Sentencia CA-158-13 — Registro 4242
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando improcedente, la acción promovida por la demandante por estar ajustado a derecho el acto Administrativo impugnado, consistente en las resoluciones que declara sin lugar el recurso de reposición emitidos por la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), mediante la cual deniega a la demandante una solicitud de reconsideración de cobros por concepto de canon radioeléctrico,.en segunda instancai se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Cabe señalar que la casacionista no es clara en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación. En el primer motivo del recurso, se alude a que el ad-quem en su fallo no citó las normas jurídicas aplicables al caso “al no hacer siquiera referencia a la normativa específica en materia de telecomunicaciones” y que se aprecia una motivación defectuosa, sin embargo, la sentencia recurrida confirma y hace suya la de primera instancia y en ambas se observa el cumplimiento de los requisitos formales de las mismas, conteniendo la debida fundamentación y explicaciones acordes a la naturaleza de la decisión que ha resuelto la controversia entre las partes. Tampoco se ocupa en ilustrar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con indebida aplicación de la forma o contenido, al alcance de la causal contenida en el inciso “c” numeral 1 del Artículo 719 del Código Procesal Civil.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Asimismo, los motivos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO, son reiterativos en su formulación en el defecto de hacer referencia a distintas formas de violar la ley volviendo confusas las causales, al contener expresiones como: “La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no ha aplicado correctamente lo previsto en el Artículo 13 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones”, pero seguidamente señala “De haber tomado en cuenta dicha disposición”, o “aplicación e interpretación de las disposiciones aplicables del Tratado de Libre Comercio”. Si bien en general la censora considera que la Corte Sentenciadora no ha aplicado correctamente las normas empleadas, tampoco se preocupó por establecer con precisión en qué consiste la inaplicación, cuál seria su debida aplicación y qué precepto legal se ha visto vulnerado por la que considera es una aplicación incorrecta.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de enero del dos mil quince, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., (UNITALSA), representada en juicio por la abogada DANIELA VILLAFRANCA LAMAS y el Recurrido: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), representado en juicio por la abogada DORIS ALICIA MADRID LEZAMA.- OBJETO DEL PROCESO: Se declare la anulación de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, que se reconozca una situación jurídica individualizada, costas, promovida en fecha doce de febrero del año dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor JOSE WALTER BODDEN JOYA, mayor de edad, casado, hondureño, Abogado y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. contra LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), por medio de su Presidente y Representante Legal el señor JOSE RAUL VALLADARES, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Periodismo, de este domicilio.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1) La parte demandante manifiesta que la demanda se promueve contra las resoluciones administrativas que deniegan la solicitud de reconsideración del esquema de cobros que maneja CONATEL con respecto a UNITELSA en comparación con el esquema de cobros que se ha manejado con otro operador autorizado en el mismo rango de frecuencias. Es decir, CONATEL mantiene un método de cobro diferenciado y discriminatorio aún y cuando las frecuencias utilizadas, los servicios prestados y la entidad autorizante es igual, por ende, el método de cobro debe ser igual.- Por lo tanto, lo que verdaderamente se impugna mediante la presente demanda es el acto administrativo que ha emitido CONATEL mediante el cual se ha vulnerado abiertamente el principio de equidad que debe regir en el trato de todos los operadores autorizados por CONATEL. Lo que cuestionamos es entonces el esquema de cálculo del cobro que dio lugar al monto del canon radioeléctrico exigido y no el monto en sí, en virtud de que CONATEL está provocando una distorsión al cobrar cantidades diferentes por servicios y uso de frecuencia iguales, que a pesar de ser una sociedad extranjera, ha optado por invertir fuertemente en el área de las telecomunicaciones en Honduras en virtud de considerar que el mercado tiene gran potencial, siempre y cuando se cuente con las condiciones técnicas, económicas y regulatorias apropiadas que garanticen un sistema de libre competencia al momento de prestar servicios al público en general, que en virtud de lo antes expuesto, mi representada participó en el concurso público CNTCOO4/2005, del cual resultó adjudicatario siendo por lo tanto actualmente y desde el año 2006 un operador de telecomunicaciones debidamente autorizado por CONATEL mediante la Resolución AS367/06 de fecha 25 de mayo de 2006, mediante la cual se otorgó licencia a favor de la sociedad UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (UNITELSA) para el uso del espectro radioeléctrico dentro de la banda de frecuencias 3,400-3,600 MHz. La oferta de mi representada fue por la cantidad de Catorce Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Lempiras (L.14,349,000.00), los cuales se hicieron efectivos al momento de la adjudicación a favor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Tal concurso público contemplaba que mi representada debía hacer efectivo el pago del canon radioeléctrico anual a partir del 1 de enero del año 2007; quedando exonerada del pago desde la adjudicación hasta el 31 de diciembre del año 2006, que CONATEL estableció la obligación de que mi representada pagare canon radioeléctrico a partir de enero del año 2007, por lo que el canon radioeléctrico por CATORCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS (Lps.14,349,000.00) que pagó mi representada, representó únicamente el pago de canon por el año 2006. Con lo antes expuesto se han dejado probados dos puntos importantes en nuestra solicitud: Primero que mi representada pagó la cantidad de L.14,349,000.00 al haber participado en el concurso público CNT-C00412005 y segundo que tal monto corresponde única y exclusivamente al pago de canon radioeléctrico en virtud de lo contemplado por el Artículo 173 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, en consecuencia, no se puede atribuir a tal pago otro concepto más que al antes referido, por lo tanto y reiterando lo expuesto, el pago efectuado por UNITELSA según lo expuesto en el Artículo 173 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, responde única y exclusivamente a CANON RADIOELÉCTRICO, debiendo asimismo tomarse en cuenta el hecho que la misma Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y su Reglamento restringen los conceptos en virtud de los cuales CONATEL puede efectuar cobros de tasas, tarifas o montos, permitiendo así la fácil determinación de la aplicación de los cobros efectuados por el ente regulador, que es de público conocimiento que los servicios de telecomunicaciones deben ser prestados en forma equitativa e igualitaria a todos los usuarios de dichos servicios, es por esto y siendo que tanto la Ley Marco como el Reglamento General se amparan en el principio de igualdad y no discriminación de las partes, que deben aplicarse también dichos principios en las relaciones existentes no únicamente entre las empresas operadoras de servicios y sus usuarios, sino también entre las empresas operadoras de servicios y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, como ente regulador del sector. Entiéndase que dicha igualdad debe ser tanto como para conceder así como para exigir.- Es decir, no pueden existir condiciones diferenciadas para operadores autorizados en la prestación de los mismos servicios en virtud de que tal situación crearía primero una condición de desventaja hacia un operador en particular y segundo crearía situaciones de competencia desleal al momento de competir en el mismo mercado de servicios de telecomunicaciones, con cargas económicas distintas en virtud de una misma obligación con el ente regulador. Procedemos entonces a explicar la situación de otro operador de telecomunicaciones: MULTIDATA, S.A. de C. V., a quien CONATEL ha autorizado condiciones claramente más favorables que las otorgadas a mi representada. Mediante resolución RADOO1/O1 de fecha 8 de noviembre de 2001, notificada el 22 de noviembre del mismo año, CONATEL otorgó a la sociedad MULTIDATA, S.A. de C. V. permiso para la explotación del servicio de transmisión y conmutación de datos, así como licencia para el uso del espectro operadores, el resolutivo tercero de la resolución AS313/02 de fecha 19 de julio de 2002, a favor de Multidata, notificada el 9 de agosto del mismo año y mediante la cual se concede la licencia para el uso del espectro radioeléctrico, especifica que el pago del canon radioeléctrico está cubierto por los quince años que siguen al día siguiente de la notificación de la resolución RADOO1/O1. Así de claro y específico los L.16,270,000.00 que pagó MULTIDATA, S.A. de C. V. fueron equiparados por CONATEL al pago de canon radioeléctrico por QUINCE AÑOS, no obstante que el pago de L.14,349,000.00 efectuado por UNITELSA únicamente se equiparó al pago de canon radioeléctrico por aproximadamente 8 MESES en el año 2006; es decir MULTIDATA, S.A. de C. V. pago L.16,262,650.00 en concepto de canon radioeléctrico por 15 años, la cual es una cifra extremadamente cómoda en que pagó UNITELSA por el canon radioeléctrico de aproximadamente 8 meses. Es importante mencionar que efectivamente los procesos en que radioeléctrico en la banda de frecuencias de 3, 400MHz- 3,600MHz, mismo rango de frecuencias en que presta sus servicios UNITELSA. Tal adjudicación representó para MULTIDATA, S.A. de C. V. un pago de Dieciséis Millones Doscientos Setenta Mil Lempiras Exactos (L.16, 270,000.00). Hasta este punto inclusive parecería Señor Juez que mi representada fue favorecida en el sentido de que su pago de adjudicación fue menor al de MULTIDATA, S.A. de C. V. Sin embargo, y siendo un punto clave para comprender la desproporcionalidad que existe en el trato de estos dos MULTIDATA y UNITELSA participaron son independientes y como tales CONATEL puede fijar diferentes condiciones en cada proceso, siendo este el único argumento del ente regulador al denegar nuestra pretensión. Sin embargo la independencia de los procesos no puede valer más que la equidad e igualdad de las partes que intervienen en los procesos; el ente regulador está obligado a evitar poner en condiciones de desventaja competitiva o dar las mejores condiciones a un operador en detrimento del otro. Las reglas y condiciones de cada proceso o concurso público pueden ser distintas pero en todo momento se debe salvaguardar la igualdad de los solicitantes y evitar distorsiones en el mercado de los servicios. Es decir, el Estado a través de CONATEL deben ejercer el mismo trato a todos los administrados, en este caso específico los operadores de servicios de telecomunicaciones. He ahí porque la misma Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones contempla como obligación fundamental de CONATEL en su Artículo 13…4. Adoptar las medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones se brinden en forma eficiente, ininterrumpida, sin interferencias y sin discriminaciones” Del texto de tal obligación fácil observar que el espíritu expreso de la Ley es evitar situaciones como la que motivan la interposición de la presente demanda. Es inaceptable, tanto legal como económicamente, que dos operadores autorizados por el mismo ente regulador para la prestación de servicios análogos en el mismo rango de frecuencias, tengan obligaciones monetarias en concepto de canon radioeléctrico abismalmente diferentes. Como mencionamos antes, la independencia de los procesos de concurso público no implica el irrespeto al principio de equidad que debe rectorar toda asignación de frecuencias que efectúe CONATEL, que su representada se encuentra en todo su derecho de pedir la equiparación del trato al que ha recibido la sociedad MULTIDATA, S. A. de C. V., que nuestra adjudicación fue posterior a la de MULTIDATA. Por lo tanto, los derechos y condiciones concedidas a un operador deben ser respetados y mantenidos para los demás operadores a futuro a fin de asegurar la igualdad de condiciones en las asignaciones del ente regulador. El caso que nos ocupa trata de derechos ya concedidos previamente por el ente regulador, simplemente UNITELSA pide el mismo trato en la forma de calcular el pago de canon radioeléctrico; bajo ningún punto solicitamos se retracten los derechos concedidos a MULTIDATA puesto que los mismos son derechos firmes y adquiridos, pero también son derechos reconocidos por el ente regulador y los cuales el mismo ente regulador debe reconocer a TODOS los operadores cuyas autorizaciones se encuentren en igualdad de condiciones como el caso de MULTIDATA y UNITELSA. Además, la aplicación de cobro de canon radioeléctrico no equitativo a operadores que poseen el mismo tipo de licencia, misma carga regulatoria, misma cobertura, mismo proceso de asignación y prestan los mismos servicios, constituye una barrera regulatoria para la prestación de servicios en un régimen de igualdad de condiciones, que la misma CONATEL, aceptando y equiparando el pago efectuado por MULTIDATA al pago correspondiente por canon radioeléctrico por el término de 15 años y en base a una tarifa inferior a la establecida en la normativa pertinente, ha sentado las bases para la reconsideración interpuesta en vía administrativa, que es el interés de mi representada garantizar su derecho a condiciones semejantes ya otorgadas por CONATEL a favor de la sociedad MULTIDATA, S.A., con el objeto de que exista igualdad de derechos y obligaciones y prevenir condiciones disímiles a favor de los usuarios de los servicios, que la denegatoria a la reconsideración planteada requiere ser revisada declarándola admisible y procedente ya que de lo contrario esta situación regulatoria desigual conduce a que la diferenciación sea trasladada en última instancia al usuario, encareciendo el servicio prestado, produciendo por ende una condición artificial de ventaja. Es más al no acceder a nuestra petición CONATEL desatiende su obligación de “promover la universalización de los servicios de telecomunicaciones y procurar su más alta calidad y menor costo posible” al no tener consideración alguna por el costo final de los servicios que presta mi representada los cuales se encarecen grandemente por la carga económica antes detallada, que a lo antes expuesto, es importante también señalar que, de acuerdo con los principios generales que forman las normas jurídicas, éstas deben ser, entre otras, de aplicación general. Lo anterior se traduce en que las personas que se encuentren en una misma situación de hecho, deben ser tratadas de la misma manera. En este sentido, las normas jurídicas se encuentran estructuradas de tal forma que establecen un hecho y una consecuencia a este hecho, de tal manera, que si se da el primero, se da la consecuencia. Aplicado al caso concreto, el hecho previsto es la tenencia de derechos en unas determinadas bandas de frecuencias: las comprendidas entre 3,400 — 3,600 MHz. La consecuencia de dicho hecho es que exista un costo determinado por cada unidad de uso del espectro radioeléctrico. Por lo tanto, y de acuerdo con lo anterior, los titulares de derechos de las bandas de frecuencias comprendidas entre 3,400—3,600 MHz, están obligados a satisfacer un costo determinado e igualitario por cada unidad de uso del espectro basados en as resoluciones y antecedentes regulatorios dictados por CONATEL, lo que concluimos es que corresponde aplicar a todas las personas (sean estas naturales o jurídicas), que tengan derechos sobre las frecuencias comprendidas entre 3,400-3,600 MHz, un cálculo de pago de canon radioeléctrico uniforme garantizando así la igualdad y equidad en que operarían las personas naturales o jurídicas. Por todo lo antes expuesto, y fin de evitar un trato discriminatorio en la aplicación de tasas a cobrar y la distorsión de mercado que de él se desprende, es que se ha interpuesto la presenta acción judicial a fin de que luego de analizados los hechos aquí expuestos y los hechos que se probaran oportunamente, se declare la nulidad de los actos administrativos consistentes en la resolución número AS434/08 de fecha 2 de octubre del año 2008, contentiva de denegatoria a la solicitud de reconsideración de cobros en concepto de canon radioeléctrico interpuesta por mi representada ante CONATEL, y de la resolución número ASOO5/09 contentiva de la denegatoria al recurso de reposición en contra de la primera.- 2) La parte demandada manifiesta que los numerales 1) 2) y 3) los conceptos que estipula el artículo 173 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones que CONATEL cobra son: derecho de permiso o de registro, tarifa por supervisión, canon radioeléctrico y otras que fijare CONATEL por medio de resolución fundamentada, que estos son los conceptos dentro del marco jurídico que dan la potestad o facultad al ente regulador para cobrar por la prestación de servicios de telecomunicaciones y que son revisados anualmente y modificados, siguiéndose el análisis respectivo y emitiéndose a tal efecto una resolución normativa tarifaria que surte sus efectos cuando es publicada en el Diario La Gaceta, y que por si fuera poco, desde el año 2006 también es sometida a consulta pública por la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia para las aportaciones de todos los operadores y/o interesados; que en cuanto a la afirmación de que CONATEL no da un trato igualitario a los operadores UNITELSA Y MULTIDATA, ya que consideran que los Catorce Millones trescientos cuarenta y nueve mil Lempiras (L.14,349,000.00) que pagó UNITELSA cuando se les adjudicó los bloques de frecuencias en la banda 3,400-3,600 MHz y que corresponden únicamente al canon radioeléctrico a pagarse hasta el 31 de diciembre de 2006 constituyen una condición diferenciada para operadores que tienen autorizada la misma banda y prestan el mismo servicio, y que por lo tanto el principio de igualdad debe ser tanto para conceder como para exigir, provocando un sistema de competencia desleal y una condición de desventaja, que este argumento a todas luces es subjetivo y como lo reconoce la demandante, CONATEL puede fijar diferentes condiciones en cada proceso, en el presente caso, las bases del concurso contenían las condiciones a que debían someterse los participantes y que éstas expresamente aceptaron, no obstante, la demandante extemporáneamente alega situaciones de terceros y no precisamente de un acto administrativo en particular que le lesione sus intereses legítimos; los actos contra los que dirige la demanda fueron emitidos por CONATEL en el marco de sus atribuciones siguiendo el procedimiento legal establecido, que es evidente la improcedencia de la pretendida equiparación de valores a que se contrae la demanda, con el caso particular de otro operador la empresa MULTIDATA, S.A. a la que desde el año 2001 mediante Concurso Público RAD 001/01 se le autorizó el Permiso para operar el servicio de transmisión y conmutación de Datos y licencia para uso del espectro radioeléctrico en la banda de 3,400-3,600 MHz por la que pagó la cantidad Dieciséis Millones doscientos setenta mil Lempiras (L.16,270,000.00), pero las características, condiciones, modalidades y especialmente los términos del concurso no son iguales, por lo que este alegato, carece de sustento legal ya que precisamente UNITELSA al participar en el concurso público CNT-C 004/05 aceptó y se sometió a sus disposiciones y el canon radioeléctrico aceptado y pagado por la demandante comprendía hasta el 31 de diciembre de 2006, término que irrevocablemente venció para impugnar ante lo Contencioso- Administrativo, que se estableció el pago y hasta que período se mantiene el canon radioeléctrico; pero la demandante después de haber pagado la primera anualidad ahora pretende por vía judicial demandar una acción de plazo vencido, pretendiendo darle vida a un plazo extinguido y de paso generar confusión en el criterio del juez, puesto que es evidente que el esquema de cobro que tanto se queja la demandante no es el que se origina de las resoluciones impugnadas, sino de actos de carácter general como son las normativas tarifarias anuales que pudiendo haberlas impugnado en tiempo y forma no lo hizo. Es de hacer notar que ninguna empresa de telecomunicaciones habiendo aceptado las bases del concurso y obtenido la adjudicación, ha impugnado el costo del canon radioeléctrico, a excepción de la demandante, por lo que su argumento no es mas que un ejercicio matemático subjetivo, al deducir que se le de un trato comparativo al de MULTIDATA, en base a la resolución NR 037/00 que era la vigente al momento de ser adjudicado el permiso y licencia en la misma banda que UNITELSA, pero el pago que realizó se hizo tomando en cuenta el índice de precio al consumidor (IPC) y su descuento del 7.7% y en condiciones totalmente distintas, por lo que no existe trato discriminatorio, que como bien señala la demandante, los procesos en que MULTIDATA y UNITELSA participaron son Independientes y como tal CONATEL puede fijar diferentes condiciones en cada uno de ellos, esto es así porque las características imperantes en el mercado, el tiempo y las modalidades de la prestación del servicio no son iguales, por lo que no puede haber distorsiones en el mercado por el hecho de que las bases del concurso no sean iguales, lo que si causaría distorsión es que una empresa participara en un concurso en igualdad de condiciones y para obtener la adjudicación acepta un precio en concepto de canon radioeléctrico para luego alegar trato discriminatorio o desigual, en perjuicio de las demás oferentes que participaron de buena fe en el concurso. UNITELSA sabía de antemano las condiciones, aceptó y pagó el valor de adjudicación, pero desde el del año 2008 ha dejado de pagar la anualidad e inclusive los arreglos de pago que ha solicitado ante esta Comisión y que le fueron autorizados. De lo anterior se concluye que habiendo aceptado las bases del concurso y realizado el pago de la primera anualidad en concepto de canon radioeléctrico, la demandante hizo sus proyecciones considerando justo y equitativo el valor cancelado, de lo contrario simplemente no hubiera participado en el concurso, de lo que se deduce que si les hubiera resultado tan desproporcional el valor a pagar, simplemente habría impugnado el concurso o la resolución de adjudicación situación que no se dio por parte de UNITELSA, que de lo expuesto en el hecho anterior, fácilmente se concluye que la demandante no tiene fundamento legal alguno para pretender que el en año 2006 se le den las mismas condiciones en cuanto al costo del canon radioeléctrico equiparándolo a las otorgadas a otro operador en distinto concurso, tiempo y condiciones a las imperantes en el año 2000; sin embargo lejos de parecer un absurdo de parte de CONATEL, UNITELSA ofertó incluso un valor superior al 5% del precio base, que era de L.5,000,000.00 con tal de no ir a una segunda ronda y asegurarse ser la adjudicataria de la banda de frecuencia, que no procede igualar el cálculo de pago de canon radioeléctrico entre MULTIDATA y UNITELSA, ya que las condiciones facilidades y modalidades son distintas; así como las características técnicas propias del sistema y las reglas que rigieron el concurso no fueron las mismas y se adjudicaron en diferentes épocas, reiterándose que el cálculo depende de las características técnicas del sistema, con datos como ancho de banda que al final es lo que determina las unidades de uso del espectro que cada sistema posee, que en relación a los tratados internacionales que señala la demandante, es necesario aclarar que el decreto 207-98, que si bien es un tratado con Estados Unidos, no es aplicable al caso que nos ocupa, que es evidente que la demandante trata de confundir una normativa que regula relaciones comerciales en igualdad de condiciones entre nacionales y extranjeros inaplicable al caso de autos, con el régimen propio del sector de telecomunicaciones en el país y las normas de carácter obligatorio contenidas en las bases del concurso, que de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases del concurso público CNT-C004/2005, era obligación de los participantes tener pleno conocimiento de todo el marco jurídico contenido en las leyes aplicables, consecuentemente, los participantes no podrían alegar ignorancia de la Ley ni de las disposiciones emitidas por CONATEL y por lo tanto, de acuerdo a las bases del concurso, ningún participante u oferente podrá alegar omisiones en su oferta o interpretación errónea de las bases del concurso, para lo cual CONATEL asumió su pleno conocimiento y especialmente por lo dispuesto en el literal c), del numeral 8.2 obligaciones de los participantes, a las bases del concurso público CNTC004/2005, en el que se establece que: la presentación de documentos por parte del participante y de oferta económica por parte del oferente sería condición suficiente para que dé por conocidas, aceptadas y se someta a las condiciones de las bases. El participante u oferente aceptaba que ni el gobierno de Honduras, ni cualquier entidad gubernamental, ni ninguno de sus representantes serán responsables por ninguna de las decisiones tomadas en el proceso dentro del marco de las bases y las leyes aplicables. Adicionalmente el participante u oferente desiste de cualquier reclamo, demanda o solicitud de indemnización y todo esto implica las condiciones de la licencia, sus pagos posteriores en concepto de canon radioeléctrico, así como la prestación efectiva del servicio, que cada concurso público se sujeta a las bases que rigen su proceso de precalificación, adjudicación y legalización, así las condiciones, obligaciones y disposiciones que se consignan para cada fase pueden ser similares o no a las de otros concurso públicos; quedando a criterio de la comisión determinar el procedimiento a seguir para concretar el objetivo de otorgar un permiso para la explotación de un determinado servicio tomando en cuenta que las bases de los concursos son previamente aprobadas por la comisión. El procedimiento para el otorgamiento de licencias, por regla general, está sujeto al procedimiento para el otorgamiento de los respectivos títulos habilitantes, a los cuales están vinculadas las frecuencias radioeléctricas, que el otorgamiento de licencias mediante concurso público se realizará conforme a lo dispuesto en las bases del respectivo concurso público, que la acción promovida por la parte demandante es improcedente en vista de que el acto administrativo sobre el cual se solicita anulación como ser la resolución AS 005/09, misma que declara sin lugar el recurso de reposición contra la resolución AS 434/08, emitidas por CONATEL, con toda certeza queda claro que los mismos fueron dictados conforme a derecho, sin incurrir en ninguna infracción del ordenamiento jurídico, pues se emitieron respetando el procedimiento administrativo, sin vulnerar, limitar, restringir los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la República; además sin exceso o desviación de poder, puesto que los mismos responden exactamente a la aplicación de las atribuciones y facultades de CONATEL, otorgadas en la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y su Reglamento General, por tanto reúnen los requisitos esenciales para su validez, de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 23 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo y según el artículo 31 de la misma ley, dichos actos adquirieron eficacia al ser firmes. Por otro lado, al tenor de lo señalado en el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, no corresponde la anulación de los actos emitidos por CONATEL, en vista de que no se incurrió en infracción al ordenamiento jurídico, ni se actuó por parte de CONATEL con exceso o desviación de poder, ya que no existe alteración en los hechos, hay conexión lógica entre la motivación y lo resuelto, solo actuó bajo el marco de sus propias facultades y atribuciones, que se condene en costas a la parte demandante.- 3) El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando improcedente, la acción promovida por la Sociedad Mercantil UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. (UNITELSA) por estar ajustado a derecho el acto Administrativo impugnado, consistente en las resoluciones N° AS434/08 de fecha 2 de octubre de 2008 y la resolución ASOO5/09 de fecha 8 de enero del 2009 que declara sin lugar el recurso de reposición emitidos por la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), mediante la cual deniega a la demandante una solicitud de reconsideración de cobros por concepto de canon radioeléctrico, en vista de lo cual confirma la misma. SIN COSTAS; bajo el criterio que la parte demandante participo en EL CONCURSO PÚBLICO CNTCOO4/2005, PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIA EN LA BANDA DE 3,400-3,600 MHZ, que para ello se sometió a las condiciones que contenían las bases del mismo, la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y su Reglamento específicamente el artículo 30 de la Ley, en relación con los artículos 141,144, 146, 147, 166, 167 y 181 de su Reglamento, es decir que como oferente aceptó las reglas, términos y condiciones bajo las cuales se otorgaría la licencia, sus pagos posteriores en concepto de canon radioeléctrico, así como la prestación efectiva del servicio, o sea que aceptó y se sometió a sus disposiciones, además la parte demandante no puede estar invocando los procesos en que haya participado otra empresa ya que los mismos son independientes y como tal la parte demandada efectivamente puede fijar condiciones diferentes en cada proceso, ya las bases del concurso contenían las condiciones a que debían someterse los participantes, y que estas expresamente aceptaron por lo que no procede igualar el cálculo de pago de canon radioeléctrico solicitado por las razones que esgrime la parte demandante, ya que en cada procedimiento de contratación las reglas, los requisitos de las ofertas, plazos, objeto, las especificaciones técnicas y las condiciones generales son distintas; en este caso las reglas que rigieron el concurso no fueron las mismas y se adjudicaron en diferentes épocas, en cuanto a los tratados internacionales que señala el demandante respecto al decreto 207-98, este no es aplicable al caso concreto, ya que las mismas deben sujetarse al régimen propio del sector de telecomunicaciones y las normas de carácter obligatorio contenidas en las bases del concurso que se realizó, todo dentro de la esfera de la Ley de Contratación del Estado.- 4) La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta de agosto del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia definitiva, de fecha veintiuno de febrero del dos mil doce, dictada por el Tribunal A-Quo, sin costas; bajo el criterio que los procesos en que MULTIDATA y UNITELSA participaron fueron independientes y como tal CONATEL puede fijar diferentes condiciones en cada proceso, por lo que es un hecho evidente aceptado por el mismo demandante, que la desigualdad y equidad que alega le infringió la autoridad demandada es incorrecto, ya que está aceptado y consta de autos que ambas empresas tienen su relación jurídica con el Estado de Honduras a través de procesos distintos bajo condiciones que a la vez son distintas, en consecuencia no existe un tratamiento desigual al demandante por parte de la autoridad demandada.- 5) La representación procesal de la recurrente, abogada DANIELA VILLAFRANCA LAMAS en fecha seis de diciembre del año dos mil doce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha treinta de agosto del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.185-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp.013-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha diez de diciembre del año dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6) La representación procesal de la recurrida, abogada DORIS ALICIA MADRID LEZAMA, presentó en fecha cuatro de febrero del dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cinco de febrero del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este alto Tribunal, apareciendo notificadas de dicha resolución en fechas trece y veinte de febrero del año dos mil trece, las abogadas DORIS ALICIA MADRID LEZAMA y DANIELA VILLAFRANCA LEZAMA.- 7) Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto en fecha veintidós de abril de dos mil trece, teniendo por personados a las abogadas DORIS ALICIA MADRID LEZAMA y DANIELA VILLAFRANCA LAMAS, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que la recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de Casación en contra de la sentencia de fecha en fecha treinta de agosto del dos mil doce, proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, denunciando cinco motivos de casación y solicitud de nulidad subsidiaria al tenor de lo que preceptúan los Artículos 716 y 719 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACION: Que la parte recurrente plantea cinco (5) motivos de casación contra la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en los términos siguientes: PRIMER MOTIVO: Se impugna la Sentencia recurrida en atención a la aplicación indebida de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la Sentencia. Precepto Autorizante: La referida causal del Recurso se encuentra prevista en el numeral 1, literal c del Artículo 719 del Código Procesal Civil. Norma Procesal Infringida: Artículo 200 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, y referentes al Contenido Formal de las Sentencias. Infracción Directa: De un análisis de la Sentencia Definitiva de fecha 30 de agosto del año 2012 dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el Recurso de Apelación interpuesto por la Sociedad Demandante contra la resolución del A-Quo, la Corte de Apelaciones siendo ponente el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, ha dictado una Sentencia Definitiva que carece completamente de los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil para el contenido formal de las Sentencias, conforme se explica a continuación: I. El Considerando (4) de la referida Sentencia señala: “Que del estudio y análisis del presente caso de autos se desprende que la sentencia definitiva venida en apelación está dictada conforme a derecho esto por constar de autos que los actos administrativos impugnados fueron dictados en apego a ley, sin infringir el ordenamiento jurídico, tratados internacionales, o principios de equidad e igualdad como en su momento lo alegó el apelante” La Corte de Apelaciones no indica las razones y fundamentos legales de la apreciación contenida en éste Considerando. ¿Cómo le ha constado a la Honorable Corte que los actos administrativos fueron dictados conforme a derecho? ¿Qué análisis legal le ha permitido llegar a la conclusión que consta en autos no se ha infringido el ordenamiento jurídico y los tratados internacionales? Resulta indispensable que la Honorable Corte Suprema de Justicia determine la completa ausencia de formalidad en la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al limitar su sentencia a una declaración sin fundamento y sin pronunciamiento concreto sobre la determinación final. II. En atención a lo previsto en el Considerando (5) de la Sentencia recurrida, la Honorable Corte de Apelaciones declara que “no existe un tratamiento desigual al demandante por parte de la autoridad demandada” sin embargo nuevamente se abstiene de emitir un pronunciamiento concreto sobre la motivación de dicha declaración. No expone la Corte de Apelaciones nada sobre las razones y fundamentos legales de ésta nueva infundada declaración. III. Adicionalmente en su Considerando (6) la Corte de Apelaciones efectúa un pronunciamiento que más pareciera una copia literal de los alegatos del Demandado que un verdadero análisis de un Tribunal colegiado sobre el caso de autos; absteniéndose nuevamente de emitir un pronunciamiento concreto sobre las pretensiones particulares y específicas del Demandante. IV. Al señalar la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo la aplicación de los Artículos en que supuestamente fundamenta su resolución, nuevamente falta a lo previsto en el Artículo 200 del Código Procesal Civil como norma procesal que regula el contenido de las Sentencias, al no hacer siquiera referencia a la normativa específica en materia de telecomunicaciones y de competencia que la Corte de Apelaciones revisó y tomó en cuenta al momento de dilucidar un conflicto relacionado a la aplicación de normas en dichas materias. V. No existe tampoco en los fundamentos de derecho y legislación aplicada, referencia a los Tratados Internacionales revisados por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo para efectuar pronunciamientos como el contenido en el Considerando (4) de la Sentencia que nos ocupa. VI. No ha emitido pronunciamiento alguno la Honorable Corte de Apelaciones sobre los particulares agravios expuestos en la formalización del Recurso de Apelación que se ha ventilado ante dicha Corte, limitándose de forma general y sin la formalidad y detalle que exigen las normas procesales, a pronunciarse sobre la denegatoria del Recurso de Apelación al efecto interpuesto. El contenido de los Considerandos (4), (5) y (6) ha sido tan ineficaz que se requiere indudablemente la Honorable Corte Suprema de Justicia CASE la Sentencia recurrida al haberse dictado prescindiendo completamente de la formalidad de las normas procesales señaladas en el Código Procesal Civil y en una aplicación indebida particularmente del Artículo 200 del Código Procesal Civil; y por lo tanto no permitir al actor un conocimiento claro, preciso y real sobre los fundamentos, razonamientos y disposiciones legales que han permitido que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo declarare Sin Lugar el Recurso de Apelación en mención.”.- SEGUNDO MOTIVO: “Se impugna la Sentencia recurrida en atención a la aplicación indebida de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Precepto Autorizante: Ésta causal de casación está comprendida en el artículo 719, numeral 2 del Código Procesal Civil. Norma de Derecho Infringida: Artículo 13 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, numerales 4 y 7. Infracción Directa: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no ha aplicado correctamente lo previsto en el Artículo 13 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones en cuanto ha obviado tomar en cuenta las obligaciones y facultades que legalmente corresponden a CONATEL en lo que respecta a la administración del espectro radioeléctrico que por Ley le corresponde. Específicamente se ha obviado aplicar lo previsto en los numerales 4 y 7 del referido Artículo 13 que hacen referencia a las obligaciones del ente regulador del sector telecomunicaciones de: • Adoptar las medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones se brinden en forma eficiente, ininterrumpida, sin interferencia y sin discriminaciones; • Promover la competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. De haber tomado en cuenta dicha disposición, la Corte de Apelaciones debió valorar la falta a dichas obligaciones de parte de CONATEL pues evidentemente ha validado una práctica discriminatoria y que fomenta la competencia desleal, en detrimento de la sociedad ahora recurrente.”.- TERCER MOTIVO: “Se impugna la Sentencia recurrida en atención a la aplicación indebida de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Precepto Autorizante: Ésta causal de casación está comprendida en el artículo 719, numeral 2 del Código Procesal Civil. Norma de Derecho Infringida: Artículo 7 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia. Infracción Directa: La norma de derecho señalada establece, entre otras disposiciones, que serán prohibidas por su efecto las conductas que restrinjan, disminuyan, dañen, impidan o vulneren el proceso de libre competencia en la comercialización de servicios. La Corte de Apelaciones en la Sentencia recurrida no ha aplicado la norma de derecho señalada en cuanto de haber analizado dicha disposición la Sentencia recurrida hubiera declarado Con Lugar el Recurso de Apelación considerando que CONATEL evidentemente ha atentado con el proceso de libre competencia entre dos operadores (UNITELSA y MULTIDATA) al autorizar condiciones más favorables a uno de los operadores con relación al otro, generando una distorsión en el mercado y elementos que favorecen a uno de los operadores al momento de competir en el mercado de servicios.”.- CUARTO MOTIVO: “Se impugna la Sentencia recurrida en atención a la aplicación indebida de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Precepto Autorizante: Ésta causal de casación está comprendida en el artículo 719, numeral 2 del Código Procesal Civil. Norma de Derecho Infringida: Articulo 13.1 del Tratado de Libre Comercio suscrito entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos y aprobado por el Congreso Nacional de la República mediante Decreto Legislativo Número 10-2005. Infracción Directa: Las infracciones de la sentencia recurrida en cuanto a la aplicación e interpretación de las disposiciones aplicables del Tratado de Libre Comercio en cuestión, resultan ser las más evidentes al momento de analizar su contenido. El Artículo 13.1 del Tratado señala que el ámbito o cobertura del Capítulo 13 “Telecomunicaciones” se limitará a aquellas medidas que adopte una Parte (Estado signatario del Tratado) con relación al acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones y asimismo a las medidas adoptadas en relación a las obligaciones de los proveedores de dichos servicios de telecomunicaciones. Evidentemente entonces el Capítulo 13 del Tratado en mención es aplicable al caso que nos ocupa en cuanto se trata de una empresa hondureña recibiendo un trato más favorable que una empresa guatemalteca como resultado de autorizaciones emitidas por el Estado de Honduras (Parte del Tratado) por intermedio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Al declarar la Sentencia recurrida que NO existe infracción al ordenamiento jurídico ni a los tratados internacionales en el caso planteado por UNITELSA, la Corte de Apelaciones pone de manifiesto el abierto desconocimiento de las disposiciones del Tratado y una errónea aplicación del mismo; resultando ser suficiente para casar la sentencia recurrida al amparo de la causal invocada.”.- QUINTO MOTIVO: “Se impugna la Sentencia recurrida en atención a la aplicación indebida de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Precepto Autorizante: Ésta causal de casación está comprendida en el artículo 719, numeral 2 del Código Procesal Civil. Norma de Derecho Infringida: Articulo 13.2 del Tratado de Libre Comercio suscrito entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos y aprobado por el Congreso Nacional de la República mediante Decreto Legislativo Número 10-2005. Infracción Directa: Señala el Artículo 13.2 en su numeral 1 que “cada Parte garantizará que las empresas de la otra Parte tengan acceso a, y puedan hacer uso de cualquier servicio público de telecomunicaciones ofrecidos en su territorio o de manera transfronteriza, inclusive los circuitos arrendados, en términos y condiciones razonables y no discriminatorias, incluyendo lo especificado en los párrafos 2 al 6.” La Sentencia recurrida no aplica equivocadamente ésta disposición, sino que más bien simplemente NO aplica la norma de derecho infringida por razones ajenas a nuestro conocimiento. El actuar de la Corte de Apelaciones, como se expuso anteriormente, pone en entredicho la seriedad del Estado de Honduras con respecto a los compromisos que adquiere el Estado con respecto a los demás Estados signatarios del tratado. De haberse tomado en cuenta la aplicación de la norma de derecho infringida por la sentencia recurrida, la misma hubiera decretado la ANULACIÓN de los actos administrativos impugnados en primera instancia y ORDENADO a CONATEL la equiparación de las condiciones de UNITELSA a las condiciones más favorables ofrecidas a la sociedad hondureña MULTIDATA.”.- III. Cabe señalar que la casacionista no es clara en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación. En el primer motivo del recurso, se alude a que el ad-quem en su fallo no citó las normas jurídicas aplicables al caso “al no hacer siquiera referencia a la normativa específica en materia de telecomunicaciones” y que se aprecia una motivación defectuosa, sin embargo, la sentencia recurrida confirma y hace suya la de primera instancia y en ambas se observa el cumplimiento de los requisitos formales de las mismas, conteniendo la debida fundamentación y explicaciones acordes a la naturaleza de la decisión que ha resuelto la controversia entre las partes. Tampoco se ocupa en ilustrar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con indebida aplicación de la forma o contenido, al alcance de la causal contenida en el inciso “c” numeral 1 del Artículo 719 del Código Procesal Civil.- IV. Asimismo, los motivos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO, son reiterativos en su formulación en el defecto de hacer referencia a distintas formas de violar la ley volviendo confusas las causales, al contener expresiones como: “La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no ha aplicado correctamente lo previsto en el Artículo 13 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones”, pero seguidamente señala “De haber tomado en cuenta dicha disposición”, o “aplicación e interpretación de las disposiciones aplicables del Tratado de Libre Comercio”. Si bien en general la censora considera que la Corte Sentenciadora no ha aplicado correctamente las normas empleadas, tampoco se preocupó por establecer con precisión en qué consiste la inaplicación, cuál seria su debida aplicación y qué precepto legal se ha visto vulnerado por la que considera es una aplicación incorrecta.- V. En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación con sus cinco motivos inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación. En primer lugar, unifica dos o más causales de casación opuestas entre si en cuanto a su alcance. En segundo lugar, no determina la infracción concreta que amparan las causales utilizadas, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que la sentencia impetrada le causa a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren, las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del Derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VI. Consecuentemente, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se le recuerda a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del Recurso de Casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a esta Sala las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VII. La Censora además alega nulidad de forma subsidiaria manifestando lo siguiente: “Conforme se ha explicado en la formulación de los anteriores motivos de casación, la Honorable Corte recurrida, al confirmar el fallo de primera instancia ha dictado una sentencia que no resulta clara, precisa ni congruente con lo demandado y las pretensiones deducidas oportunamente en el proceso, ello resulta habida cuenta que dicho fallo no hace referencia a situaciones jurídicas que fueron objeto del debate como lo es la violación directa a las normas de derecho previstas en la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, la distorsión del mercado creada por las condiciones más y menos favorables que un mismo ente regulador ofrece a dos operadores autorizados a prestar los mismos servicios en el mismo rango de frecuencias autorizadas. Adicionalmente no hace mención alguna a los agravios específicos alegados vía el Recurso de Apelación conocido en segunda instancia ni mucho menos al análisis de la prueba evacuada en primera instancia que hubiera o no determinado el fallo que la Corte de Apelaciones tuviere a bien dictar. Ha sido entonces una Sentencia dictada prescindiendo completamente de los requisitos formales exigibles como lo es la congruencia lógica entre lo pedido y lo resuelto, el pronunciamiento del Tribunal sobre todas las pretensiones de las partes y la claridad del análisis del Tribunal colegiado sobre la procedencia o no del Recurso de Apelación planteado. Los extremos expuestos evidencian claramente que la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no se encuentra dictada de conformidad a derecho y violenta normas procesales de ineludible cumplimiento, entre ellas los artículos 200 y 715 del Código Procesal Civil, dando por resultado que no existe conexión lógica entre la motivación y la parte resolutiva, y al no cumplir con todas las formalidades y solemnidades que la ley exige, esta Honorable Corte Suprema de Justicia debe declarar la nulidad absoluta, pues es visto que dicho fallo no se encuentra debidamente estructurado violentando el debido proceso, lo que constituye causa de nulidad absoluta al tenor de lo prescrito en el artículo 321 constitucional.”.- VIII. Al respecto conviene señalar que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad la impugnante debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar y en el presente caso no se encontró vicio procesal que pueda ser objeto de nulidad, ni tampoco la falta de claridad, precisión o congruencia ya que fueron resueltas las pretensiones oportunamente deducidas y el fallo contiene la debida valoración probatoria, por lo que no se estima que la sentencia recurrida sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso. Además los argumentos expuestos en la misma han sido señalados, como corresponde, en los motivos invocados en este extraordinario recurso, resultando inestimable tal petición.- IX. En vista de todo lo anteriormente apuntado se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cinco motivos. 2) declarar SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- 3) DECLARAR FIRME la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de febrero del dos mil quince; certificación del auto de fecha veinte de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 158-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL