Sentencia CA-125-14 — Registro 4667
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando con lugar la defensa previa, declarando la inadmisibilidad por existir causal, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la Ley de lo Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es clara al ordenarle a la parte actora que debe designar con precisión el acto administrativo cuya nulidad se pide, la nulidad de una nota de cancelación no es susceptible de impugnación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violación de la Ley, como son la aplicación y la interpretación, las que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en éste extraordinario recurso; b) la causal invocada no es congruente con el precepto autorizante señalado; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) formula alegatos de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La señora YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO, representada en juicio por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO; y, Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF), representado en juicio por el abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, para su pleno restablecimiento el reintegro a su puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, mas los incrementos salariales en su ausencia, mas costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de mayo del dos mil diez, por la señora YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, representado en juicio por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF), representado en juicio por el abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que fue contratada el dos de mayo del dos mil siete; durante tres años desarrolló su trabajo con responsabilidad y honestidad, desempeñando su último cargo como Coordinadora del Proyecto del Bono de la Tercera Edad; en fecha treinta de abril del dos mil diez, la autoridad superior le canceló sin agotar ningún procedimiento administrativo, infringiendo la Ley de Servicio Civil.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, por medio del PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF), contestó dicha demanda señalando que en el expediente personal de la demandante hay una serie de llamados de atención y memorandos, por ser una persona conflictiva; no se utilizó como fundamento la Ley del Servicio Civil por no ser aplicables a los empleados de la institución, por ser un órgano desconcentrado de la administración nacional.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la defensa previa, declarando la inadmisibilidad por existir causal, sin costas, bajo el criterio que se interpuso un auto para la admisibilidad de la demanda, consistente en aclarar cual es el acto impugnado, siguiendo la causa se actuó en base al articulo 80 letra e) se declara la inadmisibilidad de la misma, ya que la nota que se pretende anular no está sujeta a impugnación.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de noviembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación y sin costas, bajo el criterio que la Ley de lo Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es clara al ordenarle a la parte actora que debe designar con precisión el acto administrativo cuya nulidad se pide, al revisar el escrito de la demanda y subsanación, pide la nulidad de una nota de cancelación, no siendo susceptible de impugnación.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en fecha diecisiete de enero del dos mil catorce, presento escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha catorce de noviembre del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.359-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 282-2010, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintiuno de enero del dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrente, abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES, presentó, en fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados en fecha veintiséis de febrero del dos mil catorce, los abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y ABRAHAM ALVARENGA URBINA, concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN L0S ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION. Este motivo se sustenta en el Articulo 719.1, letra C) del Código Procesal Civil en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión y en cuanto a la Forma y Contenido de la Sentencia. Los Magistrados emisores de la sentencia recurrida en Casación infringen y violan flagrantemente las Garantías de la Defensa, del Debido Proceso y de la Legalidad con que deben actuar los Funcionarios Judiciales, tutelados por (los Artículos 2, 90, 321 y 323 de La Constitución de la República. Ya que la Sentencia de Segunda Instancia, resulta ser inconciente, al haberse infringido lo dispuesto en el Articulo 200 del Código Procesal Civil consecuentemente también la sentencia de primera instancia no se encuentra ajustada a derecho, Desconociendo el Juzgador de Segunda Instancia que las pretensiones pueden desaparecer de dos formas, en primer lugar cuando son satisfechas y en segundo lugar cuando aún no son satisfechas. Las pretensiones pueden ser satisfechas procesalmente o extraprocesalmente. La satisfacción procesal se produce en la sentencia La Extraprocesal es cuando la Administración Pública satisface en vía administrativa total o parcialmente las pretensiones del demandante. Tal como ocurrió también en el presente caso que en primera instancia, al declarar CON LUGAR la defensa previa interpuesta por la parte incidentista y declarar La inadmisibilidad de la demanda promovida por la parte actora INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCLON IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Al pronunciarse la Sentencia recurrida, sosteniendo como único fundamento: “Porque consta en autos la causa de inadmisibilidad” , y “Porque lo que se pide es la nulidad de la nota de su cancelación, nota que no es impugnable- ante- este Tribunal ya que la misma no es un acto administrativo” No tomando en cuenta los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que el acto administrativo ¡impugnado del cual se pide que se anule es la nota de cancelación de fecha 30 de abril del año 2010, numero RRHH N° 03- 2010, no obstante también en la pieza principal de autos consta a folio número seis 6), la acción de cancelación de personal número 2153, efectiva a partir del 30 de abril de año 2010, y en la misma se establece como último día laborado el 30 de abril del año 2010, acción esta que fue aprobada por el jefe de División de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y el Director Ejecutivo del PRAF y aceptada por la demandante YESICA OAROLINA MOLINA HOMERO, y en su misma fecha 30 de abril del año 2010, mediante nota RRHH-N° 03-2010 se le notifico personalmente que la Dirección Ejecutiva del PROGRAMA ASIGNAClÓN FAMILIAR (PRAF) había decidido dar por terminada su relación laboral a partir del día de hoy, en el cargo de coordinadora del bono de la tercera edad, que ha venido desempeñando desde el 2 de mayo del año 2007, y entre otras cosas también le expresan que de no estar conforme con esta disposición el empleado tiene la facultad de recurrir a la instancia de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa.- Que con dicha nota se le notificó a ella personalmente, donde el PRAF había decidido dar por terminada su relación laboral a partir del 30 de abril del año 2010.- Con los dos documentos anteriores que si bien es cierto no existe acuerdo de cancelación de forma expresa por lo tanto el acto administrativo impugnado se constituye en forma tácita, que también es impugnable ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tal como lo dispone el articulo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo que dice: “Que en los casos previstos en la ley, el comportamiento de la administración pública, que sea univoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una resolución expresa (a esto es lo que se le llama actos tácitos) y por lo tanto son impugnables ante esa Jurisdicción Contenciosa Administrativa.”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violación de la Ley, como son la aplicación y la interpretación, las que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en éste extraordinario recurso; b) la causal invocada no es congruente con el precepto autorizante señalado; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) formula alegatos de instancia.- III.- Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTEINCIA. Este motivo se sustenta en el Articulo 719.1 Letra c) del Código Procesal Civil, en cuanto a La aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan, la forma y contenido de la sentencias, por la no aplicación del Artículo 28 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que se quebranta la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por la No aplicabilidad en el presente caso del Articulo 28 que dice: Párrafo Primero: “La acción sea admisible en relación con los actos definitivos de la Administración Pública que no sean susceptibles de ulterior recurso en vía administrativa”. Párrafo Segundo: En los casos de los actos de trámite, la acción será admisible cuando estos no sean susceptibles de ulterior recurso administrativo y decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, de tal modo que ponían término a la vía administrativa o hacían imposible o suspendan su continuación”. Párrafo Tercero: “La acción contra tos actos administrativos, de carácter general o disposiciones se regirá por lo previsto en el Artículo 30 de esta Ley La Corte de Sentenciadora, infringiendo la disposición anteriormente citada, dispone mediante la sentencia recurrida en Casación.- FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, actuando en su condición de Apoderado Legal de la señora YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO.- SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia Interlocutoria de fecha veintitrés de enero del dos mil trece dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa. Municipio del Distrito Central y que aparece del folio cuarenta y uno (41) al folio número cuarenta y siete (47) de la pieza separada de defensas previas.- Y MANDA: Que luego que adquiera el carácter de firme esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia, por medio de la certificación respectiva, a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto.- La Secretaria del despacho comunique en legal y debida forma la presente sentencia, y una vez firme se comunique al juzgado de su procedencia a través de la certificación de estilo a efecto de que proceda conforme a lo resuelto. CONTRA LA PRESENTE SENTENCIA PROCEDE EL RECURSO DE CASACION EL QUE SE DEBE INTERPONER ANTE ESTA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DENTRO DE LOS VEINTE DIAS SIGUIENTES AL DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE FALLO.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE. La sentencia recurrida se impugna por la no debida aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan en relación a la forma y contenido de la misma. Que la sentencia interlocutoria de fecha 21 de marzo del año 2012, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que puso fin al procedimiento en primera instancia. La que también no se encuentra ajustada a derecho ya que la Corte Sentenciadora en su acápite FUNDAMENTOS DE DERECHO, Considerandos 4, 5 y 6 hace una relación de consideraciones a su manera actual, sin señalar el Articulado en que se fundamenta., aplicando en completa contradicción, ya que esencialmente los hechos en que se fundó el incidentista, son cuestiones de fondo, que no debieron conocerse en este momento procesal con lo que se infringió el ordenamiento jurídico e incurrido en exceso y desviación de poder- Ya que tal circunstancia, fue lo que obligó a mi representada a promover ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo su demanda, INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Al haber inobservancia por parte de la Corte de Apelaciones Sentenciadora a lo preceptuado por el Artículo 25 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se emite un tallo incongruente con lo pretendido, va que su fundamento donde debe conocerse es en el fondo del asunto, pues se resuelve sobre una actuación que lo lleva aparejado es única y exclusivamente la cancelación o despido de la demandante, quien presentó su demanda dentro el plazo que ordena la ley, porque tanto la sentencia interlocutoria de fecha Veintitrés (23) de Enero del año 2013, dictada en la pieza separada de DEFENSAS PREVIAS: y que puso fin al proceso de la demanda especial en materia de personal, dictada por ese Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, como la recurrida mediante este recurso de casación dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no se encuentran ajustada a derecho; en las que se indica, que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al tondo del asunto y que declaran la inadmisibilidad de la demanda promovida por la señora YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO, contra el PRAF, en la que aplican erróneamente normas legales que rigen los actos y garantías del proceso como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate por el órgano jurisdiccional competente como ser: La aplicación del articulo 108 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que manda: Que las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos, se sujetara al procedimiento especial en materia de personal Que en el presente caso el Juez de primera instancia omitió el procedimiento establecido en el artículo 64 de la ley de la Jurisdicción de lo Contenciosa Administrativa, que literalmente dice: Del escrito de defensas previas se dará traslado al demandante quien podrá ejercitar la facultad prevista en el articulo 127 de esta ley y se fijará una audiencia que se celebrara dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a aquel en que se hubiera ordenado el traslado a la cual comparecerán las partes a alegar lo pertinente, presentando los documentos en que se funden sus alegaciones (se puede observar que el auto de fecha 5 de abril del año 2011 donde se señaló la audiencia de defensas previas, a la parte demandante no le fue notificado el mismo y por lo tanto nunca le corrió el traslado respectivo. Lo que se puede ver en los folios 2 y 3 de la pieza de Defensas Previas, donde se llevó a cabo la audiencia de defensas previas, solo habiendo notificado al apoderado de la parte demandada).- En el presente caso a la parte actora se le violentan las garantías constitucionales del debido proceso y la han dejado en total indefensión al no permitirle el acceso a los tribunales para hacer sus peticiones, llevándose de encuentro el articulo 80 de la Constitución de la República, porque consta en autos, el escrito de mi representada donde subsano los defectos o requisitos que le señalo el Juez de primera instancia”.- IV.- Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violación de la Ley, como son la falta de aplicación y la aplicación indebida, ya que el Censor expresa la no aplicación del artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y por otra, la no debida aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, las que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en casación; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) finalmente hace referencia a normativa no citada, tal es el caso del artículo 80 del la Constitución de la República y formula alegatos de instancia.- V.- El Censor en un tercer motivo manifiesta: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DEL FONDO DEL LITIGIO. Este motivo se sustenta en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas y utilizadas para la solución de fondo del litigio, en vista que en este momento procesal estamos ante un incidente que está declarando la inadmisibilidad de la demanda. Asimismo por La aplicación indebida de los Artículos 200, 479 No. 1), 705 del Código Procesal Civil, mismas que literalmente dicen: ARTÍCULO 200. Contenido Formal de las Sentencias. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los profesionales del derecho que las hayan defendido y representado y el objeto del proceso. b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que se tunden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubieren propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En Los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de tas normas jurídicas aplicables al caso. d) “El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos ARTICULO 479 No. 1; valoración De La Prueba. 1.- El Tribunal deberá valorar la prueba conforme al principio de libre valoración, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, motivando siempre la sentencia de manera precisa y razonada”. ARTICULO 105: Finalidad del Recurso. 1.- El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por él órgano jurisdiccional competente. 2.- Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba. INCIDENCIA DE LA INFRILCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Los Señores Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo fallan declarando sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante es decir parte apelante y como consecuencia confirma la sentencia interlocutoria apelada dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de fecha veintitrés de enero del dos mil trece, teniendo como Fundamento de Derecho, únicamente, al manifestar lo siguiente: Porque consta en autos la causa de inadmisibilidad decretada por el Juzgado A-Quo. Y porque lo que pide es la nulidad de la nota de su cancelación, nota que no es impugnable ante este Tribunal, ya que la misma no es un acto administrativo”. Tanto el Juzgador de primera Instancia como el de segunda, esa Honorable Corte de Apelaciones, no tomaron en consideración, que la parte actora al subsanar los requisitos para la validez de ¡a comparecencia señalo que el acto administrativo impugnado del cual se pide que se anule es la nota de cancelación de fecha 30 de abril del año 2010, numero RRHH-N° 03-2010, no obstante también en la pieza principal e autos consta a folio número seis (6), la acción de cancelación de personal número 2153, efectivo a partir del 30 de abril de año 2010, y en la misma se establece como último día laborado el 30 de abril del año 2010, acción esta que fue aprobada por el jefe de División de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y el Director Ejecutivo del PRAF y aceptada por la demandante YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO, y en su misma fecha 30 de abril del año 2010, mediante nota RRHH-N° 03-2010 se le notifico personalmente que la Dirección Ejecutiva del PROGRAMA ASIGNACIÓN FAMILIAR (PRAF) había decidido dar por terminada su relación laboral a partir del día de hoy en el cargo de coordinadora del bono tercera edad, que ha venido desempeñando desde el 2 de mayo del año 2007 y entre otras cosas también le expresan que de no estar conforme con esta disposición el empleado tiene la facultad de recurrir a la instancia de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa.- Que con dicha nota se le notificó a ella personalmente, donde el PRAF había decidido dar por terminada su relación laboral a partir del 30 de abril del año 20105 cierto es que no existe acuerdo de cancelación de forma expresa por lo tanto el acto administrativo impugnado se constituye en forma tácita, que también es impugnable ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tal como lo dispone el articulo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo que dice: Que en los casos previstos en la ley, el comportamiento de La administración pública, que sea univoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una resolución expresa (a esto es Lo que se le llama actos tácitos) y por lo tanto son impugnables ante esa Jurisdicción Contenciosa Administrativa Que el PRAF, para Cancelar su personal nunca ha emitido acuerdos de cancelación. Sino que lo hace mediante acciones tal como está acreditado en autos. ”.- VI.- Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) en su desarrollo alude a normas no señaladas como infringidas en su formulación, tal es el caso del articulo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo y formula alegatos de instancia.- VII.- Que el Recurrente alega adicionalmente en su acápite denominado “SOBRE LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION Que la declaración y alcance de la impugnación de la Resolución, de la cual se está interponiendo y formalizando el Recurso de Casación, se fundamenta en la causal comprendida en el Articulo 719 numeral letra c) del Código Procesal Civil y el Articulo 720 numeral 2 también del mismo Código entre otras cosas establece que se podrá solicitar en Casación el Control de la Motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuere determinarle de un sentido diferente del fallo. Porque las causas de casación del nuevo Código Procesal Civil, establecidas en el Artículo 119 que dice: Causales del Recurso 1) Se podrá impugnar la aplicación o interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimientos, b) Los actos y garantías cuando su infracción, suponga la nulidad o produjera e) La forma y contenido de la sentencia. 2) Igualmente se podrá impugnar la aplicación e- interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PROCEDENCIA DE LA DECLARACION DEL ALCANCE DEL RECURSO, POR HABER VIOLACION A LAS REGLAS PROCESALES DURANTE LA SUSTANCIACION DEL JUICIO. La sentencia recurrida no se encuentra dictada de conformidad a derecho porque al dictar dicha sentencia no juzgaron dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición sin tomar en consideración los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos jurídicos en que respectivamente cada parte apoyó sus pretensiones.- Además que no se puede desconocer que vivimos en un estado de derecho donde se debe respetar el principio de legalidad al momento de emitir sus propios actos administrativos. Y por eso mi representada ha apelado al Derecho De Petición con el fin de que se haga PREVALECER EL DERECHO LABORAL a su favor en aplicación del articulo 129 de la Constitución de la República que garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de la industria y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta: efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de Percibir a titulo de daños y perjuicios.- Norma que se encuentra recogida de igual forma en el articulo 113 del Código del Trabajo Vigente. También el articulo 3 del Código del Trabajo manda “Que son nulos IPSO-JURE todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo su Reglamento o las demás leyes del trabajo, o previsión social otorguen a los trabajadores aunque se exprese en un contrato de trabajo otro pacto cualquiera”. Que es lo que resulta ser en el fondo del asunto. Pero que tanto Primera Instancia con su Sentencia interlocutoria y Confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al declarar en principio con lidiar la defensa previa e inadmisible la demanda, definitivamente se está poniendo fin al juicio, sin haber entrado al mismo por una inexistente defensa previa en contradicción a que ya ha sido admitida y a trámite la demanda es decir el fondo del asunto.- Que la CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en su articulo 8 numeral 1.- GARANTÍAS JUDICIALES expresa Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.- El convenio No. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Honduras mediante Decreto No. 209 de fecha 19 de marzo de 1960, prohíbe la discriminación en materia de empleo y ocupación, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, por cuestiones de orden político entre otras causas, pues todos los seres humanas tienen derecho al trabajo, a escoger libremente su trabajo y realizarse dentro del mismo, teniendo derecho además a la estabilidad laboral, sin distintos de ninguna naturaleza. Y no se puede DEJAR AL LIBRE ALBREDIO O CAPRICHO DE LOS RECTORES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS Y APLICANDO EL CONCEPTO JUR1DICO DOCTRINARIO. “PRO INDUVIO OPERATI, PRO INDUVIO LABORARI”, EN EL SENTIDO DE QUE CUANDO HAYA CONFLICTO DE NORMAS O NO EXISTA CLARIDAD, SE APLICARA LO QUE MAS FAVOREZCA AL TRABAJADOR. Evidenciándose claramente que la adopción de la decisión tomada por la Administración Pública (PRAF), mediante una nota de cancelación del cama de mi representada, cuestión única y exclusivamente imputable a la administración y no a mi representada, quien lo que ha hecho es hacer uso del derecho que le asiste al presentar en tiempo y forma su demanda, pero que en el fondo tiene como objeto la cancelación de mi representada, el que es contraria a derecha por haberse dictado sin haber causa justificada y en abierta contradicción del derecho constitucional de defensa y con infracción del ordenamiento jurídico dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, Lay General de la Administración Pública y demás leyes del Estado. Quedando claro que el acto administrativo objeto de impugnación se dictó con exceso de poder, sin respetar los procedimientos permitidos en el ordenamiento jurídico y por esas razones es nulo de pleno derecho porque no se podrán ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República.”.- VIII.- Que lo anteriormente expuesto, si bien no contiene la estructura de una causal o motivo de casación, si cuenta con un precepto autorizante, sin embargo no contiene señalamiento de normas violadas ni el concepto de su infracción, por lo cual tal petición resulta inestimable.- IX.- En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- X.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- XI.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- XII.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en sus cuatro motivos y alegato sobre declaración del alcance de la impugnación. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve día del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiséis de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 125-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL