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Sentencia CA-225-14 — Registro 5368

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando improcedente la demanda incoada, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, bajo el criterio que el acto impugnado fue dictado conforme a derecho, respetando el debido proceso y estando la multa enmarcada en Ley, ya que quedó probado en autos que la parte demandante infringió las disposiciones contenidas en el reglamento que ésta emitió para la promoción ARMA Y GANA CON YAM YAM.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Pero resulta que el Impetrante no ha sido claro ni preciso en la formulación de los motivos que sustentan el recurso que le ha dado acceso a este Supremo Tribunal. En el primer cargo invoca la falta de aplicación del artículo 31 de la Ley de Protección del Consumidor, disposición que aparece citada y aplicada en el fallo de primera instancia, mismo que al ser confirmado fue hecho suyo por el ad-quem, por lo cual no era esa la vía más apropiada para el ataque al fallo impugnado. En los cargos segundo y tercero falta a la precisión al no determinar si la violación de las normas procesales denunciadas como violadas, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Finalmente, en relación a la solicitud del control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada, no cabe atender lo solicitado, ya que el fallo impugnado reviste de la suficiente motivación fáctica y jurídica, inclusive al ser confirmatorio del dictado en primera instancia, se entiende que ha hecho suyos los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia proferida por el a-quo.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: CORPORACION DINANT, S.A. DE C.V., representado en juicio por el Abogado MARCO TULIO CALLIZO MOLINA y el Recurrido: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en juicio por el Abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare no ser conforme a derecho en acto y como consecuencia que se declare la nulidad del mismo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento, promovida por la sociedad CORPORACIÓN DINANT S.A. DE C.V., generales, representado en juicio por el Abogado MARCO TULIO CALLIZO MOLINA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del año dos mil nueve contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en juicio por el Abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que con fecha 12 de diciembre de 2005 presentó ante la Dirección General de Producción y Consumo dependiente de la Secretaria de Industria y Comercio solicitud para la celebración de una Promoción “ARMA Y GANA CON YAM YAM” habiéndose acompañado el, respectivo Reglamento Folio 664-668 que regulara la misma, la que fue concedida mediante Resolución No. DGPC-CO-242-2005 de fecha 19 de diciembre de 2005, en la cual no se consignó su publicación, como es de estilo de las mismas, pero posteriormente por sugerencias de la Dirección de Producción y Consumo se hizo la publicación en el Diario el Heraldo el 22 de febrero del 2006. Que en fecha 6 de febrero del 2006, se presentó una manifestación suspendiendo la promoción al tenor de lo estipulado en el numeral 2 del Reglamento en virtud de haberse agotado la entrega de los premios, mismos que fueron entregados por haber llenado los requisitos estipulados en el Reglamento o Manual numeral 7 el que se encuentra amparado en el Acta de Protocolización de fecha 16 de febrero del 2006, otorgado ante los oficios del Notario Marco Tulio Callizo Molina la que fue suspendida según Resolución No. DGPC-2006 de fecha 21 de Abril del 2006, emitida por la Dirección General de Producción y Consumo dependiente de la Secretaria de Industria y Comercio. Con fecha 28 de marzo del 2006 se presentaron varias denuncias exigiendo entrega de premios sin llenar los requisitos estipulados en el Reglamento, por lo cual a raíz de estas denuncias los que no sustentan las bases para hacerse acreedor a los premios, no tenían el derecho a reclamar el beneficio de los mismos. La Dirección de Producción y Consumo emitió la Resolución 1) GPC-034-2007 de fecha 9 de mayo del 2008, mediante la cual resolvió declarar con lugar las denuncias presentadas contra la sociedad mercantil CORPORACION DINANT, S.A. DE C.V. promotora de la promoción ARMA Y GANA CON YAM YAM, ante esta Dirección General, imponer a la sociedad CORPORACIÓN DINANT, S.A. DE C.V. sanción por la cantidad de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.500,000.00) por incumplir lo indicado en el Reglamento de la promoción en lo referente a publicar las condiciones explicativas de la promoción, así como las obligaciones de los patrocinadores establecidas en el literal J) contenidas en la Resolución No. DGCP-242-2005 sub literales j.1, j.4, j.5, asimismo en vista que la publicidad de la promoción no fue oportuna ya que la publicación de la resolución de autorización de la promoción no fue realizada sino hasta el 22 de febrero de 2006, es decir después que fueron presentadas denuncias por incumplimiento en la entrega de premios, la que deberá hacerse efectiva en la Tesorería General de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución, debiendo presentar copia del recibo a que se hicieron acreedores las personas que interpusieron su respectiva denuncia ante esta Dirección General en la promoción ARMA Y GANA CON YAM YAM. Prohibir a la sociedad mercantil CORPORACIÓN DINANT, S.A. DE C.V. por medio de su apoderado legal Abogado MARCO TULIO CALLIZO M., continuar con los actos violatorios a la Ley de Protección al Consumidor y su Reglamento; advirtiéndole que en caso de reincidencia se le aplicaran las sanciones más drásticas establecidas en la referida Ley y su respectivo Reglamento. La resolución objeto de esta demanda indica que la sociedad mercantil CORPORACIÓN DINANT, S.A. DE C.V., no cumplió con lo indicado en el Reglamento de la Promoción en lo referente a publicitar las condiciones explicativas de la promoción, así como las obligaciones de los patrocinadores establecidas en la resolución de autorización de la promoción, lo cual como se ha dejado apuntado no es cierto, pero en todo caso, ¿cómo se explica que la empresa patrocinadora entregó los premios a los ganadores que llenaron los requisitos establecidos? Las actas notariales de adjudicación de los premios constan en autos en el expediente objeto de reclamación, fueron apreciados ante la Dirección General de Protección al Consumidor en su resolución, pero ésta las omitió por completo. Esas actas notariales contienen el detalle de los siguientes beneficiarios así: 1. CARLOS ROBERTO ORTEGA 1 DVD US$206.00; 2. ROSIBEL ALTAMIRANO AGUILAR 1 TELEVISOR US$18.00; 3. ROSIBEL ALTAMIRANO AGUILAR 1 PATINETA US$73.00; 4. JOSE JAVIER ZELAYA 1 DVD US$73.00; 5. JOSE JOEL MARTINEZ 1 DVD US$73.00; 6. MELV1N RAMON GARCIA 1 DVD US$73.00; 7. JAVIER EDGARDO MOLINA 1 CUATRIMOTO US$4,350.00; TOTAL.... US$ 4.866.00. Este proceso de continuar con la promoción, fue interrumpido en el mismo momento que se creo la confusión por parte de los reclamantes ante la Dirección General de Producción y Consumo, tal como se acredita con la publicación de ACLARACION PUBLICA hecha en el Diario LA TRIBUNA, cuyo texto se acompaña, que en la jurisdicción Contencioso Administrativo, como revisora de los actos de la Administración Pública, se revisan los actos administrativos y no los actos particulares. Corporación Dinant, S.A. de C.V., lo que hizo fue sujetarse a lo que dispuso la Dirección General de Producción y Consumo en la Resolución No. DGPC-CO-242, la que presuntamente fue sustentada en la Ley. De ahí pues que en el supuesto caso de haber existido alguna irregularidad, lo cual no es que se admita, fue como consecuencia de lo que ordenó la Dirección General de Producción y Consumo. Con fecha 9 de mayo de 2008 la Secretaria de Industria y Comercio dictó la Resolución No. 271-2008, en la cual se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARCO TULIO CALLIZO MOLINA Apoderado Legal de CORPORACIÓN DINANT, S.A. DE C.V., en virtud que: “En las presentes diligencias solo se encuentran los casos en que los denunciantes ya nombraron su respectivo apoderado legal; por lo tanto solo se debe pronunciar en cuanto a ellos. Por lo cual MODIFICA la Resolución No. DGCP-053-2007 del 18 de junio de 2007, emitida por la Dirección General de Producción y Consumo, en el sentido que se declare con lugar únicamente las denuncias contra CORPORACIÓN DINANT, S.A. DE C.V. de los denunciantes que hayan nombrado apoderado legal y que se detallan a continuación en el cuadro anexo a esta resolución de la cual forma parte.” Pero en esta Resolución se sostuvieron las mismas motivaciones que dieron lugar al recurso de apelación, es decir que se responsabiliza a mi representada de no haber publicado la Resolución No. DGPC-CO-242 - 2005 de fecha 19 de diciembre de 2005, insistiendo en ello en la confusión antes apuntada, pues como ya se dijo mi representada si cumplió con la publicidad de la promoción y no de la Resolución No. DGPC-CO-242 - 2005, pues eso no fue lo que se dispuso. En este orden de ideas la resolución No. 271-2008 es anulable por un exceso de poder según el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, del texto de esta disposición se pone de manifiesto ese exceso de poder porque la Secretaria de Industria y Comercio altera los hechos en perjuicio de Corporación Dinant, SA. de C.V. pues en la Resolución en que se autoriza la Promoción no se dijo nada de su publicación mas que de la promoción, y si bien es cierto que posteriormente con fecha 22 de febrero de 2006 se hizo fue porque la misma Dirección General de Producción y Consumo así lo ordenó. Contra la Resolución No. 271-2008 se interpuso recurso de reposición. Posteriormente y con fecha 26 de noviembre de 2008 la Secretaria de Industria y Comercio dictó la resolución No. 768 mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reposición, resolución que agota la vía administrativa. Resolución que es una reiteración de las anteriores, y por tanto una reiteración del exceso de poder de la Secretaria de Industria y Comercio, siendo procedente que se decrete su anulación ante esa jurisdicción. Esta resolución fue notificada el 5 de enero de 2008.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, contestó dicha demanda señalando que aunque es verdad que en fecha 12 de diciembre del 2005 se presentó ante la Dirección General de Producción y Consumo la solicitud de autorización para celebrar la promoción consistente en “ARMA Y GANA CON YAM YAM” por parte de la sociedad mercantil “CORPORACIÓN DINANT, S.A de C.V.”, la cual fue autorizada mediante Resolución No. DGPC-242-2005 de fecha 19 de diciembre del 2005; no son verdad los demás argumentos planteados por la parte demandante al decir que “En la resolución no se consignó la publicación como es de estilo en las mismas y que posteriormente por sugerencia de la Dirección de Producción y Consumo se hizo la publicación en el Diario El Heraldo en fecha 22 de febrero del 2006, en virtud que la obligación de la publicidad de las promociones nacen por mandato de la Ley de Protección al Consumidor y por ende, debe la empresa mercantil promotora de los bienes, productos o servicios, llevarlas a cabo una vez que ha sido autorizada por la autoridad correspondiente, no obstante que en dicha resolución aparece en la parte resolutiva numeral segundo letra f) que la promoción deberá hacerse mediante publicación realizada a través de anuncios en la prensa, radio, televisión y unidades promocionales automotoras, así como material impreso al respecto, por tanto se considera que mi representado no ha obviado ningún requisito de los que establece la respectiva ley para esta clase de actos. Se rechazan los demás argumentos planteados por la parte demandante al decir “que con fecha 28 de marzo del 2006 se presentaron varias denuncias contra su representado exigiendo entrega de premios sin llenar los requisitos estipulados en el Reglamento “que la Dirección General de Producción y Consumo emitió la Resolución DGPC-034-2007 de fecha 9 de Mayo del 2008” y “que la Resolución no se encuentra dictada conforme a derecho”, en virtud que la recepción de denuncias presentadas por ciudadanos afectados residentes en las regiones de Tegucigalpa, San Pedro Sula y sus alrededores contra la parte actora, iniciaron desde el 13 de febrero del 2006 y fueron acumuladas en un sólo expediente con el fin de ser resueltas en una misma resolución, por tener una relación directa en sus pretensiones, tal como lo establece el Artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, asimismo la resolución que emitió la Dirección General de Producción y Consumo favoreciendo a los afectados, fue la No. DGPC-045-2007 de fecha 9 de mayo del 2007 y no la Resolución No. DGPC034-2007 de fecha 9 de mayo del 2008 como lo asegura la parte actora en el hecho tercero del escrito de demanda, existiendo en esta última resolución una paradoja entre el número de registro que y la fecha de su emisión, concluye que la parte actora al infringir las disposiciones contenidas en el Reglamento o Manual que ella misma emitió y las de la Ley de Protección al Consumidor, se procedió a declarar CON LUGAR las denuncias presentadas, asimismo la sanción aplicada a la parte demandante fue por incumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Promoción, pues no publicó las condiciones que regirían la promoción y las obligaciones de los patrocinadores establecidos en el literal J) contenidas en la referida Resolución, ya que no fueron oportunas en tiempo, dicha cantidad sería enterada en la Tesorería de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en un término de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación debiendo presentar la copia del recibo a dicha Dirección General.- También se ordenó a la sociedad mercantil “CORPORACIÓN DINANT, S.A. de C.V.” entregar todos y cada uno de los premios que se hicieron acreedores las personas afectadas y se prohibió continuar con los actos violatorios a la Ley de Protección al Consumidor y su Reglamento, con la advertencia que en caso de reincidencia se le aplicarían las sanciones más drásticas establecidas en la referida Ley y su respectivo Reglamento. Finalmente alega que la parte demandante ante la inconformidad de la decisión tomada por mi representado, interpuso el recurso de apelación pretendiendo establecer diferencias entre la publicación de la promoción y la publicación de la resolución de autorización, argumentando que dicho acto no violenta el derecho de los consumidores por estar debidamente informados sobre las condiciones y requisitos esenciales que deben reunir para optar a los premios de la mencionada promoción, lo cual era una obligación llevar a cabo tal acto como lo ordena el Artículo 13 de la Ley de Protección al Consumidor, dichas denuncias contienen declaraciones del maltrato que fueron objeto los participantes por parte del personal de la empresa demandante, asegurándoles que dicha promoción solamente era válida para los países de Centroamérica a excepción de Honduras, siendo este el domicilio de la empresa patrocinadora, demostrando con tal acto irresponsabilidad e incumplimiento de obligaciones al no hacer efectivo los premios ofrecidos, posteriormente solicitó la suspensión de la promoción por agotamiento de los premios o sea cuatro días después de haber entrado en vigencia la promoción, sin dar a conocer la cantidad de consumidores que adquirían el producto para obtener los premios ofrecidos y de no estar enterados de la finalización de la promoción, dando como resultado el sin número de denuncias individuales con criterio colectivo de sentirse sorprendidos por la empresa promotora, basándose en el Artículo 13 de la Ley de Protección al Consumidor en consonancia con el Artículo 14 de dicha Ley; que de esa forma queda claramente evidenciado que la parte demandante publicitó la siguiente frase “TODOS LOS CUPONES ESTÁN PREMIADOS ¡TODOS GANAN!”; por tal motivo, fue que se decidió declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación por la formalización de algunas denuncias interpuestas mediante un profesional del Derecho y que de acuerdo al listado oficial, son las que tienen el derecho para reclamar los premios ofrecidos.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando IMPROCEDENTE la demanda incoada, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como la resolución No.768-2008, de fecha 26 de noviembre del 2008, misma que declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.271-2008, de fecha 9 de mayo de 2008, ambas dictadas por la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio. Confirma en todo y cada una de sus partes el acto administrativo impugnado.- Se exime del pago de costas, a la parte demandante vencida juicio. Criterio: que el acto impugnado fue dictado conforme a derecho, respetando el debido proceso y estando la multa enmarcada en Ley, ya que quedó probado en autos que la parte demandante infringió las disposiciones contenidas en el reglamento que ésta emitió para la promoción ARMA Y GANA CON YAM YAM; así como los artículos de la Ley de Protección al Consumidor, como ser el artículo 13 de la Ley de Protección al Consumidor, el artículo 20 del Reglamento; el artículo 21 de dicho Reglamento. Que la Ley de Procedimiento Administrativo señala que se “presume la Legitimidad de los actos administrativos“, por lo tanto es la parte que alegue su nulidad e ilegalidad la que tiene la obligación de quebrantar tal presunción de legitimidad; que con los medios de prueba aportados por la parte demandante, el suscrito juez valora que no se quebrantó tal principio, ya que la Secretaria de Estado en el Despacho de Industria y Comercio, al emitir el acto administrativo impugnado, lo hizo apegado a derecho.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la multa impuesta a la sociedad mercantil demandante fue conforme a derecho, esto porque la obligación de publicación de la promoción solicitada por el demandante es legal por emanar directamente de la ley y no debía esperar una resolución administrativa que le ordenara hacerlo, violentando lo ordenado en ley el demandante al no hacer la publicación que ordena la ley.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado MARCO TULIO CALLIZO MOLINA, en fecha veinticinco de febrero del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley ó doctrina legal contra la sentencia dictada en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.434-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 024-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha veintisiete de febrero del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en juicio por el Abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, presentó en fecha veintitrés de abril del año dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dos veintiocho de abril del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución, los Abogados MARCO TULIO CALLIZO MOLINA y JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado MARCO TULIO CALLIZO MOLINA, presentó escrito en fecha siete de mayo del año dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrente y el Abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, presentó escrito en fecha doce de mayo del año dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce. El recurrente denuncia tres motivos de casación, así como el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada, con base en los artículos 716 y 719 numeral 1, literales b) y c) y numeral 2) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACIÓN. El censor fundamenta los motivos de casación que sustentan su demanda de casación manifestando lo siguiente: 2.1 PRIMER MOTIVO: “Contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- Procede impugnar, en el primer caso, cuando la violación es directa y se produce por falta de aplicación al caso debatido de una norma sustantiva y también cuando se aplica indebidamente en el fallo un precepto; y, en el segundo caso, cuando se impugna la interpretación, es cuando se da lo que la doctrina y la jurisprudencia nacional denominan interpretación errónea de un precepto. En el caso particular, como así lo enuncio al inicio de este motivo, impugno la sentencia por contener la misma violación directa o infracción por falta de aplicación al caso concreto, de una norma de derecho que debió ser empleada para la solución de fondo del litigio. Expresión de la Norma de Derecho cuya Infracción Sustenta el Motivo. La sentencia que hoy recurro viola directamente por falta de aplicación al caso debatido, el Artículo 31 de la Ley de Protección al Consumidor, que a la letra dice: “SORTEOS, CONCURSOS Y PROMOCIONES. Quien promueve u organice sorteos, certámenes, concursos o promociones de cualquier naturaleza, en los cuales la participación de los consumidores esté condicionada a la adquisición de bienes o servicios y los eventuales premios o beneficios estén sujetos a la intervención del azar, se deberán cumplimentar los requisitos que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación”. Concepto de la Infracción. La falta de aplicación al caso en comento del Artículo 31 de la Ley de Protección al Consumidor y la ausencia de tino por parte del tribunal sentenciador para desentrañar su espíritu, así como la carencia por parte de esta Corte de la iniciativa necesaria para estudiar el contexto de la Ley que le hubiese servido para ilustrar el sentido de cada una de las partes, nos conduce a establecer que el precepto invocado como violado, le da derecho a los consumidores para que se les adjudiquen los productos o se les preste el servicio objeto de promoción u oferta, sólo cuando han cumplido con las condiciones establecidas; más no así cuando los reclamantes de los productos de la promoción no han cumplido con esas condiciones, tal como así aconteció en el caso que nos ocupa.- El derecho es de lógica, de sentido común, fácil de entender y por ende es reprochable la conducta de la Corte sentenciadora cuando deja de aplicar al presente caso esa norma cuyo texto es más que claro y que no da lugar a equivocaciones; si como lo dejo dicho, la exigencia es que los favorecidos podrán exigir su premio únicamente contra presentación de los tres componentes que forman el premio indicado descrito anteriormente, debidamente sellados y validados con la firma autorizada y registrada del representante del patrocinador ante las autoridades competentes, y los cupones que presentaron no tenían ni la firma ni el sello indicados, entonces los consumidores no tenían derecho a reclamar los premios de la promoción, porque el derecho nace precisamente del cumplimiento de esos requisitos que la propia autoridad administrativa estableció. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada. La violación por falta de aplicación del Artículo 31 de la Ley de Protección al Consumidor al caso en comento, incidió determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, habida cuenta que si la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo hubiese aplicado tal norma, la parte dispositiva de su fallo se habría pronunciado revocando la sentencia de primera instancia, sencillamente porque tratándose como efectivamente se trata de un caso en que los consumidores denunciantes no cumplían los requisitos de la promoción, carecían entonces de todo derecho para reclamar los premios y, por consiguiente, la Resolución administrativa emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio que sancionó a mi mandante obligándola contra legem a entregar los premios y que está siendo ¡impugnada en esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, adolece de todo sustento legal, teniendo mi patrocinada toda legitimación en causa para demandar.”.- 2.2 SEGUNDO MOTIVO: “Contener la sentencia impugnada, violación de una norma procesal que regula la forma y contenido de la sentencia. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra c) del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. A continuación paso a detallar como norma jurídica de orden nacional violada en la sentencia del 5 de diciembre de 2013, el Artículo 200 numeral 2 letra b) in fine del Código Procesal Civil, que al hablar del contenido formal de la sentencias, establece como uno de los requisitos esenciales de las mismas, los hechos probados. Concepto de la Infracción. En la sentencia impugnada de fecha 23 de enero de 2014, adolece totalmente de hechos probados; y esa inexcusable omisión no sólo la vicia en su aspecto formal, sino que trasciende al fondo causando una grave lesión en los intereses patrimoniales jurídicamente protegidos de la persona jurídica que represento.- La total ausencia de hechos probados en la sentencia que hoy impugno, conduce a que la Corte sentenciadora haya pasado inadvertido un hecho toral a los efectos de la litis, cual es, que fue la propia Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio quien condicionó la entrega de premios de la promoción denominada “Arma y Gana con Yam Yam” en la que participarían los productos “Ranchitas, Zambos, Cappi Yuquitas, Juba y Del Rancho”, a que los ganadores o favorecidos podrán exigir su premio únicamente contra presentación de los tres componentes o cupones que forman el premio, validados con la firma y sello del representante de CORPORACION DINANT, S.A. DE CV. como patrocinador; la incorporación de ese hecho probado en la sentencia hubiese conducido a la Corte sentenciadora a proferir un fallo distinto del que se profirió, revocando la sentencia de primera instancia y declarando con lugar en todas sus partes la demanda; en este sentido, la deliberada omisión de hechos probados vicia la sentencia y la hace casable. Incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Desde luego que si en la sentencia que impugno la Corte omitió deliberadamente la inclusión de hechos probados, ello incidió determinadamente en el fallo censurado, habida cuenta que si este Tribunal hubiese estudiado a profundidad el juicio, se le habría facilitado apreciar la necesidad jurídica de sustentar su fallo incorporando aquel hecho probado, para arribar a las siguientes conclusiones: a) Que la propia Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio condicionó la entrega de premios de la promoción denominada “Arma y Gana con Yam Yam”, a que los ganadores presentasen los tres cupones validados con la firma y sello del representante de CORPORACION DINANT, S.A. DE C.V. como patrocinador. b) Que los cupones presentados por los denunciantes, no cumplían con el requisito de la firma y sello del representante del patrocinador. c) Que consecuentemente, las Resoluciones impugnadas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo identificadas como 271- 2008 de fecha 9 de mayo de 2008 y 768-2008 de fecha 26 de noviembre de 2008 emitidas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, no están apegadas a derecho y por ende debieron ser declaradas nulas, porque, además de no tener sustento legal, partieron del equívoco de suponer que los denunciantes presentaron sus reclamos de premios cumpliendo con los requisitos establecidos, lo cual no es cierto como así se le demostró en el momento oportuno tanto a la autoridad como ahora a la judicial.”.- 2.3 TERCER MOTIVO: “Contener la sentencia impugnada, infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, supone la nulidad o produce indefensión. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. A continuación paso a detallar las normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia del 29 de agosto de 2011: a) Artículo 1499 del Código Civil: Este precepto dispone que “Los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste”. b) Artículo 13 del Código Procesal Civil que dispone: “El Juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido”. c) Artículo 245 numeral 1 del Código Procesal Civil, que expresa: “La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca”. d) El Artículo 273 del Código Procesal Civil al regular la fuerza probatoria de los documentos públicos, imperativamente en su numeral 1. Expresa: “Los documentos públicos harán prueba, aún contra tercero del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el”. Se señala y puntualiza en qué consistió la violación de las normas invocadas, por parte de la Corte de Apelaciones: He citado las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron violadas en la sentencia hoy impugnada ya que, reitero, los Artículos 1499 del Código Civil y los Artículos 13, 245 numeral 1. y 273 también numeral 1., todos del Código Procesal Civil, que le ordenaban a la Corte hoy recurrida, apreciar en todo lo que vale el medio probatorio documental propuesto por la parte y toral a los efectos de la litis, cual es la Resolución No. DGPC-CO-242-2005 de fecha 19 de diciembre de 2005 mediante la cual se autorizó a mi patrocinada a realizar la promoción bajo los términos y condiciones que en dicha resolución se indicaron, entre otros, la exigencia que los favorecidos podrán eximir su premio únicamente contra presentación de los tres componentes que forman el premio indicado descrito anteriormente, debidamente sellados y validados con la firma autorizada y registrada del representante del patrocinador ante las autoridades competentes.- Esa Resolución es un documento público como así lo disponen los Artículos 270 numeral 2 del Código Procesal Civil por haber sido emitida por un funcionario público competente. Corolario de lo anterior, arribo a la conclusión que además de las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, que son las que se deben tener en cuenta por el Juzgador al momento de dictar sentencia, existen pruebas tasadas o tarifadas a las que los Jueces devienen obligados a darles el valor que el ordenamiento civil adjetivo les atribuye; tales pruebas son las que consisten en documentos públicos en cuyo concepto se refunde o subsume la Resolución No. DGPC-CO-242-2005 de fecha 19 de diciembre de 2005, a la cual, por virtud de lo dispuesto en los Artículos 1499 del Código Civil y 13, 245 numeral 1 y 273 numeral 1 del Código Procesal Civil, la Corte sentenciadora le debió dar el crédito y valoración que como documento público le corresponde. Censuro entonces la sentencia del 23 de enero de 2014, no sólo en la falta de motivación fáctica, sino en la violación por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de las garantías procesales que atienden al rigor juris de la mencionada prueba tasada o tarifada; violación perpetrada al haber dejado de valorar la Resolución No. DGPC-CO-242-2005 de fecha 19 de diciembre de 2005. En qué consistió entonces, o en qué se concretiza la violación de las normas que hoy invoco, por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo?.- Simple y llanamente señalo y puntualizo que tal violación se concreta a no haber aplicado al caso concreto las siguientes normas: a) El Artículo 273 del Código Procesal Civil que al referirse a la fuerza probatoria de los documentos públicos, imperativamente en su numeral 1 expresa que “Los documentos públicos harán prueba, aún contra tercero del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el” y, b) El Artículo 1499 del Código Civil que dispone “Los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste”. En este orden de ideas, lo correcto es haber apreciado tal Resolución conforme la fuerza probatoria atribuida por la ley a los documentos públicos, cual es la que aparece en el Artículo 273 el numeral 1. del Código Procesal Civil que dice “Los documentos públicos hacen prueba, aún contra terceros, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, de lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el”. Concepto de la Infracción. Toda sentencia, Honorable Corte, es un silogismo, donde la premisa mayor es la demanda, la premisa menor es la contestación a la demanda y la conclusión es la sentencia, última ésta, que debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas por las partes, resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de controversia.- Pero si en casos como el presente, la Corte de Apelaciones parte de una premisa falsa consistente en restarle el mérito a tal medio de prueba, es lógico que tenga que arribar como en efecto lo hizo a una conclusión falsa como así lo es la sentencia que hoy ataco. Es claro entonces, que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al infringir las normas citadas y relacionadas con la valoración de la prueba documental pública referida, se autocondujo a proferir una sentencia errada, contrariando el sustratum de ese medio de prueba documental que contiene las condiciones establecidas por la propia autoridad administrativa para tener derecho a reclamar los premios de la promoción. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada. La infracción censurada, esto es, el no haberle atribuido a la Resolución No. DGPC-CO-242-2005 de fecha 19 de diciembre de 2005, el valor probatorio que como documento público que es le corresponde, influyó determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, de tal manera que si la Corte sentenciadora hubiere apreciado, como estaba obligada a hacerlo, como prueba tasada que es y con base en las normas de valoración de la prueba, le hubiese atribuido la fuerza probatoria que la ley le da a los documentos públicos, arribando a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo confirmando el de primera instancia. Por ello, preciso y justifico la incidencia de tal infracción en el sentido de la sentencia impugnada, al expresar que la Corte sentenciadora desmereció con ello el crédito que la normativa le atribuye a los documentos públicos.- Es lógico que al no darle a tal documento el valor jurídico que como prueba tasada le corresponde, violó las normas invocadas, incidiendo tal infracción en el sentido apuntado de la resolución impugnada.”.- 2.4 Que el Recurrente solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada, bajo el siguiente señalamiento: “SOLICITO EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA IMPUGNADA PARA REVISAR SU RACIONALIDAD Y CARÁCTER LOGICO. TODA VEZ QUE ESTE ES DETERMINANTE DE UN SENTIDO DIFERENTE DEL FALLO. Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, con base en los Artículos 719 numeral 1. letra c) y 720 numeral 2. del Código Procesal Civil, solicito en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, para que se revise su racionalidad y carácter lógico, toda vez que éstos son determinantes de un sentido diferente del fallo. La sentencia es un silogismo formado, desde luego, por una premisa mayor que es la demanda y las pruebas que en derredor de la misma se rinden; una premisa menor representada por la oposición de la parte demandada y naturalmente por las pruebas de descargo; y una conclusión que no es otra cosa sino el fallo o sentencia por el cual, jure et de jure, deben resolverse todas las cuestiones planteadas por las partes y que hayan sido objeto de debate. Consecuencia de lo anterior, es principio de derecho, que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. - En este orden de ideas, respetuosamente suplico a la Sala de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que controle la motivación fáctica de la sentencia del 23 de enero de 2014 impugnada, ya que sencillamente ese fallo hoy impugnado carece de toda motivación fáctica y jurídica, ya que no basta titular como motivación algo que no lo es, sino que lo enunciado corresponda a lo que la normativa exige del juzgador; luego, que la Sala de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo revise y establezca que la misma adolece de racionalidad y carácter lógico, para poder entonces determinar que tal fallo debió proferirse en un sentido diferente, como así lo he dejado demostrado en el desarrollo de los motivos de casación.”.- III.- Pero resulta que el Impetrante no ha sido claro ni preciso en la formulación de los motivos que sustentan el recurso que le ha dado acceso a este Supremo Tribunal. En el primer cargo invoca la falta de aplicación del artículo 31 de la Ley de Protección del Consumidor, disposición que aparece citada y aplicada en el fallo de primera instancia, mismo que al ser confirmado fue hecho suyo por el ad-quem, por lo cual no era esa la vía más apropiada para el ataque al fallo impugnado. En los cargos segundo y tercero falta a la precisión al no determinar si la violación de las normas procesales denunciadas como violadas, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Finalmente, en relación a la solicitud del control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada, no cabe atender lo solicitado, ya que el fallo impugnado reviste de la suficiente motivación fáctica y jurídica, inclusive al ser confirmatorio del dictado en primera instancia, se entiende que ha hecho suyos los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia proferida por el a-quo.- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a los motivos alegados.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de realizar el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida. 3) DECLARA FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de octubre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 225-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL