Sentencia CA-153-15 — Registro 5030
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto impugnado, reconoce la situación jurídica individualizada y resuelve adoptar el reintegro del demandante al cargo que desempeñaba, en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que analizado el cargo que antecede, se desprende que el mismo resulta inadmisible, dado que el Recurrente incurrió en los siguientes defectos: a) la norma que cita como violada por falta de aplicación, si aparece empleada por el juzgador en el fallo impugnado, por lo que no era esa la vía apropiada para el ataque contra el mismo; y, b) insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, tal como lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que tampoco puede ser admisible el anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el precepto autorizante invocado no resulta ser el adecuado para el tipo de infracción alegada, ya que el mismo tiene relación con las normas procesales que regulan los actos y garantías del proceso; y, b) alega la aplicación indebida de una norma que en el motivo anterior la indicó como dejada de aplicar, lo cual es contradictorio y confuso.- “ Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. – “.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a un día del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad representado en juicio por el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO; y, Recurrido: El señor RAFAEL ALFONZO RODRIGUEZ FLORES, representado en juicio por el abogado YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica y como medida para su pleno restablecimiento se ordene el reintegro a su puesto de trabajo mas el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios y demás derechos que le correspondan, derecho a su ascenso dentro de la escala policial, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, en fecha tres de octubre de dos mil doce, por el señor RAFAEL ALFONZO RODRIGUEZ FLORES, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que inició su carrera policial en fecha catorce de enero de mil novecientos noventa, integrando la 14ava promoción de Oficiales, culminando el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres como Sub Teniente de Policía, siendo ascendido hasta llegar en diciembre de dos mil ocho, al cargo de Comisario de Policía, siendo cancelado cuando se desempeñaba como Oficial de Planta en el Centro de Apoyo Logística Policial, CALPO con sede en esta ciudad; estando en la jefatura departamental de La Esperanza, Intibucá se celebraba la feria patronal en fecha seis de agosto de dos mil cinco, presentándose el clase Lara Zelaya junto con tres policías y un detenido de nombre MARLON RENE CALIX, quien en estado de ebriedad le faltó el respeto a los policías ordenando que se procediera conforme lo establecido en la Ley de Policía y Convivencia Social, en el articulo 48 numeral 7, con lo cual se dio su detención, a las dos de la mañana se escuchó un problema en la celda, consistente en que el detenido estaba golpeando a patadas a los demás en la celda y la puerta de la misma expresando que se iba a salir a como diera lugar, por lo que se llamó al Oficial de Servicio siendo el Sub-Inspector YIMMI AGUILERA, para que fuera a ver ese problema quitándole los zapatos para evitar mayores problemas continuando dándose golpes, el día siguiente el detenido se quejaba de dolores en los pies por lo que se remitió al hospital para su revisión, expresando el mismo que los policías lo habían golpeado; que en fecha veinte de noviembre de dos mil cinco fue procesado por un Fiscal del Ministerio Público y un Acusador Privado, compareciendo a audiencia en el Juzgado de Letras de lo Penal dictándole medidas sustitutivas por el delito de detención ilegal y vejaciones, llevándose a cabo juicio oral y público siendo sentenciado con dos penas consistentes en tres años de prisión y multa de L.50,000.00, inhabilitación especial e interdicción civil por el delito de Detención Ilegal mas tres años de reclusión y multa de L.50,000.00, inhabilitación especial e interdicción civil por el delito de Vejaciones, haciéndose las conmutas correspondientes, dándose la extensión por lo cual no tenia impedimento para no seguir desempeñándose como policía, sin embargo se le dio acuerdo de cancelación en base al articulo 89 de la Ley Orgánica de la Policía y al decreto número 156-98, siendo la ley anterior de la institución, no debiendo ser aplicada de tal manera infringiendo el ordenamiento jurídico, violentándole los derechos al demandante.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue condenado mediante juicio oral y público por los delitos de Detención ilegal y vejaciones, siendo acciones en contra del ejercicio de funcionarios, violentándoles los derechos garantizados por la Constitución de la República, acciones por las cuales se actuó en base a lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía en su articulo 89 que establece que un miembro de la Carrera Policial sea sometido a un proceso judicial será suspendido de sus funciones, teniendo derecho a su sueldo hasta su juzgamiento, si es declarado culpable será cesado completamente de sus funciones, actuando conforme a derecho, siguiendo el tramite de ley.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, en fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto impugnado, reconoce la situación jurídica individualizada y resuelve adoptar el reintegro del demandante al cargo que desempeñaba, condena al Estado de Honduras al pago de los salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios y demás derechos que le correspondan, sin costas; bajo el criterio que la facultad de la autoridad nominadora para sancionar al demandante prescribió en base a lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Servicio Civil en relación al 199 de su Reglamento, en virtud que se tuvo conocimiento en fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, mediante nota enviada por el Jefe de División Jurídica de la Policía Preventiva, habiendo sido sancionado mediante despido de fecha veinte de agosto de dos mil doce, fuera del plazo de treinta días hábiles, haciendo procedente la demanda, evidenciando la nulidad del acto.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha ocho de enero de dos mil quince, dictó sentencia confirmando, la proferida por el a-quo; bajo el criterio que el procedimiento seguido y las sanciones aplicadas en el despido no están apegados a derecho ni en cumplimiento a lo establecido en los artículos 86, 88 y 89 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en los cuales se establece el procedimiento para sancionar de oficio o a solicitud de la autoridad jerárquica respectiva, sancionándolo cuando ya le había prescrito el plazo determinado en el articulo 134 párrafo segundo de la Ley Orgánica, donde se debe ejercitar dentro de los 45 días hábiles, notificándole su cancelación al haber transcurrido tal plazo.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, en fecha doce de febrero de dos mil quince, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha ocho de enero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.390-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 370-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, abogado YAMIR ISANDRO REYES ALVARADO, presentó en fecha cinco de marzo de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diez de marzo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, los abogados YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO y MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiuno de abril de dos mil quince, teniendo por personados a los abogados MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO y YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 8 de enero del 2015, por falta de aplicación del artículo 89 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto 156-98, en relación que debió ser empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio, por ser la norma Jurídica vigente. DISPOSICIONES INFRINGIDADAS: Artículo 89 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto 156-98, en relación que debió ser empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio, por ser la norma Jurídica vigente. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 21 de marzo del 2013, excepto en cuanto a disponer “sin costas.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que en la sentencia recurrida, no se considero lo establecido en el Artículo 89 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto 156-98, que se encuentra en la fundamentación legal del acuerdo de cancelación y que la Ley nos asiste para que haya sido cancelado el señor RAFAEL ALFONSO RODRIGUEZ FLORES y la misma se orienta manifestando que el demandante al ser miembro de la Carrera Policial esta regido por una Ley Especial, la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto 156-98, por ser la que estaba vigente en el momento que se suscitaron los hechos por los que fue cancelado el demandante norma jurídica sobre la cual el Tribunal sentenciador no vertió ningún pronunciamiento, con relación a este artículo, que refleje la razón o inaplicabilidad del mismo. Puede resultar que para el Tribunal Sentenciador no existan razones fundadas para la cancelación, pero es lógico si omite lo establecido en Artículo 89 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto 156-98, dicha omisión es una rebeldía del Tribunal Sentenciador en dejar de aplicar la norma jurídica que regula el caso concreto, lo que lo lleva a establecer conclusiones al margen de la ley, por lo que procede casar la sentencia recurrida. En su lugar el Tribunal de Alzada aplica en forma indebida el artículo 57 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el artículo 199 del Reglamento de dicha Ley, aun y cuando el demandante estaba regido por una Ley especial la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras. Por estas razones es que este motivo debe ser casado”.- II.- Que analizado el cargo que antecede, se desprende que el mismo resulta inadmisible, dado que el Recurrente incurrió en los siguientes defectos: a) la norma que cita como violada por falta de aplicación, si aparece empleada por el juzgador en el fallo impugnado, por lo que no era esa la vía apropiada para el ataque contra el mismo; y, b) insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, tal como lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- Que el Censor del fallo en el segundo motivo expone: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 8 de enero del 2015 por aplicación indebida del Artículo 89 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto 156-98, en relación que debió ser empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio, por ser la norma jurídica vigente. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículo 89 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto 156-98, en relación que debió ser empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio, por ser la norma Jurídica vigente. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 8 de enero de 2015.
PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 Numeral 1 Literal b) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El demandante fue cancelado del cargo que desempeñaba como Comisario de Policía, según lo establecido en el Artículo 89 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto 156-98, que señala: “El miembro de la Policía sometido a proceso judicial será suspendido en el desempeño de sus funciones, pero tendrá derecho a su sueldo durante el juzgamiento. Si es declarado culpable, será inmediatamente cesado en sus funciones”;, la no aplicación de este precepto legal y empleo del Artículo 57 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el articulo 199 del Reglamento de dicha Ley, supletoriamente por el Sentenciador de Primera Instancia y la ratificación del Tribunal de Alzada, constituye una infracción a los Actos y Garantías Procesales que produce indefensión para mi representada y los intereses del Estado, ya que se ha sostenido en toda la defensa del presente caso el demandante esta regido por la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, por que era Miembro de la Carrera Policial, por ende esta era la legislación que se debía aplicar para la emisión del Acuerdo de Cancelación y la que debieron observar tanto el Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo, como la Corte de Apelaciones de lo Contencioso
Administrativo. Por estas razones es que este motivo debe ser casado.”.- IV.- Que tampoco puede ser admisible el anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el precepto autorizante invocado no resulta ser el adecuado para el tipo de infracción alegada, ya que el mismo tiene relación con las normas procesales que regulan los actos y garantías del proceso; y, b) alega la aplicación indebida de una norma que en el motivo anterior la indicó como dejada de aplicar, lo cual es contradictorio y confuso.- V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. - VI.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha uno de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 153-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL