Sentencia CA-123-15 — Registro 4687
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el mismo criterio de que hubo infracción al ordenamiento jurídico, efectivamente porque la obligación de retener y enterar las cotizaciones al INJUPEMP es un deber del patrono afiliado a dicho sistema, quien es el que cancela el salario regular de sus empleados y es el que tiene que realizar las deducciones correspondientes al empleado y hacer sus aportaciones como patrono y enterar ambas al INJUPEMP y el hecho de no haber hecho las deducciones correspondientes a la parte demandante y haberlas enterado al INJUPEMP es imputable al demandado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Pero resulta que el censor no ha sido claro ni preciso en la formulación del cargo que sustenta su demanda de casación. En primer lugar no es preciso en el concepto de la infracción pues no señala si la violación de la norma es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; además carece de claridad y precisión cuando lo que se infiere en la formulación del cargo alude a la violación del Artículo 207 del Código Procesal Civil, pero sin indicar el literal del mismo que considera infringido, disposición que contempla dos situaciones jurídicas distintas que era necesario precisar, siendo hasta en la explicación del motivo que hace referencia al numeral 1) cuando dispone “…. pero no analizados los mismos al tenor de lo establecido en el articulo 207 Numeral 1 del Código Procesal Civil ,,,”, sin ocuparse en ilustrar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con indebida aplicación de la forma o contenido al alcance de la causal contenida en el inciso “c” numeral 1 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, realizando más bien alegatos propios de instancia; por otra parte, olvida el impetrante que la sentencia impugnada ha prohijado la sentencia de primera instancia, por ende ha hecho suyo lo razonamientos y fundamentos de derecho en cuanto a la valoración e interpretación de la prueba aportada, estando la misma suficientemente motivada.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de junio de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente a la tercera, para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) representado en juicio por el abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ; y, Recurrido: RIGOBERTO DIAZ ESTRADA, representado en juicio por el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de unos actos administrativos por haberse dictado infringiendo el ordenamiento jurídico vigente, reconocimiento de una situación jurídica individualizada a efecto de que se proceda a efectuar pago de aportaciones patronales al INJUPEMP, indemnización de daños y perjuicios, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cinco de agosto del año dos mil once, por el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS en su condición de apoderado del señor RIGOBERTO DIAZ ESTRADA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por medio de su Representante Legal.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que labora como Médico empleado del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL con número de empleado 02319, como Neurocirujano de Guardia en el Hospital Regional del Norte desde el 8 de septiembre de 1986, según consta en los archivos de esa institución, habiendo él iniciado sus trámites para obtener su jubilación en el Instituto Nacional de Jubilaciones Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP), los cuales ha interrumpido ya que en esa institución del Estado se detectó que el IHSS como patrono no realizó las deducciones respectivas correspondientes a las cotizaciones patronales y del afiliado a dicho sistema y que por ley está obligado a pagar, dejándose de pagar tales valores del periodo comprendido del 1 de Junio de 1999 al 30 de mayo del 2006, por lo cual esa Institución debió haber aportado el 11% como patrono y deducido el 7% en el caso del demandante como afiliado al INJUPEMP, por un monto con valor financiero actualizado al 28 de febrero de 2011 de L.962,662.24, correspondiéndole al IHSS tener que pagar a esa fecha la cantidad de L.588,293.59, valor que se incrementa cada día si no se atiende dicha obligación legal, asimismo alega que realizó varias gestiones ante funcionarios y dependencias de esa Institución, tales como la Sub-Gerencia de Recursos Humanos y la Dirección Ejecutiva, sin embargo no se ha procedió a atender lo solicitado y enterar lo adeudado por concepto de aportaciones patronales que debieron ser realizadas oportunamente, siendo que la obligación de retener y cancelar dichos valores corresponde al patrono, en este caso el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, cuya omisión no fue advertida, sino hasta que personal del INJUPEMP le proporcionó tal información al efectuar el trámite de su jubilación, situación que le está afectando su derecho para obtener su jubilación voluntaria cuando él es ya una persona de 63 años de edad, por lo que el atraso en ese pago le perjudica notoriamente y le irroga daños y perjuicios.- Asimismo como que también padece de algunas enfermedades que le imposibilitan en alguna manera de seguir ejerciendo dignamente al 100% de sus facultades sus cargo para el cual fue contratado, por lo anterior, el 30 de Junio del 2010 se formuló el respectivo reclamo administrativo ante el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, solicitando se procediera a cancelar esos valores correspondientes a las cotizaciones patronales no pagadas al INJUPEMP, el cual se registró ante dicha institución bajó número 6454-10, diligencias en las cuales se dictó la resolución número 1254- 2010-TEG de fecha 01 de septiembre del 2010 donde se declara sin lugar el Reclamo Administrativo relacionado, aduciendo cuestiones que de ninguna manera desvanecen la responsabilidad patronal del IHSS y que solo pretenden desconocer quién era y es el obligado a realizar dichas retenciones y enterarlas íntegramente al INJUPEMP, según lo dispuesto en la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, particularmente en sus artículos 43 y 47 donde se determinan los porcentajes que el gobierno así como las instituciones afiliadas o que en el futuro se afilien, pagarán de los sueldos mensuales cotizables y por cada uno de sus empleados participantes y que deberá deducir mensualmente del salario de los participantes del sistema, las aportaciones personales de estos.-Tampoco aplica lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Transferencia de Valores Actuariales, ya que las dos instituciones a las cuales ha prestado sus servicios son afiliadas al mismo Sistema del INJUPEMP y tampoco es esa su situación, ya que si bien es cierto él laboró con la Secretaria de Salud, desde junio de 1998 dejó de hacerlo, pero en todo caso ambas instituciones estaban obligadas a efectuar dichas retenciones, tal como así se hace con otros empleados y que oportunamente se acreditara en juicio contra dicha resolución se interpusieron de forma motivada los recursos de reposición y subsidiaria apelación, el primero fue declarado sin lugar mediante auto de fecha 21 de octubre del 2010, el segundo pasó a conocimiento de la junta directiva de dicha Institución, la cual mediante resolución N 04-24-05-2011 de fecha 24 de mayo del 2011, declaró sin lugar dicho recurso, misma que fue notificada hasta el 21 de junio del presente año, por ello se ve en la necesidad de acudir ante ese despacho, para que judicialmente se declare la procedencia de la acción de mérito, se anulen los actos administrativos impugnados, se reconozca la situación jurídica individualizada, se condene al IHSS a cancelar esos valores correspondientes a las cotizaciones patronales no pagadas al INJUPEMP, más el pago de los daños y perjuicios irrogados al haberles causado un daño innecesario, al tener que ejercitar esta acción y no poder ejercer su derecho para jubilarse teniendo La edad de hacerlo, mediante La sentencia definitiva que al efecto se dicte, CON ESPECIAL CONDENA EN COSTAS, por no tener motivos bastantes para litigar.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que es cierto es que el demandante labora como empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social pero no consta y deberá acreditar el derecho que alega en el referido numeral en el momento procesal oportuno, lo único que consta son los reclamos administrativos llevados a cabo por el demandante, así como de haber hecho Reclamo Administrativo por escrito que se registró con número de solicitud 6454-10, así como que si se presentó el reclamo administrativo y que se dictó la resolución a que se hace referencia, pero se rechaza en cuanto a que alegue que tiene derecho a lo que reclama, asimismo solo consta que se dictaron las resoluciones a que se hace referencia pero se rechaza en cuanto a que ese despacho declare judicialmente la acción Incoada lo que deberá acreditar en el momento procesal oportuno, el demandante prestó sus servicios para la Secretaria de Salud Pública del primero de octubre de 1986 hasta el mes de septiembre de 1998, Institución por la cual cotizaba para el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos, (INJUPEMP), asimismo que cuando dejó de laborar para dicha Secretaria no comunicó a su otro patrono el Instituto Hondureño de Seguridad Social, por el cual no cotizaba, para que procediera a hacer las Deducciones de Ley.- Asimismo se acreditara que el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP) solo reciben cotizaciones de una sola Institución cuando el afiliado labora para dos Instituciones como es el presente caso, razón por la cual el demandante solo cotizaba por la Secretaria de Salud y que el demandante debió notificar al momento de renunciar de la Secretaria de Salud a su otro patrono para que hiciera las deducciones de Ley, al haber dejado de cotizar de su otro patrono, para mantener la continuidad de sus cotizaciones, por lo que se acreditará que el demandante notificó al Instituto Hondureño de Seguridad Social hasta el 19 de mayo del año 2006, que había dejado de laborar para la Secretaria de Salud, razón por la cual inició a hacer las deducciones hasta el mes de junio del año 2006.- Igualmente el demandante mensualmente recibía su boucher de pago, en el que fácilmente se constata que no se le hacían las deducciones de Injupemp, desde el mes de enero de 1999 al mes de mayo del año 2006, años durante los cuales el demandante no presentó reclamo alguno, aun con el conocimiento de saber que no se le hacían las deducciones de Injupemp, sino que lo hizo hasta el 19 de mayo del año 2006, o sea casi ocho años después presentó la solicitud para que se le hiciera las deducciones, lo que a la fecha y en vía de alegaciones ya le prescribió el derecho que reclama e igualmente el reclamo lo presenta hasta el mes de junio del año 2010, cuatro años después de conocidos los hechos, lo que igualmente vía alegación ya le prescribió el derecho; en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, no todos los trabajadores son cotizantes al Sistema del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP), sino ciertos gremios como por ejemplo el gremio médico, razón por la cual cualquier cambio debe ser notificado a la Gerencia de Personal tal como lo hizo el demandante en el mes de mayo del año 2006; efectivamente se emitió la resolución No 1254-2010- TEG, por parte de la Dirección Ejecutiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la que declaró sin lugar el reclamo presentado, de la que se interpuso recurso de apelación y subsidiariamente apelación, por lo que la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social emitió la Resolución 04-24-05-2011, las cuales fueron dictadas conforme a derecho y en base a la Información que corre agregada al expediente administrativo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de abril del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anula totalmente, reconoció la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se adoptaron las siguientes medidas: a) que el demandado cancele al INJUPEMP los valores correspondientes a las cotizaciones patronales no pagadas oportunamente del 11% calculados sobre los sueldos que le fueron reconocidos al demandante y que en concepto de patrono le corresponde enterar a dicho régimen de previsión social, del período del 1 dejunio de 1999 al 30 de mayo de 2006, sin perjuicio de la oobligaciòn que tiene el demandante de aportar el 7% al INJUPEMP por el mismo período; B) se declara sin lugar el pago de daños y perjuicios por ser improcedente, sin costas; bajo el criterio que estima que hubo infracción al ordenamiento jurídico, efectivamente porque la obligación de retener y enterar las cotizaciones al INJUPEMP es un deber del patrono afiliado a dicho sistema, quien es el que cancela el salario regular de sus empleados y es el que tiene que realizar las deducciones correspondientes al empleado y hacer sus aportaciones como patrono y enterar ambas al INJUPEMP, y el hecho de no haber hecho las deducciones correspondientes a la parte demandante y haberlas enterado al INJUPEMP es imputable al demandado.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el mismo criterio de que hubo infracción al ordenamiento jurídico, efectivamente porque la obligación de retener y enterar las cotizaciones al INJUPEMP es un deber del patrono afiliado a dicho sistema, quien es el que cancela el salario regular de sus empleados y es el que tiene que realizar las deducciones correspondientes al empleado y hacer sus aportaciones como patrono y enterar ambas al INJUPEMP y el hecho de no haber hecho las deducciones correspondientes a la parte demandante y haberlas enterado al INJUPEMP es imputable al demandado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en fecha veinte de enero del año dos mil quince, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.311-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 376-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, presentó en fecha dos de marzo del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dos de marzo del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha tres de marzo del año dos mil quince, los abogados FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ y HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintinueve de marzo del año dos mil quince, teniendo por personados a los abogados FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ y HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil catorce y que el recurrente denuncia un motivo con fundamento en los artículos 716 y 719 numeral 1) literal c) relacionado con el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVO DE CASACIÓN. El recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Este único Motivo de Casación está comprendido en el artículo 719 Numeral 1 Inciso “C” relacionado con el artículo 720 Numeral 2 del Código Procesal Civil que posibilita como licito el Impugnar o recurrir la Sentencia objeto de este Recurso en vista que la Sentencia debe estar dictada bajo los razonamientos facticos y jurídicos, o sea que debe estar basada sobre hechos reales y probados. Asimismo el artículo 207 del Código Procesal Civil establece la Anulabilidad de la Sentencia ya que esta debe ser motivada expresando en los considerandos los Razonamientos Facticos y Jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de la Prueba, así como como a la aplicación e interpretación correcta de la Ley, consecuentemente se ha dejado de observar en la Sentencia Recurrida dichos requisitos, o sea se debe apreciar y valorar la prueba y el razonamiento debe hacerse en base a la prueba presentada y evacuada en su conjunto, en vista que bajo la sana critica debe analizarse toda la prueba presentada y evacuada oportunamente, lo que no sucedió en el presente caso, ya que la misma esta únicamente fundamentada en lo establecido en la Ley de Injupemp. En el que se establece la Obligación del Patrono de hacer las deducciones, y enterarlas al Injupemp. Sin observar otros elementos del porque no se cumplió con lo establecido en dicha Ley, elementos que corren agregados como medios de prueba en el expediente de Mérito, y que no fueron analizados por la Corte Sentenciadora, tal como se puede apreciar en la Sentencia que se Recurre, ya que en la parte de Fundamentos de Derecho únicamente se fundamenta en la Obligación que tiene el patrono de hacer las retenciones y enterarlas al INJUPEM, tal como se expresa en los considerandos 4 y Cinco de la Sentencia objeto de este Recurso, y no se hace referencia a las pruebas que se propusieron y se evacuaron oportunamente, y que acreditan las razones por las cuales no se hicieron las deducciones, y que no fueron tomadas en consideración en la sentencia que se está recurriendo, si se hubiese analizado la prueba se hubiera llegado a la Conclusión que efectivamente se violentó lo establecido en la Ley de Injupem al no haberse retenido los valores correspondientes a aportaciones al Injupemp, y se hubiera también llegado a la conclusión que dicho incumplimiento no es imputable a mi representada, sino al mismo demandante, que tardíamente comunica a mi representada que ya ha dejado de laborar para la Secretaria de Salud, y que se proceda a hacer la deducción para INJUPEMP, no lo hizo antes porque el sabia que estaba cotizando por la Secretaria de Salud, hechos que quedaron probados, pero aun así se condena a mi representada, lo que vuelve a dicha sentencia Injusta e ilegal por no haberse analizado la prueba en su conjunto y por las razones antes expuestas. CONCEPTO DE LA INFRACCION QUE VIOLENTA EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA RECURRIDA. PASO A EXPLICAR. El Código Procesal Civil establece que las Sentencias deben ser dictadas bajo los razonamientos factos y jurídicos que conducen a la apreciación y valorización d la prueba presntaa y evacuada oportunamente, lo que paso es que al momento de que el Ad-Quen (Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo) dicto la Sentencia, ya que su Sentencia la basa únicamente en lo Expresado en los considerandos 4 y 5, en los que se expresa que la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo en su artículo 47, ya que el mismo ordena que el patrono deberá deducir mensualmente del salario de los participantes del Sistema las Aportaciones personales y de enterarlas al INJUPEMP, basado únicamente en lo que establece este Artículo se condena a mi representada a pagar las cotizaciones que como patrono le corresponden, sin tomar en cuenta las razones por las cuales no se le hicieron al trabajador las deducciones que correspondían como aportación al INJUPEMP, y que corren agregadas al expediente de mérito, como medios de prueba que fueron presentados y evacuados oportunamente, pero no analizados los mismos al tenor de lo establecido en el artículo 207 Numeral 1 del Código Procesal Civil, en vista que no se valoró la prueba presentada y evacuada oportunamente en los que consta y se acredita las razones que tuvo mi representada para no hacer las deducciones legales a que hace referencia la Sentencia fundamentado en la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), consecuentemente la sentencia viola lo establecido en la Ley específicamente en lo que se refiere a que la Sentencia debe ser motivada expresando los razonamientos facticos y Jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, lo que no sucedió ya que si se hubiera valorado la prueba, se hubiera llegado a la conclusión que mi representada tuvo razones legales y justas para no hacer la deducción al demandante, pero que dichos medios de prueba no fueron tomados en cuenta, no existió en el presente caso sin razonamiento factico que condujera a apreciar y valorar la prueba, para llegar a la conclusión, que mi representada no es culpable del hecho que se le imputa, y no fundamentar la Sentencia únicamente en la Obligación de retener dichas cotizaciones, sin tomar en cuenta otros elementos que corren como prueba, y que no se tomaron en cuenta.”.- III. Pero resulta que el censor no ha sido claro ni preciso en la formulación del cargo que sustenta su demanda de casación. En primer lugar no es preciso en el concepto de la infracción pues no señala si la violación de la norma es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; además carece de claridad y precisión cuando lo que se infiere en la formulación del cargo alude a la violación del Artículo 207 del Código Procesal Civil, pero sin indicar el literal del mismo que considera infringido, disposición que contempla dos situaciones jurídicas distintas que era necesario precisar, siendo hasta en la explicación del motivo que hace referencia al numeral 1) cuando dispone “…. pero no analizados los mismos al tenor de lo establecido en el articulo 207 Numeral 1 del Código Procesal Civil ,,,”, sin ocuparse en ilustrar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con indebida aplicación de la forma o contenido al alcance de la causal contenida en el inciso “c” numeral 1 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, realizando más bien alegatos propios de instancia; por otra parte, olvida el impetrante que la sentencia impugnada ha prohijado la sentencia de primera instancia, por ende ha hecho suyo lo razonamientos y fundamentos de derecho en cuanto a la valoración e interpretación de la prueba aportada, estando la misma suficientemente motivada.- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicionalmente se recuerda al recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso, razonado y atinente a la o las causales invocadas.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha dos de junio del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 123-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL