Sentencia CA-23-13 — Registro 4390
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado anulando totalmente y reconociendo la Situación Jurídica individualizada a favor de la demandante, consistente en su derecho a que de conformidad con la Ley, no se le pueden fijar cargos de acceso de Interconexión en forma arbitraria, en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Cabe señalar que la Casacionista no es clara ni precisa en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación, puesto que en el primer cargo no determina puntualmente el tipo de infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que enuncia como violadas; además, se alude a que el ad-quem en su fallo no citó concretamente las normas jurídicas aplicables al caso y que se aprecia una motivación defectuosa, sin embargo, la sentencia recurrida confirma y hace suya la de primera instancia y en ambas se observa el cumplimiento de los requisitos formales de las mismas, conteniendo la debida fundamentación y explicaciones acordes a la naturaleza de la decisión que ha resuelto la controversia entre las partes. En el segundo cargo, la Censora del fallo incluye en su explicación el artículo 41 del reglamento de interconexión, cuando dicha norma no fue citada como infringida en su formulación, ni de forma directa ni relacionada; sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, siendo evidente que el motivo se ve afecto a lo establecido en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Cabe señalar que la Casacionista no es clara ni precisa en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación, puesto que en el primer cargo no determina puntualmente el tipo de infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que enuncia como violadas; además, se alude a que el ad-quem en su fallo no citó concretamente las normas jurídicas aplicables al caso y que se aprecia una motivación defectuosa, sin embargo, la sentencia recurrida confirma y hace suya la de primera instancia y en ambas se observa el cumplimiento de los requisitos formales de las mismas, conteniendo la debida fundamentación y explicaciones acordes a la naturaleza de la decisión que ha resuelto la controversia entre las partes. En el segundo cargo, la Censora del fallo incluye en su explicación el artículo 41 del reglamento de interconexión, cuando dicha norma no fue citada como infringida en su formulación, ni de forma directa ni relacionada; sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, siendo evidente que el motivo se ve afecto a lo establecido en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación.- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Asimismo, resulta pertinente recordarle a la Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de abril del dos mil quince, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados: JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La parte demandada la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), representado en juicio por la abogada DORIA ALICIA MADRID LEZAMA, y la Recurrida: La parte demandante la empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A.de C.V., representado en juicio por el abogado ENRIQUE FLORES VALERIANO.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante en la presente causa se contraen a pedir la nulidad de un acto administrativo consistente en la Resolución NR008/08 emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, reconocimiento de una situación jurídica individualizada medidas para su pleno restablecimiento, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, de enero del dos mil nueve, por el abogado ENRIQUE FLORES VALERIANO, quién actúa en su condición de apoderado de la empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A.de C.V., contra la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), por medio de su representante legal Licenciado JOSE RAUL VALLADARES FUNEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que en fecha 8 de mayo de 2003, suscribió con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el Contrato de Concesión para la Prestación del servicio de Comunicaciones Personales en la República de Honduras; contrato que fue aprobado por el Congreso Nacional, mediante Decreto No.80-2003 del 29 de mayo de 2003 y publicado en el Diario oficial La Gaceta, correspondiente al 9 de junio de 2003, fecha en que entró en vigencia. Posteriormente mediante Decreto 057-2004 el Congreso Nacional aprobó el Addendum a dicho Contrato de Concesión el cual fue publicado en Diario Oficial La Gaceta en fecha 9 de junio de 2004; que este Contrato de Concesión es el que regula las relaciones entre CONATEL y SERCOM de Honduras, o sea, los derechos, deberes y responsabilidades de las partes durante el plazo de su vigencia, que es de 25 años; que con fecha nueve de diciembre de dos mil ocho la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) emitió la resolución NR 008/08 que fue publicada en el Diario Oficial dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, por las siguientes razones: 1) Por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido de conformidad con el Artículo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo. En efecto se violentó el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo que ordena que los Reglamentos que se emitan en aplicación de una Ley o la modificación de los mismos deberán ser dictaminados por la Procuraduría General de la República. Dicha violación se hace evidente cuando en los considerandos que sirven de fundamento a dicha resolución no se hace referencia al dictamen de la Procuraduría General de la República, toda vez que no se solicitó. El Reglamento de Interconexión, sus reformas y modificaciones se emiten en virtud de lo establecido en el Artículo 35 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, que establece que CONATEL reglamentará la Interconexión de las redes de Telecomunicaciones. 2) La Resolución NR 008/08 también es nula por dar un trato discriminatorio a mi representada SERCOM, el cual se prohíbe en los Artículos 4 y 6 del Reglamento de Interconexión. El argumento de CONATEL de que la resolución NR008108 es una medida dirigida a reducir la asimetría de Cargos de Acceso entre redes fijas y móviles, es una admisión expresa de que la misma fue emitida sin fundamento alguno y para favorecer a HONDUTEL, porque en ningún país del mundo existen simetrías en estos cargos de acceso, ya que los costos son bastante diferentes y lo que ha privado es el interés de favorecer a HONDUTEL generándole mas ingresos y reduciéndole los costos. No se puede establecer una simetría entre cargos de acceso a redes que proporcionan servicios diferentes. 3) Asimismo se violenta el Reglamento de Interconexión en los siguientes Artículos: Artículo 39 del Reglamento de Interconexión vigente a la fecha de emisión de la Resolución NR008/08 que establece que cada cargo de acceso “deberá estar orientado a los costos marginales a largo plazo para cada servicio en particular, y el mismo dependerá del Tipo de Servicio Público de Telecomunicaciones prestado a través de la red interconectada, el tipo de servicio de interconexión prestado y a la modalidad bajo la cual esta se provee”. Artículo 44 del Reglamento de Interconexión por lo respetar el Acuerdo entre los operadores. Además el artículo 45 del Reglamento de interconexión define que cuando CONATEL no cuente con información suficiente respecto a los costos marginales a largo plazo de los operadores, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 41 de ese Reglamento, el cual establece que CONATEL fijará los cargos de acceso correspondientes mediante la aplicación de modelos basados en metodologías de comparación que consideren las mejores prácticas internacionales, tomando en cuenta los ajustes que sean necesarios para su adaptación a la realidad de Honduras, por lo que el mismo ha sido violentado ya que estos cargos no se han basado, ni en la aplicación de modelos basados en metodologías de comparación que consideren las mejores prácticas internacionales, ni en la aplicación un modelo de un operador eficiente, tal como lo manda dicho articulo. La violación de esta norma es clara cuando en las motivaciones de la resolución impugnada no se establece que se hayan estudiado los costos marginales a largo plazo, ni la aplicación de modelos basados en metodologías de comparación que consideren las mejores prácticas internacionales, ni en la aplicación de un modelo de un operador eficiente, ya que del resultado es evidente que no se hizo así. 4) Finalmente, la Resolución NR 008/08 es nula por infringir la jerarquía normativa establecida en el Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, al violentar Tratados Internacionales tales como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana (CAFTA-DR), específicamente el artículo 13.7 capítulo 13, favoreciendo la operación estatal y dando un trato preferencial a HONDUTEL, al reducir sus cargos de acceso hacia las redes de telefonía móvil celular, abaratando con esto sus costos de interconexión y, por ende, disminuyendo los ingresos de los operadores móviles al disminuir el valor de los cargos de acceso por en su red.- 2.- La parte demandada la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), manifiesta que actualmente existe una asimetría en los valores de los cargos de acceso por interconexión que no está basada en ningún concepto de costos y siendo que la nuevas tecnologías permitan la reducción de los costos de prestación de los servicios de telecomunicaciones por lo tanto CONATEL ha determinado mantener el proceso de reducción de dicha asimetría y por esas causas que han sido justificadas plenamente mediante la Resolución NR 008/08 de fecha 9 de diciembre del año 2008 y publicada el 16 de diciembre del año 2008 y es la que constituye el acto impugnado procedió a determinar y a establecer los topes tarifarios en la prestación de servicio de telefonía móvil y los cargos de acceso relativos al tráfico y el volumen de información entregado que un operador pagará a su contraparte en Interconexión Tipo 1 y que se utilice de base para las negociaciones de los acuerdos de interconexión entre los operadores concesionados y que se aplicarán a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2009, por lo tanto con lo antes expuesto la Resolución, se encuentra ajustada a derecho y de ninguna manera se ha infringido, el ordenamiento jurídico aplicable a tal caso Y por ende es improcedente la aplicación, del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo porque no se encuentran comprendidos en ninguno de los supuestos del exceso de poder, por cuanto no existe alteración de hechos, no hay contradicción entre la motivación y la parte resolutiva del acto no hay contradicción entre el acto impugnado y otro anteriormente dictado y no existe tampoco vicio en cuanto al objeto o contenido del acto, por lo anteriormente expuesto rechaza totalmente las pretensiones de la demandante por cuanto el acto impugnado ha sido dictado dentro del marco de la competencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de febrero del 2012, dictó sentencia definitiva declarando Procedente la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución NROO8/08 emitida por CONATEL en fecha 9 de diciembre de 2008, en consecuencia la anula totalmente y reconocer la Situación Jurídica individualizada a favor de la demandante, consistente en su derecho a que de conformidad con la Ley, no se le pueden fijar cargos de acceso de Interconexión en forma arbitraria y para su pleno restablecimiento se deja sin valor ni efecto la Resolución NR008/08 de fecha 9 de diciembre del 2008, sin costas; bajo el criterio que esta probado y es un hecho que CONATEL INFRINGIO EL ORDENAMIENTO JURIDICO, esto porque Violentó el Artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo que ordena que los Reglamentos que se emitan en aplicación de una ley o la modificación de los mismos deberán ser dictaminados por la Procuraduría General de la República, lo cual se observa de la lectura de la Resolución NROS/08 de fecha 9 de diciembre del año dos mil ocho, ya que no hace referencia al dictamen de la Procuraduría General de la República, porque no se solicitó; así mismo infringe el Reglamento de Interconexión, ya que sus reformas y modificaciones se emiten de acuerdo a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, que establece que CONATEL reglamentará la interconexión de las Redes de telecomunicaciones, en este caso la Resolución NR 008/08; es nula por dar un trato discriminatorio a la parte demandante, lo cual se prohíbe en los Artículos 4 y 6 del Reglamento de Interconexión; CONATEL no se ajusto a la jerarquía normativa establecida en el artículo 7 de la Ley de Administración Pública y nula por violentar Tratados Internacionales tales como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana. (CAFTA-DR) específicamente el artículo 13.7 capítulo 13, Y mas que todo infringe lo señalado en los artículos 44 y 45 del reglamento de Interconexión en los cuales se regula el procedimiento para establecer los cargos de acceso que serán aplicables los operadores en el cual señalan que los OPERADORES EN INTERCONEXION TIPO I deberán reunirse con el objeto de realizar una revisión de los montos establecidos como cargos de acceso, debiendo comunicar a CONATEL los resultados de la revisión dentro de los primeros cinco días calendario del mes de diciembre de cada año, y consta en autos que efectivamente así ocurrió ya que corre agregado a folio 78 de la pieza de autos la nota de fecha 1 de diciembre del 2008, enviada al presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en la cual se le informa que en base al artículo 44 del Reglamento de Interconexión, se inicio una negociación entre los operadores móviles entre las cuales se encuentra la parte demandante para la definición de los cargos de acceso entre redes aplicables para el año 2009 y con ello dando por notificado a ese ente regulador el resultado de esa negociación, COMUNICACIÓN QUE EL SUSCRITO JUEZ ESTIMA SE HIZO EN TIEMPO Y FORMA, por lo que CONATEL no podía Revisar y Modificar los cargos de acceso señalados en el artículo 41 del Reglamento de Interconexión contenido en el Resolutivo Primero de la Resolución NR 08/07 de fecha 6 de diciembre de 2007, como se ve la Resolución NR 008/08 que fijó los cargos de acceso, fue dictada por CONATEL el 9 de diciembre de 2008, SIN TOMAR EN CUENTA LA COMUNICACIÓN QUE SE LE HIZO LLEGAR, en virtud de ello el acto administrativo impugnado, no esta dictado conforme a derecho, por lo que se debe declarar la procedencia de la acción.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 2 de agosto del 2012, dictó sentencia definitiva declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación y confirma la sentencia definitiva, venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo impugnado restringe derechos y garantías del demandante, al tener un trato discriminatorio contra la misma, lo que prohíbe el ordenamiento jurídico y los principios establecidos en tratados internacionales, que busca el respeto del principio de igualdad entre los nacionales de los países suscriptores del mismo, y como se dice no respeta el acto impugnado. Que asimismo la decisión de la Autoridad del Estado demandada de modificar o revisar los cargos de acceso, según el reglamento de interconexión, no podía realizarlo de forma unilateral, que fue como lo adoptó, infringiendo con esto, lo prescrito en el ordenamiento jurídico, y viciando de nulidad del acto administrativo impugnado. Que a la vez a criterio de este Tribunal de Justicia y después de estudiado el acto administrativo impugnado, el mismo infringe los principios de la jerarquía normativa, así como los principios de formación de los actos de carácter general, por lo que es correcta la nulidad sobre el mismo decretada por A-Quo.- 5.- La representación procesal de la demandante, abogada DORIS ALICIA MADRID LEZAMA, presentó en fecha 8 de octubre del 2012, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha 2 de agosto del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 165-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el numero Exp.007-09 del Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha 11 de octubre del dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- Que mediante providencia de fecha siete de noviembre del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, declaró tener por pronunciado sobre el recurso de casación en forma y tiempo por el abogado ENRIQUE FLORES VALERIANO, en su condición de apoderado apelado y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado dicha resolución a la parte demandante, abogado ENRIQUE FLORES VALERIANO, en fecha 20 de noviembre del 2012 y a la parte demandada, la abogada DORIS ALICIA MADRID LEZAMA, en fecha 4 de diciembre del 2012.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado ENRIQUE FLORES VALERIANO, presentó escrito de personamiento en fecha 21 de noviembre del dos mil doce, en concepto de parte recurrida, y la abogada DORIS ALICIA MADRID LEZAMA, personándose en concepto de parte recurrente en fecha 7 de diciembre del 2012.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- La recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de casación en contra de la sentencia de fecha en fecha 2 de agosto del 2012 proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. Denuncia dos motivos de casación al tenor de lo que preceptúan los Artículos 716 y 719 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACION: Que la parte recurrente plantea en sus motivos la impugnación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional de la siguiente manera: 2.1 “PRIMER MOTIVO: Se impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Se considera infringido el artículo 200, numeral 2. Literal c) del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO O PARTE DE EL QUE SE IMPUGNA: Se impugnan totalmente la parte dispositiva de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.1, inciso c) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La sentencia impugnada en sus Fundamentos de Derecho expresa lo siguiente: CONSIDERANDO (5): Que analizados los antecedentes se desprende que la sentencia definitiva venida en apelación está dictada conforme a derecho, esto porque el acto administrativo impugnado restringe derechos y garantías del demandante, al tener un trato discriminatorio contra la misma, lo que prohíbe el ordenamiento jurídico y los principios establecidos en tratados internacionales, que busca el respeto del principio de igualdad entre los nacionales de los países suscriptores del mismo, y como se dice no respeta el acto impugnado. CONSIDERANDO (6) Que asimismo la decisión de la Autoridad del Estado demandada de modificar o revisar los cargos de acceso, según el reglamento de interconexión, no podía realizarlo de forma unilateral, que fue como lo adoptó, infringiendo con esto, lo prescrito en el ordenamiento jurídico, y viciando de nulidad del acto administrativo impugnado.- CONSIDERANDO (7): Que a la vez a criterio de este Tribunal de Justicia y después de estudiado el acto administrativo impugnado, el mismo infringe los principios de la jerarquía normativa, así como los principios de formación de los actos de carácter general, por lo que es correcta la nulidad sobre el mismo decretada por A quo. CONSIDERANDO (8): Que por los motivos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es del criterio que se debe confirmar el fallo apelado por estar dictado conforme a derecho, por estar debidamente acreditado de autos que el acto administrativo impugnado se encuentra viciado de nulidad.”. Posteriormente la parte dispositiva de la sentencia recurrida establece: POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de VOTOS, siendo ponente el Magistrado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, y en aplicación de los artículos 82,90,303,304 de la Constitución de la República; 1, 11, y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales ; 1, 2, 3, 7, 9, 89, 103, 105, 129 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 7 y8 de la Ley General de la Administración Pública; 34 y 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 22, 193, 195, 200, 479 y 713 del Código Procesal Civil FALLA: PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada DORIS ALICIA MADRID LEZAMA, Apoderada Legal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).- SEGUNDO: CON FIRMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de febrero del dos mil doce, y que corre agregada a folios números quinientos uno frente (501) al folio numero quinientos once vuelto (511V) inclusive de la primera pieza de autos. Y MANDA:...” El artículo 200 en su numeral 2, literal c) del Código Procesal Civil prescribe: “ARTICULO 200: CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS: ...2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...b)...c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d)...” Al revisar el contenido formal de la sentencia impugnada, específicamente en sus Fundamentos de Derecho, se observa claramente que el Tribunal Ad quem NO ha citado concretamente las normas jurídicas aplicables al caso, situación que constituye motivo para que se case la sentencia recurrida. Asimismo, de la lectura de sus considerandos así como la parte resolutiva, se aprecia una motivación defectuosa del fallo, razón por la cual es procedente que se case la sentencia para lograr establecer por parte de éste Tribunal el control de la motivación fáctica del fallo recurrido.”.- 2.2 Segundo Motivo: “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Se considera infringido por falta de aplicación artículo 14 numeral 9 de la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO O PARTE DE EL QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia de primera instancia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce. En la sentencia que hoy impugnamos la Corte sentenciadora en el Considerando (8) expresa: “Que por los motivos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es del criterio que se debe confirmar el fallo apelado por estar dictado conforme a derecho, por estar debidamente acreditado de autos que el acto administrativo impugnado se encuentra viciado de nulidad”. Resulta que en la expresión de agravios respectiva, se evidenció al Tribunal de alzada que el fallo apelado causaba agravios irreparables a mi representada, en virtud que desconocía las facultades y atribuciones de éste ente regulador de las telecomunicaciones, particularmente la contenida en el artículo 14.9 de la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones que preceptúa: “También son facultades y atribuciones de CONATEL:... 9. Emitir las regulaciones y normas de índole técnica necesarias para la prestación de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con esta Ley”. Desconocimiento, que se aprecia en el considerando número seis (06) del fallo de primera instancia, que cito a continuación: “...está probado y es un hecho que CONATEL INFRINGIÓ EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, esto porque violentó el Artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que ordena que los reglamentos que se emitan en aplicación de una Ley o la modificación de los mismos deberán ser dictaminados por la Procuraduría General de la República, lo cual se observa de la lectura de la Resolución NR O8/08 de fecha 9 de diciembre del año dos mil ocho, ya que no hace referencia al dictamen de la Procuraduría General de la Republica, porque no se solicitó;...”.- En consecuencia, al confirmarse el fallo de primera instancia, se DESCONOCE totalmente la facultad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en cuanto a la de emitir regulaciones y normas de índole técnica necesarias para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, como lo es el caso particular de la interconexión entre operadores y materializado en la Resolución Normativa NR 08/08, resultando entonces evidente que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo omitió aplicar el artículo 14 numeral 9 de la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones. En base a la precitada facultad y atribución, es que la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, dictó el acto administrativo cuya nulidad erróneamente ha sido declarada en la sentencia que se recurre, por lo que resulta evidente que la Resolución Normativa NR 08/08 NO constituye un reglamento para la aplicación de una Ley, de conformidad al artículo 41 Ley de Procedimiento Administrativo; pues la Resolución Normativa NR 08/08 es más bien una norma técnica que modifica el Reglamento de Interconexión, específicamente el artículo 41 de dicho Reglamento y establece los topes tarifarios aplicables a las comunicaciones telefónicas para el año 2009; y por lo tanto emitida por CONATEL en uso de sus facultades y atribuciones legales, de conformidad a los establecido en el artículo 14 numeral 9) de la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones. Es preciso añadir que de la a simple lectura del acto impugnado y contenido en la Resolución Normativa NR08/08, NO SE DESARROLLA Y TAMPOCO SE LE DÁ APLICACIÓN A NINGUNA LEY DE LA REPÚBLICA EN TODO SU ALCANCE, requisito indispensable para un proyecto de reglamento deba ser dictaminado por la Procuraduría General de la República, pues como oportunamente se indico en las instancias correspondientes el acto administrativo NR 08/08, únicamente implica una reforma a un Reglamento Técnico, como lo es el Reglamento de Interconexión, el cual también ha sido emitido por la CONATEL en uso de sus facultades y atribuciones, y sin infracción al ordenamiento jurídico aplicable. (1 Interconexión: es la conexión física y funcional entre dos o más redes públicas de telecomunicaciones, utilizadas por un mismo Operador o por otro distinto, que comprende el conjunto de actos, acuerdos y reglas que tienen por objeto permitir a los Usuarios de un Operador comunicarse con los Usuarios del mismo (en el caso de diferentes Servicios Públicos de Telecomunicaciones provistos por el mismo Operador) o de otro Operador, o acceder a los servicios prestados por otro Operador; servicios que podrán ser prestados por las partes interconectadas o por terceros que tengan Acceso a la red. La Interconexión constituye un tipo particular de Acceso.(Reglamento de Interconexión, NR 08/03publicado en el Diario Oficial la Gaceta, el 3 de junio de 2003).”.- III.- Cabe señalar que la Casacionista no es clara ni precisa en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación, puesto que en el primer cargo no determina puntualmente el tipo de infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que enuncia como violadas; además, se alude a que el ad-quem en su fallo no citó concretamente las normas jurídicas aplicables al caso y que se aprecia una motivación defectuosa, sin embargo, la sentencia recurrida confirma y hace suya la de primera instancia y en ambas se observa el cumplimiento de los requisitos formales de las mismas, conteniendo la debida fundamentación y explicaciones acordes a la naturaleza de la decisión que ha resuelto la controversia entre las partes. En el segundo cargo, la Censora del fallo incluye en su explicación el artículo 41 del reglamento de interconexión, cuando dicha norma no fue citada como infringida en su formulación, ni de forma directa ni relacionada; sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, siendo evidente que el motivo se ve afecto a lo establecido en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación.- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Asimismo, resulta pertinente recordarle a la Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1.- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de mayo del dos mil quince; certificación del auto de fecha trece de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 23-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL