Sentencia CA-119-14 — Registro 4497
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar la debida estructuración en ambos motivos de casación, ya que: a) no establece el concepto de la infracción; b) no señala normas de derecho infringidas; c) los preceptos autorizantes resultan ser imprecisos al citar disposiciones que regulan varias causales del recurso, que debieron formularse en forma separada e independiente; d) insta la revisión del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso, conforme a lo previsto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) realiza alegatos de instancia. Todo lo cual hace inadmisibles los mismos.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), representado en juicio por el abogado CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS; y, Recurrida: la señora EVELYN ADELA VILLATORO ALFARO, representada en juicio por el abogado CARLOS ADONAY REYES TORRES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de la situación jurídica individualizada del derecho subjetivo violado y como medida de restablecimiento se le reintegre al cargo al que fue nombrada la demandante y en forma de indemnización se le paguen los salarios caídos de la fecha de la ilegal cancelación hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, por la señora EVELYN ADELA VILLATORO ALFARO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha dos de mayo del año dos mil siete, tomó posesión del cargo de Jefe de la Sección de Recursos Humanos en la Región Nor Occidental en la Dirección Ejecutiva de Ingresos en el cual fue nombrada mediante acuerdo Número 0678/2007 de fecha veintitrés de abril del año dos mil siete; que durante el tiempo que desempeñó la demandante sus labores para dicha institución lo hizo con la eficiencia requerida, siendo despedida de forma abrupta, ilegal y arbitraria en completa violación de las garantías constitucionales, ya que no se respeto los principios esenciales garantizados por la Constitución de la República, en virtud de que la demandante fue llamada a una audiencia de descargo sin saber el motivo, violentándose de esta manera el Derecho de Defensa, luego dicha institución del Estado, determinó que era procedente la cancelación dictando un acuerdo No.045/2008, en el cual citan varias normas generales y una situación igualmente general como ser inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, legalmente comprobada, pero sin citar específicamente cual fue la falta cometida; en fecha cuatro de enero de dos mil ocho, la señora Marleni Arcadia Rivera Castellanos, solicitó permiso por cinco meses con goce de sueldo al Director Ejecutivo Armando Sarmiento, en virtud que su hija había sufrido un accidente vehicular, éste verbalmente le manifestó que el Administrador Regional Nor Occidental, Licenciado Andrés Baltazar Reyes, le colocase el visto bueno y que con eso era suficiente que él le arreglaría dicho problema y que se fuera a cuidar a su hija que no se preocupara, una vez que surgió el problema, la señora Marleni Arcadia Rivera en fecha dieciocho de enero del dos mil ocho, llegó a la oficina de la demandante a decirle el problema que tenía y que le ayudara, por lo que la demandante le pidió que le facilitara una copia del permiso pues en la oficina no se había presentado ninguna solicitud o copia, y en fecha veinticuatro de enero de dos mil ocho, mediante memorando de fecha dieciocho de enero del mismo año, la demandante envió dicha solicitud a la Jefa de Recursos Humanos, abogada Gladys Valle, a fin de que diera respuesta por escrito a dicha solicitud y de la misma no hubo respuesta y mas bien a raíz de esa solicitud se generó todo este problema que surge por la intromisión en sus responsabilidades de los dos funcionarios que por desconocer supuestamente la ley o no asesorarse debidamente incurrieron en este error que provocó el despido de la demandante en forma ilegal y arbitraria.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contestó dicha demanda señalando que la demandante fue cancelada del cargo de Jefe de la Sección de Recursos Humanos de la Región Nor-Occidental de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por las causales de “inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo legalmente comprobada”, ya que de conformidad con la norma del artículo 37 de la Ley de Servicio Civil, son obligaciones de los servidores públicos, entre otras “desempeñar el cargo para el que hayan sido nombrados, en forma regular y con la dedicación y eficiencia que requiera la naturaleza de éste”, en el caso que nos ocupa la demandante no cumplía con las obligaciones impuestas por la Ley y las que le eran asignadas por sus Superiores, demostrando con ello la incapacidad, ineficiencia e irresponsabilidad de su parte, pues existen reportes en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, donde se señala que la reclamante no desempeñaba las funciones inherentes al cargo en que se había nombrado, tal como el no llevar control de asistencia del personal bajo su custodia, surgiendo un hecho como es el de la señora Marleni Arcadia Rivera Castellanos, ex-empleada de la Dirección Ejecutiva de Ingresos que sin causa justificada abandonó sus labores sin autorización de su Jefe Inmediato desde el 4 de enero del 2008 y fue hasta el 6 de mayo del 2008, que la Jefe de Recursos Humanos de la Regional Nor-Occidental procedió a levantar la respectiva acta de abandono es decir cuatro (4) meses después de ocurrido el hecho, no obstante de existir los reportes correspondientes de los meses de febrero, marzo y abril levantados por las Licenciadas Erika Banegas y Zoila Ninfa Castellón, que contienen entre otros, el informe de la ausencia de labores de la señora antes mencionadas, de lo anterior se deduce que la demandante como Jefe de Recursos Humanos que fue, no puede alegar ignorancia del hecho referido, razón por la cual la demandada siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley, tomó la determinación de despedirla de su cargo y no como pretende la reclamante hacer creer al Juez con sus argumentos planteados.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha doce de marzo de dos mil trece, dictó sentencia declarando procedente la acción interpuesta por la señora Evelyn Adela Villatoro Alfaro, en virtud de no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia, anuló el Acuerdo 045-2008 de fecha 2 de junio de 2008, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas mediante el cual se cancela por despido a la demandante de su cargo de Jefe de Sección de Recursos Humanos en la Región Nor Occidental en la Dirección Ejecutiva de Ingresos de la ciudad de San Pedro Sula; reconoció la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento ordenó el reintegro inmediato de la demandante al cargo que esta ostentaba en el momento de su separación o a otro de igual o mejor categoría, más el pago de los salarios dejados de percibir, reconociéndole el beneficio de aumento de salarios futuros, sin costas; bajo el criterio que la misma Ley del Servicio Civil indica que no se puede aplicar ninguna sanción a un servidor público (incluido el despido) sin haber oído previamente y haberse realizado las investigaciones del caso, razón por la cual la autoridad hoy demandada citó a la demandante a una audiencia de descargo, tal y como se acredita con la cedula de citación que se encuentra en el expediente administrativo de la misma; que consta en autos la celebración de una audiencia de descargo en la cual la demandante niega los descargos a ella imputado, pudiendo observar esta Juzgadora que posterior a la celebración de dicha audiencia de descargo la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública emite un dictamen en el cual recomienda la cancelación de la demandante por las faltas imputadas en dicha audiencia, sin embargo, aun y cuando la entidad estatal cumple con la celebración de la audiencia de descargo y la emisión del dictamen posterior, el mismo manifiesta que “se comprobó fehacientemente en la mencionada Acta de audiencia de Descargo que la Jefe de Sección de Recursos Humanos en la región Nor Occidental en la Dirección ejecutiva de Ingresos EVELYN ADELA VILLATORO ALFARO actuó con ineficiencia en el desempeño de su cargo, al no notificar que la Señora MARLENI ARCADIA RIVERA CASTELLANOS abandonó su cargo desde fecha 4 de Enero del 2008, levantando el acta de Abandono hasta el 06 de Mayo del 200, permitiendo que la Señora MARLENY ARCADIA RIVERA CASTELLANOS, empleada por Contrato, gozara de una Licencia con Goce de Sueldo, sin ningún Acuerdo por el termino de cinco meses, a sabiendas, que las Licencias mayores a un mes son otorgadas por la Autoridad Nominadora, mediante el Acuerdo correspondiente”, extremos éstos que no han sido probados en la secuela del juicio de no ser cierto, puesto que en la acta de audiencia de descargo la demandante comprobó que si notificó el permiso solicitado por la señora Marleni Arcadia Reyes Castellanos, tal y como consta con la nota enviada a la Abogada Gladys Valle en fecha 18 de enero, misma que aunque afirme no haberla recibido, se encuentra constancia que fue remitida en fecha 24 de enero de ese mismo año (2008) por la demandante, asimismo no se puede obviar que quien dio el visto bueno del permiso de cinco meses de la señora Marleni Arcadia Reyes Castellanos, no fue la hoy demandante, sino el entonces Administrador Regional señor Andrés Baltazar Reyes, extremo este que fue corroborado por la señora Reyes Castellanos en la declaración brindada en esta Judicatura, por lo tanto no se le puede deducir responsabilidad a la demandante por actuaciones de alguien más, asimismo transcurrido el plazo de los cinco meses de la Licencia autorizada por el Administrador Regional, la demandante, hizo lo que debía hacer, levantó el acta de abandono en fecha 6 de mayo del 2008; que todo despido que se haga a un servidor público por alguna de las causales establecidas en el artículo 48 de la Ley de Servicio Civil (como el caso que nos ocupa), se entenderá justificado y sin responsabilidad para el Estado, únicamente cuando se haya agotado el procedimiento de defensa de parte del servidor afectado y recaiga resolución firme declarando la procedencia del despido, lo que no ocurre en el presente caso, pues como ya se manifestó anteriormente no hubo un adecuado procedimiento de Defensa por parte de la servidora que se considera afectada por dicho despido.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de diciembre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para cancelar por despido a un servidor público, debe respetarle su derecho de defensa, y hacer las investigaciones que le den la claridad si se cometió la falta o no que se le imputa al servidor público que está siendo objeto de un determinado proceso disciplinario, y en el caso que nos ocupa no se hicieron las investigaciones exhaustivas, porque está probado que la demandante no cometió la falta a ella imputada, siendo nulo como consecuencia, el acto administrativo impugnado por infringir derechos y garantías de la demandante.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS, presento en fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cinco de diciembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.371-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.048-2008 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado CARLOS ADONAY REYES TORRES, presentó en fecha once de febrero de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha doce de febrero de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diecinueve y veinticinco de febrero de dos mil catorce, los abogados CARLOS ADONAY REYES TORRES y CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinte de marzo de dos mil catorce, teniendo por personados en tiempo y forma a los abogados CARLOS ADONAY REYES TORRES, como recurrido y CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS, como recurrente, en consecuencia, se ordenar proseguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Que La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el considerando 4 de los fundamentos de Derecho, entra en gran contradicción con la sentencia Dictada por el Juzgado de Letras de Lo Contencioso al expresar la Corte de Apelaciones que la Demandante no cometió la falta a ella imputada, sin embargo en el considerando once de la sentencia recurrida, en relación a los alegatos expresados por la parte demandada, La señora Juez del Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo expreso “extremos estos que no han sido probados en la secuela del juicio de NO SER CIERTOS”, es decir que lo expresado por la parte Demandada es cierto, en virtud de que no han sido desvanecidos de NO SER CIERTOS, es decir no se ha probado en el juicio ser falsas las apreciaciones de la parte demandada y los alegatos de la parte demandada son en el sentido de que la parte demandante COMETIO UNA FALTA, que previamente se investigo, se le dio el derecho de defensa y por último se decidió castigarla de acuerdo a la ley de servicio civil, SIN EMBARGO ESTO NO FUE CONSIDERADO por la parte Juzgadora en primera instancia. Ni por la Corte de Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo. De allí la razón de este recurso de casación puesto que al momento de al momento de valorar la prueba por parte de la Juez A Quo, se tuvo una falta de apreciación, así también la tuvo la Corte de apelaciones pues confirma una sentencia, aun y cuando dicha confirmación entra en contradicción con lo expresado en la sentencia recurrida. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 1, letra c) y numeral 2 del Código Procesal Civil. SEGUNDO MOTIVO: En el Considerando número Nueve la señorita Juez, reconoce que efectivamente la Ley de Servicio Civil establece que toda falta cometida por un servidor público, en el desempeño de su cargo, será sancionada con una medida disciplinaria que corresponda a la gravedad de la misma, y efectivamente es lo que realizo la Dirección Ejecutiva De Ingresos, sancionar la falta cometida por la señora EVELYN ADELA VILLATORO, como es el hecho de levantar una acta de abandono de trabajo, CUATRO MESES DESPUES de haber ocurrido el hecho, dado que la señora Marleni Arcadia Rivera Castellanos, ex- empleada de la DEI, sin causa justificada abandono sus labores sin autorización de su jefe inmediato desde el 4 de Enero 2008, y fue hasta el 6 de mayo del 2008, que la entonces jefa de Recursos Humanos EVELYN ADELA VILLATORO ahora demandante realizo el acta de abandono. Sin embargo dicha prueba presentada por la parte demandada no fue apreciada por la Honorable Corte De apelaciones, violentándose de esta forma el Derecho a Defensa que también tiene derecho mi representado y si se violento el derecho de defensa es por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y ahora de parte de la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 1, letra c) y numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional; CONFIRMO la sentencia Definitiva de fecha Doce de Marzo del dos mil trece, dictada por el Juzgado De Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, sin embargo en el considerando once de la sentencia recurrida, en relación a los alegatos expresados por 1 parte demandada, La señora Juez del Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo expreso “extremos estos que no han sido probados en la secuela del juicio de NO SER CIERTOS”, es decir que lo expresado por la parte Demandada es cierto, en virtud de que no han sido desvanecidos de NO SER CIERTOS, es decir no se ha probado en el juicio ser falsas las apreciaciones de la parte demandada y los alegatos de la parte demandada son en el sentido de que la parte demandante COMETIO UNA FALTA, que previamente se investigo, se le dio el derecho de defensa y por último se decidió castigarla d acuerdo a la ley de servicio civil, SIN EMBARGO ESTO NO FUE CONSIDERADO por la parte Juzgadora en primera instancia. Ni por la Corte de Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo. De allí la razón de este recurso de casación puesto que al momento de al momento de valorar la prueba por parte de la Juez A Quo, se tuvo una falta de apreciación, así también la tuvo la Corte de apelaciones pues confirma una sentencia, aun y cuando dicha confirmación entra en contradicción con lo expresado en la sentencia recurrida. NO ESTIMAMOS NECESARIA LA CELEBRACION DE AUDIENCIA”.- II. Que el Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar la debida estructuración en ambos motivos de casación, ya que: a) no establece el concepto de la infracción; b) no señala normas de derecho infringidas; c) los preceptos autorizantes resultan ser imprecisos al citar disposiciones que regulan varias causales del recurso, que debieron formularse en forma separada e independiente; d) insta la revisión del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso, conforme a lo previsto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) realiza alegatos de instancia. Todo lo cual hace inadmisibles los mismos.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil quince; certificación del auto de fecha doce de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 119-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL