Sentencia CA-188-14 — Registro 4491
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada, en consecuencia anula el acto impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la Autoridad Nominadora canceló al demandante por causas que fueron subsanadas consistentes en errores materiales no cometidas por el mismo, no comprobando la causal de cancelación dada y ya había prescrito la acción
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que ambos cargos resultan inadmisibles por las razones siguientes: a) alega dos formas distintas de violar la Ley como lo son la aplicación e interpretación indebida de las normas citadas como infringidas, las que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) se realizan en su desarrollo alegatos de instancia y ataca a los considerandos del fallo impugnado.- “ De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- “. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL MINISTERIO PUBLICO, representado en juicio por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR; y, el Recurrido: señor JULIO CESAR COLINDRES, representado en juicio por el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, para su pleno restablecimiento el pago de sus prestaciones laborales a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, mas los incrementos salariales en su ausencia, vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario, mas costas del juicio; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de enero del dos mil trece, por el señor JULIO CESAR COLINDRES, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, representado en juicio por el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, contra EL MINISTERIO PUBLICO, representado en juicio por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que fue nombrado mediante acuerdo el dos de enero del dos mil uno, en el cargo de Fiscal Auxiliar, adscrito a la Fiscalia Local de Juticalpa, Departamento de Olancho, el día diez de septiembre del dos mil nueve, se emitió acuerdo en donde el Fiscal General emite licencia sin goce de sueldo en virtud que el veinte de julio del dos mil nueve, fue admitida la solicitud de imposición de sanción por despido, presentada ante el Consejo de Personal, en fecha trece de noviembre del dos mil doce, se emitió acuerdo de cancelación, siendo notificado el cuatro de diciembre del mismo año, siendo emitida de manera ilegal, infringiendo el ordenamiento jurídico.- 2.- La parte demandada, EL MINISTERIO PUBLICO, contestó dicha demanda señalando que se canceló al demandante por haber incurrido en la causal de despido, estipulado en el articulo 60 inciso a) del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico, relacionado con el articulo 172, inciso a) de su Reglamento, realizando audiencia de descargo y agotando el procedimiento disciplinario, no pudiendo desvirtuar los hechos que se le imputaban.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de agosto del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, en consecuencia anula el acto impugnado, se ordena el pago de prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir, condenando al Ministerio Público a pagar dichos conceptos y sin costas; bajo el criterio que la causa que dio origen a la terminación laboral no fue probada por el Ministerio Público, ya que el error material fue cometido por el Juzgado de Letras de lo Penal del departamento y no por el demandante, en el momento de la sanción ya había prescrito según lo establecido en el articulo 91 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico, ya que habían transcurrido treinta y un días hábiles en consecuencia se violento el debido proceso, acarreando nulidad.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de diciembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, declarando Sin lugar el recurso de apelación y sin costas; bajo el criterio que la Autoridad Nominadora canceló al demandante por causas que fueron subsanadas consistentes en errores materiales no cometidas por el mismo, no comprobando la causal de cancelación dada y ya había prescrito la acción.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en fecha veinticuatro de enero del dos mil catorce, presento escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha veinticuatro de enero del dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.420-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 002-2013, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia tener por formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha cuatro de marzo de febrero del dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cinco de marzo del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados en fechas once y veintiséis de marzo del dos mil catorce los abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto en fecha quince de mayo de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en concepto de parte recurrida y recúrrete respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION: Se impugna la sentencia recurrida por la aplicación e interpretación indebida de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimamos infringidos los Artículos 82, 90 de la Constitución de la República; 3, 206.1.2.3., 207.1.2., 208.1.2., 211, 212.4.6., 705.1.2., 715 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.1.c). del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO OUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia recurrida, excepto en cuanto dispone “Sin Costas”. EXPLICACION DEL MOTIVO: En la sentencia definitiva proferida por la segunda instancia se han aplicado e interpretado indebidamente normas procesales en relación a la forma y el contenido de la misma, por las razones establecidas a continuación. En el Capítulo VI acápite RESOLUCIONES JUDICIALES, Sección la. CLASES, CONTENIDO Y REQUISITOS FORMALES, en el Artículo 193.2.c). del Código Procesal Civil, se establece “CLASES c) Sentencias, cuando se deba poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la ley. También se resolverán mediante sentencia los recursos extraordinarios.”; asimismo y por regla general, en este mismo Capitulo, en la Sección 2a Acápite REQUISITOS INTERNOS DE LA SENTENCIA, dispone el Artículo 206.1. del Código Procesal Civil, “CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. “.- Sucede Honorables Señores Magistrados, que de la lectura de la sentencia recurrida se puede vislumbrar que la misma carece de estos requisitos internos, y que si bien es cierto en la Parte Dispositiva es clara al Declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por esta parte Demandada y Recurrente, y Confirma la sentencia dictada por la primera instancia, en los FUNDAMENTOS DE DERECHO las motivaciones o razonamientos con los cuales fundamenta su fallo, el AD QUEM NO ES NADA CLARO. NI PRECISO, NI EXHAUSTIVO, tal y como lo exige o manda los preceptos legales antes citados. A la Sentencia Definitiva emitida por la primera instancia, esta parte Recurrente interpuso Recurso de Apelación expresando los agravios que produce dicho fallo en contra de los derechos de mi representada, mismos que fueron expresados al tenor de lo que manda la ley indicándose y señalándose en el mismo las valoraciones de hechos y pruebas así como la aplicación e interpretación de las normas legales realizadas en forma INDEBIDA por el A QUO. Del Recurso de Apelación y expresión de agravios presentados, el AD QUEM dicta ésta Sentencia Definitiva que se viene a recurrir, en la cual en el PREAMBULO, si bien es cierto la Corte de Apelaciones hace una relación de la sentencia de primera instancia que se estaba recurriendo, y en los ANTECEDENTES DE HECHO en los Considerandos (3) y (4) motiva la expresión de agravios y contestación de los mismos realizadas por las partes del presente juicio, en el acápite de FUNDAMENTOS DE DERECHO en sus Considerandos (7) y (8) este Tribunal de segunda instancia hace sus motivaciones, valoraciones o razonamientos en los cuales fundamenta en ley su decisión establecida en la Parte Dispositiva de dicho fallo.- Pero si apreciamos los Considerandos (7) y (8) de la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, los cuales motivan lo siguiente: “CONSIDERÁNDO (7): Que analizado en su conjunto el expediente administrativo, las pruebas presentadas por las partes, así como los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones, esta Corte de Apelaciones observa y concluye que la autoridad nominadora cancelo al demandante por causas que fueron subsanadas consistentes en errores materiales no cometidas por su persona en este caso el otorgamiento de dos sobreseimientos definitivos cuando solo corresponde a un caso, acto que fue subsanado por el juzgado correspondiente, de conformidad al Código Procesal Penal, por lo que la falta que dio origen a la cancelación del demandante, no fue comprobada por el Ministerio Público, ya que con la prueba aportada el error material fue cometido por el Juzgado Penal y no por el servidor, y en lo relacionado con la prescripción, se puede comprobar que en base al artículo 91 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, relacionado con el artículo 205 del Reglamento del Estatuto establecen ambas que “La sanción de despido prescribe después de trascurrido 30 días hábiles desde la fecha en que la Dirección hubiere tenido conocimiento por escrito de la Comisión de da infracción; que en la Dirección de Fiscalia en fecha cuatro de junio del dos mil nueve, emitió Resolución DGF-031-2009 efecto que la división de Recursos Humanos procediera conforme a derecho, el que fue remitido con fecha Once de junio del dos mil nueve (corre a folio 33 y 34 de la primera pieza); y que la división de Recursos humanos solicito la imposición de la sanción ante el Honorable consejo de personal es de fecha 23 de julio del 2009 (folio 185, y de la revisión de ambas fechas se ha llegado a la conclusión de efectivamente opera la prescripción establecida en el artículo 91 del estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionado con el articulo 205 del Reglamento del Estatuto por lo que transcurrieron 31 días hábiles, en consecuencia fuera del plazo establecido por la ley, por lo que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado “.(Trascrito literalmente de la Sentencia de la Corte de Apelaciones). “CONSIDERANDO (8): Que de las diligencias investigativas realizadas por la Dirección de la Fiscalia y las aportadas en juicio, dan al juez A-Quo la certeza que el demandante no cometió la falta contenida en el artículo 172 letra b), la cual trae como consecuencia según el régimen disciplinario el despido si., responsabilidad para la autoridad nominadora, por lo que el acto administrativo no fue dictado de conformidad a derecho.” (Trascrito literalmente de la sentencia de la Corte de Apelaciones).- Nos darnos cuenta que dichas motivaciones son una TRASCRIPCION CASI LITERAL de los razonado, valorado o motivado por el A QUO en los Considerandos (8) y (9) de la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; asimismo que en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo NO EXISTE UN TAN SOLO RAZONAMIENTO, PRONUNCIAMIENTO O RESPUESTA A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR ESTA PARTE PROCESAL EN LOS CUALES SE ALEGAN LAS VIOLACIONES O VULNERACIONES QUE CONSIDERAMOS FUIMOS OBJETO CON DICHA SENTENCIA, no motivándose por parte del AD QUEM nada al respecto, desconociendo en esta sentencia las razones debidamente analizadas o motivadas por parte del tribunal de alzada del porque se considera que opera la Prescripción en relación a los plazos ni tampoco del porque se considera que hubo un error material del Juzgado de lo Penal y no responsabilidad del sancionado.- Lo anterior nos lleva a concluir que la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo carece de claridad, precisión y exhaustividad, requisitos internos indispensables que debe de llevar toda sentencia definitiva, y en conclusión consideramos que con esta Sentencia que se viene a recurrir el AD QUEM ha infringido en relación a la forma y contenido de su fallo, pues no cumple con los requisitos internos que debe contener toda sentencia, por lo cual la misma es sujeta de nulidad. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Se impugna la sentencia recurrida por la aplicación e interpretación indebida de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimamos infringidos los Artículos 82, 90 de la Constitución de la República; 3. 124.1, 211, 212.4.6., 705.1, 715 del Código Procesal Civil; 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.2. del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia recurrida, excepto en cuanto dispone “Sin Costas”. EXPLICACION DEL MOTIVO: En la Sentencia Definitiva proferida por el AD QUEM que viene a Confirmar la dictada por la primera instancia, encontramos una aplicación e interpretación indebida de normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio en contra de mi poderdante, siendo objeto de Nulidad la misma.- Siendo que en el acápite de FUNDAMENTOS DE DERECHO, CONSIDERANDO (7), el AD QUEM razona que “… y de la revisión de ambas fechas se ha llegado a la conclusión que efectivamente opera la prescripción establecida en el artículo 91 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionado con el artículo 205 del Reglamento del estatuto por lo que transcurrieron 31 días hábiles, en consecuencia fuera del plazo establecido por la ley, por lo que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.” (Trascrito de la sentencia recurrida, lo subrayado es nuestro y es la norma interpretada y aplicada indebidamente). Lo anterior se debe a la infracción cometida tanto por la primera y segunda instancia en la interpretación de normas de derecho que producen un incorrecto e inapropiado conteo de plazos que efectúa en el presente caso.- Si bien es cierto, el Artículo 91 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionado con el Artículo 205 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público señalan que “La sanción de despido prescribirá transcurridos (30) treinta días hábiles desde la fecha en que La División hubiere tenido conocimiento por escrito, de la comisión de la infracción. “; el principio fundamental en relación a los plazos que se encuentran debidamente consignados en el Artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el Artículo 124.1 del Código Procesal Civil, ordena lo siguiente: “Artículo 45.- Los plazos empezaran a correr desde el día siguiente en que tuviere lugar la notificación o publicación, en su caso, del acto de que se trate.”, asimismo el “Artículo 124.1.- COMPUTO DE PLAZOS. 1. Los plazos comenzaran a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado a cada interesado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del computo, y se contara en ellos el día del vencimiento, que expirará a media noche.”, siendo entonces claro, que según las normas procesales o adjetivas, que los plazos, mas y cuando son señalados en días, comienzan a corren al día siguiente de su notificación o comunicación, y no desde el mismo día como lo concibieron los Juzgadores al haber realizado una mala interpretación de la norma establecida en el Estatuto de la carrera del Ministerio Público. Asimismo, y suponiendo la existencia de un conflicto de disposiciones legales a aplicar, según el Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública dice “Los actos de la Administración Publica, deberán de ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1) La Constitución de la República; 2) Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3)_La presente Ley; 4) Las Leyes Administrativas Especiales; 5) Las Leyes especiales y generales vigentes en la República; 6) Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las leyes; 7) Los demás Reglamentos generales o especiales; 8) La jurisprudencia administrativa; y, 9) Los principios generales del Derecho Público.” (lo subrayado es nuestro para resaltar) quedando de manera clara y precisa la jerarquía a la cual se deberán de ajustar los actos de la administración. En el caso que nos ocupa, con la sentencia definitiva que se viene a recurrir, el AD QUEM irrespeta e infringe normas adjetivas y de derecho sustantivo, que representan principios fundamentales procesales administrativos, Confirmando así una Prescripción inexistente, normas que fueron completamente ignorados por los Juzgadores, al realizar una incorrecta interpretación de la norma legal, violentando con esto garantías procesales a mi representada, por la interpretación y aplicación indebida de normas de derecho empleadas para la solución de este litigio, por lo que esta Sentencia es objeto de Nulidad, razón por la cual se viene invocar tal causal o motivo de casación.”.- II.- Que ambos cargos resultan inadmisibles por las razones siguientes: a) alega dos formas distintas de violar la Ley como lo son la aplicación e interpretación indebida de las normas citadas como infringidas, las que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) se realizan en su desarrollo alegatos de instancia y ataca a los considerandos del fallo impugnado.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de mayo del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 188-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL