Sentencia CA-104-15 — Registro 5377
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo resulta ser inadmisible, debido a que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) ataca el fallo por la forma y contenido de la sentencia, pero no invoca ninguna norma procesal que regula la misma, ya que la que cita es una disposición que no ostenta ese carácter y tiene relación con el fondo del asunto; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no está permitido realizar en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación se realizan alegatos propios de instancia
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que del estudio y el analices del presente caso se concluye que la Sentencia Definitiva venida en Recurso de Apelación está dictada conforme a derecho, esto porque la Ley de Servicio Civil y su Reglamento establece los requisitos y el procedimiento para que la Autoridad Nominadora pueda prescindir de los servicios de un servidor público por cesantía, no constando en autos se haya realizado totalmente el procedimiento establecido en dicha Ley para la cancelación de la demandante, por lo cual, el Acto Impugnado se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable, siendo por lo tanto nulo el mismo, al haberse dictado sin seguir totalmente para su emisión el procedimiento establecido, ya que todas las disposiciones relacionadas a la Cancelación par Cesantía están vigentes, por lo cual son de obligatoria cumplimiento y solo el cumplimiento de alguna de ellas, coma ser la consulta a Servicio Civil no implica el cumplimiento de todo el procedimiento establecido; así mismo, no se acredito el cumplimiento del fin de la Cesantía, cancelando la plaza que ocupaba la demandante, ya que es la Única forma de acreditar dicho fin. La Sentencia objeta del presente recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en virtud que se ha probado fehacientemente durante todo el transcurso del juicio conjuntamente con las pruebas presentadas todas encontradas en el expediente administrativo de la demandante, violentando la Honorable Corte de Apelaciones de la Contencioso Administrativa, en la que respecta la aplicación de la establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en su articulo numero 53 el cual señala: No obstante lo dispuesto en el articulo 48 de esta Ley, la Autoridad Nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación par escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicia Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a) reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario, y b) reducción de servicios o de personal para obtener una eficaz y económica organización administrativa, razón primordial por la que fue separada do su cargo para obtener una mejor y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, sin constituir suspensión o despido. Con lo anteriormente expuesto queda claro que la Corte Sentenciadora ha dejado do aplicar completamente lo que señala el articulo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, relacionado con el articulo 187 y 188 do su Reglamento, por lo tanto si desde el principio so hubiera tomado en consideración las normas antes mencionadas, se hubiera establecido que mi representada al momento do cancelar por Cesantía a la Señora JULIA ESTHER CUEVAS, lo hiso atendiendo de principio a fin al procedimiento quo se utiliza para este tipo de cancelaciones señalado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en consecuencia la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional no violentó ningún ordenamiento jurídico al momento de omitir el acto administrativo particularmente el Acuerdo do Cancelación de Cesantía, en tal sentido el Acto Administrativo so emitió conforme a derecho.”.- II. Que el anterior motivo resulta ser inadmisible, debido a que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) ataca el fallo por la forma y contenido de la sentencia, pero no invoca ninguna norma procesal que regula la misma, ya que la que cita es una disposición que no ostenta ese carácter y tiene relación con el fondo del asunto; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no está permitido realizar en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación se realizan alegatos propios de instancia.- III. Que existe línea jurisprudencial que establece sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales (ver sentencias expedientes números SL 516-12, 539-13, 540-13, 562-13, 573-15, 621-13, 654-13 y 704-13) y el Recurrente no expone ninguna situación que pudiera permitir la evolución de esa línea..."
Legislación citada
- Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, representado en juicio por el abogado EDWIN OMAR ROMERO; y, Recurrido: JULIA ESTHER CUEVAS, representada en juicio por la abogada KAREN SUDITH RUBI PEREZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Contencioso Administrativa en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro al trabajo en igual o mejores condiciones, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir con sus aumentos en ausencia, en caso de haber sido cancelada la plaza que ocupaba antes de su cesantía se le paguen sus prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de febrero del año dos mil once, por la señora JULIA ESTHER CUEVAS, mayor de edad, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que la autoridad nominadora violentando el procedimiento para la cancelación por cesantía mediante acuerdo No.029-SRH de fecha 7 de febrero del 2011 y no realizándosele procedimiento para determinar dicha figura como lo establecen los artículos 187 al 191 del reglamento reformado de la Ley de Servicio Civil, así como la aplicación de los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil, ya que en dicho acuerdo la autoridad nominadora solo realizó la acción de personal y solicitó el dictamen a Servicio Civil pero obvió el proceso mediante el cual se aplica la cesantía, sin haberle realizado ninguna evaluación y tampoco se tomó en cuenta su situación familiar, así como tampoco existe una resolución de parte de Finanzas en donde se acredite que antes de operarse la cesantía, haya cancelado la plaza que ocupaba.- 2. La parte demandada, la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, contestó dicha demanda señalando que la autoridad nominadora solicitó a la Dirección de Servicio Civil a través del Consejo de Servicio Civil que se pronunciara en lo referente a la consulta planteada sobre la procedencia o improcedencia de la cancelación por cesantía de la demandante, según consta en el oficio 783-SRH de fecha 15 de octubre del 2010, cumpliendo para tal efecto el requisito legal que ordena el artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anula el acuerdo de cancelación, reconoció la situación jurídica individualizada reclamada y para el pleno restablecimiento se manda a reintegrar a la demandante, condenó al demandado al reintegro de la demandante y al pago de los salaros dejados de percibir, sin costas. Bajo el criterio que fue proferido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio son nulos los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y en el caso de autos no se respetó el procedimiento legalmente establecido al no realizarse el mismo totalmente, pues la autoridad nominadora tiene las facultades de emitir el acto impugnado, no es menos cierto que para su emisión tiene que seguir el procedimiento establecido.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado EDWIN OMAR ROMERO, en fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.365-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 082-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintiocho de enero del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, abogada KAREN SUDITH RUBI PEREZ, presentó en fecha once de febrero del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de esa misma fecha, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince, los abogados EDWIN OMAR ROMERO y KAREN SUDITH RUBI PEREZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha cinco de marzo del año dos mil quince, teniendo por personados a los abogados EDWIN OMAR ROMERO y KAREN SUDITH RUBI PEREZ, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la omisión del articulo 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil, no aplicada para la determinación de la forma y contenido de la Sentencia en litigio, en relación con los artículos 187 y 188 de su Reglamento. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido lo establecido en el articulo 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil, en el cual orienta a que la Autoridad Nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o mas servidores públicos, previa comunicación por escrito de la Dirección General siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede “la cesantía” por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones clasificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se detalla: a) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y, b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, que es el caso que nos ocupa. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, con excepción de la parte que exime de costas al Estado de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el articulo 719 literal c) del Código Procesal Civil, en cuanto a la forma y contenido de la Sentencia. EXPLICACION DEL MOTIVO: Al momento de interponer el Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones en fecha 01 de septiembre de 2014, en el cual se expresaron los agravios cometidos en la Sentencia de fecha 31 de agosto de 2014, emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en contra de ml representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación lnternacional, siendo que en la Sentencia de Primera Instancia se le considera responsable de a obligación por lo cual se la ha demandado y el Juez de esa Judicatura asegura de manera fehaciente que la Autoridad Nominadora al momento de cancelar por Cesantía a la señora JULIA ESTHER CUEVAS, no siguió el procedimiento establecido por la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, por lo cual procedió a declarar procedente la acción incoada por el demandante, y en vista que se ha demostrado durante la secuela del juicio que ml representada al momento de emitir la Cancelación por Cesantía se hizo de conformidad a lo establecido en el articulo 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil el cual establece lo siguiente: No obstante lo dispuesto en el articulo 48 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o mas servidores públicos, quien deberá acreditar en forma fehaciente la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa; definiéndolo y fortaleciéndolo su Reglamento en cuanto a que la Cesantía es la separación de un empleado de su cargo, debido a la reducción forzosa de servicios o de personal, por razones de orden presupuestario o para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, sin constituir suspensión o despido, sin embargo la Honorable Corte se le hace del conocimiento tal como se puede constatar en el mismo expediente administrativo que a la demandante se le reconoce todos sus derechos cumpliendo con esto lo que la ordena el procedimiento para la cancelación por cesantía. En el caso que nos ocupa, la señora JULIA ESTHER CUEVAS, se le nombro en la Secretaría mediante Acuerdo No.1575-SRH de fecha 16 de noviembre de 2009, en el cargo de Asistente de Personal, con un sueldo mensual de 17,284.00, y que en fecha 04 de febrero de 2011 se le canceló por cesantía mediante Acuerdo N.033-SRH, siendo estos puestos de los cuales tiene libertad el Presidente de la República de nombrar y remover atendiendo lo establecido en el articulo número 245 numeral 5 de la Constitución de a República como Ley fundamental; quien puede delegar dicha facultad a los Secretarios de Estado en este caso al Secretario de Estado de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Operación Internacional, así como la establece el articulo 36 numeral 8 de la Ley General de la Administración Pública que a su letra dice: Son atribuciones y deberes comunes a los Secretarios de Estado: Emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia y aquellos que le delegue el Presidente de la República, esto en virtud que consta en el expediente administrativo de la demandante que la Autoridad Nominadora si efectuó el procedimiento para ejecutar la Cesantía para separar a la demandante de su cargo conforme a derecho, situación que el Juez de Primera Instancia no valoró lo previsto en el articulo 188 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que a su letra dice: Antes de ejecutarse la Cesantía deberá consultarse al Consejo del Servicio Civil acerca de su procedencia, debiendo fundamentar su opinión en cualquiera de las circunstancias previstas en el articulo anterior la cual deberá ser acreditada de manera fehaciente con los documentos, informes y demás medios que se agreguen en el expediente. La Corte Sentenciadora para confirmar Ia Sentencia del A quo, que declaró procedente la acción, hizo el siguiente razonamiento: CONSIDERANDO NUEVE (4) “Que del estudio y el analices del presente caso se concluye que la Sentencia Definitiva venida en Recurso de Apelación está dictada conforme a derecho, esto porque la Ley de Servicio Civil y su Reglamento establece los requisitos y el procedimiento para que la Autoridad Nominadora pueda prescindir de los servicios de un servidor público por cesantía, no constando en autos se haya realizado totalmente el procedimiento establecido en dicha Ley para la cancelación de la demandante, por lo cual, el Acto Impugnado se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable, siendo por lo tanto nulo el mismo, al haberse dictado sin seguir totalmente para su emisión el procedimiento establecido, ya que todas las disposiciones relacionadas a la Cancelación par Cesantía están vigentes, por lo cual son de obligatoria cumplimiento y solo el cumplimiento de alguna de ellas, coma ser la consulta a Servicio Civil no implica el cumplimiento de todo el procedimiento establecido; así mismo, no se acredito el cumplimiento del fin de la Cesantía, cancelando la plaza que ocupaba la demandante, ya que es la Única forma de acreditar dicho fin. La Sentencia objeta del presente recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en virtud que se ha probado fehacientemente durante todo el transcurso del juicio conjuntamente con las pruebas presentadas todas encontradas en el expediente administrativo de la demandante, violentando la Honorable Corte de Apelaciones de la Contencioso Administrativa, en la que respecta la aplicación de la establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en su articulo numero 53 el cual señala: No obstante lo dispuesto en el articulo 48 de esta Ley, la Autoridad Nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación par escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicia Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a) reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario, y b) reducción de servicios o de personal para obtener una eficaz y económica organización administrativa, razón primordial por la que fue separada do su cargo para obtener una mejor y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, sin constituir suspensión o despido. Con lo anteriormente expuesto queda claro que la Corte Sentenciadora ha dejado do aplicar completamente lo que señala el articulo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, relacionado con el articulo 187 y 188 do su Reglamento, por lo tanto si desde el principio so hubiera tomado en consideración las normas antes mencionadas, se hubiera establecido que mi representada al momento do cancelar por Cesantía a la Señora JULIA ESTHER CUEVAS, lo hiso atendiendo de principio a fin al procedimiento quo se utiliza para este tipo de cancelaciones señalado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en consecuencia la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional no violentó ningún ordenamiento jurídico al momento de omitir el acto administrativo particularmente el Acuerdo do Cancelación de Cesantía, en tal sentido el Acto Administrativo so emitió conforme a derecho.”.- II. Que el anterior motivo resulta ser inadmisible, debido a que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) ataca el fallo por la forma y contenido de la sentencia, pero no invoca ninguna norma procesal que regula la misma, ya que la que cita es una disposición que no ostenta ese carácter y tiene relación con el fondo del asunto; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no está permitido realizar en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación se realizan alegatos propios de instancia.- III. Que existe línea jurisprudencial que establece sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales (ver sentencias expedientes números SL 516-12, 539-13, 540-13, 562-13, 573-15, 621-13, 654-13 y 704-13) y el Recurrente no expone ninguna situación que pudiera permitir la evolución de esa línea.- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición, se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:
- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de octubre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 104-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL