyuvantes podrán alegar, dentro de los 5 días hábiles siguientes al emplazamiento, entre otras, la falta de agotamiento de la vía administrativa; pero también lo es, que el artículo 127 de dicho cuerpo legal establece en su párrafo tercero, que si el defecto consistiere en no haber agotado la vía administrativa y fuere denunciado por la parte demandada, el Tribunal requerirá al demandante para que formule el recurso administrativo del caso, en el plazo de 10 días y si se acreditare dentro de los 5 días siguientes haberlo deducido, quedará en suspenso el procedimiento hasta que se resuelva el recurso en forma expresa o presunta.- ". A folio 20 de la pieza de defensas previas, aparece un escrito presentado por el apoderado de la parte demandante, intitulado “QUE SE ME AUTORICE SUBSANAR DEFECTO ALEGADO POR LA PARTE DEMANDADA”, el cual no fue resuelto con una respuesta a tal petición, sino que se ordenó se agregara a sus antecedentes, con la fórmula CUMPLASE, sin embargo no consta que se haya requerido por dicho Juzgado a la parte Petente, a efecto de que subsanara dicha situación relacionada con el agotamiento de la vía administrativa.- ". Que al analizarse la situación jurídica de lo anteriormente expuesto, se puede colegir que la resolución administrativa dictada por la Junta Directiva de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) el 16 de julio del 2012, si bien señala que contra la misma procede el recurso de reposición, también lo es que el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, exceptúa de la obligación de que se deba interponer dicho recurso, entre otros casos o situaciones, cuando se tratare de un acto que implicare la resolución de cualquier recurso administrativo, en cuyo caso procederá la acción contencioso administrativa sin el cumplimiento de ese requisito previo.-". Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al exigírsele un requisito que la ley exceptúa y que si no fuera así, siendo subsanable, lo procedente era requerir al demandante para que formulara el recurso administrativo. El deber de congruencia de las resoluciones judiciales, implica también juzgar el caso conforme los límites establecidos por las partes en la acción y la defensa, pero más allá, el juzgador debe revisar la situación jurídica conforme la aplicación y protección de los derechos fundamentales de las personas que reclaman la referida tutela judicial efectiva.- VI. Que por el principio pro homine que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos” , por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva.- ". Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- "
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 214, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuestoyen la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: CARLOS ALBERTO GALEANO DÍAZ, representado en juicio por el abogado MAX VELÁSQUEZ DÍAZ; y, Recurrida: la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), representada en juicio por el abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda sobre la ilegalidad de un acto administrativo, se declare la nulidad del mismo por no estar apegado a derecho, se solicita se reconozca una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma y se solicita dejar sin valor y efecto una resolución emitida por la ENEE y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, por el abogado JOSÉ DANIEL BARAHONA BARAHONA, en su condición de representante procesal del señor CARLOS ALBERTO GALEANO DÍAZ, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 15 de agosto de 2011, presentó ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), reclamo administrativo a efecto de que se le reconociera el Derecho que le corresponde al pago de una indemnización por dos servidumbres de electroducto impuestas por la ENEE, en un terreno propiedad del demandante; la demandada declaró mediante resolución No.GG-01-2012, sin lugar el reclamo administrativo, fundamentándose en que cuando se constituyeron las servidumbres, la persona legitimada para hacer el reclamo era el señor Víctor Aguilar Aguilar, como propietario entonces del bien inmueble y no lo hizo debido a que dicha circunstancia hace que la imposición de las servidumbres se encuentre firme; posteriormente y habiendo agotado el procedimiento que se establece en la Ley de Procedimiento Administrativo, dicha institución emitió la resolución No.10-1101-2012 del 16 de julio de 2012, declarando sin lugar el recurso de reposición que se había interpuesto en contra de la resolución denegatoria del reclamo administrativo antes mencionado, habiéndose notificado el apoderado de la parte demandante de la última resolución en fecha 27 de febrero de 2013; como resultado de la imposición de las dos servidumbres, por parte de la empresa demandada, el terreno del demandante ha quedado dañado y perjudicado permanentemente al ser fraccionado en tres apartados, teniendo de agravante el último apartado del terreno, de quedar en situación mediterránea, o sea sin salida a la calle por lo cual no se puede utilizar para realizar cualquier tipo de construcción arquitectónica; los proyectos del demandante de obtener el mejor provecho posible al terreno de su propiedad, se han venido abajo, con la imposición de estas dos servidumbres de electroducto relacionadas y las posibilidades de venta de esta propiedad, estaban basadas principalmente en la posición geográfica del terreno con su tamaño original, eran elementos atractivos para la construcción de grandes planteles industriales o de urbanización para viviendas, pero estas ventajas han cambiado radicalmente desde que el terreno ha quedado reducido en su tamaño, por las servidumbres impuestas por la ENEE.- 2. La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contestó dicha demanda señalando que se acepta lo manifestado por el demandante en cuanto a que presentó un reclamo administrativo en fecha 15 de agosto de 2011, para que se indemnizara por las servidumbres impuestas en sus terrenos y que el mismo fue declarado sin lugar por haber prescrito la acción; que la empresa demandada desconoce el terreno al que hace mención el demandante, sin embargo se acepta el hecho mencionado como en el que la línea de transmisión de 230KV proveniente de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán (EL CAJON) atraviesa un terreno en el valle de Amarateca propiedad originalmente del señor Víctor Aguilar Aguilar, a quien mediante acuerdo número 926 de fecha 26 de septiembre de 1983, se impuso la servidumbre de electroducto en terreno del señor Víctor Aguilar Aguilar, tal como consta en el expediente administrativo 47-2011 que se acompaña a la presente contestación, en consecuencia el reclamo por dicha servidumbre se encuentra prescrito pues el tiempo señalado por la ley es de diez años; que en el hecho 3, se menciona otra servidumbre de electroducto por una línea de 34.5 KV, se rechaza el contenido de este hecho pues como se repite se desconoce el terreno al que hace mención el demandante, sin embargo la línea de transmisión de 34.5 KV y que cruza el valle de Amarateca hacia la ladrillera y fábrica de cerámica del señor José Hasbun, es propiedad del señor Hasbun y fue construida como una línea privada, extremo que acreditare en la secuela del juicio en el momento procesal oportuno, en consecuencia no es responsabilidad de la ENEE, sino que es responsabilidad del señor Hasbun; que se rechaza todo lo manifestado por el demandante por encontrarse alejado de la verdad, los extremos alegados en cuanto al daño y perjuicio que invoca deberá acreditarlos en la secuela del juicio, sin perjuicio que los mismos no serán presentados en tiempo y forma pues dicha acción se encuentra prescrita.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la defensa previa alegada por la parte Incidentista (demandada), por existir la causa de Inadmisibilidad alegada; en consecuencia se declara la inadmisibilidad de la presente acción, sin costas; bajo el criterio en cuanto a la causal de defensas previas planteada por el incidentista referente a que existe la falta de agotamiento de la vía administrativa, efectivamente se desprende que la parte demandante en vía administrativa interpuso recurso de reposición el que en fecha treinta de abril del año dos mil doce, la parte demandada admitió corrigiendo la denominación del recurso por tratarse del recurso de apelación, del cual conoció la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, quien resolvió declarándolo sin lugar y mandando a que si dentro del término legal de diez días hábiles a partir de la notificación de dicha resolución, no se interponía el recurso de reposición, quedaría firme; recurso que se desprende de la resolución del expediente administrativo; la parte demandante no utilizó en consecuencia el mismo no agotó la vía administrativa por lo que se estima con lugar la defensa previa alegada por la parte demandada.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de febrero de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, de la pieza separada de defensas previas, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones, esa Corte observa y concluye que en cuanto a la causal de defensa previa planteada por el incidentista, en cuanto a que existe la falta de agotamiento de la vía administrativa, la parte demandante en vía administrativa interpone el 30 de abril del año 2012 el recurso de reposición, admitiéndola la demandada, subsanando la denominación del recurso, siendo lo correcto recurso de apelación, el cual fue conocido por la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), resolviendo declarándolo sin lugar y concediéndole el término de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la resolución apelada, para interponer el recurso de reposición, mismo que no interpuso quedando la resolución firme y por consiguiente, no agotó la vía administrativa, por lo que la defensa previa alegada por la parte demandada resulta ser procedente.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado MAX VELÁSQUEZ DÍAZ, presentó en fechasiete de marzo de dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha seis de febrero de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.028-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0801-2013-00137 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha once de marzo de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, presentó en fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha trece y quince de mayo de dos mil catorce, los abogados MAX VELÁSQUEZ DÍAZ y FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha cinco de junio de dos mil catorce, teniendo por personado al abogadoMAX VELÁSQUEZ DÍAZ, como recurrente y por personado en forma, pero no en tiempo, al abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, como recurrido, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 6 de febrero del 2014, visible a folios 8 al 10 de la segunda pieza, la misma confirma la de primera instancia que declara con lugar la defensa previa y la inadmisibilidad de la demanda porque considera que existe falta de agotamiento de la vía administrativa al no interponerse el recurso de reposición contra la resolución de la Junta Directiva de la ENEE que desestimó la apelación interpuesta por el apoderado del recurrente.- II. Que si bien es cierto el artículo 63 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina que los demandados y los coadyuvantes podrán alegar, dentro de los 5 días hábiles siguientes al emplazamiento, entre otras, la falta de agotamiento de la vía administrativa; pero también lo es, que el artículo 127 de dicho cuerpo legal establece en su párrafo tercero, que si el defecto consistiere en no haber agotado la vía administrativa y fuere denunciado por la parte demandada, el Tribunal requerirá al demandante para que formule el recurso administrativo del caso, en el plazo de 10 días y si se acreditare dentro de los 5 días siguientes haberlo deducido, quedará en suspenso el procedimiento hasta que se resuelva el recurso en forma expresa o presunta.- III. A folio 20 de la pieza de defensas previas, aparece un escrito presentado por el apoderado de la parte demandante, intitulado “QUE SE ME AUTORICE SUBSANAR DEFECTO ALEGADO POR LA PARTE DEMANDADA”, el cual no fue resuelto con una respuesta a tal petición, sino que se ordenó se agregara a sus antecedentes, con la fórmula CUMPLASE, sin embargo no consta que se haya requerido por dicho Juzgado a la parte Petente, a efecto de que subsanara dicha situación relacionada con el agotamiento de la vía administrativa.- IV. Que al analizarse la situación jurídica de lo anteriormente expuesto, se puede colegir que la resolución administrativa dictada por la Junta Directiva de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) el 16 de julio del 2012, si bien señala que contra la misma procede el recurso de reposición, también lo es que el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, exceptúa de la obligación de que se deba interponer dicho recurso, entre otros casos o situaciones, cuando se tratare de un acto que implicare la resolución de cualquier recurso administrativo, en cuyo caso procederá la acción contencioso administrativa sin el cumplimiento de ese requisito previo.- V. Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al exigírsele un requisito que la ley exceptúa y que si no fuera así, siendo subsanable, lo procedente era requerir al demandante para que formulara el recurso administrativo. El deber de congruencia de las resoluciones judiciales, implica también juzgar el caso conforme los límites establecidos por las partes en la acción y la defensa, pero más allá, el juzgador debe revisar la situación jurídica conforme la aplicación y protección de los derechos fundamentales de las personas que reclaman la referida tutela judicial efectiva.- VI. Que por el principio pro homine que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”[1], por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva.- VII. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- VIII. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- IX. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 20, 22, 193, 197, 199, 214 numeral 2), 215 numeral 5 y 931 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 43, 89, 127 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR el auto definitivo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional,de fecha 6 de febrero del 2014, visible a folios 8 al 10 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de noviembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha seis de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 239-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] CIDH, Informe 35/07 –caso 12.553- “Jorge, José y Dante Peirano Basso”. República Oriental del Uruguay del 1 de mayo de 2007.