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Sentencia CA-127-15 — Registro 5564

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia declarando improcedente la acción promovida por el demandante por estar ajustado a derecho los actos administrativos impugnados, en segunda instancia se confirma bajo el criterio que para que exista una responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras o de sus entidades estatales, tendría que estar probado en juicio que éste actuó en forma negligente o dolosa en este caso especifico en la atención médica brindada al demandante y cuando de autos está probado que el actuar del estado fue bajo el debido cuidado que éste debía tener en la atención médica que le dio al demandante, y constando que fue el actor quien no atendió debidamente lo ordenado por el personal médico que le atendió al no realizarse las radiografías por estos ordenados, claramente está probado de autos que el actuar profesional médico de los empleados gubernamentales que atendieron al demandante fue bajo la correcta responsabilidad y dedicación que sus cargos obligan

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que los dos motivos de casación denunciados por el Censor, resultan confusos e imprecisos en su formulación. En primer lugar, no señala con claridad y precisión si la infracción alegada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación ni tampoco cuales son las normas que considera fueron violadas por el juzgador. En segundo lugar insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, siendo preciso recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia y finalmente, en su explicación formula inapropiados alegatos de instancia.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifican: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el señor JOSÉ ALEXIS VILLAGRA, representado en juicio por el abogado EDUARDO DUARTE SALGADO; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, representado en juicio por el abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo negativo de carácter particular, por infringir el ordenamiento jurídico y quebrantar las formalidades esenciales establecidas en la

ley, indemnización en concepto de daños y perjuicios cuantificados en L.28,707,133.48, por mala praxis realizada por el hospital de La Paz “Roberto

Suazo Córdova” dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, reconocimiento de una situación jurídica individualizada del titular del derecho subjetivo que se reclama, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, por el señor JOSÉ ALEXIS VILLAGRA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que el día viernes 19 de marzo del año 2010, cuando el demandante venía de trabajar en su bicicleta de la Represa de Wangololo hacia Cane, La Paz, tuvo un accidente ya que la carretera estaba mojada porque había llovido, habían unos baches y como era de noche no los vio y se cayó a un lado de la carretera en un barranco y fue donde se fracturó la mano derecha; a la mañana del día siguiente el sábado 20 de marzo del año 2010, se dirigió al Hospital de La Paz “Roberto Suazo Córdova” donde lo atendió el Doctor Jesús Villalobos, quién lo mandó hacer una radiografía y después de verla varías veces le dijo que no tenía nada, que sólo era un trauma muscular y aunque el demandante hasta lloraba del dolor sólo le dio un sobre de ibuprofeno y dijo que con eso iba a ser suficiente y no le dio ni incapacidad porque dijo que para el lunes ya estaría bien; luego el demandante pasó toda la semana con mucho dolor y cada vez se le inflamaba más la mano, cuando ya no aguantó más el dolor, el día 10 de abril del 2010, fue para el Hospital Santa Teresa de Comayagua donde el demandante fue atendido por el Ortopeda Dr. Fredy Portillo quien le diagnosticó una LUXACIÓN TRANS-ESCAFOPERILUNAR y le dijo que tendría un dolor permanente por la antigüedad de la lesión ya que la LUXO FRACTURA había sido hace 21 días y que la mano ya no le serviría y que se la tenía que amputar y que fue un error del Doctor Jesús Villalobo quién atendió al demandante en La Paz y que tenía que ser operado de inmediato y solicitándole una referencia para el Hospital Escuela no se la quiso dar porque le dijo que era el doctor de La Paz quien se la tenía que dar ya que él era quien lo había atendido, también el demandante le pidió las radiografías que le había sacado y le hizo mención que no podría entregárselas porque esto podría ser prueba en un juicio y le dijo que lo que podía hacer el hospital por el demandante era darle una constancia médica del diagnóstico y que debía ir al Hospital de La Paz para que lo remitieran al Hospital Escuela; pues fui de regreso al Hospital de La Paz “Roberto Suazo Córdoba” a pedir la remisión y el Director del Hospital no se la quería dar porque tenía que buscar al doctor que le había atendido, pero por fin le dio y se vino al Hospital Escuela de inmediato donde lo atendió el Doctor Carlos H. Huezo, diciéndole que le habían tenido que operar antes de las veinticuatro horas del accidente, porque tenía dos (2) fracturas y que iban a hacer lo posible para no amputarle la mano; después de la operación mandaron al demandante a terapia a la Teletón porque no tenía fuerza en la mano y desde entonces ha estado en casa con la ayuda de su esposa y mi familia, quitando prestado para sobrevivir; cuando el demandante se recuperó de la operación buscó trabajo pero como no tenía fuerza en la mano no lo pudo desempeñar eficazmente como lo hacía antes del accidente y el ex-jefe se vio en la necesidad de despedirlo; ya son 3 años desde que tuvo el accidente el demandante y que acudió al Hospital de La Paz “Roberto Suazo Córdova” donde se le diagnosticó de una manera negligente, diagnóstico que lo tiene en estado de minusvalía para poder trabajar.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contestó dicha demanda señalando que el demandante en fecha 20 de marzo de 2010 se presentó al Hospital de La Paz “Roberto Suazo Córdova” donde fue atendido por el Doctor Jesús Villalobos, quien le diagnosticó trauma simple en antebrazo derecho recomendándole vendaje, ibuprofeno e indicándole se realizara radiografías tal como consta en la historia de urgencias que indicó el médico tratante; posteriormente 21 días después el demandante acudió al Hospital Santa Teresa de Comayagua donde fue atendido por el Dr. Fredy Portillo quién le diagnosticó luxación trans-escafoperilunar, por la antigüedad de la lesión no se realizó cirugía siendo contra referido por el Hospital de La Paz y enviado al “Hospital Escuela”, sin embargo se rechaza lo aseverado por el demandante al tratar de sorprender a este Tribunal cuando manifiesta que el Doctor Jesús Villalobos quien lo atendió en el Hospital de La Paz “Roberto Suazo Córdova”, al ver las radiografías le manifestó que no tenía nada, que solo era un trauma muscular, indicándole vendaje e ibuprofeno, lo que se rechaza totalmente pues tal y como consta en la historia de urgencias y en el Registro de Atenciones Ambulatorias en fecha 20 de marzo de 2010 el Doctor Villalobos al brindarle las atenciones médicas necesarias al señor José Alexis Villagra le indicó radiografías antero posterior y lateral de antebrazo derecho, las cuales en ningún momento fueron realizadas por el demandante, existiendo únicamente la radiografía realizada por el Hospital Escuela, por lo que el actor de la presente demanda actuó con negligencia y descuido al no haberse realizado la radiografía que le indicaron en su primera asistencia médica en el Hospital de La Paz “Roberto Suazo Córdova”, y al no haber buscado atención médica oportuna de forma inmediata al problema de salud presentado, ya que éste acude al Hospital Santa Teresa de Comayagua tres semanas después de haber sido referido a dicho Hospital para que se descartara fractura versus luxación, quienes posteriormente lo remiten al Departamento de Ortopedia del Hospital Escuela, por lo que la demandada lejos de ser negligente le brindó y le sigue brindando asistencia médica necesaria para corregirle el problema presentado habiendo evolucionado satisfactoriamente tal y como consta en los informes presentados por los diferentes hospitales y que corren agregados al expediente administrativo; en fecha 27 de mayo del año 2010, el demandante interpuso denuncia en el Ministerio Público de La Paz en contra del Doctor Jesús Villalobos, siendo citado para el 26 de julio del mismo año, rechazándose en cuanto a la supuesta negligencia del Doctor Villalobos, en virtud que como ya se ha expuesto en el hecho precedente, en el Hospital de la Paz “Dr. Roberto Suazo Córdova” se le atendió oportuna y diligentemente brindándole el tratamiento médico adecuado, los parámetros mínimos y estándares de conducta para enfrentar el caso presentado, indicándole se realizara las radiografías mismas que el señor José Alexis Villalobos, en ningún momento se las practicó por lo que el mismo actor de la presente demanda incurrió en negligencia al no realizarse las radiografías.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, dictó sentencia declarando improcedente la acción promovida por el señor José Alexis Villagra, contra el Estado de Honduras, por estar ajustado a derecho los actos administrativos impugnados, en vista de lo cual se confirman los mismos, sin costas; bajo el criterio que en fecha 20 de marzo del 2010, el señor José Alexis Villagra, fue atendido en el Hospital Roberto Suazo Córdova, de La Paz por el Doctor Jesús Ernesto Villalobos, quien diagnosticó trauma simple antebrazo derecho, según reporte de atenciones ambulatorias paciente No. 6 y en la misma fecha se ordenó al demandante examen de rayos X antero posterior y lateral de antebrazo derecho; consta en el informe de atenciones ambulatorias del Hospital Santa Teresa, de Comayagua, que el 12 de abril del 2010, el señor José Alexis Villagra, fue atendido en dicho centro asistencial por el doctor Fredy Antonio Portillo, Médico Ortopeda, diagnosticándole luxo fractura Trans-escafoperilunar (ver folios 121 y 122); en fecha 14 de abril del 2010, el señor José Alexis Villagra, fue remitido del Hospital Roberto Suazo Córdova, del Municipio de La Paz, al Hospital Escuela a servicio de Ortopedia, con diagnóstico de trauma simple antebrazo derecho, sufrida el 19 de marzo del 2010, siendo atendido en la emergencia el 20 de marzo del 2010; el 27 de abril del 2010, el demandante fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Escuela y se le dio de alta el día 28 de abril del mismo año y en fecha 19 de agosto del 2010, el demandante presentó reclamo administrativo para que se le reconociera una indemnización en concepto de daños y perjuicios por haber sido víctima de mala praxis profesional, el cual en fecha 23 de noviembre de 2012, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, emitió la Resolución No. 200-2012-SS en la que resolvió el reclamo administrativo presentado por el señor José Alexis Villagra, declarando sin lugar el mismo en virtud de no existir mala praxis por parte de la Secretaría de Salud sino que negligencia y descuido por parte del demandante al no haber buscado asistencia médica oportuna; en fecha 19 de diciembre del 2012 el abogado Juan Ramón Mendoza Calderón, en su condición de apoderado legal del demandante interpuso el recurso de reposición ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, contra la Resolución No. 200-2012-SS, el cual fue declarada sin lugar el mismo por encontrarse apegada a derecho la resolución de mérito; en razón de lo antes expuesto, la suscrita juez estima que si bien es cierto, en muchas ocasiones la atención que los servidores públicos dan a los pacientes que hacen uso de hospitales públicos no es la humanamente deseada, pero en el caso de mérito, la parte demandante actuó con desidia y de manera negligente al hacer caso omiso a la orden emitida por el médico tratante en fecha 20 de abril del 2010, en la emergencia del hospital Roberto Suazo Córdova, del Municipio de la Paz, al no haberse realizado la radiografía ordenada y al haber acudido al Hospital Santa Teresa, del Departamento de Comayagua, en un lapso de tiempo mayor a las tres semanas posteriores a la evaluación realizada en el Hospital Roberto Suazo Córdova, de La Paz, aunado a lo anteriormente dicho, la parte demandante, no logró probar en vía administrativa ni en esta instancia la negligencia de los servidores públicos de la parte demandada, o sea que no está acreditada la responsabilidad patrimonial del Estado por negligencia de algunos de sus funcionarios, por lo que se absuelve de toda responsabilidad al Estado de Honduras, declarando en consecuencia la improcedencia de la acción, esto por encontrarse ajustado a derecho el acto administrativo impugnado.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha once de diciembre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que para que exista una responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras o de sus entidades estatales, tendría que estar probado en juicio que éste actuó en forma negligente o dolosa en este caso especifico en la atención médica brindada al demandante y cuando de autos está probado que el actuar del estado fue bajo el debido cuidado que éste debía tener en la atención médica que le dio al demandante, y constando que fue el actor quien no atendió debidamente lo ordenado por el personal médico que le atendió al no realizarse las radiografías por estos ordenados, claramente está probado de autos que el actuar profesional médico de los empleados gubernamentales que atendieron al demandante fue bajo la correcta responsabilidad y dedicación que sus cargos obligan, ordenándole realizarse radiografías, quien no las atendió y asimismo ordenaron su remisión a otros centros médicos del Estado con mejor preparación para atender la lesión que ocasionó que el demandante acudiera al servicio médico estatal, quien de la misma forma no la atendió ya que no acudió a los mismos en el tiempo señalado o prudencial para una eficaz atención profesional; al estar probado de autos que el Estado de Honduras no actúo de forma negligente en la atención médica brindada al demandante, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que se debe confirmar la sentencia definitiva venida en apelación, por estar dictada conforme a derecho.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado EDUARDO DUARTE SALGADO, en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha once de diciembre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.364-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0801-2013-00136 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, presentó en fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiséis de febrero y tres de marzo de dos mil quince, los abogados EDUARDO DUARTE SALGADO y GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, teniendo por personados a los abogados EDUARDO DUARTE SALGADO, como recurrente y GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha once de diciembre de dos mil catorce, denunciando dos motivos de casación con base en lo dispuesto en los artículos 716, 719 número 1, inciso b) en relación al artículo 720 numeral 2 y 721 del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACIÓN. El Recurrente fundamenta sus motivos de casación, manifestando lo siguiente: 2.1 “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Se impugna la Sentencia recurrida por infracción en la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la Sentencia en base al Artículo 719 numeral 1 inciso c) en relación con el Artículo 1 y 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se sustenta en los artículos 719 número 1, inciso b) en relación al artículo 720 numeral 2, y 721 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En principio Honorables Magistrados, aclaro que mediante este recurso no se pretende la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, pero sí se pretende que se revise la existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico de la misma, pues estos aspectos son determinantes de lo que debió ser el fallo de haberse hecho un análisis correcto de su motivación, sobretodo enmarcado dentro de la racionalidad y carácter lógico que exige el articulo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil. De la simple lectura de la Sentencia se infiere que el Tribunal Sentenciador no cumplió con su labor de hacer un análisis exhaustivo del proceso, de forma suficiente, racional y con el carácter lógico del ser humano que se exige en el Código Procesal Civil como normativa supletoria, lo que llevó al Ad-Quem a dictar una Sentencia en forma somera y como consecuencia un fallo que a la postre resulta insuficiente, irracional y alejado de todo carácter lógico; pues, consta en el proceso las evidencias que demuestran la existencia de Mala Praxis por Negligencia Médica en perjuicio de mi representado; puesto que en retrospectiva, de la RESOLUCIÓN 200-2012-SS del 23 de agosto (08) del 2010 emitida por la Secretaria de Salud, en el Tercer CONSIDERANDO del Informe de la Comisión Investigadora del Hospital Escuela dice “... 1.- El Médico General que lo atendió por primera vez no tenía conocimiento para diagnosticar la lesión del paciente...”, tomando como base este informe es fácil determinar que existió un diagnóstico erróneo por parte del Doctor Villalobos quien debió de forma inmediata hacer la remisión del paciente a un centro con mayor experiencia y personal más calificado en base al articulo 145 primer y segundo párrafo de la Constitución de la República que establece que “…Se reconoce el derecho a la protección de la salud.- Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad...” y que se afianza en lo señalado en órganos específicos de control en el ámbito de la salud que dentro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) son el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física o síquica y estas regulaciones se encuentran además en el Folleto Informativo No. 31 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), El Derecho a la Salud (ACNUDH 2008), Convenios relativos a la asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad e Instrumento Internacionales que entre otros el DERECHO A LA SALUD internacionalmente esta regulada en el articulo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículos 11, 13 y 19.2 de la Carta Social Europea; articulo 31.1 y 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; articulo Xl de la Declaración Americana de Derechos Humanos y artículos 43 y 51.1 donde se establecen los mecanismos dentro de la Constitución Española; aunado a que el Código de Salud Hondureño señala que LA SECRETARIA DE SALUD reglamentará lo relacionado con los requisitos mínimos que deben llenar, según su clasificación las instituciones en cuanto a instalaciones físicas, equipo, personal, organización y funcionamiento, de tal manera que garantice al usuario un nivel de atención apropiada.- Y añade, que sólo podrán ejercer las profesiones de la salud las personas que ostenten el título válido para hacerlo y que se encuentren debidamente colegiadas; resultando en ese sentido, una justificación por parte de las autoridades estatales la argumentación que el Médico tratante ...NO TENÍA EL CONOCIMIENTO PARA DIAGNOSTICAR LA LESIÓN DEL PACIENTE... asumiendo la Secretaría de Salud de forma tácita su responsabilidad en ese sentido; aunado a que ningún Médico con una ápice de conocimiento en su rama determina un diagnostico sin realizar exámenes que determinen la patología de un paciente, puesto que según el protocolo de manejo ortopédico el tipo de lesión se determina mediante una radiografía que demuestre que el paciente tiene un simple trauma. Finalmente el quince (15) de abril (04) del dos mil trece (2013) se interpone la demanda correspondiente en donde hemos venido sosteniendo al igual que en el Procedimiento Administrativo la existencia de MALA PRAXIS por NEGLEGENCIA MÉDICA por parte del funcionario estatal Dr. Villalobos por no haberse seguido el PROTOCOLO MÉDICO para el caso concreto; demanda que es declarada IMPROCEDENTE mediante Sentencia de fecha veintiséis (26) de junio (06) del dos mil catorce (2014), -a pesar de constar en autos las evidencias que demuestran tal alegato- por considerar el A-Quo que no existe mala praxis por parte de la Secretaría de Salud sino que negligencia y descuido de mi representado al no haber buscado asistencia médica oportuna, pese a que dentro de los FUNDAMENTOS DE DERECHO dice entre otras cosas: “…la suscrita Juez estima que si bien es cierto, en muchas ocasiones la atención que los servidores públicos no es la humanamente deseada, pero en el caso de mérito, la parte demandante actuó con desidia y de manera negligente, al hacer caso omiso a la orden emitida por el Médico tratante en fecha 20 de abril del 2010...” Con lo cual se deduce dentro del carácter lógico que la Juez A-Quo infiere una aceptación tácita que los servicios Médicos del país no son lo que por ley deberían ser y se da una justificación mediocre e injusta a los intereses del pueblo que se aleja del cumplimiento de las funciones del personal Médico del país, desconociendo por parte del Juzgador A-Quo la relación de responsabilidad directa del Estado ante terceros al establecerse la responsabilidad del funcionario público bajo la égida estatal y desconociendo por parte del Médico tratante el JURAMENTO HIPOCRÁTICO que es un juramento público que hacen los que van a empezar sus prácticas con pacientes o se gradúan en medicina, veterinaria, tecnología médica, fisioterapia, logopedia, odontología y enfermería, juramento que hacen ante otros Médicos, doctores y la comunidad en general.- Su contenido es de carácter ético, para orientar la práctica de su oficio, es también el juramento que se basa a partir de la responsabilidad del ser humano y conciencia de ella.- El contenido del juramento Hipocrático ha sido actualizado por la Declaración de Ginebra de 1948, siendo por lo tanto de manejo internacional y la versión utilizada en facultades de medicina de países anglosajones, redactada en 1964 por el doctor LOUIS LASAGNA y en el caso que nos ocupa ¿Dónde quedó ese juramento, dónde quedó esa responsabilidad del ser humano para con los demás seres humanos? Y si el argumento de defensa del Estado, es que el Médico tratante …NO TENÍA EL CONOCIMIENTO PARA DIAGNOSTICAR LA LESIÓN DEL PACIENTE... y siendo de su conocimiento el Doctor Villalobos debió de forma inmediata hacer la remisión del paciente a un centro con mayor experiencia y personal más calificado; resultando en ese sentido, una justificación mediocre por parte de las autoridades estatales ya que ningún Médico con una ápice de conocimiento en su rama determina un diagnóstico sin realizar exámenes -en este caso radiografías- que determinen la patología de un paciente, puesto que según el protocolo de manejo ortopédico el tipo de lesión se determina mediante una radiografía y por ende el tratamiento aplicable. La Sentencia del once (11) de diciembre (12) de dos mil catorce (2014) que en este acto se impugna, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo motivó la Sentencia con razonamientos irracionales e ilógicos al relacionar que “CONSIDERANDO (5)...el actuar profesional Médico de los empleados gubernamentales que atendieron al demandante fue bajo la correcta responsabilidad y dedicación que sus cargos obligan…” sin embargo, es fácil analizar que desde el principio del proceso administrativo en la RESOLUCIÓN No. 200-2012-SS del veintitrés (23) de agosto (08) del dos mil diez (2010), se manifiesta en el Informe de la Comisión Investigadora que el Médico tratante ...NO TENÍA EL CONOCIMIENTO PARA DIAGNOSTICAR LA LESIÓN DEL PACIENTE… violentando el artículo 59 de la Constitución de la Republica que dice “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado...” Y en ese sentido la persona humana deja de ser el fin supremo de la sociedad y el Estado, puesto que dentro de la fundamentación de la Resolución impugnada también se relaciona “CONSIDERANDO (5)...así mismo ordenaron su remisión a otros centros médicos del Estado con mejor preparación para atender la lesión que ocasionó que el demandante acudiera al servicio médico estatal, quien de la misma forma no la atendió ya que no acudió a los mismos en el tiempo señalado o prudencial para una eficaz atención profesional...” Lo que es una falaz aseveración en vista que el origen primigenio del procedimiento judicial es la Mala Praxis por Negligencia Médica de la que fue objeto mi representado en el Hospital de La Paz y en ningún momento se han efectuado alegaciones de los posteriores tratamientos recibidos a fin de buscar una solución a los efectos dañinos físicos y morales de dicha negligencia, sino mas bien, las pretensiones en este juicio se relacionan directamente con el daño sufrido en la primera negligente actuación del funcionario estatal en el Hospital de La Paz. APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN QUE SE PRETENDE: Que la Honorable Corte Suprema de Justicia declare con lugar este primer motivo de casación por infracción en la aplicación e interpretación lógica y racional en la forma y contenido de la Sentencia conforme al Artículo 719 numeral 1, inciso c) y articulo 720 inciso 2) del Código Procesal Civil, en relación directa con el artículo 145 del mismo cuerpo legal; así mismo con el artículo 1 y 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; se case la Sentencia por este motivo y controle la motivación fáctica, revisando la existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico contenido en la relacionada Sentencia, decretando un sentido diferente del fallo en virtud de considerar que el presente juicio no fue objeto de un análisis suficiente y racional enmarcado dentro de las normas de la sana crítica, la lógica y el conocimiento humano que la ley procesal exige.- 2.2 SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Se impugna la Sentencia recurrida por infracción en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, amparado en el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 322 de la Constitución de la República y artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículos 719 número 2 del Código Procesal Civil; en relación al artículo 59, 82 y 145 primer y segundo párrafo de la Constitución de la República y articulo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos a fin de promover la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo para la solución de fondo del litigio. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Salta a la vista sin mayor esfuerzo que la Corte Sentenciadora no se ajustó a la aplicación e interpretación de preceptos constitucionales, normativa internacional y evadió uno de los principios en que descansa la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Ser revisora de los actos de la Administración Pública, encontrándose éste, contenido en el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que preceptúa que “Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo”.- Con lo que evidencia la Corte de lo Contencioso Administrativo se convierte en revisora de los actos del particular y no de la Administración Pública al expresar que “CONSIDERANDO (4)...constatando que fue el actor quien no atendió debidamente lo ordenado por el personal Médico que le atendió al no realizarse las radiografías que éstos le ordenaron... CONSIDERANDO (5)...y así mismo ordenaron su remisión a otros centros médicos del Estado con mejor preparación para atender la lesión...” cuando era al Ad-Quo a quien le correspondía revisar si la actuación del personal médico del ente estatal que atendió a mi representado había sido realizado correcta o incorrectamente, en virtud que el Estado tiene el deber de llevar a cabo una cuidadosa elección y permanente vigilancia de sus servidores, so pena de ser responsabilizado por los actos dentro de sus funciones; considerando además que al tenor del artículo 247 de la Constitución de la República “…los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República, quienes dirigen y supervisan los órganos y entidades de la Administración Pública Nacional en el área de su competencia”, por lo que es evidente que a la Secretaría de Salud le corresponde la supervisión de los órganos y entidades en el área de salud; infringiendo además el articulo 145 primer párrafo de la Carta Magna al reconocer el Estado el derecho a la protección de la salud que poseemos los hondureños e infringir su segundo párrafo en relación al deber de todos de participar en la preservación de la salud personal, situación que es aplicable a los funcionarios estatales encargados de brindar el servicio de salud y a mi representado por igual, sin embargo, la responsabilidad toral recae en un Médico que emitió un diagnóstico sin ampararse en exámenes médicos que así lo evidencien, mas no en mi representado al considerar que el diagnóstico del Doctor Villalobos era correcto, en el entendido que el Señor Villagra no posee pericia en área médica. Así mismo se infringe el segundo párrafo del artículo 59 de la Carta Magna al violar la dignidad del ser humano en la persona de mi representado a quien aparte de causar un daño total o parcial en un miembro de su cuerpo a raíz de la mala praxis médica sufrida, el Estado a través de sus funcionarios de salud y judiciales se enfocan en culpar a mi defendido de la negligencia realizada por un Médico que …NO TENÍA EL CONOCIMIENTO PARA DIAGNOSTICAR LA LESIÓN DEL PACIENTE... tal como se desprende del Informe Investigativo enmarcado en la RESOLUCIÓN No. 200-2012-SS.- Dando especial relevancia en la infracción del segundo párrafo de este precepto constitucional conforme a lo vertido por la Juez A-Quo en la resolución del veintiséis (26) de junio (06) del dos mil catorce (2014) al señalar que “...la suscrita Juez estima que si bien es cierto, en muchas ocasiones la atención de los servidores públicos no es la humanamente deseada...” vuelve insultante la violación a la dignidad del ser humano por un impartidor de justicia con pleno conocimiento de la ley quien justifica en ello el mediocre servicio de salud estatal en Honduras y que en definitiva con la actuación de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo perpetra infracción en el derecho a la inviolabilidad de la dignidad humana, así como el Derecho de Inocencia contemplado en el artículo 90 del texto constitucional al prejuzgar desde la Resolución Administrativa y la Sentencia en este acto impugnada la supuesta culpabilidad de mi representado de haber sido víctima de una Negligencia Médica, cuando lógicamente todos esperamos una atención medica revestida del mayor profesionalismo. Dicha Sentencia evidencia además que los argumentos que fueron sustentados en el proceso no fueron analizados de forma diligente en primera ni segunda instancia, habiéndose limitado el Tribunal de Alzada a adoptar una posición absurda, ilógica y cómoda al culpar a mi representado violando la disposición 90 de la Carta Magna, evidenciando que si los servidores públicos con su actuación causan daño a los particulares, las autoridades estatales se centrarán a buscar la culpabilidad de la víctima, desconociendo lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; aun cuando en la Resolución impugnada que erróneamente confirma la Sentencia del veintiséis (26) de junio (06) del dos mil catorce (2014) que es confirmada mediante la que en este acto se impugna sostiene que “...el señor JOSÉ ALEXIS VILLAGRA, fue atendido en el Hospital Roberto Suazo Córdova, de la Paz por el Doctor Ernesto Villalobos, quien diagnosticó Trauma Simple de Antebrazo Derecho....” Y a su vez se relaciona además en la Resolución del once (11) de diciembre (12) del dos mil catorce (2014) que -los Médicos- “….atendieron al demandante bajo la correcta responsabilidad y dedicación que sus cargos obligan, ordenándole realizarse radiografías, quien no las atendió....”, pero dentro del carácter lógico y racional de la resolución impugnada ¿Qué médico puede dar un diagnóstico ortopédico sin la existencia al menos de una radiografía?, lo que se traduce en una Negligencia por “IMPRUDENCIA MÉDICA” que hace referencia a acciones que realiza un profesional Médico o sanitario de forma temeraria, y que por ello son previsibles desde un punto de vista objetivo, por lo que al cometer una de ellas, se puede estar incurriendo en delito lo cual es punible e inexcusable y por su parte la “IMPERICIA, hace clara alusión a una falta de pericia del profesional Médico o sanitario en su quehacer profesional.- Es decir, hay una falta de sabiduría en sus acciones, experiencia y habilidad en la ejecución de su profesión, que pueden perjudicar directamente al paciente” y en el caso que nos ocupa, el Médico tratante cometió una imprudencia temeraria por impericia profesional ya que conocía que no estaba capacitado para diagnosticar la lesión del paciente; violentando el artículo 8 del Código de Salud y se perpetra una infracción al precepto constitucional 322 al no dar cumplimiento por parte del Médico a las leyes que prometió cumplir en su promesa de ley con su mano derecha puesta sobre la Constitución de la República. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la resolución proferida el once (11) de diciembre (12) del dos mil catorce (2014) ignoró por completo la aplicación del artículo 9 de la Ley de Contencioso Administrativo al no someterse a los mandatos Constitucionales y a la Ley; impugnando dentro de este motivo de Casación la aplicación e interpretación errónea del precepto Procesal Civil 479 por falta de valoración probatoria que atendiera a las reglas de la sana crítica, conocimiento y criterio humano, así como las normas que rigen el razonamiento lógico que lejos de poseer una apreciación lógica y racional dentro de la motivación fáctica de la Sentencia es violatoria de diversos preceptos Constitucionales, leyes secundarias y preceptos de orden internacional adoptados por el Estado de Honduras; aunado a que en relación a la supletoriedad de la Ley Procesal y en conformidad a la misma, la carga probatoria corresponde al demandante y en el caso de autos se materializa la existencia de las pruebas sobre el daño sufrido por mi cliente; sin embargo, el representante sustituto no ha podido demostrar que mi cliente es el culpable de la negligencia médica de la cual fue víctima en el Hospital de La Paz el veinte (20) de marzo (03) del dos mil diez (2010). No obstante, si el Ad-Quem hubiese cumplido con su labor de Tribunal, no solo de revisor del acto administrativo, sino que también de revisor de las decisiones del A-Quo, fácilmente habría llegado a la conclusión inequívoca que existió Mala Praxis por Negligencia Médica y en consecuencia no se hubiesen infringido tantas normas de carácter constitucional y de otro índole que bajo la correcta aplicación presupone la solución de fondo del litigio a fin de proteger las normas del ordenamiento jurídico. APLICACIÓN O INTERPRETACION QUE SE PRETENDE: Que la Honorable Corte Suprema de Justicia declare con lugar este segundo motivo de casación por infracción en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio conforme al Artículo 719 numeral 2, en relación con el articulo 479 del Código Procesal Civil en estrecha relación al artículo 322 de la Constitución de la República de Honduras y case la Sentencia por este motivo por reunir los requisitos exigidos por la ley, decretando en base a ello la solución de fondo del litigio. El artículo 200 y 913 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente por disposición del artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, prescribe: “Artículo 200.- Las Sentencias definitivas contendrán con la claridad y concisión posibles: 1)... 2) En los considerandos, la apreciación de los puntos de derecho, fijados por las partes, dando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse. - 3) En la parte final o Por Tanto, el fallo en los términos prevenidos en los Artículos 191 y 192 de este mismo Código, haciendo también en su caso, las prevenciones necesarias para corregir las faltas que se hubieren cometido en el Procedimiento, el parecer del Fiscal y el nombre del Magistrado redactor”.- Esta disposición legal se relaciona con los artículos 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cuanto dispone que “La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgará dentro de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición” y que ya he transcrito anteriormente.- Los hechos subsumidos en los artículos antes citados demuestran que la Sentencia impetrada se sustenta en una motivación fáctica insustancial sin la racionalidad y la lógica que debe existir habida cuenta que en el caso de auto se pone de manifiesto la inobservancia de los principios mas elementales como ser el derecho a la salud y el respeto a la dignidad humana, que, de haber hecho la aplicación correcta la conclusión habría sido la declaración de ser procedente la acción, siendo por tanto, que la forma y el contenido de la Sentencia no se ajusta a los parámetros legales que se espera en la aplicación e interpretación de la normativa legal en pro de la solución de fondo del litigio”.- III. Que los dos motivos de casación denunciados por el Censor, resultan confusos e imprecisos en su formulación. En primer lugar, no señala con claridad y precisión si la infracción alegada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación ni tampoco cuales son las normas que considera fueron violadas por el juzgador. En segundo lugar insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, siendo preciso recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia y finalmente, en su explicación formula inapropiados alegatos de instancia.- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicionalmente, se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a los motivos alegados.- V. En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente y se ordena la remisión de las actuaciones al Tribunal correspondiente y se ordena la remisión de las actuaciones al Tribunal Correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendidas en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de noviembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha diez de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 127-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL