Sentencia CA-171-14 — Registro 5031
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción, en virtud de ajustarse a derecho los Actos Administrativos Impugnados, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la Sociedad Mercantil Constructora Continental Delta S. A. de C. V. (CONDELTA), formula un reclamo administrativo el cual fue declarado sin lugar, interponiéndose posteriormente el Recurso de Reposición, el que de igual forma fue denegado del análisis del ambos reclamos administrativos, está claro que ambos responden al mismo asunto de fondo es decir, al pago de la misma cantidad monetaria, en relación a una cláusula de escalonamiento de precios derivada del contrato de obra , por lo tanto el auto , dictado por la Empresa Nacional Portuaria (ENP), en el que se declara sin lugar el reclamo administrativo en virtud que lo peticionado ya se había resuelto en fecha anterior y en este momento es que el demandante debió interponer la demanda que en derecho correspondía, y no formular un nuevo reclamo administrativo, que además que corresponde al mismo asunto de fondo del reclamo administrativo anterior y el cual fue resuelto sin lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Pero resulta que el Impetrante no ha sido claro ni preciso en la formulación de los tres cargos que sustentan su recurso de casación y le dan acceso a este Supremo tribunal. En primer lugar, en los dos primeros motivos omite señalar la o las normas de naturaleza procesal que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjere indefensión que acusa han sido inaplicadas, es decir, aquellas relacionadas con la observancia de las normas legales que regulan la producción de los actos durante el proceso judicial, toda vez que las indicadas (Artículos 60 inciso b) y 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo), son relevantes en la decisión del fondo del asunto, que consiste en la revisión de la legalidad de los actos administrativos impugnados. Además, en el desarrollo del primer motivo se mencionan los artículos 61 y 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas, ni relacionadas en la formulación del mismo. Por otra parte, en el tercer cargo no procede el ataque al fallo impugnado por la inaplicabilidad de una norma procesal que aparece utilizada por el juzgador y menos aún cuando dicho fallo es congruente y resuelve las pretensiones debatidas en el proceso.- “Resulta pertinente recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- “. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil, rencionado con el 721 numeral 2) del mismo cuerpo legal.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un día del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA S.A. de C.V. (CONDELTA), representado en juicio por el abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA; y, Recurrido: La EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, representada en juicio por el abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se decrete no ser conforme a derecho unos actos administrativos, la anulación de los mismos, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, se decrete la medida para su pleno restablecimiento, promovida por el abogado JESUS HUMBERTO MEDINA ALVA, apoderado legal de la Sociedad Mercantil Constructora Continental Delta S. A. de C. V. (CONDELTA), en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, representada en juicio por el abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS.- I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha cuatro de febrero del año dos mil diez, se formuló reclamo administrativo para obtener indemnización en concepto de daños por el incumplimiento del contrato de obra en la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L.994,095.51) y en concepto de perjuicios los interés comerciales dejados de percibir durante este plazo más las costas ocasionadas, todo en virtud del incumplimiento del contrato para la rehabilitación y construcción del muelle número 5 de Puerto Cortés, II Etapa hasta por un monto total del Treinta y tres Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Cuarenta Lempiras con Treinta y Nueve Centavos (L.33,338.040.39) suscrito en la ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, el día treinta de enero del año dos mil cuatro, por la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA y la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA S.A DE C.V., que mediante resolución dictada en fecha nueve de febrero del año 2010, la Empresa Nacional Portuaria declara sin lugar el reclamo administrativo en virtud de haber sido presentado previamente dicho reclamo el día veinticuatro de marzo del año dos mil seis, habiéndose dictado resolución del mismo en fecha veintitrés de febrero del año dos mil siete, en el cual se declaró sin lugar dicho reclamo, interponiéndose contra esa resolución recurso de apelación el cual fue declarado sin lugar mediante resolución dictada el día quince de junio del año dos mil siete, por el Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria. Y por último el recurso de reposición contra la resolución anterior el cual también fue declarado sin lugar mediante resolución del Consejo Directivo en fecha diecinueve de octubre del año dos mil siete, quedando por consiguiente firme el acto administrativo reclamado y por agotada la vía administrativa para los efectos de Ley.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que tal petición por parte del actor efectivamente fue denegada por la Empresa Nacional Portuaria (ENP), debido a que habían dos reclamos presentados que responden uno en un supuesto pago y el otro para solicitar unos supuestos daños y perjuicios, pero ambos corresponden al mismo asunto de fondo, es decir, al pago de la misma cantidad monetaria reclamada, en relación a una cláusula de escalonamiento de precios derivada del Contrato de Obra número 88 Proyecto de Rehabilitación y Construcción del Muelle N 5 de Puerto Cortés, II Etapa, suscito en fecha 30 de enero del año dos mil cuatro, entre la Sociedad Constructora Continental Delta S.A. DE C.V., en conclusión dos años después se presenta el mismo reclamo coincidente en el fondo pero utilizando otros supuestos argumentos, la Empresa nacional Portuaria consideró que se había vencido el plazo que señala el artículo 149 de la ley de Procedimientos Administrativos, para volver a presentar dicho Reclamo y por consiguiente los recursos se consideran ya utilizados y caducados de derecho y perdidos irrevocablemente, debiéndose atender lo preceptuado en al auto denegatorio del reclamo dictado en fecha 9 de febrero del 2012.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciséis de abril de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción, en virtud de ajustarse a derecho los Actos Administrativos Impugnados consistentes en las Resoluciones de fecha 9 de febrero y 9 de abril del año 2010 ambas emitidas por la Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se exime de costas a la parte vencida en juicio; bajo el criterio que existe la llamada “presunción de legalidad de los actos administrativos” que hace referencia a la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. En el mismo sentido, se ha manifestado que la presunción de legalidad del acto administrativo es la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico. Es una resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad estatal. La legalidad justifica y avala la validez de los actos administrativos, por eso crea la presunción de que son legales, es decir, se los presume válidos y que respetan las normas que regulan su producción. Por lo que queda claro, que la carga de la prueba le corresponde a la parte demandante, para así desvirtuar esta presunción. Que aun y cuando los reclamos administrativos formulados en el año 2006 y 2010 respectivamente por la parte demandante, no tuvieren el mismo fondo, no se pudiere declarar la procedencia de la acción, ya que es al actor a quien le incumbe la prueba de los hechos constitutivos del derecho que invoca la demanda, en consecuencia, el damnificado que pide el resarcimiento le corresponde probar la existencia del daño y la cuantía del mismo, es decir que los daños son ciertos, determinados y concretos, y en el presente caso la parte demandante con la prueba documental aportada por la misma no ha podido demostrar la existencia de dicho daño, la cuantía del mismo y el perjuicio sufrido, pues ésta se ha limitado a acreditar su pretensión.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha catorce de noviembre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que en fecha 24 de marzo del 2006, la Sociedad Mercantil Constructora Continental Delta S. A. de C. V. (CONDELTA), formula un reclamo administrativo el cual fue declarado sin lugar mediante resolución de fecha veintitrés de febrero del año dos mil siete, y objeto del Recurso de Apelación, denegándose el mismo en resolución emitida en fecha quince de junio de 2007, interponiéndose posteriormente el Recurso de Reposición, el que de igual forma fue denegado el 19 de octubre del dos mil siete, posteriormente en fecha cuatro de febrero del 2010, la Sociedad Mercantil denominada Constructora Continental Delta S. A. de C. V. (CONDELTA), nuevamente formula un reclamo administrativo; y del análisis del ambos reclamos administrativos, está claro que ambos responden al mismo asunto de fondo es decir, al pago de la misma cantidad monetaria, (L.994,905.51) en relación a una cláusula de escalonamiento de precios derivada del contrato de obra número 88, por lo tanto el auto de fecha 9 de febrero del 2010, dictado por la Empresa Nacional Portuaria (ENP), en el que se declara sin lugar el reclamo administrativo presentado en fecha 4 de febrero del 2010 en virtud que lo peticionado ya se había resuelto en fecha anterior y en este momento es que el demandante debió interponer la demanda que en derecho correspondía, y no formular un nuevo reclamo administrativo, que además que corresponde al mismo asunto de fondo del reclamo administrativo anterior y el cual fue resuelto sin lugar, por ser improcedente ya que éste se fundamenta en el artículo 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no es aplicable en el caso de autos, sino solamente cuando se demanda al Estado en materia de Derecho Privado.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en fecha veinte de febrero del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha catorce de noviembre de dos mil trece, en el expediente de apelación No. 345-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 0501-2010-00036 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- 6.- Que mediante providencia de fecha veintiséis de marzo del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, resolvió declarar precluído el término dejado de utilizar por el abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS para pronunciarse sobre el contenido del recurso y en consecuencia ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución ambas partes.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA y JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS, presentaron escritos en fecha cuatro y siete de abril del dos mil catorce, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha catorce de noviembre de dos mil trece, denunciando tres motivos con fundamento en los artículos 716, 719 numeral 1 incisos b) y c).- II. MOTIVOS DE CASACIÓN. Que el Recurrente fundamenta sus motivos de casación manifestando lo siguiente: 2.1 PRIMER MOTIVO. “PRECEPTO AUTORIZANTE … Artículo 719 numeral 1 inciso b) del Código Procesal Civil en lo concerniente, a la inaplicación de las garantías procesales cuando su infracción produjera indefensión. DISPOSICION INFRINGIDA… Articulo 60 inciso b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dispone que el procedimiento podrá iniciarse a instancia de persona interesada. DEMOSTRACION DE LA INFRACCION POR LA INAPLICACION DE LA NORMA QUE REGULA GARANTIAS PROCESALES QUE PRODUCEN INDEFENSION. El reclamo administrativo presentado en fecha 04 de Febrero de 2010 ante la Gerencia Genera de la Empresa Nacional Portuaria, por el Abogado Jesús Humberto Medina Alva en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Constructora Continental Delta, S.A. de C.V. (CONDELTA) para obtener indemnización en concepto de daños por el incumplimiento de un contrato de obra en la cantidad de Lps. 994,095.51); y, en concepto de perjuicios los intereses comerciales dejados de percibir durante este plazo mas las costas ocasionadas, reúne los requisitos enunciados en los artículos 61 y 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria declara sin lugar el reclamo administrativo, sin haberse dado el trámite administrativo correspondiente. La inaplicación de la norma procesal establecida en el artículo 60 inciso b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, incide directamente en el fallo, debido a que la Corte Sentenciadora incurrió en una infracción de la garantía procesal que produce indefensión. Ya que estima que el reclamo responde al mismo asunto de fondo a otro reclamo administrativo interpuesto por la sociedad mercantil denominada Constructora Continental Delta, S.A. de C.V. (CONDELTA), que fue declarado sin lugar y en ese momento es que el demandante debió interponer la demanda que en derecho correspondía; y no formular un nuevo reclamo administrativo. La inaplicación de la norma procesal se explica que ilegalmente no se procedió a darle curso al reclamo administrativo interpuesto por el abogado Jesús Humberto Medina Alva en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Constructora Continental Delta, S.A. de C.V. (CONDELTA), reuniendo el reclamo los requisitos establecidos en los artículos 61 y 62 de la ley de Procedimiento Administrativo. Adoleciendo la resolución en su parte dispositiva de un pronunciamiento sobre la cuestión planteada; y, no se le concedió al peticionario probar lo reclamado, existiendo una completa omisión del trámite administrativo correspondiente.”.- 2.2 SEGUNDO MOTIVO. “PRECEPTO AUTORIZANTE… Artículo 719 numeral 1 inciso b) del Código Procesal Civil en lo concerniente a la inaplicación de las garantías procesales cuando su infracción produjera indefensión. DISPOSICION INFRINGIDA... Articulo 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dispone que el recurso de apelación se presentara ante el propio Órgano que dicto el acto impugnado, y este lo remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de cinco días. El plazo para interposición del recurso será de quince días. DEMOSTRACION DE LA INFRACCION POR LA INAPLICACION DE LA NORMA QUE REGULA GARANTIAS PROCESALES QUE PRODUCE INDEFENSION . La Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria mediante resolución dictada en fecha 09 de Abril de 2010, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en el reclamo administrativo aludido. Basándose que anteriormente se hizo uso de ese recurso en otro mismo reclamo, resultando ser extemporáneo y por consiguiente ordena que el peticionario se esté a lo resuelto a lo dictado en el auto de fecha 09 de Febrero de 2010. La inaplicación de la norma procesal establecida en el artículo 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo, incide directamente en el fallo, debido a que la Corte Sentenciadora incurrió en una infracción de garantía procesal que produce indefensión. Ya que no se realiza ningún pronunciamiento sobre el hecho que el recurso de apelación interpuesto, no fue resuelto por el órgano superior de la Empresa Nacional Portuaria. La inaplicación de la norma procesal se explica que la Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria procede ilegalmente a declara sin lugar el recurso de apelación en fecha 09 de Abril de 2010. Existiendo una infracción a la garantía procesal, debido que el Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria es el órgano superior jerárquico de la Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria, siendo el único facultado para conocer y fallar sobre los recursos de apelación interpuesto contra las resoluciones dictadas por la Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria.”.- 2.3 TERCER MOTIVO. “PRECEPTO AUTORIZANTE ... Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil en lo concerniente a la inaplicación de la norma procesal que regula el contenido de la sentencia. DISPOSICION INFRINGIDA… Artículo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil, que dispone que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. DEMOSTRACION DE LA INFRACCION POR LA INAPLICACION DE LA NORMA PROCESAL QUE REGULA EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia recurrida dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, M.D.C., señala que lo peticionado en el reclamo, ya se había resuelto en fecha anterior y en este momento es que el demandante debió interponer la demanda que en derecho correspondía, y no formular un nuevo reclamo administrativo, que además que corresponde al mismo asunto de fondo del reclamo administrativo anterior y el cual fue resuelto sin lugar, por ser improcedente ya que este se fundamenta en el artículo 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no es aplicable en el caso de autos, sino solamente cuando se demanda al Estado en materia de derecho privado. La inaplicación de la norma procesal establecida en el articulo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil, incide directamente en el fallo, debido a que la Corte Sentenciadora incurrió en una infracción en el contenido de la sentencia. Al no realizar un pronunciamiento claro y preciso sobre la pretensión del actor. La inaplicación de la norma procesal se explica que la pretensión es la anulación de actos administrativos y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, consistente en la admisión del reclamo administrativo interpuesto por el abogado Jesús Humberto Medina Alva en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Constructora Continental Delta, S.A. de C.V. (CONDELTA) ante la Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria. Incongruentemente, la sentencia recurrida, hace pronunciamiento que la pretensión de la parte actora es el resarcimiento de daños y perjuicios que reclama en ese reclamo. Claramente la pretensión es la anulación del acto administrativo, que deniega la admisión a trámite del reclamo administrativo.”.- III.- Pero resulta que el Impetrante no ha sido claro ni preciso en la formulación de los tres cargos que sustentan su recurso de casación y le dan acceso a este Supremo tribunal. En primer lugar, en los dos primeros motivos omite señalar la o las normas de naturaleza procesal que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjere indefensión que acusa han sido inaplicadas, es decir, aquellas relacionadas con la observancia de las normas legales que regulan la producción de los actos durante el proceso judicial, toda vez que las indicadas (Artículos 60 inciso b) y 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo), son relevantes en la decisión del fondo del asunto, que consiste en la revisión de la legalidad de los actos administrativos impugnados. Además, en el desarrollo del primer motivo se mencionan los artículos 61 y 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas, ni relacionadas en la formulación del mismo. Por otra parte, en el tercer cargo no procede el ataque al fallo impugnado por la inaplicabilidad de una norma procesal que aparece utilizada por el juzgador y menos aún cuando dicho fallo es congruente y resuelve las pretensiones debatidas en el proceso.- IV.- Resulta pertinente recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- V. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil, rencionado con el 721 numeral 2) del mismo cuerpo legal.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:
- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha uno de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 171-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL