Sentencia CA-187-15 — Registro 4969
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción promovida por la demandante; en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la demandada realizó un reparo a la demandante, llevado a cabo no conforme a derecho, ya que el mismo se efectuó sin autorización de la demandante, tampoco hubo mandamiento judicial alguno, ni está establecido en Ley, no estando dentro de las facultades de la demandada efectuar reparos a los docente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Al respecto de los anteriores cargos esta Sala advierte que los mismos no constituyen proposiciones jurídicas completas, ya que el Censor se limita a indicar los preceptos autorizantes en los cuales considera enmarcados los motivos, pero no cita la norma de derecho que considera ha sido infringida, ni el concepto de la infracción, tampoco explica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. En adición, en el segundo motivo insta la revisión de la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia recurrida, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso conforme a lo previsto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Razones por las cuales los motivos no pueden prosperar y deben de ser desestimados
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, representado en juicio por el abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ; y, Recurrida: la señora ILSA MARTINEZ ARGUETA, representada en juicio por el abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se anule de pleno derecho un acto administrativo arbitrario (reparo) de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación por indebido y se reconozca una situación jurídica individualizada para el pago de sueldos conforme a los acuerdos de nombramiento a partir de la vigencia del Estatuto del Docente Hondureño, negados en la resolución No.0258-SE-09 de fecha 2 de septiembre del 2009 y ratificada mediante resolución No.0317-SE-09 del 12 de noviembre del 2009, se restablezcan derechos, indemnización por daños y perjuicios, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, en su condición de representante procesal de la señora ILSA MARTINEZ ARGUETA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que ingresó al sistema educativo como docente en febrero de 1969 y al Instituto Central “Vicente Cáceres” el 1 de febrero de 1970, a través del primer concurso magisterial a nivel nacional; en virtud de acuerdo ejecutivo No.1635-EP-85 de fecha 1 de abril de 1985 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública, y refrendado por el señor Presidente de la República ostenté el cargo de Sub-Directora del “Instituto Central Vicente Cáceres”, más un total de 61 horas docentes de las cuales son 31 horas co-programáticas al cargo y 30 horas clase, como puede verse en los acuerdos y en las certificaciones extendidas por el Instituto Central Vicente Cáceres y refrendadas por la Dirección Departamental de Educación al 2009, las que son asignadas progresivamente entre 1985 desde que tomó posesión del cargo, a 1993 según acuerdos No.1635-EP-85, 2144-EP-85, 5955-EP-89, 4006-EaP-, 6947-EP-93, desempeñándose en ambas funciones docente y administrativa hasta la fecha del 30 de septiembre del 2009; en todas las certificaciones que se le extendieron a la demandante por la Subgerencia de Recursos Humanos Docentes y del Departamento de Pre-Intervención elaboradas por oficial de nóminas de ese momento, Lic. Gloria Marín y el Jefe del Departamento de Pre-Intervención P. M. José de La Paz Romero, son todas contradictorias y diferentes sobre el mismo periodo, hoy afirman una cosa y mañana otra, hoy una cantidad mañana otra, así con datos ficticios completamente falsos con los que alimentaron la computadora imponiéndole a la demandante un reparo indebido y arbitrario en contravención al Capítulo Segundo de las Prohibiciones artículo 11 numeral 4 y 6, Capítulo tres de los Derechos artículo 13 numeral 4 y 5, artículos 25 numeral 2, 17 del Estatuto del Docente Hondureño y del Reglamento de dicho Estatuto; situación injusta que la demandante planteó en múltiples ocasiones y por las que se obtuvieron diferentes certificaciones pero que esa Secretaría no resolvió hasta la fecha, específicamente la oficina de Recursos Humanos Docentes, por lo que se acude a este Honorable Tribunal para que se examinen las certificaciones de la Tesorería General de la República y todas las demás pruebas y así demostrar las verdaderas cantidades que la docente recibió y quede desvanecido este “reparo indebido” que según la Secretaría de Educación debe seguirse aplicando aun en su jubilación; este reparo o acto administrativo no le fue comunicado oficial y formalmente a la demandante sino que simplemente se le impuso una deducción arbitraria, también en las diferentes certificaciones solicitadas cambiaban las cantidades como se podrá observar todavía en la resolución 258-SE-09 diciendo que el reparo fue formulado correctamente pero que revisado posteriormente quedó en L.169,994.95 que antes era de L.186,519.95, aquella cantidad le restan L.26,018.29 por cheques de docente y administrativo subsumidos por entero al reparo y que no le fueron entregados a la demandante, simplemente los “recuperaban” y la dejaban sin sueldo; la Secretaría aduce que este reparo se aplicó porque se le pagó de más a la demandante y que devengaba en el 2003 y 2004 doble los quinquenios lo cual no es cierto, como puede observarse en las certificaciones de la Tesorería General de la República y las que hace el Departamento de Pre-Intervención en los cuadros que presentan en este respecto, las cantidades allí escritas nunca las recibió la demandante, lo verdaderamente recibido están en las certificaciones presentadas de la Tesorería General; si existe una variación en el 2003 de cuatro meses en enero área administrativa se le pagaba a la demandante la cantidad de L.15,048.82, pero en el área docente se le rebaja el sueldo solo recibiendo L.1,546.39 lo que indica que en ese mes le quedaban debiendo en los siguientes tres meses febrero, marzo y abril, apareciendo una cantidad mayor pero que no fue por todo el año 2003 y 2004, como ellos lo afirman, lo que se evacuará en el Balance General de Sueldos, en los cuadros presentados en el reclamo administrativo los que fueron debidamente autenticados, sobre lo que recibió y lo que debió haber recibido.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, contestó dicha demanda señalando que la actora adapta su pretensión mediante argumentos no dignos de tutela judicial porque consta que la mencionada docente, fue nombrada por la Secretaría de Educación en el cargo de Subdirectora con 61 horas coprogramáticas en el Instituto VICENTE CACERES, de la ciudad de Comayagüela de Distrito Central, contrario a lo que según Decreto 100-95 publicado el 16 de julio de 1995, reformado mediante Decreto 159-96 publicado el 14 de noviembre del 1996, ya relacionado y que establece en el artículo 2, que todo el personal docente Administrativo, Director (a), Subdirector (a), Secretario (a), que tuvieran acuerdo y cuyo sueldo haya sido compensado con horas Coprogramáticas o quien lo sustituye devengara el sueldo base regulado por la Ley de Escalafón mas la cantidad de L.2,417.53, en concepto de compensación, sin perjuicio de futuros aumentos aprobados por el Poder Ejecutivo; asimismo el artículo 3 del mismo Decreto, señala que todo el personal docente cuyo sueldo ha venido siendo efectivo en forma total o parcial mediante la figura de horas coprogramáticas devengará el sueldo asignado por la Ley de Escalafón y en ningún caso excederá de cuarenta ( 40) horas compensatorias, por lo que la docente quedó devengado las cuarenta (40) horas coprogramáticas, la calificación académica más la compensación por cargo y los colaterales salariales tales como quinquenios y méritos profesionales, hasta el año 2002, sueldos pagados correctamente y no se le adeudan sueldos por 61 horas como alega y lo pretende la demandante; por todo lo expuesto se concluye que el reparo esta formulado correctamente, el cual en un principio ascendía la cantidad de L.186,519.95, siendo revisado posteriormente, quedando un total de L.168,994.95, a esta cantidad se le restan los cheques anulados por un valor de L.26,018.29, mas las deducciones aplicadas desde noviembre del año 2005 a julio del año 2009, lo que suma un total de L.90,807.98, quedando un saldo a favor del Estado por L.52,168.68; en cuanto a la cantidad reclamada por aumento al cargo administrativo durante los años 2004, 2005 y 2006, este se mantuvo con un valor fijo de L.2,550.88, según lo establecen los Decretos 220-2003 publicado en la Gaceta el 12 de enero del año 2004, que contiene la Ley de Reordenamiento del Sistema Distributivo del Gobierno Central y el Decreto Ejecutivo PCM-010-2004 “Solución a la Problemática Educativa” publicado el 2 de agosto del año 2004; a partir del año 2007, 2008 y 2009 se le aplicaron los aumentos establecidos en el Decreto Ejecutivo PCM-35-2006, que contiene el Acta Especial, propuesta Salarial, Programa de ajuste Social y Calidad Educativa (PASCE), publicado el 1 de noviembre del año 2006, en lo que se refiere a la calificación académica se le ha pagado correctamente conforme a los decretos mencionados, a excepción de los años 2003 y 2004, en los cuales se le pagó de mas por el excedente de horas clases que no le correspondía, por lo que se deduce que el reparo ejecutado a la docente se realizó en la correcta operación aritmética y en las disposiciones establecidas en los decretos ya mencionados en los acápites anteriores y el presente capítulo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando PROCEDENTE la acción promovida por el abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, en representación de la señora ILSA MARTÍNEZ ARGUETA contra el ESTADO DE HONDURAS por un acto emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación; se ordenó la nulidad de la resolución No. 0258-SE-09 de fecha 02 de septiembre del 2009 y ratificada en resolución 0317-SE-09 de fecha 12 de diciembre del 2009 emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación por no ser conforme a derecho; se ordenó el reconocimiento de la situación jurídica individualizada como ser el pago de las cantidades adeudadas y no percibidas en concepto de sueldos conforme al acuerdo de nombramiento a partir de la vigencia del Estatuto del Docente Hondureño negados por la imposición ilegal de dicho reparo, más el pago del interés legal correspondiente, cantidades que quedarán diferidas al momento de ejecutar el presente fallo por no contar con elementos suficientes que coadyuven a determinar tales cantidades, sin costas; bajo el criterio que de los medios de prueba propuestos como ser la certificación extendida por el Jefe del Departamento de Análisis y Nóminas de la Secretaría de Educación se ha podido comprobar que la ahora demandante tenía dos acuerdos de nombramiento, uno como docente y otro como sub directora del Instituto Central Vicente Cáceres con más de 42 años de servicio continuo; de la lectura del acto impugnado se desprende que a la docente demandante se le hicieron unas deducciones por considerar que con la vigencia del Estatuto del Docente y en base al artículo 251 del Reglamento de dicho cuerpo legal no le correspondían y hacen una relación en cuanto a quinquenios, horas co-programáticas que mediante cálculo realizado por dicha Secretaría se le ha pagado de mas, constituyendo esto un reparo hacia la ahora demandante; ante tal situación es meritorio aclarar que el Estatuto del Docente establece un régimen de administración de personal que tutela la carrera docente en las instituciones regidas por la Secretaría de Educación que le garanticen al docente un nivel de vida acorde con su profesión, por lo que las deducciones realizadas a su sueldo deben ser autorizadas por el trabajador ya que nadie puede deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, sin mandamiento judicial, o sin que la ley, el contrato o reglamento lo autorice (art. 11 numeral 6 Estatuto del Docente Hondureño y art. 96 numeral 5 del Código del Trabajo), por lo que ese juego en cuanto a deducciones del salario y nulidad de cheques a favor de la demandante y reintegrados a favor del Estado mismos que fueron deducidos al reparo (f 58) no puede ser permitido ya que como la misma parte demandada en el acto impugnado resolución 258-SE-09 manifiesta, un mes se le pagaban 40 horas otro mes 36 y así sucesivamente ocasionando una inestabilidad económica ya que el fundamento aplicado es el establecido en el artículo 251 inciso b): el porcentaje por asignación salarial colateral por puesto desempañado será el que se establezca en el manual de clasificación de puestos y salarios; mientras entra en vigencia dicho instrumento jurídico, el colateral por puesto desempeñado será el equivalente a la cantidad que actualmente se asigna por el cargo que esté desempeñado, en el entendido que al promulgarse dicho manual, el porcentaje será compensado con la cantidad que hasta el momento haya recibido por concepto de cargo desempeñado, debiéndose realizar los ajustes necesarios respetando lo establecido en el artículo 95 del Estatuto del Docente Hondureño.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha ocho de enero de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la demandada realizó un reparo a la demandante, tal como consta de autos y lo reconoce la demandada, reparo llevado a cabo no conforme a derecho, ya que el mismo se efectuó sin autorización de la demandante, tampoco hubo mandamiento judicial alguno, ni está establecido en Ley, no estando dentro de las facultades de la demandada efectuar reparos a los docentes; la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los actos administrativos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y en el presente caso, el acto impugnado fue emitido con infracción del ordenamiento jurídico, al no aplicarse, en forma correcta la Ley procedente, como lo es el Estatuto del Docente Hondureño.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, en fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha ocho de enero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.349-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.042-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTÍNEZ, presentó en fecha once de marzo de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de igual fecha, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha nueve de abril de dos mil quince, los abogados GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ y NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTÍNEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha treinta de abril de dos mil quince, teniendo por personados a los abogados GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, como recurrente y NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTÍNEZ, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta sus motivos de casación, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO. De conformidad al artículo 719 literal c) del Código Procesal Civil en relación al artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil. Se impugna la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil quince dictada por el juez AD-QUEM, En virtud que la forma y contenido de la sentencia antes mencionada carece de racionalidad y carácter lógico por lo que solicito en casación el control factico de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. En virtud que este fue determinante dándole un sentido diferente al fallo. SEGUNDO MOTIVO: Artículo 719 literal b) del Código Procesal Civil Que literalmente dice: “LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENCION”. Cuando el JUEZ AD-QUEM, NO VALORO LA PRUEBA DOCUMENTAL PRESENTADA POR LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN ESPECIFICAMENTE LAS RESOLUCIONES No. 0258-SE-09 Y 0317-SE-09, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, CAUSANDO INFRACCION A LA GARANTIA PROCESAL DEL DEBIDO PROCESO PRODUCIENDO INDEFENCION AL ESTADO DE HONDURAS”.- II. Al respecto de los anteriores cargos esta Sala advierte que los mismos no constituyen proposiciones jurídicas completas, ya que el Censor se limita a indicar los preceptos autorizantes en los cuales considera enmarcados los motivos, pero no cita la norma de derecho que considera ha sido infringida, ni el concepto de la infracción, tampoco explica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. En adición, en el segundo motivo insta la revisión de la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia recurrida, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso conforme a lo previsto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Razones por las cuales los motivos no pueden prosperar y deben de ser desestimados.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de agosto del dos mil quince; certificación del auto de fecha treinta de julio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 187-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL