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Sentencia CA-219-15 — Registro 5625

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como el acto presunto en sentido negativo por el silencio administrativo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no cita el precepto autorizante con base a una de las causales establecidas en el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) no precisa o justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) insta la revisión de los hechos, como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del citado Código; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y señala normas que no han sido citadas como violadas, tal es el caso de los artículos 84, 85 y 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN, representado en juicio por la abogada MARGARITA MOLINA REYES; y, Recurrido: el señor MARIO LUCIANO COELLO VALLADARES, representado en juicio por el abogado JOSUE FABRICIO CARBAJAL SANDOVAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contenciosa administrativa por incumplimiento de contrato, reconocimiento de una situación jurídica individualizada se adopte como medida necesaria para su pleno restablecimiento el cumplimiento del contrato suscrito, pago de indemnización de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, por el abogado JOSUE FABRICIO CARBAJAL SANDOVAL, en su condición de representante procesal del señor MARIO LUCIANO COELLO VALLADARES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que fue formalmente invitado el 7 de noviembre del año 2008, por la Directora General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), Ingeniera María Elena Estrada a presentar oferta para la construcción del proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL (TIPO III Y DE BLOQUE REFORZADO). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTO DE AULA, EN EL JARDIN DE NIÑOS “MARCELINO PINEDA LOPEZ”, UBICADO EN LA COLONIA LAS PAVAS, COMAYAGUELA M.D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”; resulta que producto de la licitación el contrato le fue adjudicado al demandante procediendo a celebrar el mismo con el señor Marlon A. Breve Reyes, en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de Educación, para realizar dicho proyecto, contrato que fue registrado bajo el N° 027/DIGECEBI-SE/2008, por un monto de L.299,991.50, mismo que fue aprobado mediante Acuerdo N° 2957-SE-2008 del 21 de noviembre del año 2008; siguiendo las estipulaciones contractuales, el demandante adquirió con la Aseguradora Hondureña Mundial la fianza de cumplimiento de contrato N° 1-39793 con vigencia de 151 días y por un valor de L.44,998.73, misma que fue formalmente presentada a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, mediante escrito del 12 de enero del año 2009, por intermedio del Abogado Rafael Amaro García; el demandante habiendo cumplido con las obligaciones del contrato procedió a ejecutar las obras contratadas, bajo la supervisión de la Ingeniera Cinthya Murillo Calix de DIGECEBI, pero resulta que, cuando ya se llevaba un 60% de ejecución de la obra, verbalmente la Ingeniera María Elena Estrada le ordenó al demandante suspender las obras debido a que se habían presentado problemas con la asignación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas para poder pagar las prestaciones del contrato, situación que le tomó de sorpresa porque si la obra fue contratada formalmente, es porque los fondos para financiar la misma estaban asegurados, tal como lo establece la cláusula TERCERA del contrato en el que se indica la estructura presupuestaria de dicha construcción; el demandante acató la orden de suspensión quedando a la espera por parte de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI de la orden de reinicio de los trabajos, orden que nunca llegó porque no pudieron obtener los fondos para honrar el contrato; que a raíz del cambio de Gobierno, el demandante se reunió en el mes de marzo del 2010 con el Ingeniero Jorge Mauricio Pinto Contreras, nuevo Director de DIGECEBI para plantearle el problema, quién manifestó que estaba esperando la aprobación del nuevo presupuesto para poder continuar con los trabajos; el demandante estuvo cerca de dos años, esperando con paciencia y buena fe el reinicio del contrato, pero todo fue en vano, ya que el incumplimiento de esta obligación por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, se vio obligado a interponer en fecha 10 de mayo del año 2012 formal Reclamo Administrativo previo a la vía judicial, referido reclamo fue admitido mediante auto de fecha 21 de mayo del 2012, el cual mandaba se librara oficio a la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, para que informara sobre referido contrato y el valor de lo adeudado al demandante, notificado el abogado Josué Fabricio Carbajal Sandoval del referido auto, emitiendo la Secretaría General el Oficio N°745-SG-2012 de fecha 27 de junio de 2012; en fecha 2 de octubre del 2012, se solicitó ante la Secretaría General pronta resolución, en base a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo y no habiéndose proferido la correspondiente resolución administrativa, sino el auto de 13 de diciembre de 2012, donde el Secretario de Educación, insta se libre nuevamente oficio a la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, para que en la brevedad posible se pronunciara al respecto, por lo que se continuó con el procedimiento establecido en la ley es así que se interpuso en fecha 27 de diciembre del 2012 el correspondiente Recurso de Reposición contra la DENEGATORIA PRESUNTA, una vez transcurrido el plazo de los 10 días sin notificación de la resolución, se da por entendido que se ha agotado la vía administrativa según lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo; debido al incumplimiento del contrato antes mencionado, las finanzas del demandante se vieron afectadas y lo sigue estando, ya que se invirtió dinero, tiempo y esfuerzo, pago de personal, compra de materiales, ocasionando pérdidas económicas y, para poder solventar los cobros de los proveedores, tuvo que endeudarse por medio de tarjetas de crédito que no ha podido cancelar, y los intereses de éstas tarjetas son tan elevados que lo ha llevado a una situación muy delicada.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, contestó dicha demanda señalando que el señor Mario Luciano Coello Valladares, en fecha 11 de noviembre del año 2008, ante la Dirección General de Construcción Escolares y Bienes Inmuebles, presentó licitación para la construcción del Proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRÁL (TIPO III Y BLOQUE REFORZADO), CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTO DE AULA, EN EL JARDIN DE NIÑOS MARCELINO PINEDA LOPEZ”, ubicado en la colonia Las Pavas, Comayagüela M.D.C., siendo la misma adjudicada mediante contrato No.027/DIGECEBI-SE-2008 de fecha 21 de noviembre del año 2008, por un monto de L.299,991.50, mismo que fue aprobado mediante acuerdo No. 2957-SE-2008 de fecha 21 de noviembre del año 2008, rindiendo resguardo mediante fianza de fecha 5 de enero del año 2009, No. 1-39793, elaborado por la Aseguradora Hondureña Mundial, por la suma de L.44,998.73 por la vigencia de 151 días, contados a partir del 21 de noviembre del año 2008, hasta el 21 de abril del año 2009; se acepta parcialmente el hecho cuarto de la presente demanda, en virtud de ser cierto lo establecido en la cláusula tercera del contrato No.027/DIGECEBI-SE/2008, que indica la estructura presupuestaria de la obra a ejecutar, rechazándose en el sentido que no consta que la Ingeniero María Elena Estrada haya ordenado verbalmente al señor Mario Luciano Coello Valladares la suspensión de la obra, argumentando que se habían presentado problemas con la asignación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, por lo que será la parte demandada que deberá probar tal extremo; que el señor Mario Luciano Coello Valladares, presentó en fecha 10 de mayo del año 2012, ante la Secretaría de Educación, reclamo administrativo previo a la vía judicial, la cual fue admitida mediante auto de fecha 21 de mayo del año 2012, librándose oficio a la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, para que rindiese informe sobre lo relacionado a los hechos relatados en el reclamo interpuesto, asimismo presentó en fecha 2 de octubre del año 2012, ante dicha Secretaría pronta resolución al reclamo administrativo previo a la acción por la vía administrativa, registrado el expediente bajo el número 035-R-2012; que el señor Mario Luciano Coello Valladares erra al interpretar de manera antojadiza la aplicación de las normas contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto a un supuesto silencio administrativo en el expediente administrativo objeto del presente debate, que se reduce al hecho que si bien es cierto el demandante interpuso una solicitud vía administrativa en fecha 10 de mayo del año 2012, el mismo no ha sido resuelto en su totalidad, y a la fecha se encuentra pendiente que la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, emita el correspondiente dictamen en cuanto a lo solicitado en oficios No.745-SE-2012 y No.0147-SE-2012, de los cuales el peticionario no dio seguimiento, limitándose a presentar escritos sin fundamento legal; es importante recalcar que la parte demandante no ha respetado con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo en sus artículos 84 y 85; que el decreto No.225-2002, reforma el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo remplazando la figura de la denegatoria presunta, por la Afirmativa Ficta, por lo anteriormente expuesto, es evidente que la parte demandante no siguió los pasos señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo y mucho menos respetando los plazos indicados en la misma, tampoco hizo uso de la figura de la Afirmativa Ficta, tal como lo indica la reforma de dicho artículo; que el señor Mario Luciano Coello Valladares tiene como parte de sus pretensiones, el pago de L.299,991.50 más el interés mercantil calculado desde la fecha en que conforme a ley debió ser aprobada la solicitud de asignación hasta que sea firme la sentencia condenatoria en concepto de daños y perjuicios, en consecuencia como su pretensión conlleva el resarcimiento de daños y perjuicios, por lo que su demanda debe de cumplir con determinados requisitos formales acordes a la naturaleza de las pretensiones planteadas; uno de esos requisitos formales es el dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, por lo que es evidente que el señor Mario Luciano Coello Valladares no acompañó el Registro de Renta que dispone la Ley, por lo que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación en ningún momento actúo en contradicción con la normativa vigente.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el señor Mario Luciano Coello Valladares, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como el acto presunto en sentido negativo por el silencio administrativo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación; reconoció la situación jurídica individualizada de la parte demandante y para su pleno restablecimiento condenó a la demandada al pago por concepto de daños y perjuicios causados a favor del demandante, la cual quedara diferida y cuya cuantificación se definirá en la fase de ejecución de la sentencia, sin costas; bajo el criterio que la relación contractual entre las partes mediante contrato que fue registrado bajo el N° 0271DIGECEBI-SE12008, por un monto de L.299,991.50, mismo que fue aprobado mediante acuerdo N° 2957-SE-2008 del 21 de noviembre del año 2008, producto de la licitación para la CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS “MARCELINO PINEDA LOPEZ”, UBICADO EN LA COLONIA LAS PAVAS, COMAYAGUELA M.D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; está probado que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, aprobó la estructura presupuestaria para la construcción o sea que el mismo contaba con recursos para su ejecución; está probado el escrito donde se solicita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación la resolución del contrato por incumplimiento contractual; el escrito de pronta resolución; el escrito del recurso de reposición; bien el suscrito juez estima que la parte actora a través de sus medios probatorios efectivamente dejó probado en autos que si cumplió con lo establecido en el contrato de construcción del proyecto de construcción jardín de niños “MARCELINO PINEDA LOPEZ”, cuyos daños y perjuicios fueron ocasionados por el incumplimiento del contrato, ya que fue la parte demandada, la que no cumplió con su obligación de realizar el pago, también probó la falta de respuesta por parte de la demandada a su reclamo hecho en vía administrativa, al solicitar la resolución del contrato de construcción, dándose todos los presupuestos del acto presunto en sentido negativo, tal como lo establecen los artículos 85 de la Ley de Procedimiento administrativo y 29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por su parte la demandada no logró desvirtuar en esta instancia los argumentos de la parte demandante; en virtud de ello se declara la procedencia de la acción, por no estar dictado conforme a derecho el acto impugnado al omitir dar una respuesta en los plazos establecidos en la ley.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintinueve de enero de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la sentencia definitiva venida en apelación esta dictada conforme a derecho, esto por constar en autos como bien lo dice plasma el a quo, la existencia de la relación contractual entre las partes en juicio para la construcción del jardín de niños Marcelino Pineda López, ubicado en la Colonia Las Pavas de este Municipio del Distrito Central, que dicha relación contractual fue incumplida por el Estado de Honduras al no cumplir con su obligación de pago, lo que le genera daños al demandante, daños estos que debe resarcir el Estado; el demandante reclamó administrativamente la resolución del contrato, por el incumplimiento del mismo por parte del demandado, por el motivo explicado en el considerando que antecede, agotando la vía administrativa, para así reclamar judicialmente el cumplimiento del contrato con el daño y perjuicio ocasionado tal como lo contempla la ley.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogada MARGARITA MOLINA REYES, en fecha tres de marzo de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de enero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.387-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0801-2013-00060 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado JOSUE FABRICIO CARBAJAL SANDOVAL, presentó en fecha seis de abril de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha siete de abril de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiuno de abril de dos mil quince, los abogados JOSUE FABRICIO CARBAJAL SANDOVAL y MARGARITA MOLINA REYES, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha seis de mayo de dos mil quince, teniendo por personados a los abogados MARGARITA MOLINA REYES, como recurrente y JOSUE FABRICIO CARBAJAL SANDOVAL, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional e Internacional por Infracción Directa porque el Tribunal A Quem no aplicó o ignoró normas de estricto cumplimiento como ser: EL CONTRATO No. 027/DIGECEBI-SE/2008, en todas y cada una de sus cláusulas; La Ley de Contratación del Estado en su Artículo 126, 127 No.7, 129; 1346, 1348, 1378 del Código Civil; Los Convenios Internacionales de los cuales Honduras es parte, que velan por el bien Común. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación está comprendido en los Artículos: EL CONTRATO No. 027/DIGECEBI-SE/2008, en todas sus cláusulas; La Ley de Contratación del Estado en su Artículo 126, 127 No.7, 129 y párrafo segundo del mismo; 1346, 1348, 1378 del Código Civil; 72, 85, 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE La Constitución de La República, faculta al Presidente de La República, a que emita actos y disposiciones que vayan en pro del Bien Común de la población en general; La Constitución de La República y la misma Ley de Contratación del Estado, establecen el procedimiento a seguir en caso de realizarse contrataciones por parte del Estado; Es cierto que el Estado para cubrir las múltiples necesidades poblacionales, deviene obligado a actuar con personas particulares, no obstante por ser un ente que representa a la misma población, queda sujeto a las Ordenanzas y Disposiciones emanadas del mismo Estado; Es así pues que la Secretaría de Finanzas es el ente Administrativo quien en última instancia determina si existen o no los fondos para el financiamiento de los ingresos o egresos en que ha de incurrir el Estado, y hasta que esta Secretaría de Finanzas realiza la transferencia de los fondos a la Estructura Presupuestaria destinada para la realización del proyecto, hasta este momento es cuando la Institución encargada de contratar servicios para la realización de la obra, procede a dar la orden de inicio, a sabida cuenta que si al momento de realizar los desembolsos no existen los fondos, deberá sujetarse a la espera hasta que existan los mismos; Si se observa en el presente caso, el demandante, por su propia iniciativa comenzó con la ejecución del proyecto sin esperar a lo que se obligó en el Contrato como ser la ORDEN DE INICIO EN FORMA ESCRITA, incurriendo en este caso en el incumplimiento de lo convenido en el mismo; Como puede observarse en el Artículo 127 No.7, 11 de la Ley de Contratación del Estado, la Administración por causas no imputables a sí, puede dar por rescindido un contrato, en este caso si bien es cierto la Secretaría de Educación asignó la Estructura presupuestaria por la que se pagaría este contrato, la existencia de los fondos para el pago del mismo no depende de la Secretaría, razón por la cual se sujeta a la espera de la ORDEN DE INICIO; Como lo establece el artículo 129 de la Ley de Contratación del Estado, si el Estado incurre en el incumplimiento, por causas a él imputables, está en la obligación de rescindir el Contrato, y pagar hasta donde se haya ejecutado la obra, no obstante la no rescisión por parte del Estado implica que mantiene su responsabilidad con el Contratista, hasta el momento que se le entregue por escrito la ORDEN DE INICIO, que queda aun confirmado en la Cláusula SEPTIMA inciso c) que ratifica lo convenido de esperar la ORDEN DE INICIO, al igual que se vuelve a obligar en la cláusula DECIMA PRIMERA, que en la orden de inicio se consignará la fecha de inicio.- No está demás mencionar que la cláusula DECIMA establece claramente que al haber controversia que surja de la ejecución del contrato entre la Secretaría y el Contratista, deberá resolverse de forma conciliatoria, lo que no sucede en el presente caso que no se observó el debido proceso, al no intentar por la vía de la Conciliación si no que presentó directamente RECLAMO ADMINISTRATIVO, para que se le pague, obviando claramente lo establecido en el artículo 129 párrafo ultimo, que el Contratista una vez agotada la vía Administrativa, debe someterse a la Mesa de Resolución de Disputas y posteriormente a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- El demandante se apegó al artículo 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece la presunta denegatoria de lo reclamado, no obstante el artículo 129 del mismo cuerpo legal establece que las providencias serán susceptibles de impugnación solamente cuando imposibiliten la continuación del procedimiento o causen indefensión, lo que no ha ocurrido en el presente caso, ya que no se imposibilitó la continuación del procedimiento, ni se causa indefensión.- En amparo al artículo 84 párrafo último, que establece “No obstante lo anterior, las resoluciones podrán notificarse después de los plazos señalados por causas excepcionales debidamente justificadas, las cuales se consignarán en el expediente, consignarán en el expediente, mediante diligencia firmada por el titular del órgano competente para resolver, y en este caso la causa justificada para no notificar la Resolución, pende de lo establecido en el Artículo 72 claramente establecido aún por el Demandante, que reitera que se libró la orden de un nuevo Oficio, a efecto que la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), emitiera informe sobre las razones de la continuación del proyecto, o las causas por las que no se paga, en todo caso este Artículo 72 trae aparejado Pena o Sanción, lo que da lugar a permitir que se libre nuevamente el Oficio a efecto que la Institución requerida emita el correspondiente informe y si se agota esta vía y la Institución requerida para que informe no cumple, entonces se procede a la correspondiente sanción disciplinaria”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no cita el precepto autorizante con base a una de las causales establecidas en el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) no precisa o justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) insta la revisión de los hechos, como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del citado Código; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y señala normas que no han sido citadas como violadas, tal es el caso de los artículos 84, 85 y 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar, que el artículo 720 del citado Código establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 219-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL