Sentencia CA-119-15 — Registro 4685
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: a) alega dos tipos de infracción (falta de aplicación e interpretación de normas procesales) que debió haber expresado en forma separada e independiente; b) señala en su explicación disposiciones que no han sido citadas como violadas en su formulación, tal es el caso del artículo 323 de la Constitución de la República; y, c) el precepto autorizante resulta ser impreciso, al invocar al mismo tiempo los artículos 719 numeral 1) y 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, los cuales contienen distintas causas o causales del recurso de casación; y, d) realiza alegatos propios de instancia.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente al segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO; y, el Recurrido: señor CARLOS MAURICIO SOTO LEIVA, representado en juicio por la abogada GLENDA MAGDALENA FLORES FUNES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento como ser el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir con sus aumentos en su ausencia y por promoción, ascensos dejados de alcanzar por antigüedad de promoción al grado inmediato superior, decimotercer y cuarto mes de salario, vacaciones comunes y corrientes, profilácticas contenidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional mas costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, por el señor CARLOS MAURICIO SOTO LEIVA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despachos de Seguridad, representado en juicio por la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que ingresó a laborar en el año dos mil, en la Policía Nacional, siendo egresando de la Academia Nacional de la Policía, como Sub-Inspector, siendo cancelado en el año dos mil doce, desempeñándose en el cargo de Sub-Comisario mediante acuerdo de fecha quince de octubre del mismo año, fundamentándose en haber reprobado las pruebas de evaluación de confianza siguientes: Psicológica, Polígrafo y Estudio Socio Económico, aplicándole el decreto No. 67-2008 de fecha doce de junio del dos mil ocho, articulo 18-A, no existiendo el mismo ya que mediante decreto legislativo 198-2011 de fecha once de noviembre del dos mil once, reforma los artículos 7,8,13,18,123 numeral 3, aplicando una norma inexistente; por otra parte no se acredito se le haya seguido el procedimiento de ley para tal cancelación, ni haber realizado audiencia de descargo por los actos imputados violentándole así las garantías del debido proceso y derecho a la defensa.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despachos de Seguridad, contestó dicha demanda señalado que la decisión se basó en virtud que el Congreso Nacional emitió un decreto legislativo numero 89-2012, en el cual crea la Ley Especial para la Depuración Policial, con el objetivo de implementar de manera acelerada una depuración, otorgándole facultades al Director General de la institución contenidas en el decreto numero 67-2008 de fecha doce de junio del dos mil ocho, reformado mediante decreto numero 198-2011 de fecha cuatro de noviembre de dos mil once, por lo cual la cancelación del demandante se realizo en base a la ley, ya que era causal de despido el reprobar una de las pruebas de confianza, dándose tal hecho.- 3.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha tres de octubre del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva en la cual se declaro procedente la acción incoada; reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordena su reintegro al cargo de Sub Comisario de Policía, condenando al Estado de Honduras a pagar en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha de su cancelación el quince de octubre de dos mil doce, hasta la ejecución de la sentencia y demás derechos que le pudieran corresponder como ser el decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones y otros beneficios otorgados en su ausencia; no se le reconoce el pago de aumentos por ascenso de promoción y de igual manera los ascensos dejados de alcanzar por el demandante al grado inmediato superior, por no ser de conocimiento de una demanda de materia personal y sin costas; bajo el criterio que para imponerle una sanción se debe de respetar los derechos fundamentales, seguir el debido proceso y en apego a las leyes de mayor jerarquía; siendo el caso violatorio de ley sin seguir el procedimiento establecido, viciando de nulidad el acto, por lo cual se declaro con lugar la demanda.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional, en fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la sentencia proferida por el a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto y sin costas; bajo el criterio que se probo que las causas invocadas, el procedimiento seguido y las sanciones aplicadas en el despido no están apegadas a derecho, sin realizar audiencia a de descargo por lo que se le imputaba volviendo nulo el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso contra la sentencia dictada en fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.367-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 405-2012, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, abogada GLENDA MAGDALENA FLORES FUNES, presentó en fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, a los abogados GLENDA MAGDALENA FLORES FUNES y MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto en fecha trece de marzo de dos ml quince, teniendo por personada a la GLENDA MAGDALENA FLORES FUNES en concepto de parte recurrida y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por el recurrente, abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Se impugna la sentencia recurrida de fecha, cuatro (4) de diciembre del año dos mil (2014) y que confirma la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo emitida el tres (3) de octubre del dos mil catorce (2014), por la falta de aplicación e interpretación de las normas procesales, que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, así como el contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo como infringidos los artículos: 82de la Constitución de la República; 206 numerales1) y 3), 207 numeral 2), y 208, del Código Procesal Civil, en correlación con los artículos 719 numeral 1) y 720 numeral 2 del mismo Código Procesal Civil; articulo 77 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil catorce (2014), en virtud que declara sin lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia dictada por el Juez A-Quo en fecha tres (3) de octubre del 2014, lo que impugnamos en cuanto a lo que se refiere a los CONSIDERANDOS que contienen los fundamentos de derecho y los Ordinales PRIMERO y SEGUNDO de dicha sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 y 720 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO.- CONCEPTO DE LA INFRACCION. El articulo 719 numeral 1del Código Procesal Civil prescribe: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) la Jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y adecuación de procedimiento (lo resaltado y subrayado es nuestro). b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, y, c) La forma y contenido de las sentencias”. A su vez el artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil, dispone:... “2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del articulo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Con fundamento en las disposiciones transcritas se solicita por este recurso la revisión de las infracciones de las normas procesales en virtud que la Sentencia recurrida confirma la sentencia del a-quo, con lo que se produce una total indefensión al Estado desde el momento que el Tribunal de forma imperativa acude a fundamentos de derecho distintos no solo de los que debe aplicar correctamente, sino que también distintos de los que mi representada ha querido hacer valer, no resolviendo de conformidad a las normas aplicables al caso, ya que de manera contundente establece en el considerando 7 de la sentencia que “la Constitución de la República y los Tratados Internacionales que estipulan previo a sancionar o despedir, acusar a la persona humana debe privar el derecho de defensa y el debido proceso en el caso de autos” pero omite de forma involuntaria quizás, retomar los argumentos sólidos y de derecho que aclaran que la Secretaria de Seguridad únicamente en aplicación a lo que dispone el articulo 323 de la Constitución de la República cuando dice que los funcionarios están sujetos a la Ley y no son superiores a ella, actuó de conformidad a lo que en su momento estableció LA LEY DE DEPURACION ESPECIAL DE LA POLICIA NACIONAL contenida en el Decreto 89-20 12 que en su articulo 4 dejó en suspenso la aplicación de las normas procedimentales de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, y son estas normas en suspenso las que le sirven de fundamento para declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia del a-quo, al anteponer que la Constitución y Tratados Internacionales, privan para los efectos de sancionar o despedir, y como consecuencia no son válidos los estamentos jurídicos dictados en el Decreto 89-2012, es fácil deducir que cualquiera que tiene la capacidad de discernir jurídicamente entiende que se está materializando un argumento de inconstitucionalidad, sin embargo el Juzgador por si solo no puede decir que una Ley emitida por el Congreso Nacional y publicada, así como aplicada en su vigencia tal es el caso del Decreto 89-2012, es ilegal y como consecuencia mediante una sentencia dejar sin valor y efecto su contenido, para ellos existen los procedimientos legales correspondientes que así lo mandan, en el caso particular seria aplicar la Ley de la Justicia Constitucional. De lo contrario cualquier órgano jurisdiccional aplicará las leyes a su discreción, que papel juega el Congreso Nacional en su rol de legislador. Si se emiten leyes que en su contenido están por encima de las normas constitucionales y tratados internacionales, es facultad propia de la Sala de lo Constitucional declararlo y no de un Juez o Magistrado mediante una sentencia, como ocurre en la sentencia que hoy recurrimos. El Código Procesal Civil en sus artículos 206, 207 y 208 imponen de manera meridiana los requisitos internos de las sentencias, y cito textualmente: “ARTICULO 206. CLARIDAD PRECISION Y EXHUSTIVIDAD CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 3) Cuando los puntos objeto de litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Encontramos que no se cumplió con estos preceptos de aplicación de las normas procesales, habida cuenta que no se han dado las razones fundamentales legales del fallo ya que no expresó fundadamente la razón por la cual deja de aplicar una LEY VIGENTE sobre el acto jurídico impugnado, o en todo caso aclarar la razón por la cual no es válido nuestro argumento en cuanto a que al hacer prevalecer la Constitución y los Tratados Internacionales sobre el Decreto Ley 89-2012 de la Depuración Policial, no se siguió el procedimiento establecido para declarar la inconstitucionalidad de la Ley mencionada en el contenido por ser contraria a dicha Constitución y tratados Internacionales, ya que estos instrumentos son los fundamentos de la sentencia. Tampoco se ha cumplido lo dispuesto en el Código Procesal Civil que dice; “ARTICULO 207. MOTIVACION. 1) Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2) La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Es evidente que la sentencia hoy recurrida y que confirma la emitida por el Juez A-quo, no reúne los requisitos esenciales para alcanzar su fin habida cuenta que se prescindió de los procedimientos legalmente establecidos en la Ley de Justicia Constitucional, ya que ésta le da facultades amplias y suficientes al órgano jurisdiccional para actuar y no lo hizo, como consecuencia respecto de su motivación carece de todo razonamiento fáctico y jurídico no existiendo una aplicación e interpretación del derecho, así como tampoco se ajustan a las reglas de la lógica y la razón, dejando en total indefensión a mi representada, como lo dejaremos evidenciado más adelante, hizo caso omiso de nuestra defensa al no hacer alusión de ninguna naturaleza sobre estos preceptos para desvirtuar nuestra alegación fundada en derecho, siendo absoluta su decisión, y como queda plasmado en el considerando 7 se fundamenta en la Constitución y los Tratados Internacionales, para hacerlos prevalecer sobre la Ley Ordinaria que es el Decreto 89-12 como dejando en evidencia que esta contraria a aquellos, por tanto, al declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia del A-quo, en la parte dispositiva del fallo ha dejado indefensa a mi representada, tómese en consideración que la indefensión es un concepto jurídico indeterminado referido a aquella situación procesal en la que la parte se ve limitada o despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso. Las consecuencias de la indefensión pueden suponer la imposibilidad de hacer valer un derecho o la alteración injustificada de la igualdad de medios entre las partes, otorgando a una de ellas ventajas procesales arbitrarias a su vez, el considerando 8 de la sentencia carece de todo razonamiento lógico y jurídico en vista que el articulo 18 a) no contiene lo que dispone dicho considerando.”.- II. Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: a) alega dos tipos de infracción (falta de aplicación e interpretación de normas procesales) que debió haber expresado en forma separada e independiente; b) señala en su explicación disposiciones que no han sido citadas como violadas en su formulación, tal es el caso del artículo 323 de la Constitución de la República; y, c) el precepto autorizante resulta ser impreciso, al invocar al mismo tiempo los artículos 719 numeral 1) y 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, los cuales contienen distintas causas o causales del recurso de casación; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- III. Que el Censor en un segundo motivo arguye: “Nos vemos también obligados a impugnar la sentencia recurrida de fecha, cuatro (4) de diciembre del año dos mil (2014) y que confirma la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo emitida el tres (3) de octubre del dos mil catorce 2014, por la falta de aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, en lo que corresponde a prescindir del procedimiento legalmente establecido. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo como infringidos los artículos: 205 numeral 1, 303, 304, 321 y 323 de la Constitución de la República; 74,75, 76 numeral 4, 77 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 211 y 212 numeral 4) del Código Procesal Civil; todos en correlación con el articulo 719 numeral 2) del mismo Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna la sentencia antes referida, en vista que confirma en su totalidad la sentencia de fecha tres (3) de octubre dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, sobre la base que en el fundamento de derecho segundo de dicha sentencia establece que la “Ley Especial para la Depuración Policial (Decreto 89-20 12) establece que durante su vigencia quedan suspendidos en su vigencia los artículos 114 párrafo primero, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras”, sin embargo, en el considerando tercero de la misma establece que la Ley de Policía no es el único cuerpo legal que salvaguarda los derechos fundamentales por encima de esta Ley y de acuerdo a la jerarquía que rige en nuestro país se encuentra la Constitución de Ia República y los Tratados de los Convenios suscritos por Honduras”, razonamientos jurídicos en armonía con lo dispuesto en el Considerando 8 de la sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones el cuatro (4) de diciembre del año dos mu (2014) y que hoy recurrimos, en dicha sentencia hay una flagrante violación al DEBIDO PROCESO, principio inherente al Estado de Derecho, cuyas características esenciales son el ejercicio de funciones bajo parámetros normativos previamente establecidos y la erradicación de la arbitrariedad PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. CONCEPTO DE LA INFRACCION.- Honorables Magistrados, que el recurso de casación que hoy incoamos procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, habida cuenta que llama seriamente la atención, que en las sentencias emitidas por el a-quem y el a-quo omiten reconocer el hecho, que el demandante, al momento de su cancelación era miembro de la Policía Nacional y estaba vigente el Decreto 89-2012 que contiene la Ley Especial de la Depuración Policial, y se le aplicó dicho Decreto al haberse sometido a la evaluación de las Pruebas de Confianza y resultó que reprobó 3 de ellas y son las que a continuación se nominan Psicológica, Polígrafo y Estudio Socio Económico, por lo que ineludiblemente le correspondía la aplicación de dicho Decreto en todos sus términos; no obstante de forma evasiva y sin sujetarse a los mandatos de la Ley de la Justicia Constitucional simple y llanamente dejan establecido que por encima de esta Ley contenida en el Decreto 89-20 12 y de acuerdo a la jerarquía que rige en nuestro País se encuentra la Constitución de la República y los Tratados de los Convenios suscritos por Honduras, sin considerar que no es ese el procedimiento; para ilustración citamos que los artículos 74,75, 76 numeral 4, y 77 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional literalmente mandan: “ARTICULO 74.- DEL CONOCIMIENTO EXCLUSIVO. Únicamente la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, como interprete ultimo y definitivo de la Constitución en los casos concretos sometidos a su conocimiento, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad conforme a los artículos 184,313 numeral 5) y 316 de la Constitución, y del control previo de constitucionalidad previsto en el articulo 216 de la misma. ARTICULO 75.- DE LA INCONSTITUCIONALIDAD POR RAZON DE FORMA O DE CONTENIDO. Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón deforma o de contenido. A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. En la forma, cuando no se ha observado el proceso legislativo establecido en la Constitución de la República, o cuando a una disposición se le atribuya el carácter de ley sin haber sido creada por el órgano legislativo. En el contenido, cuando una ley es contraria a la Constitución de la República. ARTICULO 76.- DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE LA ACCIÒN. Procede la acción de inconstitucionalidad. 1)..2)...3)…4) Cuando la ley ordinaria contrarié lo dispuesto en un Tratado o convención internacional del que Honduras forma parte. ARTICULO 77.- DE LA PROMOCION DE LA ACCIÔN. La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legitimo:1).. ..2) ... 3) También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, antes de dictar resolución. En los casos contemplados en los numerales 2) y 3), se elevarán las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia siguiéndose el procedimiento hasta el momento de la citación para sentencia, a partir de lo cual se suspenderá el procedimiento judicial de la cuestión principal en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad “. Lo que no requiere de mayor interpretación más que cumplir con dichos mandatos. Es evidente que con la sentencia recurrida y que confirma la del A-quo, conjuntamente se está declarando que el Decreto 89-2012 es Inconstitucional, aunque no lo expresen así dichas sentencias pero la inconstitucionalidad es el sentido. Como lo dejamos antes dicho, cualquiera que tiene la capacidad de discernir jurídicamente así lo entiende. Es evidente también que la sentencia recurrida esta revestida del incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales por lo que da lugar a su nulidad, en virtud que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya producido indefensión, así lo dicen los artículos 211 y 212 numeral 4 del Código Procesal Civil; en razón de estos preceptos jurídicos, resaltarnos y reiterarnos, que impugnarnos la sentencia recurrida porque no se siguió un procedimiento adecuado para dictar la misma, al prescindirse de lo dispuesto en los artículos relacionados de la Ley de la Justicia Constitucional, corno lo dejarnos plenamente establecido en el juicio, en razón de nuestra defensa que no fue tornado mínimamente en cuenta, por el ad-quem, lo que es evidente la falta de aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, aunado a que, en lo que corresponde al prescindirse del procedimiento legalmente establecido a operado el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales, por lo que da lugar a su nulidad, por tanto la sentencia recurrida que confirma la del a-quo en su conjunto deben ser declaradas nulas por la flagrante violación al debido proceso. Nuestro derecho a la defensa ha sido declarado fracasado al no tornarse en cuenta nuestros bien fundados en derecho nuestros argumentos, solo es de leer la expresión de agravios para comprenderlo. Por todo lo anteriormente expresado cabe señalar, que la sentencia es un proceso lógico de pensamiento en donde la conclusión a que se llega es el resultado del análisis de los diversos elementos facticos que se presentan en el juicio, subsumiéndolos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, debiendo existir una conexión lógica entre la motivación, fundamentos y carácter lógico jurídico, en virtud que es imposible pretender que no sean utilizados fundamentos de derecho ni términos nominativos para efectuar una cancelación que a su criterio no son aplicables al caso, para contradecirse al utilizar como fundamento jurídico que la Constitución de la República y los Tratados Internacionales rigen sobre la Ley Primaria (Decreto 89-2012) sin reconocer que no es más que la declaratoria de inconstitucionalidad de este decreto pero de forma indebida al sustraerse de la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional para hacer valedero dicho fundamento de derecho utilizado por el órgano jurisdiccional. Es así que el acuerdo mediante el cual se canceló al demandante fue dictado de conformidad a derecho en virtud que se hizo de acuerdo a la Ley Vigente en su momento contenido en el Decreto N° 89-2012 conteniendo la Ley Especial de Depuración de la Policía Nacional, vigente y de aplicación inmediata en su momento, y la que no ha sido declarada inconstitucional en legal y debida forma, a! no observarse su aplicación se está incumpliendo el mandato constitucional que ningún funcionario tiene más facultades que las que expresamente confiere la Ley todo acto que ejecuten fuera de ella es nulo e implica responsabilidad, además que los funcionarios están sujetos a la Ley y no son superiores a ella; en este sentido respetuosamente solicito estimar con lugar el presente recurso de casación, siendo que la finalidad de dicho recurso es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, al tenor del articulo 716 del Código Procesal Civil.”.- IV.- Que el cargo antes expuesto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la Ley al referirse a la falta de aplicación e interpretación de las disposiciones señaladas como infringidas, las que debió formular de forma clara, separada e independiente; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- V.- Para fines jurisprudenciales es preciso recordar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 320 de la Constitución de la República, no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en dicha Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan; que en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicara la primera, por ende no se requiere de ningún fallo que declare la inconstitucionalidad de una disposición, si la misma, de manera evidente, se encuentre en pugna con las consignadas en la carta fundamental. Además, el Estado de Honduras se encuentra obligado a respetar, cumplir y observar los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, especialmente los que garanticen a las personas sus derechos a la defensa y al debido proceso, por lo que todos los juzgadores se encuentran en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico que nos rige en un Estado de Derecho.- VI.- También estima este Tribunal, que ninguna clase de pruebas, llámese de evaluación de la conducta o del comportamiento de los servidores públicos o de cualquier otro trabajador, pueden ser estimadas aisladamente para tomar decisiones sobre la estabilidad laboral de los mismos, ya que es necesario la concurrencia de otros elementos que configuren que la relación de servicio no se puede continuar, lo cual incluye las investigaciones previas de que tales actitudes o posturas, influyen negativamente en su desempeño, de otro modo resultarán ser arbitrarias y abusivas, al margen de la aplicación de las declaraciones, derechos y garantías constitucionales.- VII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VIII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 119-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL