Sentencia CA-126-14 — Registro 4499
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción incoada por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que el puesto que desempeñaba la demandante es un puesto excluido del Servicio Civil, por lo tanto al ser adscrito al Despacho de la Presidencia, se considera como puesto de confianza, por lo tanto el acuerdo de cancelación está dictado conforme a ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) en el desarrollo del cargo señala normas no indicadas como violadas, tal es el caso de los artículos artículo 17 del Código Civil, 1 de la Ley de Servicio Civil; 6 numeral 21 y 12 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y 31 de la Ley General de Administración Pública; b) se insta la revisión de los hechos y la apreciación y valoración del material probatorio lo cual es vedado a este Tribunal en este extraordinario recurso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil; y, c) se realizan en su desarrollo alegatos propios de instancia.- "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado el segundo ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: GLORIA MARIA PALACIOS ZELAYA, representado en juicio por el Abogado IVAN ALFREDO VIGIL MOLINA y el Recurrido: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, representado en juicio por el Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal, para que se declare la nulidad de una acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica particular individualizada, adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento entre ellas el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, derechos adquiridos, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de abril del año dos mil diez por la señora GLORIA MARIA PALACIOS ZELAYA, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que inició su relación con la demandada mediante acuerdo ejecutivo No.027-A-08, emitido por el Presidente Constitucional el 30 de abril del 2008, que con fecha 15 de marzo de 2010, se le comunicó el acuerdo 029-DP-2010, mediante el cual se acuerda su cancelación, a partir del 15 de marzo del 2010, acuerdo ilegal e injusto pues se insertó que el puesto para el que fue nombrada era puesto excluido, lo cual no es cierto, el puesto que desempeñaba aparece desglosado en el presupuesto de salarios permanentes de egresos e ingresos de la demandada y que para su cancelación no se siguió procedimiento alguno de los legalmente establecidos.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, contestó dicha demanda señalando que acepta la relación de servicio existente entra las partes, asimismo rechaza que el demandante fue cancelado del puesto de servicio, rechaza la argumentada ilegalidad del acto de cancelación en tanto dice que la cancelación tuvo lugar ya que el puesto que desempeñaba el demandante es excluido del régimen de Servicio Civil.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha treinta de enero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción incoada por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, el que se confirma en todas sus partes, sin costas. Criterio: que se llega a la conclusión que el puesto que desempeñaba la demandante es un puesto excluido del Servicio Civil, por lo tanto al ser adscrito al Despacho de la Presidencia, se considera como puesto de confianza, por lo tanto el acuerdo de cancelación está dictado conforme a ley.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha doce de septiembre del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que el cargo que desempeñaba la demandante, es un puesto excluido, de la Ley de Servicio Civil, en vista de ser un cargo de confianza del Presidente de la República de libre nombramiento y remoción, por lo que el acuerdo de cancelación No.029-DP-2010, dictado por el Secretario General de la Secretaria del Despacho Presidencial está emitido de conformidad a Derecho, por lo que la acción interpuesta por la demandante resulta ser improcedente por ajustare a derecho el acto impugnado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado IVAN ALFREDO VIGIL MOLINA, en fecha catorce de noviembre del año dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha doce de septiembre del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.290-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 161-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el Ad-quem mediante providencia de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, presentó, en fecha doce de febrero del año dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de febrero del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución, los abogados JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA e IVAN ALFREDO VIGIL MOLINA.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente y dicto auto en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil quince tuvo, por personados a los abogados JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA e IVAN ALFREDO VIGIL MOLINA.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “SEGUNDO: Interpretación errónea del artículo 3 literal b) de la Ley de Servicio Civil.- El referido motivo de Casación se comprende dentro del “numeral 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil: 2)... la aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución del Fondo del Litigio”.- La infracción indicada se explica de la manera siguiente: CONCEPTO DE LA INFRACCION. TERCERO: En la sentencia recurrida se hace aplicación del artículo 3 literal b) de La Ley de Servicio Civil que establece: «Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: ... b) Al personal de la Secretaría General de La Presidencia de La República y a los demás servidores que desempeñen cargos de confianza personal del Presidente de La República.” Este artículo muy claro y sencillo en cuanto a su sentido que se utilizó para el Fundamento de Derecho de la sentencia recurrida se aprecia con relación al artículo 6 numeral 21 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil: “Es empleado o Servidor Público, toda persona natural que ha sido nombrada a través de un acuerdo.- Que presta sus servicios a la administración pública y que está protegido por la Ley de Servicio Civil”. De modo que al hacer esta relación con el artículo 17 del Código Civil que determina los siguiente: “no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador” no puede tener como ha sucedido en el caso de autos, una interpretación que altere su propia naturaleza.- La norma ha sido erróneamente interpretada por que la Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo expresa sin el menor grado de dudas que la demandante Gloria María Palacios Zelaya presta un cargo de confianza de la Presidencia de La República. Ello significa que todo trabajador que preste servicios adscrito a la Dirección de Servicio Civil y que reciba órdenes del Director de Servicio Civil es - entonces - empleado de Confianza del Presidente de La República.- La Revaluación del cargo demostrado a favor de Gloria María Palacios Zelaya bajo el Régimen de Ley de Servicio Civil para aprovechar su grado académico y experiencia en materia de Profesionalización del servidor público en la Dirección de Servicio Civil para la carrera administrativa según los el sistema de méritos aparece en el numeral uno del artículo 1 de La Ley de Servicio civil y no debe ser considerado como Empleo o Cargo de Confianza del Presidente de la República .- En este orden de ideas y por definición del cargo de la Demandante por acuerdo de nombramiento es una cargo contemplado para el servicio público y contemplado para su incorporación en cuanto a dependencia, órdenes y sujeción de trabajo a la Dirección de Servicio Civil.- En ningún artículo de la Ley de Servicio civil o en su reglamento se encuentra disposición jurídica que contenga la mención del cargo de Director (a) de Profesionalización del Servidor Público bajo la dependencia de la Presidencia de la República. La Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo no puede deducir la creación, precepto, o indicio de la existencia de un puesto o cargo público solo por las palabras “Puesto Excluido” dentro de un acuerdo de Nombramiento ya que es obligatorio que de forma taxativa aparezca dicho cargo como excluido de la Ley y el Reglamento de Servicio Civil y el Reglamento de organización, funcionamiento y competencia del Poder Ejecutivo. En ambos casos, al no determinarse el cargo de Director de Profesionalización del Servidor Público como cargo o empleo de confianza ni en el caso de que esta sea puesto excluido por la naturaleza relacionada con la formación y mejoramiento del servidor público como recurso humano que debe ser atendido por el servicio civil corresponde toda la protección y amparo de la ciudadana Gloria María Palacios Zelaya como profesional con funciones y dependencia del servicio público y la carrera administrativa. Es por esto que la cancelación de su acuerdo de nombramiento no es legal ni legítima en vista del no seguimiento del procedimiento sancionatorio, de despido o disciplinario de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. El artículo autorizante de esa deducibilidad es el artículo 3 literal b) de la Ley de Servicio civil que ha sido erróneamente interpretado al señalar en la sentencia que la demandante forma parte del personal de la Secretaría General de la Presidencia de La República.- Mi poderdante no ha hecho otra cosa más que alegar su derecho a establecer la naturaleza de su cargo relacionado de forma directa con la Profesionalización de la Administración Pública mediante la formación del Recurso Humano propio del Régimen de Servicio Civil y de no admitir este derecho se configuraría una restricción no fundada en la ley. Que en relación con lo alegado durante el debate en juicio acerca, del hecho que la demandante, ejerce un trabajo bajo la consideración de puesto excluido como empleada de confianza; si bien la Ley de Servicio Civil contempla quienes son los servidores públicos con puesto excluido no se Encuentra el cargo de Directora de Profesionalización del Servidor Público como un Puesto de Confianza de La Presidencia de la República y en contacto directo con él o con algún Secretario de Estado.- Que esto no se dio porque la asignación laboral pasó a la Dirección General de Servicio civil y con el anexo del acuerdo de nombramiento de la empleada llega como dependiente de servicio civil y adscrito bajo esta institución laboral. De la misma manera la calificación de dirección o de confianza es una formalidad que debe observar el empleador. El Estado de Honduras de Cualquier modo no hace observancia de empleo de confianza como carácter desvinculante sino que por el contrario el tema de origen es la consideración o no de puesto excluido de la demandante según la prueba las alegaciones del demandando.- Esta condición se establece solo a funcionarios y empleados cuya representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones lo ligan con el destino de la institución pública de quien lo contrata, de tal forma que sus actos merezcan plena garantía y seguridad. De tal manera que el adscribir a la señora Gloria María Palacios Zelaya al Régimen de Servicio Civil no existe tal condición de confianza o representatividad de patrono a favor del Estado de Honduras.- De acuerdo con el acuerdo de nombramiento se ha logrado concluir que la naturaleza del puesto de trabajo coinciden con el Servicio Civil en virtud de que el servicio público es analizado y ordenado para una profesionalización que no es tarea de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia sino que de la Dirección General de Servicio Civil para cumplir con el artículo 1 de La Ley General de Servicio Civil que establece la creación y modernización de la carrera administrativa. Según el artículo 6 numeral 21 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil: “Es empleado o Servidor Público, toda persona natural que ha sido nombrada a través de un acuerdo.- Que presta sus servicios a la administración pública y que está protegido por la Ley de Servicio Civil”. Estos elementos de juicio y criterio legal son suficientes para que la honorable Corte Suprema de Justicia admita el motivo único y case la sentencia recurrida. Con la presente Casación se persigue en primer lugar Casar Totalmente La Sentencia Recurrida en la parte resolutiva anteriormente descrita en el Acápite denominado ANTECEDENTES, a fin de que se corrijan totalmente los defectos y vicios del fallo recurrido puesto que es violatorio de la Ley Sustantiva Administrativa; en segundo Lugar solicito: que casada ésta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y constituido en sede de instancia la Sustituya por la que en derecho corresponda dictando el fallo. CUARTO: La Sala de Lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en varios fallos al interpretar el Artículo 31 de La Ley General de la Administración Pública para concluir: “Que no se puede deducir de dicho precepto ningún indicio o intención de establecer que los puestos creados por motivo de la Ley General de la Administración Pública se considerarán como Puestos Excluidos, puesto que la Ley de Servicio Civil específicamente determina los cargos que se encuentran excluidos de la Aplicación del Régimen de Servicio Civil y no basta con que se indique en el Acuerdo de Nombramiento que determinado cargo sea excluido, ya que es necesario que taxativamente lo establezca la ley.- Así como los cargos de Confianza según el procedimiento del Reglamento de la Ley de Servicio Civil”. Es así que siguiendo el sentido de la Sala y en aplicación del artículo 12 del Reglamento de La Ley de Servicio Civil no se puede entender que la ciudadana Gloria María Palacios Zelaya es empleada de Confianza porque se demostró en juicio que la misma fue declarada Adscrita a la Dirección General de Servicio Civil.- De modo que para los fines del artículo 3 inciso b) de la Ley de Servicio Civil es preciso que la Demandante sea Adscrita de forma permanente, funcional y directa al Despacho del Secretario de Estado.- Este hecho no aconteció y no se dio el acto administrativo para dar estimación a la parte demandada. Todo lo contrario; Es legal considerar que la demandante al estar Adscrita al Régimen de Servicio Civil por orden para continuar bajo la dependencia y las órdenes del Director General de Servicio Civil no fue ingresada de forma directa bajo la subordinación del Secretario General de alguna Secretaría de Estado y sin dependencia de algún Secretario de Estado.- La Sentencia debe ser casada porque no existe razón legal o argumento jurídico que apoye una dependencia directa que no existió sino que el Acto Administrativo que permanece en la Hoja de Servicios de la Empleada hace constatar la obediencia a otra entidad que pertenece al Régimen de Servicio Civil de forma expresa porque El Estado a través de la Autoridad correspondiente la nueva asignación fuera de la dependencia. Para que la razón legal del Demandado lograra prosperar en lo concerniente a la Secretaría General de la Presidencia se debió consignar que la servidora pública friera adscrita directamente al Despacho del Secretario de Estado bajo su inmediata dependencia, subordinación y siguiendo las decisiones del Funcionario de Estado Presidencial.- Esto no sucedió ni se aplicó en el caso de la demandante y más bien se demostró que por la naturaleza del cargo de formación profesional fue adscrita a la Dirección General de Servicio Civil.”.- II. Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) en el desarrollo del cargo señala normas no indicadas como violadas, tal es el caso de los artículos artículo 17 del Código Civil, 1 de la Ley de Servicio Civil; 6 numeral 21 y 12 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y 31 de la Ley General de Administración Pública; b) se insta la revisión de los hechos y la apreciación y valoración del material probatorio lo cual es vedado a este Tribunal en este extraordinario recurso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil; y, c) se realizan en su desarrollo alegatos propios de instancia.- III. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil quince; certificación del auto de fecha doce de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 126-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL