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Sentencia CA-127-14 — Registro 4500

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anula el acuerdo impugnado en segunda instancia se confirma la sentencia que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley, y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico establecido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) argumenta que existió interpretación errónea de la normativa señalada como infringida, pero no explica en que consistió la misma y cual es su correcta interpretación; b) en su explicación alude a normas no señaladas como violadas en su formulación, tal es el caso del artículo 55 reformado de la Ley de Servicio Civil; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

II. Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) argumenta que existió interpretación errónea de la normativa señalada como infringida, pero no explica en que consistió la misma y cual es su correcta interpretación; b) en su explicación alude a normas no señaladas como violadas en su formulación, tal es el caso del artículo 55 reformado de la Ley de Servicio Civil; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."-Infracción de Ley por Interpretación Errónea de los Artículos 53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 a), 279 y 284 del Reglamento (le la Ley del Servicio Civil. La Sentencia Definitiva recurrida considerarnos no es precisa ni congruente con las pretensiones deducidas oportunamente en el proceso, siendo que el objeto del litigio se centra en la supuesta ilegalidad del Acuerdo número 2626-SE-06 de fecha 23 de Agosto del 2006, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho (le Educación al considerar la demandante que su cancelación es ilegal e injustificado, no pudiendo probar que efectivamente el acuerdo de cancelación por cesantía era ilegal pues en la relación de los medios de prueba presentados por la parte demandante (Descritos en el considerando Tres de la sentencia de primera instancia, se constata que en ningún momento se ha probado que la cancelación por cesantía de la demandante no se encontraba comprendida dentro de las excepciones calificadas dentro del Articulo 53 de la Ley de Servicio Civil según lo expuesto por la actora en el numeral Tercero de la demanda de mérito, por lo que se considera que la pretensión de la demandante no pudo ser probada en el transcurso del litigio. La Ley del servicio Civil en su artículo 53 establece que se podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, estimando que procede LA CESANTIA cuando se encuentre comprendido en una de las excepciones calificadas descritas en la Ley antes menciona(Ia, efectivamente con el expediente administrativo presentado a este Tribunal y que corre agregado al expediente de mérito se constata que el procedimiento que se realizó para cancelar a la Servidora Pública por cesantía; la cancelación por cesantía de que fue objeto la hoy demandante se ajusta a Derecho pues su fundamento se encuentra regulado en el Artículo .53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 a), 279 y 284 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, hecho que no logro desvirtuar la actora, prol)ando simplemente que la demandante ya no lal)oral)a con la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. La sentencia recurrida ya que en ningún momento se infringió lo establecido en la Ley del servicio Civil como lo quiere hacer ver la Juez, habiendo esta rej)reSefltaCión demostrado con los documentos que corren agregados al expediente administrativo con los cuales se comprobó que la Secretaria (le Estado en el Despacho de Educación no ha violentado ninguna disposición legal contenida en la Ley de Servicio Civil, ya que el Articulo 53 (le la precitada Ley faculta a la Administración Publica (le manera excepcional para que proceda a cancelar a uno o más servidores públicos por medio de la cesantía, por lo que el Acuerdo de cancelación número 2626-SE-06 de fcha 23 (le Agosto del 2006 emitido por la Secretaria (le Estado en el Despacho de Educación, fue dictado conforme a derecho sin violentar normas legales vigentes, deduciéndose que mi representado cumplió con los procedimientos establecidos en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento para llevar a cal)o la separación de la demandante del cargo que ostentaba. Además (le que los argumentos planteados por la parte demandante están alejados de la verdad ya que al momento (le prescindir de los servicios que prestaba la demandante, mi representado tomo como base las disposiciones contenidas en el Articulo 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil la que literalmente dice: “No obstante lo dispuesto en el Artículo 48 de esta ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, relacionado con el Artículo 278 inciso b) de su Reglamento, de lo anterior se deduce que la Secretaria de estado en el Despachos de Educación siguió los procedimientos establecidos en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento como consta en el expediente administrativo que corre agregado al expediente de mérito, razón por la cual queda plenamente establecido que no se han violentado ninguna de las normas legales vigentes, cabe aclarar que según las disposiciones contenidas en la Ley de Servicio Civil específicamente la del Articulo 33 en el que se dispone que la Dirección General del Servicio Civil de común acuerdo con la Autoridad Nominadora establecerá un sistema de evaluación periódica, sin embrago desde el año 1983 la Dirección General de Servicio Civil no realiza las evaluaciones indicadas en esta norma por considerar que su práctica es subjetiva, por tanto tal actuación no es imputable a la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. La Autoridad Nominadora, con las disposiciones que exige la ley de Servicio Civil en su artículo 53 inciso b), relacionado con el artículo 278 inciso b) de su reglamento, en los cuales se establece que para proceder a cancelar el nombramiento de uno o más servidores se debe acreditar reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, siendo en el caso que nos ocupa, el fundamento legal para emitir el acuerdo de cancelación número 2626-SE-06, de fecha 23 de Agosto del 2006, documento que obra en el expediente administrativo de la demandante y que se adjunta a esta contestación de la presente demanda; por otra parte, el Artículo 55 reformado de la ley de Servicio Civil, establece que cuando la Autoridad nominadora haga uso de las facultades excepcionales que le confiere el artículo 53 de la referida ley, deberá cumplir, así con lo estatuido en el artículo 38 inciso g) párrafo tercero el cual manifiesta que: “ Deberá agregarse asimismo el valor correspondiente a un mes de sueldo en concepto de preaviso por cada año de servicio hasta un máximo de dos años “ por lo que la autoridad nominadora deberá ordenar el pago del preaviso correspondiente, entre otros beneficios a que tiene derecho el cesanteado, en consecuencia al pagarle el preaviso correspondiente queda sin valor el requisito de la notificación con anticipación.- Cabe mencionar que la Ley de Servicio Civil en su artículo 53, faculta a la administración de manera excepcional para que proceda a cancelar a uno o más servidores públicos por cesantía, por cuanto el acuerdo de cancelación número 2606-SE-2006 , de fecha 23 de Agosto del 2006, se emitió conforme a ley.- La Autoridad Nominadora cumplió con todo el procedimiento señalado por la ley de servicio civil y su Reglamento para la cancelación de un servidor público por Cesantía, lo cual detallo a continuación: El Artículo 53 de la ley (le la ley de Servicio Civil, específicamente en el inciso b) preceptúa que la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora podrá acreditar en forma fehaciente con el expediente administrativo que se adjunta, se acredita que, la Secretaria de Educación solicita al consejo del Servicio Civil la autorización para proceder a la cancelación por cesantía de los demandantes, el mencionado consejo en atención a lo solicitado, autoriza a la secretaria de Educación a proceder con la cesantía solicitada, siempre que se cuente con el financiamiento respectivo, por lo antes expuesto acreditamos ante usted señor juez que para la cancelación de los demandantes se siguió todo el procedimiento establecido en la ley de Servicio Civil y su Reglamento.”.- II. Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) argumenta que existió interpretación errónea de la normativa señalada como infringida, pero no explica en que consistió la misma y cual es su correcta interpretación; b) en su explicación alude a normas no señaladas como violadas en su formulación, tal es el caso del artículo 55 reformado de la Ley de Servicio Civil; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- III. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. (Ver sentencia expediente SL 516-12, 516-12, 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13 y 621-13)..."

Legislación citada

  • Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente al segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION representado en juicio por la abogada ANGELA MARIA MADRID LOPEZ y el Recurrido: MARIA ADELA MATAMOROS RAMOS, representada en juicio por el abogado LEOPOLDO ROMERO BANEGAS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la anulación de actos administrativos en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica particular individualizada y para su pronto restablecimiento, se ordene el reintegro al cargo en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, incrementos salariales y demás beneficios en ausencia, pago de horas extraordinarias adeudadas, días feriados trabajados y no pagados, disfrute de periodos de vacaciones adeudados, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha ocho de noviembre del año dos mil seis, por la señora MARIA ADELA MATAMOROS RAMOS, mayor de edad, soltera, hondureña, Perito Mercantil y Contador Público y con domicilio en Sonaguera, Departamento de Colón, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que inició la relación de servicio con el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Educación mediante acuerdo del poder ejecutivo asignada al Instituto FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS en Isleta, Sonaguera, Departamento de Colón, Acuerdo No. 4179-SE-02 de fecha 18 de octubre de 2002 en el cargo de Oficinista Mecanógrafa, que con fecha 25 de octubre del año 2006 fue notificada de la cancelación del cargo mediante el Acuerdo No. 2606-SE-06 de fecha 23 de agosto del 2006, bajo la figura de cesantía, amparados en el Articulo 53 letra b) de la Ley de Servicio Civil, es decir reducción de Servicio o de personal para obtener una más eficaz y económica Organización Administrativa, que la acción de despido es ilegal e injusta, en virtud de que le violan las garantías constitucionales a saber: a) El derecho al trabajo. b) La garantía del derecho a la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. c) La autoridad nominadora debió previamente haber considerado previo a cancelarle por cesantía lo siguiente: 1) No fue evaluada de acuerdo a la Ley. 2) No se considera los años de servicios que he laborado para la Administración pública. 3) No se considera la condición que es madre soltera y que necesita de un Empleo para el sostenimiento de la hija. 4) No se consulto al Consejo de Servicio Civil.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, contestó dicha demanda señalando que en fecha 29 de septiembre del año 2010 el Estado de Honduras contesta la presente Demanda rechazando la misma y apoyando su defensa en los hechos y consideraciones legales siguientes: que la Autoridad Nominadora cumplió con las disposiciones que exige la ley de Servicio Civil en su artículo 53 inciso b), relacionado con el articulo 278 inciso b) de su reglamento, en los cuales se establece que para proceder a cancelar el nombramiento de uno o más servidores se debe acreditar reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, siendo en el caso que nos ocupa, el fundamento legal para emitir el acuerdo de cancelación numero 2626-SE-06, de fecha 23 de agosto del 2006, por otra parte, el Articulo 55 de la referida ley, deberá cumplir, así con lo estatuido en el articulo 38 inciso g) párrafo tercero el cual manifiesta que: “Deberá agregarse asimismo el valor correspondiente a un mes de sueldo en concepto de preaviso por cada año de servicio hasta un máximo de dos años” por lo que la autoridad nominadora deberá ordenar el pago del preaviso correspondiente, entre otros beneficios a que tiene derecho el cesanteado, en consecuencia al pagarle el preaviso correspondiente queda sin valor el requisito de la notificación con anticipación.- Cabe mencionar que la Ley de Servicio Civil en su artículo 53, faculta a la administración de manera excepcional para que proceda a cancelar a uno o más servidores públicos por cesantía, por cuanto el acuerdo de cancelación numero 2606-SE-2006, de fecha 23 de agosto del 2006, se emitió conforme a ley.- Asimismo señala que la Autoridad Nominadora cumplió con todo el procedimiento señalado por la ley de servicio civil y su Reglamento para la cancelación de un servidor público por Cesantía, lo cual detalla a continuación: El Articulo 53 de la ley de Servicio Civil, específicamente en el inciso b) preceptúa que la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o mas servidores, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la Secretaria de Educación solicitó al Consejo del Servicio Civil la autorización para proceder a la cancelación por cesantía de los demandantes, que el mencionado consejo en atención a lo solicitado, autoriza a la secretaria de Educación a proceder con la cesantía solicitada, siempre que se cuente con el financiamiento respectivo, por lo antes expuesto acreditamos ante usted que para la cancelación de los demandantes se siguió todo el procedimiento establecido en la ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos de mayo del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anula el acuerdo impugnado, reconocer la situación jurídica individualizada, y como medida para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro inmediato a la demandante al cargo que ostentaba en el momento de su separación o a otro de igual o mejor categoría, reconociéndole el beneficio de aumento de salarios ocurridos posterior a su cancelación, se decreta la nulidad del acto por el cual se hubiere designado al sustituto de la demandante, sin costas. Criterio: que el ordenamiento jurídico ha sido infringido en virtud de que la autoridad nominadora violó el procedimiento establecido, lo cual hace que el acuerdo emitido sea nulo de plano derecho.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha tres de octubre del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación No.2606-SE-06 de fecha 23 de agosto del 2006, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley, y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado, por lo consiguiente es nulo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada ANGELA MARIA MADRID LOPEZ, en fecha once de diciembre del año dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha tres de octubre del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.336-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 021-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem mediante providencia de fecha trece de diciembre del año dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la demandante, MARIA ADELA MATAMOROS RAMOS, representada en juicio por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, presentó, en fecha veinte de febrero del año dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha, los abogados LIANA RODRIGUEZ VALALDARES y LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, dicto auto en fecha nueve de mayo del año dos mil quince tuvo, por personados a los abogados LIANA RODRIGUEZ VALALDARES y LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS en concepto de recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo por interpretación errónea del Artículo 53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 a), 279 y 284 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE. El motivo de casación se encuentra comprendido dentro de las causales de casación establecida en el Artículo 919.2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. a.-Infracción de Ley por Interpretación Errónea de los Artículos 53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 a), 279 y 284 del Reglamento (le la Ley del Servicio Civil. La Sentencia Definitiva recurrida considerarnos no es precisa ni congruente con las pretensiones deducidas oportunamente en el proceso, siendo que el objeto del litigio se centra en la supuesta ilegalidad del Acuerdo número 2626-SE-06 de fecha 23 de Agosto del 2006, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho (le Educación al considerar la demandante que su cancelación es ilegal e injustificado, no pudiendo probar que efectivamente el acuerdo de cancelación por cesantía era ilegal pues en la relación de los medios de prueba presentados por la parte demandante (Descritos en el considerando Tres de la sentencia de primera instancia, se constata que en ningún momento se ha probado que la cancelación por cesantía de la demandante no se encontraba comprendida dentro de las excepciones calificadas dentro del Articulo 53 de la Ley de Servicio Civil según lo expuesto por la actora en el numeral Tercero de la demanda de mérito, por lo que se considera que la pretensión de la demandante no pudo ser probada en el transcurso del litigio. La Ley del servicio Civil en su artículo 53 establece que se podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, estimando que procede LA CESANTIA cuando se encuentre comprendido en una de las excepciones calificadas descritas en la Ley antes menciona(Ia, efectivamente con el expediente administrativo presentado a este Tribunal y que corre agregado al expediente de mérito se constata que el procedimiento que se realizó para cancelar a la Servidora Pública por cesantía; la cancelación por cesantía de que fue objeto la hoy demandante se ajusta a Derecho pues su fundamento se encuentra regulado en el Artículo .53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 a), 279 y 284 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, hecho que no logro desvirtuar la actora, prol)ando simplemente que la demandante ya no lal)oral)a con la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. La sentencia recurrida ya que en ningún momento se infringió lo establecido en la Ley del servicio Civil como lo quiere hacer ver la Juez, habiendo esta rej)reSefltaCión demostrado con los documentos que corren agregados al expediente administrativo con los cuales se comprobó que la Secretaria (le Estado en el Despacho de Educación no ha violentado ninguna disposición legal contenida en la Ley de Servicio Civil, ya que el Articulo 53 (le la precitada Ley faculta a la Administración Publica (le manera excepcional para que proceda a cancelar a uno o más servidores públicos por medio de la cesantía, por lo que el Acuerdo de cancelación número 2626-SE-06 de fcha 23 (le Agosto del 2006 emitido por la Secretaria (le Estado en el Despacho de Educación, fue dictado conforme a derecho sin violentar normas legales vigentes, deduciéndose que mi representado cumplió con los procedimientos establecidos en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento para llevar a cal)o la separación de la demandante del cargo que ostentaba. Además (le que los argumentos planteados por la parte demandante están alejados de la verdad ya que al momento (le prescindir de los servicios que prestaba la demandante, mi representado tomo como base las disposiciones contenidas en el Articulo 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil la que literalmente dice: “No obstante lo dispuesto en el Artículo 48 de esta ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, relacionado con el Artículo 278 inciso b) de su Reglamento, de lo anterior se deduce que la Secretaria de estado en el Despachos de Educación siguió los procedimientos establecidos en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento como consta en el expediente administrativo que corre agregado al expediente de mérito, razón por la cual queda plenamente establecido que no se han violentado ninguna de las normas legales vigentes, cabe aclarar que según las disposiciones contenidas en la Ley de Servicio Civil específicamente la del Articulo 33 en el que se dispone que la Dirección General del Servicio Civil de común acuerdo con la Autoridad Nominadora establecerá un sistema de evaluación periódica, sin embrago desde el año 1983 la Dirección General de Servicio Civil no realiza las evaluaciones indicadas en esta norma por considerar que su práctica es subjetiva, por tanto tal actuación no es imputable a la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. La Autoridad Nominadora, con las disposiciones que exige la ley de Servicio Civil en su artículo 53 inciso b), relacionado con el artículo 278 inciso b) de su reglamento, en los cuales se establece que para proceder a cancelar el nombramiento de uno o más servidores se debe acreditar reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, siendo en el caso que nos ocupa, el fundamento legal para emitir el acuerdo de cancelación número 2626-SE-06, de fecha 23 de Agosto del 2006, documento que obra en el expediente administrativo de la demandante y que se adjunta a esta contestación de la presente demanda; por otra parte, el Artículo 55 reformado de la ley de Servicio Civil, establece que cuando la Autoridad nominadora haga uso de las facultades excepcionales que le confiere el artículo 53 de la referida ley, deberá cumplir, así con lo estatuido en el artículo 38 inciso g) párrafo tercero el cual manifiesta que: “ Deberá agregarse asimismo el valor correspondiente a un mes de sueldo en concepto de preaviso por cada año de servicio hasta un máximo de dos años “ por lo que la autoridad nominadora deberá ordenar el pago del preaviso correspondiente, entre otros beneficios a que tiene derecho el cesanteado, en consecuencia al pagarle el preaviso correspondiente queda sin valor el requisito de la notificación con anticipación.- Cabe mencionar que la Ley de Servicio Civil en su artículo 53, faculta a la administración de manera excepcional para que proceda a cancelar a uno o más servidores públicos por cesantía, por cuanto el acuerdo de cancelación número 2606-SE-2006 , de fecha 23 de Agosto del 2006, se emitió conforme a ley.- La Autoridad Nominadora cumplió con todo el procedimiento señalado por la ley de servicio civil y su Reglamento para la cancelación de un servidor público por Cesantía, lo cual detallo a continuación: El Artículo 53 de la ley (le la ley de Servicio Civil, específicamente en el inciso b) preceptúa que la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora podrá acreditar en forma fehaciente con el expediente administrativo que se adjunta, se acredita que, la Secretaria de Educación solicita al consejo del Servicio Civil la autorización para proceder a la cancelación por cesantía de los demandantes, el mencionado consejo en atención a lo solicitado, autoriza a la secretaria de Educación a proceder con la cesantía solicitada, siempre que se cuente con el financiamiento respectivo, por lo antes expuesto acreditamos ante usted señor juez que para la cancelación de los demandantes se siguió todo el procedimiento establecido en la ley de Servicio Civil y su Reglamento.”.- II. Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) argumenta que existió interpretación errónea de la normativa señalada como infringida, pero no explica en que consistió la misma y cual es su correcta interpretación; b) en su explicación alude a normas no señaladas como violadas en su formulación, tal es el caso del artículo 55 reformado de la Ley de Servicio Civil; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- III. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. (Ver sentencia expediente SL 516-12, 516-12, 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13 y 621-13).- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de mayo del dos mil quince; certificación del auto de fecha doce de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 127-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL