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Sentencia CA-129-14 — Registro 17907

Resumen

En primer instancia se declara procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado como ser el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que debió seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil, no constando en autos que se haya realizado tal procedimiento

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) argumenta que existió interpretación errónea de la normativa señalada como infringida, pero no explica en que consistió la misma y cual es su correcta interpretación; b) se insta la revisión del material probatorio lo cual, no es posible de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil; y, c) se realizan en su desarrollo alegatos de instancia..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de justicia; certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la abogada MARIA DELMI LEMUS LEMUS; y, Recurrido: El señor RAMON SALOMON ROMERO BLANCO, representado en juicio por el abogado JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA.OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la declaración de la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por el acto ilegal e injusto, adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser el pago de salario, beneficios pendientes a la fecha de cancelación, reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir desde su fecha de cancelación mas costas del juicio; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha catorce de diciembre del dos mil doce, por el señor RAMON SALOMON ROMERO BLANCO, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas y Abogado, hondureño y de este domicilio, representado en juicio por el abogado JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA, contra el ESTADO DEHONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que fue nombrando mediante acuerdo de fecha dieciséis de septiembre del dos mil diez, en el cargo de Auditor Interno Jefe, el día once de junio del dos mil once, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, la resolución No. DGSC-005-2011, dictada por la Dirección General de Servicio Civil que en su parte resolutiva estableció que se incorporan bajo el Régimen de Servicio Civil, los nombramientos que se hicieron hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil diez, teniendo la clasificación de puestos excluidos, de confianza o sin clasificar, por lo que fue incorporado al régimen civil, el veintinueve de agosto del dos mil doce, el Tribunal Superior de Cuentas llevo a cabo evaluación de la unidad de auditoria interna de SOPTRAVI, en la cual se concluyó que las funciones desempeñadas por el demandante se considero buena y eficaz, teniendo las condiciones para desempeñar tal cargo, no obstante la Secretaria publicó en el diario La Tribuna en fecha ocho de agosto del dos mil doce, convocatoria de concurso para optar al puesto que desempeñaba el demandante, por lo que se le envió carta al Secretario de Estado para consultar sobre la referida publicación, no obteniendo respuesta alguna, pidiendo el goce de las vacaciones que le correspondían a partir del veintinueve de octubre hasta el veintisiete de noviembre del dos mil doce, en virtud de dos periodos acumulados, en ese transcurso se personó la Asistente de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Secretaria a presentar al nuevo Auditor Interno Jefe, el día seis de noviembre del dos mil doce, tomando posesión del cargo ese mismo día el Licenciado DWIGHT BRACAMONTE, terminando el demandante el periodo de vacaciones se presento a sus labores acudiendo a la Sub Gerencia de Recursos Humanos en espera de una aclaración sin ser atendido, buscando los oficios de un Notario para constatar los hechos ocurridos, el veintinueve de noviembre del dos mil doce, recibió un mensaje de texto en su celular en el cual se expresaba que había sido cancelado de su cargo, requiriéndolo para recibir la cancelación, estando el acto viciado de nulidad, contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que el señor RAMON SALOMON ROMERO BLANCO, fue nombrado en un puesto excluido como ser el Auditor Interno Jefe, a partir del dieciséis de septiembre del dos mil diez, no estando bajo el régimen de servicio civil, en virtud que se debió seguir un procedimiento para su incorporación, no presentándose el demandante a la evaluación correspondiente para oficializar el trámite, en cuanto a la evaluación realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, determinó la calificación de bueno, mencionando múltiples deficiencias en ese cargo, recomendando cambios necesarios y pertinentes para un mejor desempeño de administración para proteger bienes y recursos del Estado, por lo que se realizó la publicación del concurso para la plaza de Auditor Interno Jefe, se rechaza lo alegado en cuanto que el acuerdo de cancelación se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico, de igual manera no corresponde la acción en virtud que el demandante desempeñaba

un puesto excluido. 3.- El Juzgado de Letras de lo contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha treinta de octubre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando: procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado como ser el acuerdo de cancelación, reconociendo la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve adoptar el reintegro del demandante, condenando al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), al pago a favor del demandante en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta la ejecución de la sentencia, mas el pago de los aumentos que existieron en el cargo, decimotercer y cuarto mes de salario, vacaciones, bonificaciones y otros derechos, se decreta nulidad del acto administrativo por el cual haya nombrado sustituto del cargo y sin costas; bajo el criterio que el puesto desempeñado por el demandante, se ha podido constatar que el puesto de Auditor Interno jefe, de acuerdo a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, su nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo en la Administración centralizada, por ende la cancelación de dicho puesto corresponde a la misma, estando protegido por el régimen de Servicio Civil, no constando en autos que se haya realizado el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico, sin señalarle la causa de cancelación, por lo cual es nulo el acto administrativo impugnado. 4.- La Corte de Apelaciones de lo contencioso administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintitrés de enero del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que debió seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil, no constando en autos que se haya realizado tal procedimiento, si se consideraba que el demandante no estaba cumpliendo con un buen desempeño en sus funciones, para su despido debió seguir lo establecido en el ordenamiento jurídico, sin establecer justa causa de su cancelación, trayendo como consecuencia nulidad del acto impugnado. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogada MARIA DELMI LEMUS LEMUS, en fecha once de febrero del dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha veintitrés de enero del dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.18-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 475-2012, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem, mediante providencia tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la recurrida, abogado JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA, presentó en fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiséis de febrero del dos mil catorce, los abogados JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA y DELMI LEMUS LEMUS, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto en fecha veinte de marzo del dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA y DELMI LEMUS LEMUS, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Ser la Sentencia recurrida violatoria por interpretación errónea del Artículo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil. Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del código procesal civil. LA INFRACCIÓN LA EXPLICO ASI: El artículo 208 numeral 1, reza: “Las Sentencias deber ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito” Siendo lo correcto haber interpretado: Que de acuerdo a que las sentencias deben de ser claras precisas y congruentes con las demandas y con los demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate Falla: PRIMERO: Declarar procedente la Acción incoada por el demandante señor RAMÓN SALOMÓN ROMERO BLANCO por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación numero 1460 de fecha 26 de Noviembre de 2012. Emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) mediante el cual se cancela del cargo de AUDITOR INTERNO JEFE.- SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento resuelve: Adoptar el reintegro del demandante Señor RAMÓN SALOMÓN ROMERO BLANCO al cargo de AUDITOR INTERNO JEFE de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI).- TERCERO: Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Obras Publicas Transporté y Vivienda, al pago a favor del demandante en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad de su cancelación 28 de Noviembre del 2012, hasta el día en que se ejecute la presente sentencia y demás derechos que le pudieran corresponder, como aumento que obtuvo el cargo durante su ausencia, el pago de décimo tercer, décimo cuarto mes de salario, vacaciones, bonificaciones y otros. CUARTO: que se decrete en su caso la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante. En el caso que nos ocupa Honorable Corte, el A-quo, al có5irmar el fallo de primera instancia lo hace suyo, y se coloca de rebeldía, cuando, otorga al9mandante el PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE SU CANCELACION HASTA LA FECHA EN QUE ESTA SEA RESTITUIDA EN SU CARGO, Y DEMÁS DERECHOS QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER- DECRETANDO EN SU CASO LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, POR EL CUAL SE HAYA NOMBRADO AL SUSTITUTO DE LA DEMANDANTE. Que del análisis del fallo en referencia se visualiza a grandes rasgos, que dicho fallo es contrario a derecho y causa agravios a mi representada lo que establece en la parte resolutiva de la Sentencia Apelada , en virtud que si analizamos el considerando sexto y séptimo de sentencia podemos deducir que el jugador no tomo en cuenta los medios de prueba presentados y que constataron extremos alegados en la contestación de la demanda y que el Juzgador ni siquiera considero en el fallo de la demanda como ser, que el acuerdo de nombramiento es puesto excluido por lo que en ningún momento se efectuó fuera del marco jurídico ni arbitrariamente pues dicho cargo es de libre nombramiento y remoción, en tal sentido el acto administrativo fue emitido conforme a derecho y en ningún momento HUBO INFRACCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO aplicable, específicamente a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, ya que el Señor RAMÓN SALOMÓN ROMERO BLANCO, fue nombrado en el cargo excluido. Que dicho cargo como se dijo antes es de LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, del titular de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), en consecuencia el mismo no está supeditado a ningún tipo de procedimiento para su nombramiento y cancelación, en virtud de ello, mi representado al emitir el Acuerdo de Cancelación, lo hizo dentro de las atribuciones que le otorga la ley de la Administración Publica Razón por el cual procede se realice el control de la motivación fáctica, a efecto de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico de la forma y contenido de la sentencia, por considerar que dicho control es determinante para que el fallo haya sido diferente. Siendo procedente, por lo tanto, Casar la sentencia impugnada en el presente motivo, o en su defecto ordenar que se anule la sentencia de primera instancia. Por lo anteriormente expuesto cabe manifestar que al haber la Corte acusada interpretado la normativa jurídica de la forma en que lo hizo se colocó en rebeldía, razón por la cual procede se case la sentencia impugnada en el único o en su defecto se ordene se anule la Sentencia de primera instancia.” II.- Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) argumenta que existió interpretación errónea de la normativa señalada como infringida, pero no explica en que consistió la misma y cual es su correcta interpretación; b) se insta la revisión del material probatorio lo cual, no es posible de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil; y, c) se realizan en su desarrollo alegatos de instancia. III.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO.SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de marzo del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha tres de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación numero129-14.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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