Sentencia CA-175-14 — Registro 4967
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que en el cargo anterior se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, sin embargo olvida el Censor que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha establecido el criterio que el Tribunal Ad Quem al confirmar el fallo del A-quo hace suyos los pronunciamientos y criterios del Tribunal de primer grado, amén que revisada dicha resolución se constata que contiene los requisitos sobre forma y contenido de las sentencias, dando las explicaciones necesarias en que se funda la decisión vertida, en consecuencia, cuenta con la suficiente motivación, por lo cual el motivo pierde su eficacia; aunado a lo anterior, se realizan extensos alegatos de instancia.-. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2) de nuestra Constitución. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida esta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por el abogado OSCAR EDGARDO CERRATO IZAGUIRRE y el Recurrido: señor ELMER IVAN ZAMBRANO, representada en juicio por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir, promovida por el señor ELMER IVAN ZAMBRANO, mayor de edad, soltero, Licenciado en Periodismo, hondureño y de este domicilio, representado en juicio por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de mayo del dos mil once, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, representada en juicio por el abogado OSCAR EDGARDO CERRATO IZAGUIRRE.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que fue nombrado como Asesor de Relaciones Públicas a partir del uno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, mediante acuerdo; en fecha veintiocho de abril del dos mil once se le notificó del acuerdo de cancelación emitido por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de fecha diecisiete de febrero del dos mil once, sin seguir el procedimiento establecido en la ley, poniendo como causal la reestructuración, no existiendo la misma y no siendo causal para la cancelación.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, contestó dicha demanda señalando que el demandante no se presentó a su puesto de trabajo desde que fue nombrado, siendo tal acto confirmado por la Dirección de recursos Humanos, lo cual imposibilitó se le siguiera procedimiento extraordinario, actuando en base a lo establecido en el articulo 240 numeral ñ) del Reglamento de Personal para los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, siendo una falta grave.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando: procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto impugnado, mediante el cual cancela al demandante de su cargo, reconoce el pago de sus prestaciones laborales, sin costas, bajo el criterio que el articulo 165 del Reglamento de Personal para los miembros de las Fuerzas Armadas, establece que se considera abandono de trabajo el no presentarse de 3 a 5 días consecutivos o alternos, sin causa justificada, dando lugar a la cancelación del cargo según lo establece el articulo 166 de dicho Reglamento, teniendo que celebrarse una audiencia de descargo y lo que se colige es que no se siguió el procedimiento establecido en el reglamento de la institución, en vista que no existe expediente administrativo para acreditar tal extremo, situación que en la contestación, la parte demandada acepta no haberlo seguido en virtud de no haberse presentado el demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de noviembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación y sin costas, bajo el criterio que la Autoridad Nominadora para dictar el acuerdo de cancelación estaba obligada a seguir el procedimiento legal por lo que al no hacerlo infringió el ordenamiento jurídico, viciando de nulidad el acto administrativo impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado OSCAR EDGARDO CERRATO IZAGUIRRE, en fecha diecisiete de enero del dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha seis de noviembre del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.175-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 240-2011, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha veinte de enero del dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, señor ELMER IVAN ZAMBRANO, representada en juicio por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, presentó, en fecha tres de marzo del dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cinco de marzo del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, asimismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha dos de abril del dos mil catorce, el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO y mediante comunicación telefónica de fecha dos de abril del dos mil catorce, a el Abogado OSCAR EDGARDO CERRATO IZAGUIRRE.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, Abogado OSCAR EDGARDO CERRATO IZAGUIRRE, presentó escrito en fecha siete de abril del dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrente.- 9.- Que el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, presentó escrito en fecha nueve de abril del dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se solícita el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinantes para un sentido diferente del fallo; impugnando a tal efecto la aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo infringidas las disposiciones establecidas en el artículo 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719 numeral 1, literal c) y 720 numeral 2 del Código Procesal Civil. PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia, salvo en cuanto se refiere a declarar SIN COSTAS. PRECEPTO LEGAL DE LA INFRACCIÓN: El artículo 207 numerales 1. y 2 del Código Procesal Civil refiriéndose a la motivación de las sentencias expresa: “MOTIVACIÓN”. 1. Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. En fecha 18 de mayo de 2011 el señor ELMER IVAN ZAMBRANO interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán un libelo cuya pretensión es impugnar y solicitar la nulidad absoluta un acto administrativo consistente en el Acuerdo número 0286 emitido por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en fecha 17 de febrero de 2011, mediante el cual se le canceló del puesto de Asesor de Relaciones Públicas a partir del 01 de marzo del mismo año, aduciendo que dicho documento es objeto de nulidad por haber sido notificado prescindiendo de las formalidades que la Ley establece para tal efecto. Como hechos que sustentan su pretensión, el demandante en primer lugar expresó que fue nombrado en el cargo de Asesor de Relaciones Publicas a partir del 01 de septiembre del año 1999, lo cual fue aceptado por esta Institución teniendo como fundamento el Acuerdo No. 1889 de fecha 04 de octubre del mismo año. Posteriormente expresó que el 28 de abril del año 2011 fue notificado del Acuerdo cuya nulidad se pide, manifestando que dicha notificación se hizo sin seguir los requisitos que establece el artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo por consiguiente un acto defectuoso sin valor ni efecto alguno; dicho extremo fue prácticamente rechazado por la parte demandada, porque si bien es cierto que la notificación en referencia pudo tener defectos en su contenido, la misma no es anulable en razón de lo expresado en el artículo 91 del precitado cuerpo legal, el cual establece que “Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que se haga manifestación expresa por el notificado o se interponga el recurso procedente”. Como hecho ultimo de su demanda, el señor ELMER IVAN ZAMBRANO expresó que previo a su cancelación no se le siguió el procedimiento disciplinario que la Ley de Personal para los Miembro de las Fuerzas Armadas establece para los miembros de dicha Institución, por lo cual alega que violento el procedimiento administrativo al dejársele en completa indefensión, considerando por ello que el acto administrativo por el cual se le cancela de su puesto como Asesor de Relaciones Publicas es nulo. En relación a tal extremo, es preciso manifestar que el mismo fue completamente desvirtuado al manifestar que el señor ELMER IVAN ZAMBRANO desde el momento de su nombramiento hasta la fecha de su cancelación, nunca se presentó a su puesto de trabajo, lo cual de acuerdo a la Ley de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas y su Reglamento es considerado como abandono de trabajo, sin embargo a este no se le pudo realizar un procedimiento de despido conforme a lo que establecen las leyes y reglamentos militares, pues su ausencia del puesto de trabajo imposibilito cualquier acción disciplinaria que pudiera realizarse al respecto; en este sentido es preciso manifestar que la Administración en ningún momento pretendió dejar en indefensión al demandante, sin embargo tampoco podía continuar otorgando un sueldo a una persona que no prestaba ningún servicio a cambio. Considerando todo lo expresado anteriormente, la Administración en todo momento procuro actuar conforme a derecho, evitando violentar los derechos y garantías del demandante, el cual prácticamente de forma indiscriminada se lucro de las Fuerzas Armadas y en consiguiente del Estado de Honduras al estar más de diez años percibiendo un sueldo mensual sin brindar retribución alguna, y pretende seguirlo haciendo al buscar la supuesta nulidad de un acto administrativo que fue emitido en apego a la ley, siendo el caso del Acuerdo No. 0286 de fecha 17 de febrero de 2011.
En atención a lo anterior, mediante el presente escrito y en forma muy respetuosa se solicita a esa Honorable Corte Suprema de Justicia que realice un estudio minucioso del expediente contentivo del caso, a fin valorar nuevamente los hechos alegados por ambas parte en litigio, y conocer la verdadera pretensión del demandante, la cual se considera fue pasada por alto por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, pues en ningún momento se percató que el objeto de la demanda era impugnar el contenido del Acuerdo No. 0286 de fecha 17 de febrero de 2011, sin embargo el demandante orienta su escrito únicamente a dejar sin valor y efecto la notificación de fecha 28 de abril de 2011 valiéndose de ciertos vicios de nulidad que fueron subsanados al momento en que este hizo uso de la vía judicial. En razón de lo antes expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 720.2 del Código Procesal Civil, es posible solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Además debe considerarse que la sentencia es un silogismo formado por dos premisas y una conclusión. La primera de las premisas lo constituye la ley y la segunda, los hechos. La conclusión es el resultado de la subsunción de los hechos en la norma jurídica, pero si una de las premisas es equivocada el resultado o la conclusión será equivocado también. En tal sentido, y en este caso particular, la Corte Sentenciadora debe reconocer que el Acuerdo No. 0286 de fecha 17 de febrero de 2011 por el cual se cancela al señor ELMER IVÁN ZAMBRANO de su puesto como Asesor de Relaciones Publicas fue dictado conforme a Ley, y que el demandante en un intento desesperado busca su impugnación a través de la nulidad de la notificación de fecha 28 de abril de 2011, la cual no es vinculante a lo dispuesto en el precitado Acuerdo pues su único objetivo era poner en conocimiento del señor ZAMBRANO la decisión que la Administración tomó en su caso”.- II. Que en el cargo anterior se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, sin embargo olvida el Censor que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha establecido el criterio que el Tribunal Ad Quem al confirmar el fallo del A-quo hace suyos los pronunciamientos y criterios del Tribunal de primer grado, amén que revisada dicha resolución se constata que contiene los requisitos sobre forma y contenido de las sentencias, dando las explicaciones necesarias en que se funda la decisión vertida, en consecuencia, cuenta con la suficiente motivación, por lo cual el motivo pierde su eficacia; aunado a lo anterior, se realizan extensos alegatos de instancia.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2) de nuestra Constitución. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida esta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de agosto del dos mil quince; certificación del auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 175-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL