Sentencia CA-141-14 — Registro 4689
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no es preciso en indicar si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) no indican las normas infringidas; y, c) no establece la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPOSICION DEL MOTIVO: La normas de derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente, cometidas por el tribunal, en la aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso; es el caso que a la demandante, le fue aplicado el procedimiento legal para llegar a la Cancelación por Cesantía, siguiendo los procedimientos administrativos, por ende las normas legales, ya que Mi Representada mediante Acuerdo de Cancelación No. 045/2010 de fecha 22 de febrero del año 2010, claramente establece formalmente las razones y fundamentos de derecho para efectuar dicha Cancelación por Cesantía, acuerdo mismo que corre agregado al expediente administrativo de mérito, ADEMÁS EL CAPITULO 1, ARTÍCULO 5, NUMERAL 14 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (Acuerdo 175 del 18 de Febrero de 1976) EN SU PARTE FINAL CONTEMPLA QUE LA SEPARACIÓN DEL CARGO (CANCELACIÓN POR CESANTÍA) ES INDEPENDIENTEMENTE DE LA VOLUNTAD DEL EMPLEADO; SIENDO HONORABLES MAGISTRADOS EL CASO QUE NOS OCUPA UNA CANCELACIÓN POR CESANTÍA, ASI MISMO EL ESTADO DE HONDURAS NO PUEDE SER OBLIGADO A MANTENER UNA RELACIÓN LABORAL CON UN SERVIDOR QUE LIMITE LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EN FORMA PERMANENTE. El concepto de la Infracción lo explico así: En virtud de haberse establecido en la relación de antecedentes, esta Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al haber CONFIRMADO, la Sentencia Definitiva proferida por el A-quo, ha hecho suyas todas las consideraciones y fundamentos legales en que el mismo se apoyaba, por lo tanto resulta que este Tribunal de Alzada ha estimado que el Acto Administrativo impugnado a través de la presente Demanda, confirmarla, sin tomar en cuenta, los preceptos legales por ambas instancias y las cuales fueron alegadas a lo largo del juicio, es evidente que el tribunal de primera instancia al emitir la resolución sobre el fondo del litigio lo hizo en base a una norma completamente improcedente, tal es el caso, que enuncia la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la cual es inaplicable al caso concreto, por lo tanto interpretada en forma errónea.”.- II.- Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no es preciso en indicar si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) no indican las normas infringidas; y, c) no establece la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.- III.- Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencias expedientes SL 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13 y 621-13).-.."
Legislación citada
- Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), representado en juicio por la abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ y el Recurrido: MARIA ELENA CARCAMO SOSA, representada en juicio por la abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de un acto administrativo de carácter particular, que se anule totalmente el mismo que se reconozca la situación jurídica individualizada del derecho subjetivo violado y que como medida para restablecerla que se le reintegre al puesto que se desempeñaba, que se le paguen los salarios caídos dejados de percibir desde la fecha de la ilegal cancelación, hasta la fecha que se ejecute la sentencia de reintegro a su puesto o a uno de igual o mejor categoría, así como todos los aumentos generales o selectivos que se otorguen por razón del puesto, que se condene a costas e intereses moratorios y comerciales por la no ejecución en tiempo de la sentencia que ordene el reintegro y pago, promovida por la señora MARIA ELENA CARCAMO SOSA, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio, representado en juicio por la abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de abril del año dos mil diez, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), representado en juicio por la abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que ingresó a trabajar en la Dirección Ejecutiva de Ingresos a partir del 25 de marzo del 2002, mediante acuerdo numero 0367/2002, en el que se le nombra en el cargo de Jefe de Sección de Reclutamiento y Selección del Departamento de Recursos Humanos, reconociéndole su antigüedad a partir del 29 de noviembre del 2001, siendo ascendida en fecha 01 de marzo del 2007 al cargo de Sub-Jefe de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, puesto que desempeñó hasta la fecha de su cancelación, la cual fue realizada mediante acuerdo 045/2010 de fecha 22 de febrero del 2010 firmada por el Presidente de la República y notificado el 19 de marzo de ese mismo año, sin especificar la causal de cancelación.- Continua manifestando la demandante, que la Dirección Ejecutiva de Ingresos, es un órgano desconcentrado y dependiente de la Secretaría de Finanzas y no de la Presidencia de la República, con todo lo anterior, el acto administrativo se vuelve nulo totalmente y contrario a derecho, ya que su relación y contratación laboral no depende de la Presidencia de la República, sirio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas, estableciendo que se a violentado lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contestó dicha demanda señalando que el Presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado, por consiguiente una de sus atribuciones es nombrar y separar libremente a sus funcionarios y empleados de su administración, por lo que el hecho que el acuerdo de cancelación lo haya emitido el Presidente de la República y no el Director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, no producirá la nulidad del acto.- Continua manifestando la apoderada legal de la parte demandada, que la presente cancelación a sido realizada bajo el amparo del artículo 187 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, al establecer que procede la cesantía de uno o mas servidores públicos solo por las siguientes razones: 1 )...; 2).- Reducción forzosa de servicio o de personal para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa, el acuerdo de cancelación se emitió reconociendo a la cancelada el pago de prestaciones laborales y aquellos derechos adquiridos que puedan corresponderle de conformidad con la ley.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha nueve de enero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento resuelve adoptar el reintegro al cargo que ocupaba, condenar al demandado, al pago a favor de la demandante en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la cancelación, hasta la fecha en que se ejecute el presente fallo, y demás derechos que le pudieren corresponder, se decreta en su caso, la nulidad del acto por el cual se ha nombrado la sustituta de la demandante, sin costas. Criterio: que en el presenta caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, específicamente a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, ya que no se siguió el procedimiento establecido en el mismo para la cancelación del nombramiento de la demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, en fecha seis de febrero del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.389-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 173-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha diez de febrero del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, MARIA ELENA CARCAMO SOSA, representada en juicio por la abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, presentó, en fecha veintiocho de febrero del año dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha tres de marzo del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificadas de dicha resolución, las abogadas AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL y JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, presentó escrito en fecha doce de marzo del año dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrente.- 9.- Que la abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, presentó escrito en fecha trece de marzo del año dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Infracciones de normas de derecho, establecidas en el articulo 719 numeral 2, por impugnación a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPOSICION DEL MOTIVO: La normas de derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente, cometidas por el tribunal, en la aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso; es el caso que a la demandante, le fue aplicado el procedimiento legal para llegar a la Cancelación por Cesantía, siguiendo los procedimientos administrativos, por ende las normas legales, ya que Mi Representada mediante Acuerdo de Cancelación No. 045/2010 de fecha 22 de febrero del año 2010, claramente establece formalmente las razones y fundamentos de derecho para efectuar dicha Cancelación por Cesantía, acuerdo mismo que corre agregado al expediente administrativo de mérito, ADEMÁS EL CAPITULO 1, ARTÍCULO 5, NUMERAL 14 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (Acuerdo 175 del 18 de Febrero de 1976) EN SU PARTE FINAL CONTEMPLA QUE LA SEPARACIÓN DEL CARGO (CANCELACIÓN POR CESANTÍA) ES INDEPENDIENTEMENTE DE LA VOLUNTAD DEL EMPLEADO; SIENDO HONORABLES MAGISTRADOS EL CASO QUE NOS OCUPA UNA CANCELACIÓN POR CESANTÍA, ASI MISMO EL ESTADO DE HONDURAS NO PUEDE SER OBLIGADO A MANTENER UNA RELACIÓN LABORAL CON UN SERVIDOR QUE LIMITE LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EN FORMA PERMANENTE. El concepto de la Infracción lo explico así: En virtud de haberse establecido en la relación de antecedentes, esta Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al haber CONFIRMADO, la Sentencia Definitiva proferida por el A-quo, ha hecho suyas todas las consideraciones y fundamentos legales en que el mismo se apoyaba, por lo tanto resulta que este Tribunal de Alzada ha estimado que el Acto Administrativo impugnado a través de la presente Demanda, confirmarla, sin tomar en cuenta, los preceptos legales por ambas instancias y las cuales fueron alegadas a lo largo del juicio, es evidente que el tribunal de primera instancia al emitir la resolución sobre el fondo del litigio lo hizo en base a una norma completamente improcedente, tal es el caso, que enuncia la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la cual es inaplicable al caso concreto, por lo tanto interpretada en forma errónea.”.- II.- Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no es preciso en indicar si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) no indican las normas infringidas; y, c) no establece la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.- III.- Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencias expedientes SL 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13 y 621-13).- IV.- En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 141-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL