Sentencia CA-102-14 — Registro 4709
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía, en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“El cargo que antecede es inadmisible por presentar los siguientes defectos técnicos: a) no establece con claridad si la violación de los preceptos legales indicados, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba lo cual, es vedado en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- V.- En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de la técnica de casación, ya que el recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- “ Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición se recuerda la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a este Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
ue el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) que se refiere a infracción de normas empleadas para la solución del fondo del asunto sin embargo, se alega la falta de aplicación del articulo 200 numeral b) del Código Procesal, norma relacionada con la forma de la resoluciones judiciales, por ende relacionada con otra causal de casación del articulo 719 del Código Procesal Civil: b) en la formulación se alega falta de aplicación, pero en la explicación se alude “…ha aplicado indebidamente los artículos, 200 del Código Procesal Civil…”, lo cual evidentemente es contradictorio, ya que si una misma norma no fue aplicada no puede haber sido aplicada en forma indebida al mismo tiempo; y c) se insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba lo cual es vedado en este recurso extraordinario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, JOSE TOMAS ARITA VALLE como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, representado en juicio por el abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA; y, Recurrido: La Señora LESVIA AMANDA ESCOBAR HERNÁNDEZ, representada en juicio por el abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para pedir se declare la anulación de un acto administrativo en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, pago de prestaciones sociales y demás efectos indemnizatorios, salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que empezó a laborar para el Césamo Doctor Miguel Paz Barahona, Dependencia de la Región Sanitaria N° 3 que es una dependencia de la Secretaría de Salud Pública, en fecha primero de abril de mil novecientos ochenta y siete, desempeñándose como Auxiliar de Estadísticas, con el cargo de Oficinista 1, devengando un salario promedio mensual. Posteriormente en fecha veinticinco de febrero del año dos mil tres, le fue notificado el acuerdo de cancelación por despido del puesto que venía desempeñando como oficinista 1, el cual es injusto e ilegal, porque la acción para despedirle a la fecha que se le notificó el despido, se encontraba totalmente prescrita, ya que las autoridades superiores tuvieron conocimiento de unos supuestos hechos imputados a ella en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil dos, y para ese entonces se encontraba de vacaciones.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que todo el procedimiento administrativo que conlleva a la sanción de que fue objeto la ahora demandante se hizo conforme a lo establecido en los artículos 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Servicio Civil y los artículos 264 y 265 del Reglamento del mismo cuerpo legal por lo tanto lo actuado fue legal y conforme los fundamentos de derechos de esta Ley y su Reglamento. Que las faltas cometidas dieron como consecuencia su justificado despido al alterar asientos y registro públicos de documentos que conllevan a obtener un beneficio personal y familiar perjudicando no solo la imagen de la institución a la cual servía si no también al Banco de los Trabajadores.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce de febrero de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción, en consecuencia se anula el acuerdo 176-SE-l0 de fecha 25 de Febrero del 2003 emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud mediante el cual se cancela por cesantía a la demandante LESVIA AMANDA ESCOBAR, de su Cargo de Gerente de Oficinista 1 que desempeñaba en el Programa Región Sanitaria 3 de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud Pública y reconocer la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro inmediato de la señora LESVIA AMANDA ESCOBAR, al cargo que ésta ostentaba en el momento de su separación o a otro de igual o mejor categoría, y que se le paguen los salarios dejados de percibir hasta el momento que sea reinstalada al mismo cargo que ocupaba o a otro de igual o mejor categoría, reconociéndole el beneficio de aumento de salarios futuros, sin costas; bajo el criterio que consta en autos la celebración de una audiencia de descargo en la cual la demandante niega los descargos a ella imputados, pudiendo observar el Tribunal a-quo que posterior a la celebración de dicha audiencia de descargo la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública emite un Dictamen en el cual recomienda la cancelación de la demandante por las faltas imputadas en dicha audiencia, sin embargo, aun y cuando la entidad estatal cumple con la celebración de la audiencia de descargo y la emisión del dictamen posterior, obvia algo fundamental en el proceso, como ser, la evacuación de los medios probatorios que permitieran a la demandante ejercer completamente su derecho de defensa, derecho éste que se encuentra consagrado en las leyes hondureñas y en la Carta Magna de la República, razón por la cual no se puede decretar la improcedencia de la acción como pretende la parte demandada, pues al no evacuarse prueba alguna que sustentare la acción de despido, el procedimiento se ha realizado con infracción al ordenamiento jurídico, correspondiendo por lo tanto decretar su nulidad.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el Tribunal a-quo, sin costas; bajo el criterio que consta en el expediente administrativo, que el día veintinueve de enero del año dos mil trece, siendo las diez de la mañana con quince minutos (10:15 AM.) y reunidos en la oficina de la Jefatura de Recursos Humanos del Área de Salud Metropolitana, en el Césamo Doctor Miguel Paz Barahona, se procedió a levantar la audiencia de descargo de la Señora Lesvia Amanda Escobar estando presentes el delegado por la Autoridad Nominadora y un testigo, y por la inculpada también un testigo, el delegado de la autoridad nominadora procedió hacerle las preguntas a la inculpada y en el desarrollo de la misma la Señora Lesvia Amanda Escobar no aceptó los hechos que se le imputan y la autoridad nominadora no probó la causal atribuida a la demandante consistente en falsificación de documentos, según comprobante enviado por el Banco y la inculpada presenta su constancia de solvencia emitida por el Banco de los Trabajadores, por lo expuesto la autoridad nominadora no pudo demostrar la falta atribuida a la demandante.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en fecha seis de noviembre del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, en el expediente de apelación No. 319-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 016-03 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- 6.- Que mediante providencia de fecha veintiocho de enero del dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, resolvió tener por precluido el término concedido al abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de apoderado legal de la Señora LESVIA AMANDA ESCOBAR HERNÁNDEZ, para pronunciarse sobre el recurso de casacion y ordenó que se remitieran las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución ambas partes.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, presentó escrito en fecha cuatro de marzo del dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrente y mediante providencia de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, se declaró precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por el recurrido, abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, apoderado de la parte demandante, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación de las normas de Derecho que debieron ser empleadas para la solución del conflicto. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo como disposiciones legales infringidos los artículos: Artículos, 200 numeral b) del Código Procesal Civil; PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida. EXPLICACION DEL MOTIVO. Que la Juzgadora titular del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes al momento de dictar la sentencia de fecha Catorce de Febrero del año dos mil trece lo mismo que esta Corte al conocer la segunda instancia se le hizo saber en los Alegatos o expresión de Agravios que literalmente se manifestó en el escrito de donde se interpuso el Recurso de Apelación, expreso lo siguiente de una forma literal “AGRAVIO NÚMERO TRECE: QUE SE DESPRENDE DEL CONSIDERANDO NUMERO VEINTIDOS: Se rechaza plenamente porque tal como se puede apreciar en ningún momento existió o existe en esta Sentencia dictada por la Juzgadora un ápice de deducción de las pretensiones planteadas y alegadas por la partes, porque si así hubiere sido, dicha sentencia se hubiera enmarcado dentro lo probado fácticamente, por lo tanto se hubiese dictado sin lugar las pretensiones de la parte demandante. También en virtud que en ningún momento la Juzgadora hace una valoración de la Prueba tanto la aportada por la Parte Demandante como de la parte Demandada. no existe la confrontación teórica practica objeto del debate que se origina al presentar nuestra pruebas y que son contundentes igualmente no hay una ninguna valoración, justa de los alegatos planteados en la Contestación de la Demanda los cuales son claros y categóricos, sobre el porqué se dio el Correcto Despido de la LESBIA AMANDA ESCOBAR HERNADEZ, las pruebas y los alegatos son más que evidentes, solo está de confrontarlas revisarlas y valorizarlas.- Rechazando en su totalidad el fallo dictado por la Juez Juzgadora, por no ajustarse a derecho el mismo por las razones anteriormente expuestas en cada uno de los Agravios aquí presentados y expuestos. Requisito formal de las sentencia, tal como lo ordena el articulo 200 numeral b) del Código Procesal Civil, que ordena que el Juzgador al momento de dictar sentencia tiene que tomar en cuenta los antecedentes de los hechos consignados, con claridad y la concisión posible y en párrafos separados y enunciados, las pretensiones de las partes o interesados los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deben resolverse, las pruebas que se hubieran propuesto y practicado y los hechos probados en su caso.- Tal como se puede apreciar en el CONSIDERANDO CUATRO de la demanda dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula en fecha Catorce de Febrero del dos mil trece en donde no hace mención de toda la prueba propuesta y evacuada por la parte demandada en legal y debida forma.- Siendo entonces que el Tribunal de Alzada ha aplicado indebidamente los artículos, 200 del Código Procesal Civil, es procedente que se case la sentencia recurrida y por consiguiente que se declare improcedente la acción por estar dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado.”.- II. Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) que se refiere a infracción de normas empleadas para la solución del fondo del asunto sin embargo, se alega la falta de aplicación del articulo 200 numeral b) del Código Procesal, norma relacionada con la forma de la resoluciones judiciales, por ende relacionada con otra causal de casación del articulo 719 del Código Procesal Civil: b) en la formulación se alega falta de aplicación, pero en la explicación se alude “…ha aplicado indebidamente los artículos, 200 del Código Procesal Civil…”, lo cual evidentemente es contradictorio, ya que si una misma norma no fue aplicada no puede haber sido aplicada en forma indebida al mismo tiempo; y c) se insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba lo cual es vedado en este recurso extraordinario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III. El Recurrente, en un segundo motivo expone: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo como disposiciones legales infringidos los artículos 48 de Ley Servicio Civil, 163 numeral 8, 177 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 7 19.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugnan todos los pronunciamientos de la sentencia. EXPLICACION DEL MOTIVO: El presente caso que nos ocupa se origina, cuando la en aquel entonces llamada Región Sanitara número Tres de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, recibe de parte del Banco de los Trabajadores, S.A. una nota de fecha dieciocho de Diciembre del año dos mil dos donde se les informa que la Señora LESVIA AMANDA ESCOBAR HERNANDEZ altero información relacionada con el salario que devengaba como Servido Publica en el Sésamo Miguel Paz Barahona de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en aquel entonces pertenecía a la Región de Salud Número Tres de la Secretaria de Estado en los despachos de Salud, fungiendo en el Cargo de Oficinista 1, con un salario ya determinado; por lo que se inició procedimiento administrativo por las faltas graves cometidas por la ahora demandante, tal como versa el oficio No 034-03 JRH RSNo3 donde el Licenciado Alex Armando Silva O. en su condición de Jefe de Recursos Humanos y el Licenciado Ricardo Alberto Argucia, Asistente de Recursos Humanos, ambos de la Región de Salud No 3 le informaban al Doctor Felipe Alberto Aguilera Director Regional de la Región de Salud No 3 que se realizaron investigaciones en el Banco Los Trabajadores y en el sésamo Miguel Paz Barahona, donde se constató que las señoras Lesbia Amanda Escobar Hernández y Argentina Zoraida Valladares, falsificaron y alteraron los valores de los salarios que devengaban como Servidoras Publicas, utilizando para tal fin documentación en Blanco ya firmadas por la señora Marta Davis por personas que servían de avales en los préstamos solicitados en el Banco de los Trabajadores, como Empleados de Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los despachos de Salud, siendo estos señores los siguientes: Héctor Salomón Mejía Enríquez, Gloria Marina Ruiz, Yajaira Lavinia Paz; María Reina Aguilar, Gloria Marina Lara, Alma Lidia Escobar Hernández, Aida Esther López, Charly Leroy Martínez, Elizabeth Martínez López; Mario Laínez Martínez y Suany Rebeca Martínez, acciones cometida por la demandante que se consideran faltas graves para el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en Los Despachos de Salud, según lo establecido en la Ley de Servicio Civil, su reglamente y el Reglamento interno de esta Secretaria de Estado. Por lo que en fecha veintiocho de Enero del año dos mil tres se le cito en legal y debida forma para la audiencia de descargo con el objeto que desvaneciera los cargos o faltas que había cometido, audiencia que se llevó a cabo el día Veintinueve de Enero del año dos tres; comenzando a las diez horas de la mañana y termino a las diez horas con cincuenta minutos de la mañana en donde se le hicieron preguntas claras y precisas sobre LA ALTERACIÓN DE ASIENTOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS en donde admite que la documentación se la entregaron el blanco al mencionar en forma literalmente lo siguiente “LE PEDI A LA COMPAÑERA ANGELA ISABEL MALDONADO que me llenara las solicitudes de préstamo, no teniendo ella nada que ver con el problema, por lo que la libero de responsabilidad y a la señora Marta Davis, pues ella firmo sin darse cuenta”(ver folio 50); porque agrego la ahora demandante esas palabras, porque ella sabía que habían pruebas documentales de las faltas cometidas por ella tal como son las Declaraciones bajo Juramento hechas por la señoras MARTA DAVIS ANDRADE, ( ver folios 59 y 60) y las constancias firmadas por la señora LESBIA AMANDA ESCOBAR (Ver folios 61,62, 63) y el pagare que se encuentran en el folio 64.- Con las pruebas administrativas evacuadas , por lo que según dictamen emitido por el Asesor Legal de la Región de Salud No 3 Abogado Delfin Martínez opino que se emita el Acuerdo de Cancelación Por despido por la cual fue nombrado sin perjuicio de Estado de Honduras a la señora Lesbia Amanda Escobar Hernández por existir méritos suficiente. Por lo que consideramos muy respetuosamente que el Tribunal de Alzada ha aplicado indebidamente los artículos antes mencionados es procedente que se case la sentencia recurrida y por consiguiente que se declare improcedente la acción por estar dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado, tal como se ordena en los artículos que dejaron de omitir en su aplicación en caso concretos en las sentencias antes referidas que son los 48 de Ley Servicio Civil, 163 numeral 8, 177 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Siendo entonces artículos, 48 de Ley de Servicio consiguiente que a derecho el acto que el Tribunal de Alzada ha aplicado indebidamente los Ley Servicio Civil, 163 numeral 8, 177 del Reglamento de la Civil, es procedente que se case la sentencia recurrida y por se declare improcedente la acción por estar dictado conforme administrativo impugnado.”.- IV. El cargo que antecede es inadmisible por presentar los siguientes defectos técnicos: a) no establece con claridad si la violación de los preceptos legales indicados, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba lo cual, es vedado en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- V.- En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de la técnica de casación, ya que el recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VI. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición se recuerda la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a este Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VII. En vista de lo anteriormente señalado se considera defectuosa el recurso de casación interpuesto lo cual, se subsume en la causal prevista en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiséis de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 102-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL