Sentencia CA-118-15 — Registro 5553
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción interpuesta por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a)no es preciso en el concepto de la infracción, al no señalar si la violación de las normas es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación señala normas que no han sido citadas como violadas en la formulación, tal es el caso del artículo 11 del Reglamento de Personal del Instituto de Propiedad.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que existe línea jurisprudencial que establece sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales (ver sentencias expedientes números SL 516-12, 539-13, 540-13, 562-13, 573-15, 621-13, 654-13 y 704-13) y la Recurrente no expone ninguna situación que pudiera permitir la evolución de esa línea.- .."
Legislación citada
- Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los un día del mes de diciembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada RUTH ELIZABETH AVILA MONCADA; y, Recurrido: La señora MARIA DE LOS ANGELES SOLER ZEPEDA, representada en juicio por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la declaración de nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento la medida del reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir en concepto de indemnización así como los aumentos más costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil nueve, por la abogada ELSA MARINA DOMINGUEZ DEL CID, actuando en su condición de representante procesal de la señora MARIA DE LOS ANGELES SOLER ZEPEDA, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por la abogada RUTH ELIZABETH AVILA MONCADA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que inició su relación laboral mediante contrato de servicios profesionales, luego mediante acuerdo de fecha treinta de abril de dos mil nueve en el cargo de Oficinista, dependiente de la Secretaría Ejecutiva, siendo trasladada el mismo año, el tres de agosto, a la Dirección General de Regularización. El Ing. JOSE ARMANDO CARCAMO, Director Administrativo le notificó acuerdo de cancelación por cesantía efectivo a partir del uno de septiembre de dos mil nueve, no estableciendo justa causa, viciando de nulidad el acto impugnado.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que rechaza lo alegado por la demandante.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada; reconoce la situación jurídica individualizada y para su restablecimiento se ordena su reintegro, mas el pago de los sueldos dejados de percibir y sin costas; bajo el criterio que para prescindir de un servidor público, se debe aplicar supletoriamente el procedimiento aplicable contemplado en la Ley de Servicio Civil, vulnerando así los derechos constitucionales y legales del demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha trece de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, violando el ordenamiento jurídico trayendo como consecuencia la nulidad del acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogada RUTH ELIZABETH AVILA MONCADA, en fecha trece de enero de dos mil quince, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha trece de noviembre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.343-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 292-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha catorce de enero de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó en fecha cinco de febrero de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha nueve de febrero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, los abogados RUTH ELIZABETH AVILA MONCADA y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha trece de marzo de dos mil quince, teniendo por personados a los abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y RUTH ELIZABETH AVILA MONCADA, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil, el que manda: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS POR EL AD-QUEM PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO Las normas de derecho aplicadas por el AD-QUEM para la solución del fondo del litigio, son las contenidas en los artículos 1, 2 letra a), 7 letra b), 9, 89, 90, 129 letra c), y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 68 del Reglamento de Personal de la Ley del Instituto de la Propiedad; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. EXPLICACION DE LA VIOLACION La Corte Sentenciadora sustentó o fundamentó su fallo, básicamente en el Considerando 7, el cual se lee: Que del análisis y estudio en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes de expediente administrativo y de los fundamentos de derecho, en que ambos apoyan sus pretensiones, esta Corte de Apelaciones observa y concluye; que la autoridad nominadora, para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, para dictar esta clase de actos al no hacerlo violó el ordenamiento legal establecido trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado. Señala el Tribunal en su fallo que el acto impugnado en primer lugar fue emitido siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Propiedad y en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, como así lo manda el art. 11 del citado Reglamento, claramente señala cuales son las Funciones del Secretario Ejecutivo.., y entre ellas está la de firmar actos, contratos y convenios en las áreas de su competencia.- haciendo uso de esta Ley y en las facultades atribuidas por la misma, en que se procedió a cancelar a la señora María de los Ángeles Soler Zepeda, de Oficinista dependiente de la Dirección Ejecutiva del IP. En vista, que las normas jurídicas comprenden la Constitución de la República, los tratados internacionales, la ley general, la ley especial (SIENDO EL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CREADO MEDIANTE ACUERDO NO. 037-2005), publicado en el Diario Oficial la Gaceta con el No.30,847 de fecha 11 de Noviembre del año 2005, El precitado Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad regula las condiciones de trabajo a que deberá sujetarse el Instituto de la Propiedad (IP) y los servidores y funcionarios dentro de la clasificación como tales que el mismo contrate para la prestación de sus servicios, en cada una de sus dependencias en todo el territorio nacional.- El Artículo 2 de dicho Reglamento estipula “ que quedan sujetos al presente Reglamento de Personal todos los Servidores y Funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) aplicándose el mismo a todas aquellas personas que ejecuten labores bajo su dirección, dependencia o subordinación, en cada una de sus unidades en todo el Territorio Nacional” Consecuentemente siendo la normativa aplicable al régimen laboral de todos los servidores y funcionarios que rige a tal Institución, lo que significa que no debe darse un sentido distinto al que realmente se encierra en una letra clara, sumado que cuando en las palabras no existe ambigüedad, no puede haber cuestión alguna en cuanto a la intención, o en cuanto a cuál fuese la mente del legislador. Considerando 8: Que los actos serán dictados por el Órgano competente, respetando los Procedimientos previstos en el Ordenamiento Jurídico.- El Objeto de los actos debe ser lícito, cierto y físicamente posible. Su Señoría el acto de la señora María de los Ángeles Soler fue dictado por el Órgano competente la Secretaría Ejecutiva sin infringir el ordenamiento Jurídico ya que se realizó en base al procedimiento de la Ley de Propiedad y el Reglamento de Personal vigente.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no es preciso en el concepto de la infracción, al no señalar si la violación de las normas es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación señala normas que no han sido citadas como violadas en la formulación, tal es el caso del artículo 11 del Reglamento de Personal del Instituto de Propiedad.- III. Que existe línea jurisprudencial que establece sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales (ver sentencias expedientes números SL 516-12, 539-13, 540-13, 562-13, 573-15, 621-13, 654-13 y 704-13) y la Recurrente no expone ninguna situación que pudiera permitir la evolución de esa línea.- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y se ordena la remisión de las actuaciones al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de diciembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha uno de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 118-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL