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Sentencia CA-158-15 — Registro 5555

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anula el acuerdo de cancelación por cesantía en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que no consta que se haya seguido procedimiento alguno para la cancelación del demandante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no es preciso en establecer el concepto de la infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que cita como violadas; y, b) en su explicación alude a otras normas no indicadas en su formulación, como es el caso de los artículos 9 de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo; 2 de la Ley de Servicio Civil y 50 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de noviembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo, para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por medio del CONGRESO NACIONAL, representado en juicio por la abogada FRANCIS MARIELA HERRERA PRUDOTH; y, Recurrido: WALTER R. BAUTISTA BAQUEDANO, representado en juicio por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial para la nulidad de un acto administrativo en materia personal, que se anule el mismo, que se reconozca la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento que se ordene el reintegro así como el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta la fecha de su reintegro, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil doce, por el señor WALTER R. BAUTISTA BAQUEDANO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que según acuerdo de nombramiento se desempeñaba como analista jurídico tres, oficial de transparencia, asesor legal de la Bancada del Partido Liberal del Congreso Nacional y representante legal de la demandada mediante poder especial para pleitos otorgado por el Ex Presidente del Congreso Nacional, el señor Roberto Micheletty Bain, en fecha 5 de marzo del 2012, mediante acuerdo CN018/12/P/CN, se ordenó su cancelación del cargo de Asesor de la Bancada del Partido Liberal del Congreso Nacional, acto administrativo que alega fue dictado de manera arbitraria e ilegal, ya que la persona que lo dictó carece de las facultades para poder adoptar tal acto administrativo, facultad única que solamente ostenta cada Presidente del Congreso, previo procedimiento, no es facultad de la vice presidencia, razón por lo cual viola flagrantemente el principio de legalidad, así como se violó todo el procedimiento legalmente establecido para la cancelación por cesantía.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, contestó dicha demanda señalando que es falso que se desempeñara como representante legal del Congreso nacional mediante poder especial para pleitos otorgado por el Ex Presidente del Congreso Nacional, pues el Congreso no tiene facultades para otorgar poder en representación del Estado de Honduras, pues es facultad exclusiva de la Procuraduría General de la República y de existir dicho poder, el mismo es nulo de pleno derecho, que la persona que ostenta el puesto Vicepresidencia del Congreso Nacional, se encuentra legitimada para dictar la cancelación del acuerdo del demandante, pues dicho ejercicio fue delegado en fecha 25 de marzo de 2012, proferido por la Presidencia del Congreso Nacional, por lo tanto dicho acto en mención en ningún momento fue firmado por persona que carece de facultades como lo quiere hacer ver el demandante, el acuerdo de cancelación se llevó a cabo de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo N°PL-01-2010 del 9 de marzo del año 2010 emitido por el Presidente del Congreso Nacional mediante el cual se establece que a partir del 11 de marzo del 2010, se hará una reducción forzosa del personal auxiliar para obtener una eficaz y económica organización administrativa, se procedió a cancelar al demandante sin necesidad de aplicar el procedimiento que señala la Ley de Servicio Civil, pues en el presente caso, es aplicable la Ley del Estatuto de Empleados Públicos del Poder Legislativo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anula el acuerdo de cancelación por cesantía N°.CN018/12/P/CN, del 5 de marzo del año 2012, reconoció la situación jurídica individualizada, por lo tanto tomó las siguientes medidas: a) reinstalar al demandante en el cargo del cual fue ilegalmente cancelado, b) ordena el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta que sea definitiva y satisfactoriamente reintegrado en el cargo, incluyendo los aumentos salariales y demás derechos que se hayan otorgado en su ausencia, c) se decreta la nulidad del acuerdo de nombramiento del sustituto, sin costas; bajo el criterio que no se ha logrado acreditar que el demandado haya seguido el procedimiento para despedir al demandante, establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para proceder a despedir por cesantía al demandante, pues es importante seguir el procedimiento, pues su observancia no solo garantiza los derechos mínimos que la Constitución prevé para los servidores públicos, sino que también aleja la sombra de la arbitrariedad de ese tipo de actos.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciséis de octubre del año dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que no consta que se haya seguido procedimiento alguno para la cancelación del demandante, siendo aplicable el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil como supletorio, pues la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo, aplicable al caso de autos, no establece procedimiento para cancelar por cesantía, como así fue cancelado el demandante.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, en fecha uno de diciembre del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de octubre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.390-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 370-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha tres de diciembre del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó en fecha siete de enero del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha nueve de enero del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinte de marzo del año dos mil quince, los abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiuno de abril del año dos mil quince, teniendo por personados a los abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Este motivo impugna los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 1), letra b), del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Los artículos 3, 7, 12, 207, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por virtud del Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción y relacionados entre si establecen que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales que dará lugar a su anulabilidad cuando estos actos procesales contengan irregularidades, siendo los medios idóneos para lograr la anulación de los actos procesales la utilización de los recursos establecidos en la ley, como es el caso. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASÍ: Las garantías del debido proceso implican, entre otros aspectos que el proceso es por si mismo un instrumento de tutela de los derechos sustantivos de las partes así como de los derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, cuando un proceso se ventila sin que se reúnan todas y cada una de las garantías en los actos procesales procede inevitablemente la declaración de anulación del mismo. Que obra en la pieza que se encuentra en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sentencia definitiva de fecha 16 de Octubre de 2014, sentencia ésta que no es conforme a derecho, y dista mucho de los principios jurídicos que regulan el comportamiento que se debe de observar en un administrador de justicia previo a dictar sentencia definitiva, todo esto en vista de lo siguiente: a) Claramente el AD-QUEM en su fundamentación de derecho, específicamente en su considerando cuatro, establece: “Que del estudio y análisis del presente caso se concluye que la sentencia definitiva venida en Recurso de Apelación está dictada conforme a derecho, esto porque no consta se haya seguido procedimiento alguno para la cancelación del demandante, siendo aplicable el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil en lo procedente, como supletorio, ya que la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo, aplicable al caso de autos, no establece procedimiento para cancelar por cesantía, como así fue cancelado el demandante...” al parecer existe un desconocimiento vasto sobre la aplicabilidad de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo, que claramente reza en su articulo 9 que: “La selección del personal se hará a través de la Oficina de Personal del Congreso Nacional, de conformidad a lo establecido en esta Ley. Bajo el mismo Procedimiento y a través de la misma Unidad de Personal, se operara todo movimiento de ascenso traslado o separación del cargo de los empleados” por tal razón de la simple interpretación de dicho articulo se puede deducir que el procedimiento a seguir para la cancelación de un Empleado Público del Congreso Nacional se regirá bajo los Procedimientos. b) que la Oficina de Personal, establezca para tal efecto, sin embargo es saludable preñar este Recurso de Casación, aduciendo que el Congreso Nacional de la República de Honduras no se encuentra adscrito al Régimen del Servicio Civil, ya la misma Ley de la Institución antes mencionada establece en su articulo 2 que: “El Régimen de Servicio Civil comprenderá a los Servidores Públicos que laboran en la Secretaria de Estado, cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento. Las mismas disposiciones serán aplicables a los funcionarios y empleados de la Municipalidades, y del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, en cuanto a los servidores del Poder Legislativo y Judicial, se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, reglamentos y estatutos...” dicho lo anterior queda claro que el Poder Legislativo siendo ajeno al Régimen de Servicio Civil, se contrae a la aplicabilidad de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo, específicamente en su articulo 9, sine qua nom la cancelación propiamente dicha es conforme a derecho y no violenta ningún procedimiento tal y como lo expresa el Ad-Quem en su Sentencia. c) En ese mismo orden de ideas cabe manifestarle a esta Honorable Corte Suprema de Justicia específicamente en su sala Laboral-Contencioso, que el Procedimiento que ahora es objeto de casación, se enviste de una nulidad que opaca el procedimiento, y que el mismo constituye un error el mismo, por tal razón, per se, dicho juicio se encuentra viciado, dicho error lo pongo de manifiesto de la siguiente manera: Que en fecha 30 de marzo de d) manifiesto de la siguiente manera: Que en fecha 30 de marzo de 2012 el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo resuelve la admisión de los recibos de publicación ordenados en el articulo 50 de la Ley precitada, el auto en mención se encuentra bajo el folio 15 de la pieza principal de autos, y como esta Corte podrá observar, existe un craso error en la transcripción de los números de recibos, ya que como consta en el recibo de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, se consigna el número 020084, pero no así en el auto que admite dichos recibos de publicación ya que en el mismo se observa el número 02084 por lo que de forma comparativa no coincide uno con el otro, es decir dicho recibo de publicación nunca fue presentado, queda evidenciado entonces que al existir un error en el Procedimiento el mismo es nulo, por consiguiente no surte efectos jurídicos. Por lo antedicho, procede estimar este motivo de casación.”.- II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no es preciso en establecer el concepto de la infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que cita como violadas; y, b) en su explicación alude a otras normas no indicadas en su formulación, como es el caso de los artículos 9 de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo; 2 de la Ley de Servicio Civil y 50 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha diez de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 158-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL