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Sentencia CA-169-14 — Registro 5379

Resumen

Se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que resulta que el Impetrante no ha sido claro ni preciso en la formulación de los cargos que sustentan el recurso de casación. Por una parte, en el primer motivo omite establecer las normas de naturaleza procesal que se consideran infringidas en relación al precepto autorizante citado ya que el mismo alude a normas sobre el contenido de la sentencia y la que se invoca tiene vinculación con la representación y defensa de las entidades estatales y en la explicación del motivo se mencionan los artículos “30 y 33 literal a) y x), del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral” que en su formulación no fueron señaladas como violadas o relacionadas. Por otra parte, en el segundo cargo alega aplicación indebida del “artículo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas” sin embargo revisados los autos aparece que tal disposición no ha sido aplicada en la sentencia impugnada que confirma la de primera instancia, además que al igual que en el primer motivo, también fue omiso al establecer las normas de naturaleza procesal que se consideran infringidas en relación al precepto autorizante, ya que el indicado alude a normas sobre actos y garantías del proceso, asimismo, en la explicación del motivo cita los artículos “83 del Reglamento de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral… 30 literales a) y b)… 33 literales a) y x) …”, que en la formulación del cargo no fueron señaladas como violadas o relacionadas, omitiendo también en los dos últimos indicar a que cuerpo normativo corresponden. Finalmente, en el tercer motivo se invoca el concepto de infracción “indirecta y por error de hecho” lo cual, resulta inapropiado en esta materia, debiendo precisarse con claridad para los efectos del recurso, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas señaladas como infringidas

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Además de lo anteriormente motivado, en todos los cargos insta la revisión e interpretación del material probatorio, lo cual está vedado a este Tribual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y se realizan en el desarrollo de los motivos inapropiados alegatos de instancia

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente a la tercera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, representado en juicio por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ y el Recurrido: HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY, representado en juicio por el abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Contenciosa Administrativa en materia de personal, para que se declare la anulación de un acto administrativo de carácter particular emitido con abuso de poder y violentando garantías constitucionales sin observar el procedimiento del juicio sumario por encontrarse bajo la protección especial del estado (fuero sindical), reconocimiento de una situación jurídica individualizada para su pleno restablecimiento se declare procedente la acción, en consecuencia el reintegro al trabajo en igual o mejores condiciones, con los aumentos en ausencia, pago de salarios dejados de percibir a título de daños más derechos adquiridos durante la secuela del juicio por haberse lesionado derechos del administrado, costas, promovida por el señor HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY, representado en juicio por el abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto del año dos mil siete, contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, representado en juicio por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que comenzó a laborar con el demandado el 3 de noviembre del año 1994, que el 13 de julio y con efectividad a partir del 16 de julio del 2007, el demandado decidió cancelarlo del cargo, argumentando que cometió faltas graves como haber participado en la formación de un sindicato en la institución, asimismo se invoca que abandonó sus labores el día 11 de julio del año 2007, lo cual es falso, ya que ese día permaneció todo el día, desde las 9:00 am en que ingresó, hasta las 5:00 pm, que con fecha 20 de junio del año 2007, todos los trabajadores de la institución demandada tomaron la decisión de fundar el Sindicato, por lo cual el Estado los coloca bajo la protección especial, no pudiendo ser objeto de despido alguno.- 2. La parte demandada, el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, contestó dicha demanda señalando que no es cierto que el ahora demandante haya empezado a laborar con el demandado el 3 de noviembre de 1994, asimismo establece que el despido del ahora demandante no es ilegal ya que se realizó conforme al Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, ya que este es Ley por disposición del Decreto 151-2007, del 20 de noviembre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 31,531.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y como medida para su pleno restablecimiento se ordena: 1) reintegrar al demandante al puesto de trabajo que ocupaba, en caso de ser imposible, a otro cargo de igual categoría y salario, 2) condenar al demandado a pagar al demandante los salarios dejados de percibir desde el momento de su ilegal cancelación hasta que sea efectivamente reinstalado, se anula en su caso el acto de nombramiento del o la sustituta del demandante, sin costas. Criterio: que no se ha podido acreditar que la autoridad administrativa demandada haya seguido procedimiento alguno para prescindir de los servicios del demandante, contaminando con ello de nulidad el acto administrativo de cancelación.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de diciembre del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que el acto administrativo impugnado es nulo de pleno derecho, ya que no existe procedimiento alguno para la cancelación del demandante, volviendo nulo de pleno derecho el acto administrativo impugnado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley ó doctrina legal contra la sentencia de fecha cinco de diciembre del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.374-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 237-2007 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el Ad Quem mediante providencia de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY, representado en juicio por el abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, presentó en fecha cinco de marzo del año dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha seis de marzo del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución, los abogados JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ y OSCAR DOÑAS CHAVEZ.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha quince de mayo del año dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ y OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de diciembre del año dos mil trece y que el recurrente denuncia tres motivos de casación con fundamento en los artículos 716, 719 numerales 1 literales b) y c) y 2.- II. MOTIVOS DE CASACIÓN. EL Recurrente fundamenta los motivos de casación de sustentan el recurso que le da acceso a este Tribunal Supremo, manifestando lo siguiente: 2.1 PRIMER MOTIVO: “Acuso la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el día cinco de diciembre del año dos mil trece, por ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa de los artículos 25 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a la representación y defensa de las entidades estatales se regirá por LO QUE DISPONGAN LAS LEYES ESPECIALES O SUS RESPECTIVAS LEYES ORGANICAS; en relación con el artículo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, mediante el cual el Reglamento del Tribunal Supremo Electoral pasa a ser una Ley Especial de la Carrera Electoral. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido bajo el marco jurídico del artículo 719 numeral 1), literal c), por el contenido de las sentencias; del Código Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: La infracción directa de la ley sustantiva se produce por la siguiente forma: a) “Cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna contra dicha norma, máxime cuando el hecho básico del litigio no se discutió; paso a explicar lo antes expuesto así: El Abogado y Notario don HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY, le fue notificada la baja de su carrera el 16 de julio del 2007; al señor HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY se le dio de baja en la carrera por haber cometido faltas graves dentro de la institución, por haber participado en la formación de un sindicato, conociendo como Profesional del Derecho que el artículo 33 letra x) del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, les prohíbe a los empleados; para lo cual se demostró con pruebas contundentes, en primer lugar en el expediente personal presentado como medio probatorio documental, el cual consta de 163 folios útiles, asimismo las diligencias que se tramitaron en el juicio que se le promovió al SITRASOTSE ante el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento, mediante sentencia declara con LUGAR LA DEMANDA, en igual forma la Corte de Apelaciones y asimismo el Recurso de Amparo interpuesto ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, el Reglamento del Régimen de la Carrera del Tribunal Supremo Electoral.-El señor don HECTOR ISRAEL ROSALES, fue nombrado como Vice-Presidente del Sindicato liquidado por los Tribunales del Trabajo, así lo confirma el demandante en su demanda interpuesta ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso en el hecho cuarto, mediante el cual asegura que fue electo Vice-Presidente de la Junta Directiva del Sindicato, se produce la violación directa de las normas sustantivas nacionales, precisamente cuando el tribunal de primera instancia dicta sentencia aplicando el artículo 30 del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, ya que su contenido no fue objeto del debate, pues al demandante se le despidió con causas debidamente comprobadas como ser la formación de un sindicato debidamente comprobada y el abandono de labores. Queda claro y precisamente establecido que el contenido de las sentencias según el artículo 719 literal c) del Código Procesal Civil, es tan aberrante jurídicamente, porque al Señor Juez y la Honorable Corte de lo Contencioso al confirmar la sentencia, hacen propio los argumentos dispuestos en el fallo de primera instancia, en cuanto aplicar el artículo 30 del Reglamento, que indica los derechos extraordinarios del Pleno del Tribunal puede dar por terminado las relaciones de trabajo; equivocada apreciación, porque cuando se aplica esta norma interna, lógicamente se les paga sus derechos laborales, pero el caso que nos ocupa y no fue determinado por la Honorable Corte de Apelaciones en su fallo, es que al señor HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY, se le despidió con CAUSA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y PROBADA, como ser la formación de un sindicato y el abandono de labores que se encuentran señalados en el artículo 33 literal a) y x), del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, por lo tanto este motivo es objeto de casación.”2.2 SEGUNDO MOTIVO: “Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el cinco de diciembre del dos mil trece, ser violatoria de las normas sustantivas de orden nacional, por aplicación indebida de la ley, artículo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en relación con los artículos 86, 87 y 88 del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este segundo motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1), literal b) del Código Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: El presente motivo lo explicamos desde el punto de vista de la aplicación indebida, que se produce cuando una norma legal es entendida correctamente, y sin mediar errores de hecho o de derecho, se aplica una regla jurídica a un hecho probado, pero no regulado por ella. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al confirmar el fallo de primera instancia, hace suya la tesis del fallo del tribunal de primera instancia cuando expresa, que no se le siguió el procedimiento de descargo contemplado en el artículo 83 del Reglamento de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral.- Esta incertidumbre y vergonzosa tesis nos hace señalar que en el medio probatorio documental NUMERO UNO, precisamente en el numeral 9) se acompañó el ACTA levantada el 15 de junio del 2007, donde consta que el señor HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY, abandonó sus labores; este hecho Honorables Magistrados, fue comprobado con el acta firmada por el señor Jacobo Hernández Cruz, Magistrado Presidente, Margen Díaz, Jefe de Recursos Humanos, Gilberto Ochoa Vásquez, Secretario General, Laura Elena Andino Consultor Jurídico del Tribunal Supremo Electoral.- Esta causa dio lugar al despido del demandante el 16 de julio del año 2007, es decir, SI SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 83, pero el Tribunal de Primera y Segunda Instancia, hacen saber que “al empleado infractor no se le escuchó”, y si éste estaba ausente, ¿cómo es que la Corte de Apelaciones en su fallo haciendo propio el contenido de la sentencia de primera instancia, se podía contar con la presencia del señor HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY, cuando éste había abandonado sus labores; no obstante el artículo 86 del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, ordena que cuando es notificado un despido, la parte agraviada le asiste el derecho de emplazar ante el Tribunal de lo Contencioso, para que acredite la justa causa del despido o el abandono, lo cual se demostró con el Acta que se levantó el 15 de junio del año dos mil siete, al demandante. El artículo 87 del mismo Reglamento, obliga al demandante, que antes de recurrir a los organismos jurisdiccionales, deberá solucionarse internamente el conflicto laboral, y consta que el señor HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY, a pesar de ser un Profesional del Derecho, y que es a la parte actora la que compete agotar el procedimiento administrativo, finalizando dicho proceso el demandante, podrá comparecer ante las instancias administrativos y judiciales correspondientes, y no consta ninguna petición por escrito en el expediente personal del demandante, quedando probada la segunda causa de despido como es el abandono de labores; no obstante, el Señor Juez en su fallo de primera instancia, sin estudio de los medios probatorios, procedió a ejecutar el articulo 30 literales a) y b) del Reglamento, y hemos expresado hasta la saciedad tanto en las CONCLUSIONES como en los AGRAVIOS, que el Señor Juez Ad-Quo, aplicó una norma a un hecho que no fue regulado por ella, pues en este caso es el artículo 33 literales a) de las prohibiciones de los empleados en cuanto a faltar al trabajo injustificadamente, ó abandonarlo sin autorización del jefe inmediato, lo cual fue plenamente demostrado; no obstante los tribunales tanto de primera como de segunda instancia al tener conocimiento que el presente juicio no debía dilucidarse a través del artículo 30 literales a) y b) del Reglamento, procedió a IMPLANTAR una tesis, aduciendo que se violó uno de los principios torales del derecho administrativo como lo es la COMPETENCIA REGLADA. La aplicación de los Tribunales de Primera y Segunda Instancia en sus fallos, el concepto doctrinario de COMPETENCIA REGLADA, no existe ninguna motivación que indique las razones para que este principio doctrinario usurpara una Ley Interna del Tribunal Supremo Electoral; no obstante Honorable Corte Suprema de Justicia, el Tratadista don Ermo Quisbert Huanca, en sus apuntes de Principios de Derecho Administrativo, señala lo siguiente: ¿QUE ES EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA REGLADA? El principio de Competencia Reglada, es aquella en virtud de la cual los servidores públicos solo pueden hacer lo que la Constitución o la Ley les permite. Existe competencia reglada, cuando la ley ha previsto que frente a determinadas situaciones de hecho, el servidor público debe tomar las medidas a él asignadas en forma expresa y sujetarse a las mismas, evitando el libre arbitrio administrativo. Honorables Magistrados: Probado está que el señor HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY, no agotó el procedimiento administrativo, después de haber sido notificado el despido (articulo 86 del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral), como asimismo los medios de solución pacífica que el artículo 87 del reglamento mencionado exige que solo cuando se haya agotado este procedimiento, podrá comparecer ante las instancias administrativas y judiciales correspondientes, como asimismo el artículo 88 ya plantea en primer lugar el diálogo conciliatorio, mediación, comparecer a las audiencias de descargo por las faltas imputadas en la nota de despido, como asimismo también se podrá negociar las prestaciones e indemnizaciones sociales, CUANDO ESTAS PROCEDAN; no obstante que el Tribunal de Primera y Segunda Instancia se apegaron a la COMPETENCIA REGLADA, no aclarando las razones legales porqué el uso de la doctrina y de este principio, a sabiendas que el Tribunal Supremo Electoral cuenta con su Ley Orgánica y el Reglamento que pasó a tener las características de una Ley Interna y asimismo declarando al Tribunal Supremo Electoral como una institución de Seguridad Nacional, y sus empleados y funcionarios estarán sujetos al Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados de mi representado, artículo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; por estas razones se debe CASAR el presente motivo en sentencia que dicte la Sala Laboral Contencioso-Administrativo.”.- 2.3 TERCER MOTIVO: “En este motivo de casación, acuso la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el cinco de diciembre del año dos mil trece, por ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, a través de la vía indirecta y por error de hecho, que contiene la sentencia de primera y segunda instancia un equivocado razonamiento del juzgador al dar por establecido un hecho que no sucedió, según los artículos 25 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación al artículo 9 de la Ley Elector al y de las Organizaciones Políticas, y artículo 33 literales a) y x) del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados de Tribunal Supremo Electoral. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este tercer motivo de casación se encuentra comprendido bajo el marco jurídico del artículo 719 numeral 2), del Código Procesal Civil, en cuanto que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. La violación de la ley por la vía indirecta se produce de dos maneras: a) Por error de hecho, y b) Por error de derecho.- En el presente motivo, explicaremos en la forma equivocada del juzgador tanto de primera y de segunda instancia, al confirmar el fallo, a través del error de hecho, de la manera siguiente: 1.- La sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el veintisiete de junio del dos mil trece, en su considerando cuatro expresa que la cancelación del demandante se produce a través de la aplicación del artículo 30 letra a) del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral; en su exposición tan kilométrica de este considerando también expresa que se considera una INFRACCION GRAVE, porque el Tribunal Supremo Electoral no realizó el procedimiento de descargo que contempla el artículo 83 del reglamento citado.- Noten Honorables Magistrados, que el fallo de primera instancia termina exponiendo que la cancelación del demandante es porque el Pleno del Tribunal hizo uso de los derechos extraordinarios, y vuelve a citar el artículo 30 del reglamento en sus literales a) y b). Las pruebas demuestran todo lo contrario: A partir de la misma demanda que interpuso el demandante ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso .Administrativo, precisamente en su hecho cuarto, que su despido se ejecutó porque fundaron el Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, siendo electo como Vice-Presidente de la Junta Directiva; además de la aceptación del demandante de haber participado en la formación de un sindicato siendo empleado de confianza, según el artículo 17 de dicho reglamento, en su numeral 1) que contempla que todo el personal del Departamento Legal son EMPLEADOS DE CONFIANZA y por lo tanto NO GOZAN DE ESTABILIDAD LABORAL; se entiende lo anterior que en cualquier momento puede ser objeto de darle de Baja de la Carrera. En cuanto al abandono, en la prueba documental número uno, anexamos en el numeral nueve (9) el Acta levantada el 15 de junio del año 2007, comprobándose que el señor HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY, abandonó sus labores, documento firmado por el Señor Presidente Magistrado, por la Jefe de Recursos Humanos, por el Secretario General y por la señora Laura Elena Andino, como Consultor Jurídico; hechos que se dieron durante el juicio, pero que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al confirmar el fallo de primera instancia el cinco de diciembre del año dos mil trece, en su considerando cuatro expresa que no existió procedimiento para la cancelación del demandante, volviendo nulo de pleno derecho según la Corte de apelaciones, con lo cual estaríamos aceptando en contra de las leyes del Tribunal Supremo Electoral, que el demandante podrá volver a formar el sindicato, aún sabiendo que es una institución de SEGURIDAD NACIONAL, motivo por lo cual es que existe esta prohibición en el artículo 33 literal x) del Reglamento del Tribunal Supremo Electoral, que fue presentado como medio probatorio documental, según Gaceta de fecha 26 de junio del año 2007, y que las prohibiciones de los empleados están contempladas en el artículo 33 literal a): Faltar al trabajo injustificadamente o abandonarlo, y además literal x) Formar parte o promover la formación de sindicatos en la institución. El equivocado razonamiento del despido, en cuanto el tribunal de primera y segunda instancia, aplicaron una norma que no viene al caso, en vista que el despido se fundamentó en el artículo 33 del Reglamento por haber cometido FALTAS GRAVES, y no solo para la institución Honorables Magistrados, sinó que, es un delito penado por la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, cuando el sindicato que dirigía el demandante se tomó el edificio del Tribunal Supremo Electoral.- Por todas estas razones queda establecido que tanto la aplicación del artículo 30 del Reglamento del Tribunal y el principio del Derecho Administrativo de COMPETENCIA REGLADA, hacen que la Corte tome una decisión equivocada jurídica e ilegalmente, al confirmar la sentencia de primera instancia precisamente en su considerando cuatro cuando expone que no se hizo el procedimiento para la cancelación del demandando, lo cual es totalmente falso, pues está debidamente comprobado con el medio de prueba Número Uno, numeral nueve (9). El considerando cinco expresa de las facultades extraordinarias que le concede el artículo 30 del Reglamento al Pleno de los Magistrados, que no fue la razón del despido, aún sin tomar en cuenta que el demandante fue un EMPLEADO DE CONFIANZA y que no gozaba de estabilidad laboral, por esta razón concluímos que en ambas instancias se dio por probado un hecho que fue el despido con causa justificada y que la Corte de Contencioso Administrativo no aplicó la norma legal precisa, como ser el artículo 33 literales a) y x) del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, por estas razones, este motivo en sentencia definitiva deberá CASAR.”.- III. Que resulta que el Impetrante no ha sido claro ni preciso en la formulación de los cargos que sustentan el recurso de casación. Por una parte, en el primer motivo omite establecer las normas de naturaleza procesal que se consideran infringidas en relación al precepto autorizante citado ya que el mismo alude a normas sobre el contenido de la sentencia y la que se invoca tiene vinculación con la representación y defensa de las entidades estatales y en la explicación del motivo se mencionan los artículos “30 y 33 literal a) y x), del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral” que en su formulación no fueron señaladas como violadas o relacionadas. Por otra parte, en el segundo cargo alega aplicación indebida del “artículo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas” sin embargo revisados los autos aparece que tal disposición no ha sido aplicada en la sentencia impugnada que confirma la de primera instancia, además que al igual que en el primer motivo, también fue omiso al establecer las normas de naturaleza procesal que se consideran infringidas en relación al precepto autorizante, ya que el indicado alude a normas sobre actos y garantías del proceso, asimismo, en la explicación del motivo cita los artículos “83 del Reglamento de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral… 30 literales a) y b)… 33 literales a) y x) …”, que en la formulación del cargo no fueron señaladas como violadas o relacionadas, omitiendo también en los dos últimos indicar a que cuerpo normativo corresponden. Finalmente, en el tercer motivo se invoca el concepto de infracción “indirecta y por error de hecho” lo cual, resulta inapropiado en esta materia, debiendo precisarse con claridad para los efectos del recurso, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas señaladas como infringidas.- IV. Además de lo anteriormente motivado, en todos los cargos insta la revisión e interpretación del material probatorio, lo cual está vedado a este Tribual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y se realizan en el desarrollo de los motivos inapropiados alegatos de instancia.- V. Que el Impugnante además ha solicitado nulidad subsidiaria exponiéndose lo siguiente: “1.- El señor HECTOR ISRAEL ROSALES GODOY, presentó demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso el 6 de agosto del 2007, ordenándose en el auto de fecha veintidós del mismo mes y año subsanara la demanda en el término de diez días laborables.- Después del informe de la Secretaría, el Juzgado de lo Contencioso con fecha diez de diciembre del dos mil siete, ordenó caducar y por perdido los diez días hábiles que dejó de utilizar, resolviendo en consecuencia DE OFICIO TIENESE POR NO PRESENTADO EL ESCRITO DE DEMANDA Y ORDENESE EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES ACTUACIONES. Nuevamente el apoderado del demandante presentó un escrito el cinco de octubre del dos mil diez para que se arrastrara el expediente del archivo general, y sin fundamento alguno el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el veintinueve de octubre del dos mil diez resolvió solicitar los antecedentes al archivo general, y el diez de noviembre del dos mil diez, mediante auto anuló de oficio los autos de fecha 22 de agosto y 10 de diciembre del 2010 por no estar dictados conforme a derecho; es decir la orden de subsanar el auto de admisión de la demanda no se cumplió, por lo que acarrea no solo NULIDAD de todas las actuaciones, sino que éste Tribunal al abrir un juicio fenecido violó el artículo 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.- Todo lo antes expuesto se encuentra en el expediente principal. 2.- El Tribunal de Primera Instancia, sin sujetarse al principio del debido proceso, éste obliga que el juicio se desarrolle por los trámites no previstos legalmente y que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias.- Al haber caducado el expediente el tribunal de primera instancia, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que ordenó caducar la instancia por haberse paralizado el proceso por más de seis (6) meses; asimismo, el Código Procesal Civil, en su artículo 212 expresa que los actos procesales son nulos numeral 4): Cuando se prescindan de las normas esenciales del procedimiento, en este caso, si el Tribunal de Primera Instancia CADUCÓ el expediente, previo, al apoderado demandante se le concedió diez días laborables, los que no utilizó, y fue la razón de caducar y por perdido el término de los diez días hábiles, sosteniendo en su auto el Juzgado, que se tiene por no presentado el escrito de demanda y se ordenó el archivo de las presentes actuaciones.- Lo misterioso en esta parte del juicio, es que el apoderado demandante después del 10 de diciembre del 2007, presentó un escrito el 5 de octubre del año 2010 para que se arrastrara el expediente del Archivo General, había transcurrido el término de dos años con nueve meses, y aún así el Tribunal de Primera Instancia procedió a abrir un juicio fenecido, que no solo causaba NULIDAD sino ANULABILIDAD, por disposición del artículo 213 del Código Procesal Civil, numeral 1) que se refiere que son anulables los actos procesales que contengan irregularidades, siempre que no sea posible subsanarlos; queda a criterio de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, las actuaciones del Tribunal de Primera Instancia, abriendo un juicio caducado y también fenecido, y que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Atribuciones de los Tribunales, es ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO; en todo caso, solicito se analice este capítulo y se proceda a decretar la nulidad, archivando las diligencias.”.- VI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o el debido proceso, ya que el recurrente tuvo durante toda la secuela del proceso la oportunidad procesal que franquea la ley de exponer y denunciar esos argumentos sin haberlo realizado y por ende consintiendo tales actuaciones, volviendo en consecuencia, inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos; 2) SIN LUGAR LA NULIDAD alegada de forma subsidiaria; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintidós de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 169-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL