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Sentencia CA-170-14 — Registro 4691

Resumen

En primera instancia se declaró procedente la acción interpuesta por los demandante por no estar ajustado a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en los acuerdos de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que los acuerdos de cancelación se dictaron sin seguir el procedimiento legalmente establecido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el impugnante no ha sido claro en la formulación del único cargo que sustenta el recurso de casación que le ha dado acceso a la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar no es preciso en indicar si la infracción indicada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; tampoco se preocupa en indicar las normas de derecho infringidas e insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, siendo preciso recordarle a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia y finalmente, en el desarrollo del cargo realiza alegatos propios de instancia.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencia expediente SL 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13, 621-13, 654-13 y 659-13).-

Legislación citada

  • Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, representado en juicio por el abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA y los Recurridos: EVANGELISTA BANEGAS DIAZ, SANTOS JULIA IZAGUIRRE SANCHEZ, JORGE ALBERTO CASTRO CALIZ, HECTOR FRANCLIN GONZALES ESPINOZA, representados en juicio por el abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, que se decrete la ilegalidad y nulidad de los acuerdos de cancelación números 105-DP-2010, 220-DP-2010, 115-DP-2010, 118-A-DP-2010, 118-DP-2010 de fecha 30 de junio del año 2010, emitidos por la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, adopción de medidas necesarias para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, reintegro a sus puestos en iguales o mejores condiciones de trabajo, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de sus despidos hasta que quede firme la sentencia de mérito, pago de vacaciones causadas y no gozadas, pago de aumentos salariales durante el tiempo que dure la separación de sus puestos de trabajo y cualquier otro derecho inherente producido durante la secuela del juicio, costas, promovida por los señores Evangelista Banegas Díaz, casada, Bachiller en Ciencias y Letras, Santos Julia Izaguirre Sanchez, soltera, Tercer año de Secretariado, Jorge Alberto Castro Cáliz, soltero, Perito Mercantil y Contador Público y Héctor Franclin Gonzalez Espinoza, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, todos hondureños, mayores de edad y de este domicilio, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de julio del año dos mil diez, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción que comenzaron a laborar para con el demandado de la siguiente manera: Evangelista Banegas Díaz mediante Acuerdo N° 054-C-DP-2006 de fecha 20 de abril de 2006 en el puesto de Secretaria III. Santos Julia Izaguirre Sanchez, Acuerdo N° 047-DP-2006 de fecha 15 de marzo de 2006, puesto de Conserje II. Jorge Alberto Castor Calix Acuerdo N° 046-A-D-2006 de fecha 15 de marzo de 2006 en el puesto de Técnico en Servicio Civil IV. Héctor Franclin Gonzalez Espinoza Acuerdo N° 054-H-DP-2006 de fecha 20 de abril de 2006. Agrega la señora Santos Julia Izaguirre Sanchez que fue ascendida por reasignación al cargo de Telefonista II. Agregan que mediante acuerdos N° 110-DP-2010, 118-A-DP-2010 de fecha 30 de junio de 2010, 115-DP-2010 de fecha 30 de junio de 2010 y 105-DP-2010 fueron cancelados por cesantía de sus puestos de trabajo sin seguir el procedimiento legalmente previsto. También reclaman los demandantes algunos conceptos adeudados por vacaciones no pagadas ni disfrutadas.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, contestó dicha demanda señalando que acepta el hecho de que los demandantes en efecto prestaban sus servicios profesionales tal y como ellos mismos lo han apuntado. Rechaza el hecho de las vacaciones reclamadas, pues el lapso de tiempo pedido por los demandantes no es el correcto. Rechaza el que los actos administrativos mediante los cuales se canceló a los demandantes sean ilegales, en tanto se observaron, para su emisión, las disposiciones que al efecto contempla la Ley de Servicio Civil y Su Reglamento.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de abril del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la demanda, resolvió anular los actos administrativos por medio de los cuales se canceló a los demandantes, reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo de los cuales fueron cancelados, condenar al demandado al pago de los salarios dejados de percibir por parte de los demandantes, se anula en su caso el acuerdo de nombramiento de los sustitutos de los demandantes, sin costas. Criterio: que no se ha logrado acreditar que la autoridad nominadora haya seguido de manera total y absoluta el procedimiento de cesantía contemplado en la Ley y Reglamento de Servicio Civil.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que los acuerdos de cancelación se dictaron sin seguir el procedimiento legalmente establecido.- 5. La representación procesal de la parte demandada, abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES, en fecha catorce de enero del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.408-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 384-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional mediante providencia de fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de los demandantes, EVANGELISTA BANEGAS DIAZ, SANTOS JULIA IZAGUIRRE SANCHEZ, JORGE ALBERTO CASTRO CALIZ, HECTOR FRNCLIN GONZALES ESPINOZA, representados en juicio por el abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, presentó, en fecha trece de febrero del año dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución los abogados SEGIO DANIEL ELVIR AMAYA Y CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente y dicto auto en fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince tuvo, por personados a los abogados el SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA y CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; Consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. La Sentencia de Segunda Instancia y, que es motivo de impugnación se basó en que supuestamente fueron violados los presupuestos y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil, para proceder a la cancelación de los demandantes, al no haberse seguido totalmente el procedimiento para proceder a su cancelación por Cesantía, sin darle el valor real que tienen los medios de pruebas que fueron propuestos y evacuados, el Demandante IRMA JANETH GALINDO TOSTA, EVANGELISTA BANEGAS DIAZ, SANTOS JULIA IZAGUIRRE SANCHEZ, JORGE ALBERTO CASTRO CALIX y HECTOR FRANCKLIN GONZALEZ ESPINOZA, prestaron sus en la Dirección General de Servicio Civil y, al interponer esta improcedente demanda, sin fundamento alguno con el único ánimo de lucrarse y obtener un beneficio económico que a todas luces no le corresponde y, tal cometido lo está logrando, al concederle un derecho que no le corresponde, pues los derechos así como los salarios dejados de percibir que se les están reconociendo, no les corresponde, debido a que la autoridad nominadora antes de emitir los correspondientes Acuerdos de Cancelación lleno y llevo a cabo cada uno de los requisitos legales, así como también siguió con el procedimiento legalmente establecido para tal efecto, por lo tanto los mismos son emitidos conforme a derecho y por lo tanto revestidos de toda la solemnidad y legalidad del caso, cumpliendo a cabalidad y en todo momento del procedimiento legal que para tal efecto señala la Ley de Servicio Civil y su respectivo Reglamento, por tal motivo han sorprendido en su buena fe al Tribunal tanto de Primera como de Segunda Instancia, puesto los argumentos que se utilizaron en la demanda no pueden tomarse como válidas para calificar o sustentar la interposición de una improcedente demanda, que a todas luces corresponde la improcedencia de un derecho, más que el que ya se encuentra plenamente identificado y calculado y, que valga la aclaración, con el procedimiento seguido por mi representado, se han salvaguardado en todo momento, todos los derechos que les pudiera corresponder y, que están consignado en la Ley de Servicio Civil y su respectivo Reglamento, ya que se está dejando pasar por alto, intencionalmente o por descuido, todas las estipulaciones legales que al efecto se han emitido, así como las circunstancias que provocaron la cancelación de plazas y posterior reestructuración que sufrió la Dirección General de Servicio Civil, dichas disposiciones las encontramos ampliamente desarrolladas en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, pues precisamente atendiendo a dichos preceptos legales y, en apego a la Ley se procedió conforme a derecho a emitir el correspondiente Acuerdo de Cancelación por Cesantía de la demandante y, por lo tanto le corresponde únicamente las indemnizaciones legales que se encuentran a su disposiciones para ser reclamados por los Señores IRMA JANETH GALINDO TOSTA, EVANGELISTA BANEGAS DIAZ, SANTOS JULIA IZAGUIRRE SANCHEZ, JORGE ALBERTO CASTRO CALIX y HECTOR FRANCKLIN GONZALEZ ESPINOZA, por haber sido Cancelados por medio de Cesantía. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al momento de emitir el fallo, motivo de esta Casación, no valoro así como tampoco lo hizo el Juzgado de Primera Instancia, pues se probó hasta la saciedad, que efectivamente se cumplió con el procedimiento para proceder a la cancelación por Cesantía, Honorables Magistrados, como es posible que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y la Corte de Apelaciones hiciera una mala apreciación de lo que señala la Ley de Servicio Civil.”.- II. Que el impugnante no ha sido claro en la formulación del único cargo que sustenta el recurso de casación que le ha dado acceso a la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar no es preciso en indicar si la infracción indicada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; tampoco se preocupa en indicar las normas de derecho infringidas e insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, siendo preciso recordarle a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia y finalmente, en el desarrollo del cargo realiza alegatos propios de instancia.- III. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencia expediente SL 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13, 621-13, 654-13 y 659-13).- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Asimismo, resulta pertinente recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- V. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un día del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 170-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL